Cristina Kirchner tiene por lo menos ocho causas armadas en su contra como parte de la ofensiva del macrismo para impedir que el kirchnerismo vuelva a reconstruir su fuerza. El corazón de esa ofensiva está en la investigación de los contratos de obra pública. Pero por precaución, para evitar que la investigación afecte a las empresas ligadas al macrismo, como las de Calcaterra y Caputo, o a las contratistas históricas más poderosas, como Techint, la orden del gobierno de conservadores y radicales fue investigar solamente la obra pública que se realizó en la provincia de Santa Cruz, la única donde el principal contratista es la empresa de Lázaro Báez. Sobre esa piedra basal se apoya la certificación de la megacorrupción kirchnerista  que alegan el oficialismo y los grandes medios corporativos que lo respaldan. Con bastante eficiencia han podido instalar ese guión en el imaginario de un sector de la sociedad: la gran bestia ponzoñosa de la obvia corrupción “k”.

La causa sobre corrupción en la obra pública tendría que ser el corazón que diera vida a este monstruo inconmensurable y diabólico. Por eso tenían que ponerle una cifra que alimentara esas dimensiones míticas. En las 780 y pico de páginas de la argumentación del juez Julián Ercolini no hay cifras de ciertas ni de supuestas coimas ni de sobreprecios, ni de presupuestos injustificados. No existen esas cifras, y como tienen que ponerle alguna que sea inconcebible, que desborde cualquier fantasía, el juez inventó los diez mil millones de pesos, que sería el total de lo que insumieron las obras públicas que se le asignaron a Báez en Santa Cruz durante diez años. 

Por lo general, en las provincias grandes están los grandes contratistas que disputan obras. En las más chicas, están las empresas menores y, en aquellas que, por las condiciones climáticas y geológicas extremas, como Santa Cruz, que exigen especificaciones técnicas más complicadas, por lo general hay un solo contratista especializado importante que para algunas obras que lo exceden suele asociarse con alguno de los más grandes.

Santa Cruz es una de las provincias con menos habitantes y con más extensión territorial y por lo tanto ha sido una de las más relegadas. A los gobiernos no les interesa desarrollar obras públicas costosas donde hay pocos votos. La excepción sería un gobierno de origen santacruceño como los del kirchnerismo. Que un gobierno de origen santacruceño le haya dedicado el diez por ciento de la obra pública a una provincia que tiene el once por ciento del territorio nacional, es casi una reparación histórica, un acto de patriotismo. En cambio al juez Ercolini le parece una prueba de corrupción. Y sobre esa acusación discurre el carrousel de cifras faraónicas captadas por la corrupción. Si eso es todo, si lo que dice el escrito es todo lo que han encontrado, entonces no tendría que haber acusación.  

La presunción de corrupción se basa en la cantidad de obras públicas que se hicieron en Santa Cruz en los doce años de kirchnerismo. Pero no se ha encontrado el dinero que involucró esa corrupción fenomenal. No existe ruta del dinero “k” porque hasta ahora ese dinero solamente existe en el discurso mediático y judicial. Periodistas del Grupo Clarín, financiados por los fondos buitre, viajaron a Panamá para encontrar cuentas offshore. Con semejante respaldo no encontraron nada allí ni en ningún otro paraíso fiscal europeo, norteamericano, británico, ni en las Seychelles ni en las Cayman. Hasta ahora nadie ha podido demostrar que el dinero “k” no sea lo que han declarado los “k”. Excavaron en la Patagonia y no encontraron pozos del tesoro ni sótanos atiborrados de billetes. El único dinero “k” estaba en cuentas declaradas en Argentina. Para algunos será mucho, para otros es poco, pero todo está declarado. 

Columnistas de Clarín y algunos de La Nación calificaron el escrito acusatorio de Ercolini de “detallista” y “muy completo”. Salieron a disimular los agujeros. Un solo columnista de La Nación reconoció que el escrito por sí solo, ni esa causa por sí misma, alcanzaban para una condena, sino que era necesario visualizar las ocho causas como un todo. En la Justicia no existe nada parecido: se es culpable o inocente en una acusación concreta que se dirime en una causa. Y con esta acusación, por la cual fue procesada y embargada, Cristina Kirchner queda más limpia que antes, esta acusación elimina toda sospecha, ilumina a un fantasma que desaparece con la luz.

Las situaciones de Milagro Sala y Cristina Kirchner están calcadas. En vez de tener una sola causa fuerte cada una, como debería ser, tienen un montón de causas abiertas. La única razón que lo explica es la intención de persecución política, de desfile interminable y humillante por los tribunales con acusaciones de corrupción, magnicidios y traición a la patria. A Milagro ya la condenaron a tres años en suspenso por una tirada de huevos en la que no estuvo y la inhabilitaron tres años para dirigir movimientos sociales por un acampe pacífico. Las acusaciones contra Milagro Sala tienden a criminalizar la protesta social. Las acusaciones contra Cristina Kirchner buscan criminalizar decisiones políticas del Poder Ejecutivo. Hay un hilo de complicidad en la Justicia que involucra al oficialismo, a los grupos de poder económico y a los servicios de inteligencia. El oficialismo siempre fue consciente del control que podía ejercer sobre el Poder Judicial. No fue casual que dos de las primeras acciones de Cambiemos fueron copar el Consejo de la Magistratura con la ayuda del opoficialismo y tratar de meter por decreto a dos jueces en la Corte, lo mismo que hizo Gerardo Morales en Jujuy. La jueza María Servini de Cubría le dijo a Ambito Financiero que en 40 años de Poder Judicial nunca había sufrido tantas presiones como con este gobierno. El control total de la Magistratura por parte del oficialismo es una poderosa herramienta de presión. En todo caso esta semana hubo una seguidilla de fallos insólitos: la Corte no quiso intervenir en el escandaloso diferendo con los organismos internacionales por la detención ilegal de Milagro Sala y lo derivó a la cuestionada justicia jujeña dominada por Morales, y a su vez Casación reabrió la denuncia bizarra del fallecido fiscal Alberto Nisman que ya había sido rechazada en cinco instancias previas. “Se le exige demasiado a una denuncia” fue la excusa. “Demasiado” es que, por lo menos, tenga una prueba. Para Casación se puede acusar sin pruebas.

La ráfaga de causas abiertas contra Cristina Kirchner y otros dirigentes fue combinada con tácticas de extorsión y cooptación que buscaron dividir y aislar al kirchnerismo en un movimiento de pinzas que hizo ilusionar al massismo haciéndole creer que el macrismo lo veía como heredero del peronismo y sucesor natural de un gobierno macrista. En los hechos se produjo un primer efecto de dispersión en el Frente para la Victoria con algunas deserciones, el surgimiento de nuevos agrupamientos y un debate caótico. Se perdió el voto homogéneo en el parlamento y en algunos momentos parecía que se producirían rupturas y realineamientos importantes.

Pero la persecución judicial y el uso abiertamente extorsivo de ese control sobre jueces y fiscales generó finalmente un efecto contrario al que buscaban. Seguramente también influyeron las primeras encuestas en las que el massismo queda relegado al tercer lugar y Cristina Kirchner le saca más de diez puntos a Elisa Carrió. El tercer lugar de Massa fue competitivo en 2015, pero si no crece en las próximas elecciones  dejaría de ser una carta de triunfo para algunos caudillos del PJ que pudieran estar expectantes. Un nuevo tercer lugar condena a Sergio Massa a funcionar como furgón de cola de Cambiemos como hizo a lo largo de este año.

En el campo del peronismo y las agrupaciones kirchneristas, la conducción del PJ nacional, que de alguna manera incluye la posición de la mayoría de los gobernadores, expresó su solidaridad con Cristina Kirchner ante la avanzada judicial. La reunión del jueves del PJ bonaerense fue una señal más fuerte: se creó una conducción en la que están representados todos los sectores, incluso varios de los que se suponía ya migrando hacia el massismo. La declaración del plenario incluyó la solidaridad con Cristina Kirchner y con Milagro Sala. “No romper puentes” fue la consigna que circuló en el peor momento de la discusión. Quedaron varios heridos pero se frenó la tendencia a la dispersión que había provocado la derrota electoral. El reordenamiento del PJ con el kirchnerismo en su seno, y el recrudecimiento de la persecución judicial contra sus referentes son dos datos importantes del comienzo de un año electoral.