El fiscal Gabriel de Vedia fue desplazado de la Unidad para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), desde donde denunció a varios funcionarios de Cambiemos y múltiples irregularidades de la gestión actual en materia previsional. La decisión fue adoptada por el procurador interino, Eduardo Casal, en una resolución que informa que el propio De Vedia pidió su traslado. Sin embargo, distintos allegados a la Procuración advirtieron que no es así, sino que como le habían pedido al fiscal que asumiera como subrogante en una fiscalía laboral, éste simplemente requirió la designación de un coordinador en la unidad (como existen en otras dependencias similares) para que no se debilite el trabajo. No es el primer movimiento de fiscales que hace Casal, en sintonía con las expectativas del Gobierno. Uno de los más escandalosos fue la remoción del fiscal Juan Pedro Zoni de una fiscalía en Comodoro Py que investigaba el acuerdo para condonarle la deuda al Correo Argentino, empresa de la familia Macri.

De Vedia es fiscal de la seguridad social y había sido designado al frente de la Ufises por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, en reemplazo de Guillermo Marijuán. Desde hace tiempo la actual conducción de transición en la Procuración buscaba algún argumento para sacarlo de esa dependencia que  se ocupa del crucial asunto de las jubilaciones, materia histórica de las exigencias de ajuste del FMI. El quid de la cuestión es que De Vedia siempre denunció los casos y funcionarios donde advertía anomalías. En especial, problemas con la caja de las jubilaciones. De hecho fue quien denunció en más de una ocasión al titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, y en particular en una causa en la que fue citado a indagatoria la semana pasada por sospechas en la venta de acciones de Petrobrás que integraban el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a Pampa Energía, firma de Marcelo Mindlin, aliado de Macri, que habría generado un perjuicio al Estado.

El FGS es un fondo que se compone de acciones de empresas que cotizan en Bolsa y que funciona como resguardo para las jubilaciones y pensiones. Por operaciones irregulares con el FGS, De Vedia también denunció al actual ministro de Finanzas, Luis Caputo, que integró el comité ejecutivo del FGS. Según el fiscal, el funcionario habría desviado fondos previsionales en favor de un fondo de inversión, Axis, del que fue director y titular hasta el 4 de diciembre de 2015, días antes de su desembarco en el Gobierno. A través de Axis se tramitaron inversiones por encima de los 500 millones de pesos. Con esa suscripción de Lebac a través de una sociedad privada, hubo un cambio de criterio. En 2016, además, el FGS empezó a pagar honorarios a Axis y su custodio el Deustche Bank. La denuncia de De Vedia señaló sospechas sobre las aparentes “fuertes conexiones entre Luis Caputo, la empresa Axis y el fondo común de inversión Axis Ahorro Plus”. Señaló los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública. “Caputo se pagaba comisiones a sí mismo”, señaló el fiscal cuando salió el caso a la luz.

Otro de los funcionarios denunciados por el fiscal ahora desplazado fue Luis María Blaquier, también ex director del FGS hasta fines de 2016, quien según De Vedia habría continuado ligado a las empresas Cablevisión y Arcor y habría promovido desde el fondo la compra de acciones de esas empresas en “beneficio personal o de terceros”. Señaló los posibles delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles. Desde la Ufises, De Vedia pidió informes al consejo y al comité ejecutivo del FGS ya que había dejado de publicar datos sobre la venta de sus acciones y otras operaciones que debían publicitarse.

Cuando el Gobierno decidió recortar masivamente las pensiones por discapacidad, De Vedia sostuvo que se estaba violando un derecho adquirido. Cuando tuvo que dictaminar sobre la reforma previsional opinó que se debía frenar el recorte de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH). Como es ostensible, se trata de un funcionario incómodo para el Gobierno, un obstáculo en materia previsional.

Cuando el procurador Casal le requirió a De Vedia que asuma en forma interina una fiscalía del fuero laboral, el fiscal aceptó pero dijo que necesitaría nombrar un coordinador para la Ufises para poder sostener las investigaciones. Postuló a un secretario de su equipo. El viernes, la resolución de Casal sobre el tema generó sorpresa. En lugar de nombrar al coordinador, anunciaba el desplazamiento de De Vedia, para colmo con el argumento de que lo había pedido él. En su reemplazo, y para “mejorar el rendimiento del Ministerio Público Fiscal”, fue designado Gabriel González Da Silva. Lo curioso es que se trata de un fiscal general sin especialización en cuestiones previsionales y que ya tiene varias funciones asignadas: es el titular de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal y subroga como fiscal en Bahía Blanca.