Por Martín Granovsky Alfredo Astiz, el símbolo de la guerra sucia contra la sociedad,
condenado ante la Justicia francesa por tortura, secuestro y asesinato, fue procesado ayer
por un juez argentino. El juez Claudio Bonadío cree que podrá condenarlo por apología
del crimen, que merece de un mes a un año de prisión. El delito es excarcelable y
Bonadío trabó un embargo de dos mil pesos sobre los bienes de Astiz. La decisión puede
ser tomada como una muestra patética de la impotencia para juzgar a los mandos medios de
la dictadura o una burla al Código Penal. Pero nada impide interpretarla de otro modo: si
los antiguos asesinos le han escapado a la prisión, al menos la sociedad les quita el
derecho de reivindicar públicamente la muerte. Astiz está bajo condena social por lo que
dijo y no por lo que hizo. Pero lo que dijo refleja lo que hizo.
Bonadío procesó al ex miembro del grupo de tareas de la Escuela de
Mecánica de la Armada por sus declaraciones en un reportaje concedido a Gabriela Cerruti
en trespuntos. Por ejemplo éstas:
* "Yo nunca torturé. No me correspondía. ¿Si hubiera torturado
si me hubieran mandado? Sí, claro que sí. Yo digo que a mí la Armada me enseñó a
destruir. No me enseñaron a construir, me enseñaron a destruir. Sé poner minas y
bombas, sé infiltrarme, sé desarmar una organización, sé matar. Todo eso lo sé hacer
bien. Yo digo siempre: soy bruto, pero tuve un solo acto de lucidez en mi vida, que fue
meterme en la Armada."
* "Soy el hombre mejor preparado técnicamente para matar a un
político o a un periodista."
* "¿Sabés por qué mata un milico? Por un montón de cosas: por
amor a la patria, por orgullo, por machismo, por obediencia."
También dijo que el jefe del Ejército, Martín Balza, era "un
cretino" y que Menem era "el peor de todos" porque lo pasó a retiro.
El escándalo sacudió la modorra de enero y el peor de todos actuó
rápido. Ordenó un sumario militar contra Astiz, que terminó con su destitución de la
Marina y despejó el camino para que actuase la Justicia civil.
La actitud de Menem con Astiz reveló, por segunda vez, que el Poder
Ejecutivo puede ordenar por razones políticas el retiro de un oficial e incluso su
destitución sin que medie ninguna condena de la Justicia argentina. El discurso habitual
del Gobierno, que la ex subsecretaria de Derechos Humanos Alicia Pierini repetía ante la
reaparición en funciones actuales de antiguos represores, es que si no hay fallo de la
Justicia no hay culpa institucional, y que despedir a oficiales sospechosos equivaldría a
una caza de brujas.
Después del retiro, por la tremenda presión francesa, la Armada
protegió a Astiz. Pero en 1997, a más de 20 años del golpe de Estado, ya no podía
soportar el costo público de que Astiz continuara siendo su emblema. Cuando este diario
reveló en junio de 1997 que el marino integraba el Servicio de Inteligencia Naval, el
jefe de la Marina, Carlos Marrón, confirmó la noticia al día siguiente y ordenó
quitarle el puesto.
Por eso ante la segunda señal --a cargo del propio Astiz, y casi una
confesión-- la Marina le sacó el grado y el salario. Desde ese momento la estrategia
inicial del ex Angel Rubio consistió en negarle al reportaje validez de entrevista y,
sobre todo, en buscar un contexto para sus frases. Como si, igual que en la dictadura, el
famoso contexto fuese una alquimia capaz de conseguir que la apología de la muerte suene
a discusión historiográfica y el endiosamiento de la infiltración parezca filosofía.
Con su decisión de ayer, Bonadío dejó establecidos los hechos. Que son los dichos de
Astiz sobre sus hechos.
Astiz había sido condenado el 16 de marzo de 1990 por los tribunales
de París a prisión perpetua y confiscación de sus bienes, y desde ese momento pesa la
orden de Interpol de detenerlo y enviarlo a Francia si deja la Argentina, donde está
protegido por la ley de obediencia debida. El delito probado por la Justicia francesa fue
el secuestro, la desaparición y la tortura de dos religiosas francesas, Léonie Duquet y
Alice Domon.
El ministro de Defensa de entonces, Humberto Romero, dijo que el fallo era "sólo
un juicio de valor".
UN ÁNGEL EN CAÍDA
LIBRE
Por Miguel Bonasso
La decisión del juez Claudio Bonadío de procesar al ex represor
Alfredo Ignacio "el Cuervo" Astiz por "apología del crimen" es
correcta y debe ser elogiada. Aunque la medida apunta al presente y futuro del ex represor
y no a su pasado (que sigue impune no por Bonadío sino por la ya derogada ley de
obediencia debida), responde al reclamo de un gran sector de la sociedad y a una porción
de la dirigencia política, que vio en las confesiones del ángel caído una inequívoca
amenaza al sistema democrático. Sería mezquino especular con la presunta voluntad de
blanqueo de un juez que fue alto funcionario de la Secretaría General de la Presidencia y
mantiene, sin duda, una cordial relación con Carlos Corach. Los que conocen a Bonadío
saben que condena sinceramente el terrorismo de Estado aplicado por la máxima dictadura
militar, aunque (en privado) critique al único magistrado del mundo que juzga de manera
global al genocidio argentino, el español Baltasar Garzón. Hay quien asegura, incluso,
que el juez, que militó en Guardia de Hierro en los setenta, estuvo a punto de mandar al
marino al calabozo cuando, en una de las primeras audiencias de esta causa, el antiguo
"operativo" de la ESMA agredió de palabra a la periodista Gabriela Cerruti.
Pero evitar la mezquindad en el elogio no supone abolir el análisis.
Astiz, como Al Capone, es procesado por el menor de sus delitos; por sus palabras y no por
sus actos atroces que, en cambio, le han significado la condena del tribunal superior de
París y su inclusión como acusado en el juicio de Madrid. Por eso su nuevo
procesamiento, que marca una cota decisiva en una carrera cuesta abajo jalonada de
bofetadas, no es solamente producto de la decisión de un magistrado sino de una presión
colectiva en contra de la impunidad que empezó a sentirse con fuerza en el vigésimo
aniversario del golpe militar y se expandió en la demanda popular para esclarecer el
asesinato de José Luis Cabezas. Es producto de una larga lucha de las Madres y las
Abuelas de Plaza de Mayo, los familiares y los sobrevivientes, los defensores de los
derechos humanos, los periodistas y los intelectuales independientes, los ciudadanos que
no quieren convivir "reconciliados" con los asesinos y esos muchachos de HIJOS
que practican el más bello de los muralismos, que es el muralismo del
"escrache".
Ellos le han restituido al largo y poblado expediente Astiz la dignidad que los
dos gobiernos y demasiados jueces de nuestra joven democracia le habían negado,
convirtiendo al Angel de la Muerte de la ESMA en el paradigma de un terror que tiene
muchos otros nombres aún escondidos en el silencio y la complicidad. Porque el Angel,
conviene recordarlo, fue sucesivamente declarado inocente por sus pares del Consejo
Supremo de las Fuerzas Armadas, absuelto por la Cámara Federal que declaró prescripta la
causa por el secuestro de la joven Dagmar Hagelin; perdonado junto a varios de sus pares
por la ley de obediencia debida, ascendido por el gobierno de Raúl Alfonsín y protegido
reiteradamente por el presidente Menem, que se acordó del colonialismo francés a la hora
de rechazar las justas demandas de París contra el secuestrador de Alice Domon y Léonie
Duquet. Para no hablar de la "familia" naval que lo mantuvo en los amorosos
pliegues del SIN cuando su retiro se hizo insoslayable. Un largo rosario de iniquidades,
que él mismo se ocupó de amplificar hasta el paroxismo burlándose de sus víctimas
(como hizo en una disco de Pinamar con la hija del asesinado Diego Muñiz Barreto) o
mostrándose una y otra vez en las revistas-chatarra como un play boy que ahora seducía a
las adolescentes en vez de secuestrarlas. En un desaforado exhibicionismo propio de la
época que padecemos, que tal vez explique por qué se ha convertido en el representante
estelar del terrorismo de Estado, concentrando sobre su cabeza la ira justificada de los
que se lo topan en las esquinas de la democracia. Logrando un protagonismo que ha
eclipsado a su propio jefe de la ESMA, el peligroso psicópata Jorge Eduardo "El
Tigre" Acosta, varias veces empleado por los organismos de seguridad de este
gobierno. O al no menos psicópata Adolfo Donda, tecnócrata de la pinchadura telefónica,
vinculado a Yabrán. Está bien que Astiz sea procesado y mejor sería aún que fuera
preso, siempre y cuando la teoría del chivo expiatorio que él encarna con insuperable
estolidez, no sirva para desviar la mirada atenta de la sociedad de otros que son tanto o
más culpables, porque fueron autores intelectuales del genocidio, como José Alfredo
"Joe" Martínez de Hoz, que no sólo camina tranquilo por la calle sino que se
da el lujo de integrar el directorio del recientemente privatizado Banco de Santa Fe,
junto a Carlos Rohm, un banquero procesado. |
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