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SUEÑOS CON EL BRAZO EN ALTO
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 La sentencia que
condenó a tres skinheads de Belgrano a tres años de prisión de cumplimiento efectivo no
parece disuadirlos. Tampoco la decisión del tribunal de ordenar que se investigue al
movimiento. Los grupos neonazis locales no se rinden: el Partido Nuevo Orden Social
Patriótico (PNOSP), que intenta captar a los secundarios del oeste del Gran Buenos Aires,
ahora sueña con presentarse a elecciones en 1999 con el apoyo de diversos grupos
nacionalistas latinoamericanos como los ex carapintadas Albatros, que escaparon a Uruguay
tras el alzamiento del 3 de diciembre de 1989."Somos socialpatriotas y ultranacionalistas" fue la definición que le dio Alejandro Franze, líder del PNOSP, a Página/12 para dejar en claro la ideología del grupo que dirige. Pero su boca se cerró abruptamente cuando se lo consultó sobre las versiones que vinculan a su organización con agrupaciones nacionalistas del Ejército, aunque fue terminante acerca de su relación con el ex líder carapintada y ahora intendente justicialista de San Miguel, Aldo Rico: "Con los traidores nada", dijo. Pero a pesar de su silencio cada tanto Franze y un grupo de su plana mayor viajan durante un par de días hacia el Uruguay para encontrarse con grupos afines a su causa. Del otro lado del río viven unos quince integrantes del grupo carapintada Albatros, que conduce el ex subprefecto Raúl de Sagastizábal, en compañía de su esposa, Alicia Chiesa, y la guía espiritual del ex capellán seineldinista Moisés Jardín. Fuentes cercanas al ex coronel Mohamed Seineldín afirmaron que el grupo de la Prefectura, que se alzó en armas junto al resto de los carapintadas, no tiene relación con su jefe desde 1992, "porque son visiones políticas demasiado extremistas". Los Albatros, sin embargo, sí tienen vinculación con el teniente coronel venezolano Hugo Chávez Frías, jefe del cruento golpe militar de febrero de 1992 contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Los grupos antinazis señalan que existe una verdadera internacional del terror en Sudamérica, y describen al PNSOP como un grupo en rápido crecimiento. La trama neonazi se extiende a Brasil con los grupos Carecas do Suburbio y White Power Skinheads, a Colombia con GRAE y Cabezas Rapadas, y a la Argentina con la Juventud Nacionalista Socialista Argentina, el Partido Nuevo Triunfo, los Skinheads de la zona norte y el propio PNSOP. Los objetivos políticos del PNOSP hacen que el grupo trate permanentemente de evitar que se lo relacione con grupos neonazis de Argentina y del exterior. No quieren correr la misma suerte que el líder de la agrupación filonazi Alerta Nacional, Alejandro Biondini, que recibió un año de prisión en suspenso por usar la cruz esvástica, prohibida por incitar a la violencia racial, según la Ley Antidiscriminatoria. Para compensar la falta de su símbolo preferido, los militantes del PNSOP usan un brazalete, que según ellos es un "sol vikingo, que viene de las runas paganas", pero que no es otra cosa que una cruz esvástica deformada. Por otra parte las camisas negras y su pelo rapado no hacen más que confirmar su inspiración ideológica en el Duce Benito Mussolini, a quien consideran "un hombre muy importante para el nacionalismo mundial". Sin embargo prefieren no opinar sobre la figura de Adolfo Hitler, conocedores como pocos de los límites de la ley De la Rúa. Entre saludos nazis y pancartas que exaltan "la superioridad blanca", el grupo se reúne frecuentemente en tres locales del barrio porteño de Caballito, pero tiene su centro y principal fuente de captación de adherentes en el puesto 27 de la Feria de libros de Parque Rivadavia. Allí,justamente hace dos años, provocaron una batahola terrible cuando enfrentaron con insultos y golpes a cientos de jóvenes que habían ido a escuchar un recital auspiciado por la Coordinadora Contra la Represión Policial (ver aparte). Después de eso no se los volvió a ver hasta el año pasado, cuando varios vecinos cansados de sus bravuconadas pidieron en cartas dirigidas al Ministerio del Interior, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Concejo Deliberante que les levantaran el puesto y que los investigaran, pero no recibieron ningún tipo de respuesta. Sin embargo este grupo sigue creciendo y sus adeptos ya llegan a mil quinientos.
Informe: Darío Pirogovski
Ante el reclamo de mayor seguridad, el Gobierno
propone un paquete represivo.
Por Eduardo Videla
Toma precisó a Página/12 que el paquete de proyectos que impulsa contempla: "Aumentar las penas mínimas para los delitos graves; bajar de tres a dos años el piso para que un delito sea excarcelable; castigar la portación de armas de uso civil, como las de calibre 22, y tipificar la actitud sospechosa como figura predelictual", en el Código Penal. En cambio, aclaró que su propuesta no incluye bajar el límite de inimputabilidad a 16 años sino considerar como agravante la utilización de menores para cometer delitos. El flamante secretario de Seguridad se mostró entusiasmado con las propuestas porque --argumentó-- "el incremento de las penas debe actuar como un disuasivo". El penalista Torlasco se mostró crítico hacia este criterio: "Habría que ver si los delincuentes leen los diarios y están informados sobre las penas de los delitos que cometen", dijo. Para el ex miembro de la Cámara que juzgó a los ex comandantes, la inseguridad que padece la gente no se soluciona aumentando las penas ni modificando el régimen de excarcelación, sino atrapando a los culpables de los delitos". Torlasco dijo a Página/12 que el problema radica en el "alto índice de delitos no esclarecidos", lo que constituye un estímulo para los delincuentes, porque "tienen grandes chances de que no los atrapen". Gil Lavedra, quien también integró la Cámara Federal, calificó el paquete como "una respuesta facilista, que demuestra que Toma no sabe nada de seguridad y que el Gobierno carece de política de prevención del crimen". "Aumentar la represión sin que se hagan estudios serios sobre criminalidad y se tomen medidas más efectivas de prevención tiene el efecto contrario, reproducir la criminalidad: se pretende encarcelar a más gente, pero la cárcel constituye un factor criminógeno", explicó el especialista a este diario. Makintach, juez en lo criminal de San Isidro, también desestimó los proyectos de Toma al afirmar que "este tipo de soluciones no son eficaces sino efectistas". "La reforma (del Código Penal) la tienen que realizar los expertos y los que conocen el tema", afirmó el magistrado, en declaraciones a Radio Continental. Coincidió con los penalistas consultados por este diario en que "el criterio de endurecer las penas y de hacer la apología de la pena de muerte no ha dado resultado en ningún país del mundo". Torlasco y Gil Lavedra consideraron como un "retroceso" la intención de penalizar la actitud sospechosa, eliminada como figura en el Código de Convivencia porteño. Lo mismo opinó el secretario de Gobierno Enrique Mathov: "Es absurdo que mientras el Gobierno tiene graves problemas de seguridad como el narcotráfico, las fronteras infiltradas por el terrorismo y las bandas armadas, su eje en materia de seguridad sea la penalización del merodeador o el sospechoso".
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