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A MANOS PRIVADAS SIN ESCALA
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Por Cledis Candelaresi  El juez en lo Contencioso
Administrativo Martín Silva Garretón autorizó ayer la transferencia de los aeropuertos
privatizados al consorcio que preside Eduardo Eurnekian, al interpretar que se cumplieron
las condiciones para poner en funcionamiento el organismo regulador a cargo de Rodolfo
Barra. La determinación del citado magistrado --anticipada por Página/12 el
pasado miércoles-- no sólo dará por concluido su enfrentamiento con el Ejecutivo, que
hubiera deseado esa liberación antes. También pondrá fin a una áspera confrontación
con la Sala V de la Cámara de Apelaciones. Con mecanismos cuestionables, este tribunal
presionó al magistrado para que resolviera el caso con la mayor rapidez posible. Así
surge de un intercambio de escritos a los que accedió este diario.
En la resolución de la causa iniciada por la Unión de Usuarios y la diputada Alicia Castro hubo más de un elemento extraño, empezando por las amenazas anónimas que recibió el juez hace dos semanas, y que según su propia interpretación podría ser un recurso para forzar una decisión a gusto del consorcio Aeropuertos Argentina 2000 y del Gobierno. A ello se sumó el entredicho entre el juez y la Cámara de Apelaciones. El 30 de abril --después de que el Estado invitó a las provincias a designar su representante y, de inmediato, solicitó al juzgado el levantamiento de la medida cautelar--, Silva Garretón decidió no expedirse sobre el tema, ya que había dos apelaciones pendientes en la Sala V (ver recuadro). A su juicio, hacerlo afectaría "la eventual decisión de un superior ... incluida la revocatoria (de la medida cautelar)". Si bien esta determinación quedó plasmada en un escrito que integra el expediente, el juez no llegó a comunicársela a sus superiores, pese a lo cual éstos, insólitamente, le respondieron. El 7 de mayo la Sala integrada por Pablo Frediani, Carlos Manuel Grecco y Luis César Otero le instruyó a Silva expedirse sobre el tema, argumentando que las apelaciones pendientes "no son obstáculo para que el señor juez de Primera Instancia resuelva". Consultado por Página/12 sobre esta orden, el juez expresó que "los camaristas quisieron que tomara yo una decisión políticamente difícil, que ellos no se animaban a tomar". Con esta convicción, Silva respondió con un desafío. En una nota del 8 de este mes expresó su desconcierto porque la Cámara le ordenó decidir sobre el amparo. Después, exigió saber "cuál es el status jurídico" que tendría su forzada decisión y si esa sala le ordena expedirse "sin más trámite", es decir, sin respetar los procedimientos que impone la ley a la Justicia para tomar decisiones. El mismo día, sus superiores de la Sala V le hicieron sentir el peso de la autoridad, recriminándole "un palmario desconocimiento de principios elementales de derecho procesal", reprochándole su "insólito e inadmisible requerimiento de explicaciones" al Tribunal. Tres días después, Silva dictó la reclamada resolución, aunque no en el sentido esperado por el Gobierno, ya que consideró que el Organo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos no estaba apropiadamente constituido. En esa misma resolución solicitó a la presidencia de la Cámara que evalúe si su actuación "se ha ajustado a los principios del debido proceso", resolviendo aun cuando había apelaciones pendientes. La historia sufrió un giro cuando, días atrás, el Gobierno designó por decreto al vocal del Orsna que faltaba --en representación de las provincias-- cumpliendo, así, la última de las condiciones exigidas por la Justicia. Este es el nuevo elemento que le permitió a Silva Garretón liberar el traspaso de los aeropuertos a los adjudicatarios.
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