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Por Román Lejtman
Patas cortas El Ministro no pudo cumplir con su palabra porque el escándalo que pretendió ocultar fue publicado en Página/12 pese a la información tergiversada que se ofreció en su ministerio, la cúpula de la Policía Federal y la SIDE. Estos organismos públicos negaron las relaciones entre Oyarbide y el gobierno, relativizaron el nivel de gastos que exhibe este juez federal e intentaron desviar la atención periodística sobre el contenido de un video clandestino que, por ahora, sólo implica una acción privada que, conforme al artículo 19 de la Constitución Nacional, está reservada a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. Once días después de su encuentro clandestino con Oyarbide, el 4 de mayo de 1998, Corach enfrentó a los movileros que todas las mañanas hacen guardia en la puerta de su casa. El Ministro pretendió hablar únicamente de las inundaciones pero un cronista de radio le salió al cruce con Página/12 en al mano cuando se dirigía hacia el auto oficial.
--¿El gobierno intentó proteger al juez Oyarbide? --Absolutamente falso. No sé absolutamente nada más que lo que salió en los diarios.
--¿La Policía Federal sabía de este asunto?, insistió otro periodista. --La Policía Federal no me informó absolutamente nada sobre este tema en ningún momento, ni existió un pedido de protección.
--¿Qué tipo de relación tiene con el juez Oyarbide? --Tengo con él una relación como tengo con cualquier otro juez.
--¿Hace cuánto que no habla con este magistrado? --No recuerdo bien, pero a Oyarbide hace que no lo veo cerca de uno o dos meses. Adelina y Yabrán Tiempo antes de que Corach niegue su relación con el juez, Oyarbide había demostrado con amplitud su utilidad para el Ministro. Cuando Domingo Cavallo denunció a Alfredo Yabrán en la Cámara de Diputados, Carlos Menem le juró a su entorno que el ex ministro de Economía viviría en el Palacio de Tribunales contestando denuncias y explicando que era inocente. Corach escuchó las pretensiones del Presidente y puso en marcha una estrategia destinada a cumplir las aspiraciones del jefe de Estado. El Ministro llamó al celular de Oyarbide y acordó una reunión en el hotel Alvear, donde llegó a bordo de un Peugeot 405 blanco. Oyarbide reemplazaba al juez federal Branca, acusado de participar en una banda de contrabandistas y en ese despacho tramitaba una denuncia en contra de Cavallo presentada por Alejandro Barassi, por entonces titular de Ocasa y empleado de Yabrán. Barassi aseguró que el ex ministro de Economía había presionado a los directivos del Banco Hipotecario Nacional (BHN) para que rechazara una licitación que fue ganada por la firma Ocasa. Sin eufemismos, Corach le sugirió a Oyarbide que dictara el procesamiento y ordenara la detención de Cavallo por haber incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, tras comprobarse que anuló un contrato obtenido por Ocasa para distribuir por correo las chequeras del pago del BHN. Al momento de la anulación del contrato, que Cavallo hizo con facultades propias, Adelina Dalesio de Viola era presidenta del Banco Hipotecario y aún aspiraba a ser primera dama. Con la sugerencia de Corach en sus oídos, Oyarbide decidió reunirse con Dalesio de Viola para ajustar una estrategia común. Durante cincuenta minutos, en una casa de modas americana, el juez federal escuchó a la ex funcionaria que aún hacía favores a su ex jefe político. Adelina abandonó caminando el local de ropa carísima que suelen publicitar Demi Moore y Bruce Willis, mientras que Oyarbide se subió a un auto que manejaba un amigo personal. El testimonio de Dalesio fue clave para Oyarbide, pese a las explicaciones de Cavallo en la causa. El ex ministro había sostenido que el Hipotecario le pagaba a Ocasa 1,82 pesos por cada cheque que repartía y que algunos de ellos eran enviados por Encotesa a 0,40 centavos, lo que implicaba una diferencia de costos muy importante. Para Oyarbide esta información no fue importante y decidió seguir con las actuaciones. --Prepare un borrador para calificar la situación de Cavallo en la causa del Hipotecario, solicitó el juez federal a uno de sus empleados de confianza. --Aquí está-- le dijo el empleado a Oyarbide, horas más tarde. --Pero no. Aquí le estás dando la falta de mérito. --Y sí. No hay para más. --No, no. Me voy a ver a Corach. Cuando las sombras ya invadían el viejo edificio de Comodoro Py, el juez federal llegó al despacho y ordenó al empleado que hiciera lo posible para redactar un borrador que justificara un procesamiento a Cavallo por negociaciones incompatibles con la función pública. El escriba hizo su trabajo y, avergonzado, entregó el borrador a su jefe. El fallo de Oyarbide tuvo tres meses de vigencia, ya que la Cámara Federal consideró que el ex ministro de Economía no había incurrido en ningún delito. A principios de 1998, con el juzgado de Branca en manos de Gabriel Cavallo (sin parentesco con el ahora diputado opositor) cerró la causa por falta de mérito, una decisión que fue muy criticada por Corach y su magistrado funcional.
UN MIEMBRO DE LA CORTE QUIERE JUECES NORMALES
El caso del juez generó una polémica nacional sobre las relaciones non sanctas que algunos jueces mantienen con sectores del poder político y sobre la sexualidad de la Justicia. Ayer, Oyarbide expresó que "a todas las preguntas puntuales, las respuestas serán dadas a quien corresponda". Además de la denuncia por amenazas, la Corte Suprema inició un sumario administrativo por su caso y en Diputados se presentaron ayer tres pedidos de juicio político al magistrado. Vázquez indicó que "lo de ser homosexual no puede convertirse en un impedimento por ley. De ahí a que la persona que lo tenga que proponer lo evalúe, es otra cosa". Su colega Enrique Petracchi puntualizó que el supremo tribunal sólo podría aplicarle una multa por la vía del sumario administrativo. "Estoy deseando, como cualquier ciudadano, tener la posibilidad de recurrir a la instancia y no sólo brindar información, sino acompañar pruebas que hagan fortalecer mi posición", dijo Oyarbide al salir de su domicilio. "En lo que hace al delito de amenazas que se me está atribuyendo --agregó--, quiero señalar que, con unos cuantos años en la Justicia conozco medianamente bien cuándo una conducta es social y cuándo es antisocial y merecedora de castigo". Con respecto a la acusación de haber mandado matar a una persona, el juez dijo a los periodistas que acudieran al juzgado en cuestión para analizar las pruebas en su contra. El ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo desató el lunes un escándalo sobre la sexualidad de los magistrados. En sus declaraciones iniciales expresó que no daría su voto a un homosexual para que ocupe una magistratura, pero más tarde difundió una declaración donde apuntó que eso era válido cuando "se traspasa la frontera de la intimidad y lo privado se hace público". "Sé conducirme, creo hacerlo con toda corrección", se defendió ayer el juez. El secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, se negó a comentar la situación del juez y se limitó a expresar que había que esperar la resolución en el ámbito de la Justicia. Una respuesta similar dio el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, quien indicó que "cada persona es dueña de sus actos privados" y que el tema no fue analizado en la reunión de ministros. El ministro del Interior, Carlos Corach, puntualizó que las acciones privadas de los hombres "están exentas de la honorabilidad que deben tener los cargos públicos". El titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Rubén Beraja, recordó que Oyarbide había ordenado la detención del abogado Mariano Cúneo Libarona acusado de intento de extorsión del juez Juan José Galeano, quien investigaba el atentado contra la AMIA. Beraja recordó que en ese momento "se escuchó que se iban a cobrar la actitud que había tenido Oyarbide". La suposición de Beraja encajaría en ese sentido con la hipótesis que plantea el juego de intereses encontrados entre la Policía Federal y la SIDE. En la Cámara de Diputados, la legisladora de la Alianza Elisa Carrió,
junto con Alfredo Bravo y Margarita Stolbizer, presentó un pedido de juicio político a
Oyarbide por "mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delito".
Otro pedido de juicio político fue presentado por la diputada Marcela Bordenave, también
de la Alianza. El tercero fue presentado por el legislador Guillermo Francos, del Bloque
Acción por la República.
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A Carlos Corach no le
pasó inadvertido que su invitado estaba nervioso y ajado por la tensión que estaba
soportando en los últimos días. Lo vio acomodarse por enésima vez su corbata de seda
italiana y jugar con su pulsera de plata labrada, un modelo exclusivo de Bulgary, mientras
él explicaba que había un sistema de seguridad montado por la Policía Federal para
evitar que la información del video privadísimo llegara a los medios de comunicación.
Corach parecía seguro y sonreía para tranquilizar a su amigo de tanto tiempo, un oscuro
funcionario de Tribunales que había colocado en la justicia federal para cerrar las
causas que afectaban a ciertos amigos del Presidente. Después de tratarlo durante cinco
años Norberto Oyarbide sabía de memoria cuando el Ministro del Interior consideraba
terminada una reunión fuera de protocolo. Tomó uno de los ascensores del hotel Alvear,
que segundos antes había llamado un asesor ministerial, y se perdió entre la gente que
paseaba esa tarde del 23 de abril de 1998.