La número 2 de Educación se vio obligada a presentar su renuncia

Griselda Fuentes renunció como subsecretaria administrativa, luego de que trascendiera que había ordenado investigar a cooperadores.

Desde Santa Fe

La subsecretaria de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio de Educación, Griselda Fuentes, se vio obligada a renunciar ayer después de quedar al descubierto en el caso de las cocina centralizada de Santo Tomé: primero puso en marcha una maquinaria burocrática que llevó a la policía a investigar sobre la vida y los bienes de los cooperadores escolares, después designó a una directora del Ministerio para que integre la comisión administradora de la cocina, y por último tuvo que dar marcha atrás con ese nombramiento al enterarse que los funcionarios políticos no puede ocupar esos cargos. Todo eso ocurrió en apenas 15 días, en los que Fuentes no puso salir del ojo de la tormenta: la Confederación de Cooperadoras Escolares de la provincia no sólo repudió los métodos "procesistas" de la subsecretaria, sino que también exigió su renuncia.

La segunda de María Rosa Stanoevich comenzó al caer el 8 de mayo cuando dos cooperadores, René Varino y Juan Gómez, recibieron la visita de agentes del Departamento de Informaciones de la Policía que indagaron sobre su vida y bienes, por el sólo hecho de que ambos integran la comisión administradora de la cocina centralizada de Santo Tomé. Los agentes no se quedaron en el interrogatorio personal, sino que también averiguaron en el vecindario de ambos dirigentes que trabajan en la cocina sin recibir un peso. El caso fue denunciado 24 horas después por la Confederación de Cooperadoras Escolares que manifestó su repudio por la forma en que se había investigado a los cooperadores "al mejor estilo de épocas que creíamos superadas".

La misma entidad entregó después una nota al gobernador Jorge Obeid en la que advirtieron sobre el "fuente impacto emocional" que había causado el hecho entre las familias de Varino y Gómez, este último un jubilado de más de 65 años. "Actitudes como éstas aumentan el descreimiento y la participación en las instituciones intermedias, dado que nos sentimos vulnerables ante quienes tienen un poder que debiera ser responsable, justo, pero por sobre todas las cosas honorable, pero no lo son, como el Ministerio de Educación de la provincia", dijo la central que nuclea a las cooperadoras de toda la provincia.

Fuentes dijo que la consulta policial --que luego derivó en la investigación-- apuntaba a cumplir con el artículo 38 del decreto 51 del año 95 que veda el acceso a la administración de las cocinas centralizadas a "quienes estén procesados por delitos dolosos, los concursados o fallidos no rehabilitados".

Sin embargo, ese argumento también quedó al descubierto cuando se supo que el mismo artículo 38 impide el nombramiento de funcionarios políticos en las cocinas centralizadas. Y Fuentes ya había designado, como representante del Ministerio, a la directora provincial de Recursos y Servicios, Gabriela Pereira. Así quedaron a la vista las dos varas: investigación policial para los cooperadores, por un lado, y vista gorda para los funcionarios.

La subsecretaria había designado a Pereyra el 30 de abril, y el 13 de mayo tuvo que dar marcha atrás para removerla del cargo. Las dos notas, la que comunicó el nombramiento de Pereyra y su relevo están en poder de los cooperadores escolares que fueron investigados por la policía, y exhibidas públicamente.

Con esos datos, el diputado Angel Piaggio arengó desde su banca de la Legislatura para "sacar a patadas" a Fuentes y luego se sumaron el Concejo Municipal de Santo Tomé y la Confederación de Cooperadoras Escolares, pero ya en un tono más formal, aunque no por eso menos enfático: exigir la renuncia de la subsecretaria. Y así ocurrió.