GRANILLO OCAMPO DIJO QUE LOS HOMOSEXUALES NO PUEDEN SER JUECES
SEXO Y DIPLOMAS EN ORDEN

  El ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, expresó ayer su oposición a que un homosexual sea juez de la Nación y, entre las condiciones para ocupar una magistratura, equiparó la preferencia sexual con la falta de un título de abogado, como si el que eligiera la homosexualidad se hubiera equivocado de carrera. Las declaraciones radiales de Granillo, que infringen la Ley contra la Discriminación y de las que más tarde se desdijo (ver aparte), se dieron en el marco de una entrevista sobre la situación del juez Norberto Oyarbide involucrado en un escándalo de sexo y amenazas --más de lo segundo que de lo primero-- que pone nuevamente en tela de juicio la independencia de la Justicia.

Oyarbide fue acusado por el recepcionista de un restaurante de haber amenazado contra su vida. Pero esta denuncia puso al descubierto hechos más graves en el que uno de los involucrados habría escapado de milagro de una emboscada, así como una trama en la que Oyarbide sería víctima de extorsión a partir de un video casero en el que es principal protagonista.

El juez en aprietos es visto en el ámbito judicial como el más afín a la Policía Federal y fue el ministro del Interior, Carlos Corach, quien, luego de examinar a fondo sus antecedentes, habría propuesto su designación en el Fuero Federal en reemplazo de Martín Irurzun, cuando éste se encontraba en plena investigación de la tangente italiana.

Sin embargo, cuando el periodista de Radio Mitre que lo entrevistaba le preguntó ayer su opinión sobre la designación de homosexuales como jueces, Granillo Ocampo reflexionó que se trataba de "un problema de dignidad". "Si el proceso de designación analiza que algunas inclinaciones afectan la credibilidad y la capacidad que pueda tener en sus funciones una persona que pueda ser magistrado --apuntó--, indudablemente no le prestaría mi acuerdo".

Una pregunta aludió a la situación del juez Oyarbide y el ministro indicó que, de comprobarse que el magistrado está involucrado en un escándalo sexual, "se le aplicaría todo el rigor de la ley". Alentado por la senda que tomaba el reportaje, Granillo Ocampo explicó que "así como una persona que no es abogado no puede ser juez, una persona que tiene determinadas características, tampoco puede serlo", aunque aclaró que sus palabras no tenían nada que ver con ningún tipo de discriminación "ya que los jueces tienen que representar los valores de la sociedad".

En esta línea de pensamiento, el ministro de Justicia se enroló en el tono de declaraciones públicas formuladas por el ex arzobispo de Buenos Aires, Antonio Quarracino; el DT de la selección nacional, Daniel Passarella, y el nuevo titular de la Oficina de Etica Pública, Carlos Ferreira, quienes no dejaron dudas sobre lo que piensan de su sexualidad y la sexualidad ajena.

"Una inconducta sexual es una mancha que haría que una persona no pudiera ser magistrado", agregó Granillo Ocampo en la entrevista. Para redondear su pensamiento, aclaró que los candidatos a ser magistrados "pueden llevar la vida privada que les parezca, en la medida que esa tendencia no se transforme en exteriorización, y que choque a la cultura media de los argentinos. Si tuviera que hacer un voto, teniendo en cuenta esas condiciones, lo haría en contra, aunque soy consciente de que cada uno puede hacer lo que desee en su vida privada. El juez es fruto de una estructura y de una sociedad que tiene determinados valores. Estos casos son muy tristes, muy lamentables, y lo que deben hacer la sociedad y el Estado es reaccionar con extrema dureza".

Lo menos importante del caso en el que está involucrado Oyarbide es el sexo, ya que hay amenazas de muerte, una persona con varias heridas de bala en un atentado e intentos de extorsión, lo que se hace aún más turbio por la estrecha relación del juez con el Ejecutivo.

Pero el ministro de Justicia optó por la línea Quarracino, Ferreira, Passarella. Según el doctor Ferreira, la homosexualidad es una enfermedad como la tuberculosis y el cáncer. A partir de allí habría que crear un seleccionado gay porque Passarella no los quiere en su equipo, o una Iglesia de homosexuales porque monseñor Quarracino expresó que no podían ejercer su ministerio. O sea que en esta línea los homosexuales no pueden jugar al fútbol, ser sanos, curas, monjas, docentes y ahora tampoco jueces. Es preferible la tuberculosis, que por lo menos tiene cura.

Aunque después se desdijo, el ministro eligió un enfoque desde la sexualidad y, dentro de ésta, el más rígido posible. Pero justamente este aspecto no estaba en cuestión. Prefirió no hablar, en cambio, de otros criterios para la designación de jueces que atentan contra la independencia de la Justicia.

"VIOLO DOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION"

UN MINISTRO FUERA DE LA LEY

"Los prejuicios y la discriminación manifestados por Granillo Ocampo muestran que él no está capacitado ni puede ser ministro de Justicia. ¿Qué Justicia puede representar cuando desconoce la Ley Antidiscriminatoria y la Constitución de la ciudad de Buenos Aires que garantizan el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones de orientación sexual", consideró César Cigliutti, representante de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).

En franca discrepancia con el ministro, el director del Inadi, Víctor Ramos, precisó que "los homosexuales pueden ser jueces y no hay ninguna ley que lo impida". Para el vicepresidente de la Legislatura porteña, Aníbal Ibarra, el presidente Carlos Menem "debería sancionar" a Granillo Ocampo por sus declaraciones "discriminatorias". "Sería bueno que el ministro observara más la honestidad e independencia de los jueces que su orientación sexual", dijo el frepasista.

Consultado por Página/12, el presidente de la Asociación de Magistrados, el camarista de San Martín Horacio Prack, prefirió no opinar sobre los dichos del ministro. Por la mañana, Granillo Ocampo aseguró que "votaría en contra" de la designación de un homosexual, en el marco de un reportaje en el que habló sobre el affaire del juez federal Norberto Oyarbide. Barberis, titular del Centro de Denuncias del Foro de ONG que Luchan Contra la Discriminación, consideró que cuando el ministro afirma que los gays no pueden ser magistrados porque "no representan los valores medios de la comunidad", está "equiparando a un homosexual con un perverso y la orientación sexual dista mucho de ser una perversidad".

Por la tarde, Granillo procuró aclarar sus dichos y pidió disculpas. En su "aclaración", señaló que "no hay incompatibilidad para ejercer cualquier responsabilidad" en la medida que la orientación homosexual "sea absolutamente de la vida privada" del aspirante a juez. La "aclaración" del ministro indignó aún más al presidente de la Sociedad de Integración Gay-Lésbica Argentina (Sigla): "Suena paradójico que la condición inhabilitante sea ser homosexual de modo público", dijo Rafael Freda y añadió: "Es contrario a toda ética que el ministro de Justicia sostenga que algunas personas, para ser buenos jueces, deben tener secretos que la sociedad no debe conocer". Freda consideró que con sus dichos el funcionario violó dos artículos de la Carta Magna: el 14, que garantiza el derecho de ejercer toda industria lícita, y el 19, que prohíbe que las acciones privadas de los hombres, que de ninguna manera ofendan a la moral y el orden público, sean juzgadas por magistrados. Por tal motivo, Sigla solicitó que algún juez inicie de oficio una demanda contra Granillo "por coartar la libertad de trabajo y pronunciarse contra la Constitución Nacional".

Cigliutti aclaró que existen "jueces, políticos, maestros, etc., que son homosexuales y ello no aporta ninguna ventaja o desventaja" a su desempeño laboral. "Ser homosexual significa que una persona ama a otra de su mismo sexo y eso pertenece al ámbito de la intimidad. El resto y cualquier otra proyección pertenece a la ignorancia y el prejuicio", concluyó.

Por Susana Viau

El lunes de las semana pasada, a la caída de la tarde, un ciudadano argelino de apellido Zinnedine subió muy asustado hasta el noveno piso del edificio de Cerrito 536. Lo que contó dejó pasmados a los fiscales José María Campagnoli e Ignacio Rodríguez Varela. El sábado, dijo Zinnedine, el juez federal Norberto Oyarbide había entrado furioso al restaurante El MIrasol, donde él trabaja como adicionista, para amenazarlo: "Te quedan 48 horas de vida". El relato iba a ser corroborado unas horas después por los compañeros de trabajo del argelino. Según afirman las personas vinculadas a la causa que ahora reposa en la Sala IV de la Cámara del Crimen, Zinnedine atribuiría las amenazas a escuchas telefónicas ilegales que el juez habría ordenado de las conversaciones mantenidas por Zinnedine con Luciano Gabellano Botega, el ex amigo de Oyarbide que habría filmado los videos. Zinnedine expresó asimismo que creía que el juez y Gabellano Botega eran socios en un par de locales. En los pasillos del Palacio de Tribunales, los funcionarios judiciales comentaban ayer dos líneas del texto elaborado por Oyarbide al dictar el procesamiento del abogado Mariano Cúneo Libarona: "Que haya escándalos es inevitable, pero guay del que los provoque". Oyarbide está considerado como el miembro del fuero federal con mejor llegada al ministro del Interior Carlos Corach y a la policía.

Zinnedine aseguró que había sido el propio juez, asiduo cliente de El Mirasol, quien le había presentado a Luciano Gabellano Botega. Luego, el denunciante manifestó que, en una oportunidad, Gabellano Botega lo llamó para mostrarle el contenido de un video y que al reconocer en él a Oyarbide, Zinnedine le pidió: "no quiero ver más". El argelino, un personaje curioso, graduado en ingeniería y traductor de varios idiomas, continuó relatando que, por lo que sabía, después de ser secuestrado, trasladado a la zona de Zárate y baleado, Gabellano Botega le envió la cinta al juez. Al parecer, la filmación había sido ya difundida entre varios miembros del fuero federal pero --informó Zinnedine-- "no le consta" que el ex boxeador y extra del mundo del espectáculo quisiera extorsionar al magistrado.

También señaló que uno de sus compañeros de El Mirasol había escuchado por casualidad los tramos de una charla que Oyarbide sostenía con otro comensal y en la que el juez federal había comentado, señalándolo: " a este lo voy a hacer deportar". Zinnedine recordó que el sábado, luego de que Oyarbide se presentara de improviso en el restaurante de los bajos de la autopista, los mozos y adicionistas del local lo sometieron a todo tipo de bromas: "te quedan 46 horas", lo chicaneaban mirando el reloj y " te estamos encargando la corona".

Según dejaron trascender fuentes de la Cámara, los fiscales Campagnoli y Rodríguez Varela enviaron de inmediato un oficio citando a prestar declaración testimonial a buena parte del personal de El Mirasol esa misma noche. Prácticamente todo el plantel de la parrilla preferida por los políticos menemistas y los jueces federales desfiló por la calle Cerrito para corroborar la versión de Zinnedine. Unos admitieron haberla escuchado, otros haber visto la entrada furibunda del magistrado y sus gestos exaltados, el resto sabía lo sucedido porque había sido profusamente comentado. A las siete y media la denuncia de Zinnedine fue a sorteo y recaló en el juzgado criminal 17, a cargo de Fernando Rodríguez Lubary.

El juez planteó una cuestión de competencia, entendiendo que el tema debía ser girado a la justicia federal. De todos modos, y hasta que la sala IV de la Cámara se pronuncie, quizás deba dar curso a algunas de las medidas propuestas por la fiscalía.Lo cierto es que el caso tiene en vilo a la magistratura, que, en líneas generales, ruega a los cielos que la Sala IV, considerada flexible ante las sugerencias del poder político, no determine el pase a la justicia federal. Tanto el juez Rodríguez Lubary como la fiscal Alicia Bujeiro son gente formada en tribunales y alejadas de las internas que dominan el poder judicial.

INTERVENCION DE LA CORTE SUPREMA

"UNA ACCIÓN POR EL DECORO"

"No podemos permanecer en silencio ante este escándalo", sostuvo el presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, al explicar ayer por qué ordenó al cuerpo de auditores del alto tribunal que investigue al juez federal Norberto Oyarbide. Por su parte, los ministros Carlos Corach y Raúl Granillo Ocampo tampoco permanecieron en silencio, con visible preocupación por tomar distancia del magistrado y negando que el Gobierno lo haya protegido. Fuentes judiciales destacaron que la decisión de la Corte de investigar a Oyarbide sería el primer caso que se inicia a partir de una denuncia periodística, que fue publicada ayer en Página/12.

Las fuentes indicaron que un procedimiento similar dio comienzo al proceso de destitución del ex juez Francisco Trovato, pero en ese caso hubo una acción propia del Poder Judicial, como en éste una denuncia periodística. Un vocero consideró que Nazareno tomó esa medida para preservar "el decoro que se supone deben guardar (los jueces) en sus vidas particulares, tan sólo por integrar la magistratura".

Ayer, en este diario, el periodista Román Lejtman reveló que un ex amigo de Oyarbide, empresario especializado en prostitución, filmó un video de la intimidad del juez. Este ex amigo recibió presiones de un alto oficial de la Policía Federal y sufrió un atentado, del que salió con cuatro heridas de bala. Como si esto fuera poco, un adicionista del restaurante El Mirasol, de origen argelino y de nombre Zinnedine, denunció ante la Justicia que Oyarbide lo amenazó de muerte para que no revelara la existencia del video. La información revelaba también que el juez pidió protección a sus amistades en el Ministerio del Interior y la Policía Federal. El periodista citó una conversación con el propio Oyarbide, en la que aseguró que no haría una denuncia judicial por la tentativa de extorsión, y que la Policía Federal "me está ayudando".

El ex ministro y actual diputado Domingo Cavallo aseguró que Oyarbide figuraba en la célebre servilleta de Corach y recordó que éste, "al describir cómo controlaba el menemismo a los jueces, me había dicho que a Oyarbide lo controlaba, según él, vía la Policía Federal". Rehusó opinar sobre la supuesta homosexualidad del juez: "Es una forma de crear una cortina de humo, porque no es esa cuestión de su vida privada la que eventualmente estaría en juego aquí, sino el uso que podrían estar haciendo desde el Gobierno para extorsionarlo".

Dos ministros se esmeraron en distanciarse del escandaloso episodio y su protagonista. El titular de Interior, Carlos Corach, afirmó que Oyarbide "es un juez que tiene una relación común, como cualquier otro, con nosotros", expresión que recuerda la insistencia con que el Gobierno, meses atrás, sostenía que Yabrán "es un empresario como cualquier otro". Cuando se le recordó que Oyarbide fue uno de los incluidos en la servilleta donde, según la denuncia del ex ministro Domingo Cavallo, estaban escritos los nombres de los magistrados manejados por el Gobierno, Corach dijo: "Eso es una tontería, absolutamente una tontería". Sobre el episodio en sí, se escudó en la ignorancia: sostuvo que no sabía "que existía un video" y que la Federal "no me informó absolutamente nada sobre este tema ni si existió ningún pedido de protección". El ministro agregó con énfasis: "Dejen que actúe la Justicia. Yo no tengo por qué analizar, ni prejuzgar, ni tomar posiciones sobre simples trascendidos periodísticos que deberán ser corroborados por las decisiones judiciales". Con memoria más frágil que la que suele exhibir, indicó que "no recuerdo cuándo habré hablado con él (por Oyarbide), hará un mes o dos".

El ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, sostuvo que "supongo que, si la denuncia fue radicada correctamente, tiene que haber una investigación en camino, que terminará como debe" y, aclarando que se enteró del caso por los diarios, añadió que "normalmente, esas notas reflejan cosas que ocurren en la realidad, pero hay veces que no, y por eso hay que esperar que el Estado haga su trabajo y se pueda llegar a alguna conclusión".

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