PáginaI12 En Brasil
Desde Brasilia

Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo una victoria de proporciones en Naciones Unidas (ONU) donde fue  defendido su derecho a ser candidato a la Presidencia en las elecciones del 7 de octubre. El Comité de Derechos Humanos del organismo multilateral demandó que el Estado brasileño deje sin efecto las resoluciones que impiden al detenido dar entrevistas, grabar spots de campaña y participar en debates televisivos con los otros postulantes. “Esta medida cautelar de la ONU llegó en un momento muy oportuno, fue una medida muy positiva”, declaró a PaginaI12 la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, defensora de Lula. 

La noticia generada en la sede de la ONU en Ginebra llegó a media mañana a Brasilia. A primeras horas de la tarde ganó contornos de un conflicto diplomático porque el gobierno la definió como una “una intromisión”  carente de “relevancia jurídica”. Teixeira Zanin Martins desmintió la tesis oficial, al sostener que “el Estado tiene que acatar esta medida cautelar porque es signatario desde 1992 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la ONU”, reforzado en 2009 a través de un Decreto Legislativo 311 en el que se comprometió a acatar sus determinaciones.

Lula está arrestado desde el 7 de abril en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba por determinación del juez Sergio Moro, responsable de Lava Jato.

“El presidente Lula ha sido víctima de todo tipo de atropellos, de vicios groseros por parte de un juez que se condujo con falta de imparcialidad y motivaciones políticas”, planteó la abogada que ubicó esta resolución de la ONU en el contexto de la “perplejidad” que hay en la comunidad internacional frente a la situación a la que “ha sido sometido el presidente (Lula), un hombre inocente contra quien no hay ninguna prueba”.

A pesar de su aislamiento , por estar encerrado en una celda en solitario, el político ha recogido muestras de respaldo internacional, que van desde el papa Francisco al expresidente francés Francois Hollande, incluyendo al premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, que lo visitó el jueves,  el intelectual estadounidense Noam Chomsky y  la ex presidenta Michelle Bachelet. Precisamente la socialista Bachelet acaba de ser elegida como alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, novedad que puede fortalecer la posición del detenido.

El miércoles pasado el Partido de los Trabajadores presentó ante el Tribunal Superior Electoral la candidatura de Lula a la presidencia y Fernando Haddad a la vice. El mismo miércoles, con una premura evidente, la procuradora general de la República solicitó la impugnación alegando que el candidato violó la Ley de la Ficha Limpia. 

Hasta ayer ya hubo siete pedidos de impugnación. Uno de ellos lo firmó el candidato y capitán retirado del Ejército Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL) y otro el actor porno, también retirado de esa profesión, Alexandre Frota. Bolsonaro se fotografió ayer entre policías con los dedos en forma de pistola, repitiendo su estilo de candidato mano dura y aprovechó el evento para tildar a Lula de delincuente.

Paralelamente, esta semana los fiscales de la causa Lava Jato exigieron que el detenido no reciba visitas de dirigentes políticos y que se refuercen las medidas de enclaustramiento. El planteo de los fiscales desconoce que Lula, como todo ciudadano privado de su libertad, mantiene sus derechos políticos. Como el de disputar la Presidencia.

¿En términos prácticos qué implica esta medida del Comité de la ONU?, le preguntó este diario a Teixeira Zanin Martins. “Significa que el Estado brasileño tiene que garantizarle a Lula que puede competir en las elecciones en un pie de igualdad con sus adversario. Por ejemplo, que esta noche (del viernes) pueda participar a través de videoconferencia o de teléfono en el debate que realiza la Rede TV, y que no se lo excluya como sucedió la semana pasada en el debate de Bandeirantes”, explicó la abogada. Ella integra el equipo encabezado por el australiano Geoffrey Robertson, quien ya fue defensor de Julian Assange  y participó en un proceso contra el dictador Augusto Pinochet. Ese equipo de letrados presentó en julio 2016 una denuncia ante el Comité de la ONU.

Los portales de noticias de los medios grandes se habían desentendido del tema hasta que el Ministerio de Relaciones Exteriores divulgó un comunicado de tono enérgico, según los cánones diplomáticos. “Brasil es un fiel cumplidor del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos”, dice la nota oficial en la que se aseguró el respeto a la “amplia defensa” de que gozan todos los ciudadanos. En el comunicado se relativiza el efecto jurídico del pronunciamiento de la ONU. Un punto de vista con el que discrepó la vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos, Sarah Cleveland, para  quien el gobierno de Brasil “está obligado a acatar” la decisión. El caso es que la campaña ganó un relieve internacional inconveniente para el gobierno. Del que posiblemente habrá más repercusiones en los próximos días cuando se podrían sumar nuevas objeciones al cautiverio del candidato que, pese a su encierro, sigue ubicado en primer lugar de todos los sondeos.