El Decreto de Necesidad y Urgencia que endurece las condiciones migratorias fue rechazado por organismos de derechos humanos que lo consideran “una política regresiva”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que la modificación por decreto de la Ley de Migraciones deja atrás el paradigma de protección de derechos y lo cambia por el “estado de sospecha”. “Con el DNU todos los migrantes son sospechosos”, afirmó el organismo, que advirtió que la medida tendrá como efecto “el hostigamiento al migrante pobre, profundizando su exclusión social y económica”.
El CELS añadió que se pasa de una ley que respeta los derechos humanos a “una que entiende la migración como una amenaza a la seguridad del Estado” y “utiliza la ‘guerra contra las drogas’ como excusa para perseguir los migrantes”. En esa línea, compara la decisión con la política antimigratoria encarada por Donald Trump en Estados Unidos.
El organismo remarcó también que mediante un decreto “que no es necesario ni urgente” se modifica una ley aprobada por unanimidad y se deja el sistema para acceder a la nacionalidad argentina bajo el mismo criterio de la última dictadura cívico-militar, que había sido modificado por Raúl Alfonsín.
Por su parte, Amnistía Internacional consideró que el decreto 70/2017 que restringe el ingreso de migrantes y facilita la expulsión de extranjeros es “una iniciativa que no respeta los derechos humanos”. Por eso el organismo expresó su preocupación y consideró que es “una política regresiva”
“Introduce impedimentos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnera el derecho de defensa, elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina”, enumeró Amnistía.
Para Garavano el DNU “no cambia el espíritu de la ley anterior"
El ministro de Justicia y Derechos Humanos defendió el decreto que endurece la política migratoria es una iniciativa consensuada con el sector "más importante" de la oposición. "Lo que se ha hecho es no cambiar el espíritu de la ley anterior", señaló Garavano.
Consultado por radio La Red sobre la urgencia en dictar el decreto y evitar que se debata en el Congreso una ley específica, el ministro dijo que ello "tiene que ver con lo que se vivió todo este año, con la evidencia empírica de hechos realmente graves”. Insistió en que “esto se ha consensuado con un sector mayoritario de la oposición de que era importante sacarlo ahora”, y dijo que “en todo caso más adelante habrá una ley más extensa, más profunda".
Massa, a favor
El diputado del Frente Renovador aseguró que en el país "los delincuentes tienen que tener vedado el ingreso y los extranjeros que cometen delitos deben ser expulsados", en una previsible muestra de apoyo al decreto firmado por el presidente Mauricio Macri para endurecer la Ley de Migraciones.
Ayer, durante una visita al partido bonaerense de Tordillo, Massa fue consultado sobre la decisión del Gobierno de modificar la política migratoria y recordó que dicha reforma "está plasmada en el proyecto de Código Penal que presentamos en el 2013 y que acompañaron más de 5 millones de argentinos con su firma".
En sintonía con esas declaraciones, la diputada massista Mónica Litza consideró que el decreto es "un paso adelante", aunque cuestionó que "se podría haber llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso si hubiese existido la voluntad desde el Ejecutivo".
