Desde Ciudad de México

Se cuentan los años como se cuentan los muertos. Uno, y el finito se detiene por ahora en 200.000. Esa es la barbarie que dejaron en los últimos 12 años los gobiernos de Felipe Calderón (PAN) y del saliente Enrique Peña Nieto (PRI). En esa cuenta no entran aún las decenas de miles de personas que han desaparecido, que fueron secuestradas, expoliadas o desplazadas. El horror, sin embargo, no es un tema central en la actual campaña para las elecciones presidenciales del próximo primero de julio. El espectro está presente pero es una figura más que difusa en las propuestas de los candidatos. Muchos analistas creen que estas elecciones no serán una más, sino un giro histórico que, si se cumplen las alentadoras previsiones de las encuestas, llevarán a la presidencia al candidato con perfil más progresista, Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena y al frente de la coalición Juntos Haremos Historia. Esto rompería la hegemonía del PRI y la del PAN, el partido que protagonizó en el año 2000 la alternancia con la elección de Vicente Fox. Sin embargo, ni siquiera el candidato de Morena ha incluido en su programa medidas visibles contra la violencia. Adelantó la idea de una utópica y controvertida Guardia Nacional sin agregar otra substancia. Los tres principales candidatos, Obrador, Ricardo Anaya (coalición Por México al Frente) y José Antonio Meade, (PRI) evocan la violencia de forma tangencial y esbozan con la punta de los labios un abanico de lugares comunes que en ningún caso constituyen un programa.

Estas son las elecciones más opulentas de la historia mexicana y también las más sangrientas: además del presidente se renuevan 9 gobernaciones y se eligen a más de 3.000 cargos. La campaña ha sido igualmente la más violenta que se ha conocido: según detalla un informe elaborado por la consultora Etellekt, unos 80 políticos han sido asesinados desde que se inició la mecánica electoral, el 8 de septiembre de 2017. El silencio de los candidatos es de cementerio. Pese a ello, ninguno de los partidos ha estado a salvo de los crímenes: el PRI sufrió 29 asesinatos, el PRD 16 y el PAN 8. El país aspira a la paz, los candidatos no hablan de muerte mientras decenas de personas mueren cada día con las ejecuciones del crimen organizado. Un recorrido por las plataformas electorales de los candidatos se parece a un viaje por el vacío. Frases grandilocuentes, arrebatos líricos contra la corrupción y la violencia, pero de medidas muy poco. “No contamos con una estrategia centralizada”, comenta Rubén Salazar, experto en seguridad y director de la consultora Etellekt. En uno de sus mítines, López Obrador evocó “una estrategia equivocada” frente a la violencia sin llegar a definir cuál sería la buena. Hay como una realidad doble, un pliego sobre el otro a cuya profundidad sólo acceden un puñado de mediadores.

Uno de ellos es el padre Salvador Rangel, el obispo de la diócesis de Chilpancingo situada en el Estado más mortífero del país, Guerrero. Desde 2017 hasta hoy, 12 precandidatos o candidatos fueron asesinados. El padre Rangel tuvo que hacer lo que ninguno de los políticos de peso se anima a realizar: perderse en las sierras de Guerrero con el propósito de “agradecer” al capo de los narcos su disposición para con los ciudadanos y negociar una suerte de tregua en lo que queda de campaña electoral. El jefe aceptó, pero puso un paquete de condiciones. Según reveló el padre Rangel, le pidieron que los políticos no usaran la plata “para comprar votos” y que, al cabo de las elecciones, los candidatos que ganaron “cumplan con sus compromisos”. En Guerrero, ser candidato a un puesto municipal puede equivaler a una sentencia de muerte. Lo mismo que ser cura o esta, en algún momento, en el lugar equivocado.

El padre Rangel no tiene miedo sino elocuencia. Cuando subió a la sierra lo hizo en el helicóptero que pagaron los vecinos de Pueblo Viejo, un lugar donde no aparece un uniforme ni dibujado. Rangel viajó el Viernes Santo para agradecerle al jefe de los narcos que hubiera restablecido el agua y la electricidad. Una vez con él enfrente negoció la tregua: basta de asesinatos contra los candidatos en el actual curso electoral. No era la primera vez que andaba por esos parajes. El obispo llegó a la diócesis de Chilpancingo a mediados de 2015. Apenas pisar ese suelo conoció el horror. Allí operan los grupos más violentos del Estado de Guerrero: Los Ardillos, Los Rojos, la Familia Michoacana, El Cártel de la Sierra, Los Tequileros, Los Guerreros Unidos, Los Caballeros Templarios. Además de mediar entre el cielo y la tierra Rangel hizo de intermediario entre la vida y la muerte. El mismo contó, para que no lo acusaran de complicidad con el narco, que sus andanzas por la sierra comenzaron hace dos años cuando un sacerdote lo interpeló para que le salvara la vida: los narcos lo tenían amenazado. Entonces, gracias a una monja que le indicó el camino, fue a la sierra a pedir por la vida del sacerdote amenazado. El padre se convirtió en un hombre de misiones difíciles cuyas palabras cortan como guadañas. Primero medio por la vida del sacerdote, luego intentó negociar los conflictos entre grupos de narcos rivales para bajar la violencia, después negoció un alto el fuego electoral. En 2017, el Papa Francisco lo puso al frente de la diócesis de Ciudad Altamirano mientras nombraba a un sucesor de Máximo Martínez Miranda, el obispo anterior que dejó su cargo porque le habían asesinado a tres sacerdotes y lo intentaron secuestrar. Rangel es el interlocutor de los narcos para apaciguar aquellas tierras calientes y también la autoridad que dice en voz alta, a menudo en las misas, lo que todo México habla en voz baja: la alianza silenciosa entre los narcos y el poder político. Rangel denunció que “varios diputados y presidencias municipales fueron impuestas por los narcos”. Sus palabras son, cada vez, un latigazo sobre la conciencia del país. Hace poco declaró: “Guerrero está en manos de los narcos. La autoridad oficial ha sido substituida por los narcotraficantes”. Razón, en muchos casos, no le falta. El caso más conocido es el de José Luis Abarca Velázquez, el cruento Alcalde de Iguala que entregó las riendas de la localidad a los Guerreros Unidos. Abarca es uno de los culpables “oficiales” de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014.

Cuando el gobierno  ataca al Obispo por sus encuentros con los narcos, Rangel responde:” ¿Por qué hablar de buenos y malos ?.  ¿Quiénes son los malos ?”. En México muere todo el mundo y el obispo Rangel dialoga “con los lobos para ver por qué matan al ganado”. A mediados de febrero de 2018 le mataron a dos sacerdotes en una carretera de Taxco: Germain Muñiz e Iván Añorve. En el Estado de Guerrero, en un sólo mes (enero) fueron asesinadas 138 personas. Entre 2013 y 2018, 23 sacerdotes cayeron bajo las balas en todo el territorio mexicano. Detrás de tantos muertos no hay rostros de culpables, ni siquiera una estrategia política definida por quienes aspiran a dirigir el país. En las estadísticas oficiales, cada año es peor que el anterior: en 2017 fueron asesinadas 29.168 personas (2. 318 en Guerrero). Se cuentan los días, las semanas, los meses y los años, se cuentan los gobernadores y los presidentes. Y lo que más se cuentan son los muertos, y las tinieblas de impunidad y corrupción que aún protegen a quienes aprietan el gatillo.

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