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*** No pocos tucumanos se preguntan por qué las autoridades de la provincia nunca ordenan el dragado del dique El Cadillal: sus aguas bajan de nivel y su fondo alberga cada vez más barro. El testimonio de Valdez podría arrojar alguna luz sobre el asunto. En 1976 y parte del '77 --dice-- "viajó reiteradamente a Tucumán enviado por el Batallón 601 (SIE) para cumplir funciones como asesor de inteligencia quedando en dicho lugar a las órdenes del coronel Fernández, Ramón. Entre otros lugares, estuvo en San Miguel de Tucumán, Lules, Faimaya (sic), Cruz de Palo". Valdez nombra a algunos de los que interrogó, por ejemplo, a José Guetas Chebaia, secretario de Planeamiento del gobernador justicialista Juri, derrocado por Bussi el 24 de marzo del '76. "Lo interrogó en el Regimiento de Infantería de Monte Nº 28, aproximadamente a las 22 horas, por órdenes directas del general de brigada Bussi. Con posterioridad sabe que fue ajusticiado y fondeado en el dique el Acheral (sic). Conoce el lugar exacto". (Consciente o inconscientemente, Valdez cambia El Cadillal por Acheral, pueblo ubicado a 44 kilómetros de la capital tucumana que fue base importante del ERP y los militares arrasaron. No hay dique alguno en Acheral). Luego menciona a Guillermo Vargas y Vargas Aignase, senador provincial: "Lo interrogó en el mismo lugar que la persona anteriormente nombrada y por órdenes directas de Bussi. Lo interroga el 25 de marzo de 1976, en horas de la mañana. Posteriormente es ajusticiado y fondeado en el dique El Acheral (sic). Puede determinar el lugar". El 27 de marzo es el turno de Juan Eduardo Tenreyro, secretario de Hacienda del gobierno de Juri. Valdez lo "interroga" en la jefatura del Departamento de Policía y precisa: "Tenía unos 64 años. La orden fue dada por Bussi. Posteriormente es muerto y fondeado en el Dique El Acheral (sic). Conoce el lugar". Nombra también a Miguel Angel Figueroa, de 24 años, a quien "se le dio sepultura en el cementerio (la chiquita) de la ciudad de Tucumán", y a Dardo Francisco Molina, "senador provincial (...) ajusticiado y enterrado a unos 25 metros de la costa sur del dique El Acheral (sic)", siempre interrogados "por órdenes directas" de Bussi. Desde luego, Valdez haría algo más que "interrogar": conoció perfectamente los lugares de "fondeo". ¿Y cuál sería la razón del especial interés que movió a Bussi a ordenar la desaparición de personas que no eran precisamente guerrilleros? En Tucumán es un secreto a voces que Chebaia y Tenreyro fueron secuestrados por unas tierras en Taco Ralo con las que finalmente se quedaron militares. Las actividades extorsivas del Ejército empezaron muy temprano en Tucumán: los dos ministros provinciales fueron desaparecidos el 24 de marzo de 1976. **** Valdez da el nombre de unos 50 represores, la mayoría de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal. Pero también los de Harguindeguy y del coronel Carlos Norberto Zone, quienes firmaron la comunicación por la que Valdez fue comisionado al Servicio de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires "con el nombre de cobertura de Alejandro Molina". Ninguno de los mencionados tuvo problemas con la Justicia por sus operaciones terroristas y genocidas. Valdez: no fue desprocesado por las leyes de punto final y obediencia debida porque no hubo necesidad. Nunca lo encausaron por los crímenes que amparó el gobierno de Alfonsín. ¿Qué pasó entre junio de 1984, fecha del último testimonio de Valdez, y setiembre de 1985, cuando se disolvió la Conadep y todos sus legajos pasaron a la flamante Subsecretaría de Derechos Humanos? ¿Los familiares de esos desaparecidos tucumanos fueron informados? Se afirma que la SDH giró a la Justicia las declaraciones de Valdez y de otros "arrepentidos". ¿Qué pasó entonces entre setiembre del '85 y el 23 de diciembre de 1986, cuando fue sancionada la ley de punto final, o el 4 de junio de 1987, cuando se sancionó la ley de obediencia debida? Nada. La impunidad pesaba ya como estrato de piedra sobre la sociedad argentina. Habrá que examinar si la expresión "años de plomo" se debe aplicar únicamente a los de la dictadura militar. *** El secretario de Seguridad, Miguel Angel Toma, proclamó contra el juicio que el juez Garzón instruye en Madrid que "la sociedad argentina ha hecho ya una revisión del pasado". ¿Qué revisión? ¿La de los represores? ¿Cuántos argentinos han podido revisar el testimonio de Valdez, que "interrogaba" a los secuestrados por el Grupo de Tareas del Batallón Depósito de Arsenales 601 de Bernal y que llevaba en una hoja tamaño oficio las órdenes escritas de secuestro inmediato (una cruz bajo la firma del jefe del Batallón 601) y de muerte inmediata (dos cruces)? ¿Cuántos conocen los nombres de verdugos y de víctimas que menciona Valdez --y otros represores que declararon ante la Conadep-- y que no figuran en las listas de los organismos de derechos humanos? ¿No habría acaso que darlos a conocer públicamente para aclarar dolores? ¿O todo eso ha de seguir --como el arpa de Bécquer-- silenciado y cubierto de polvo en un ángulo oscuro de la conciencia nacional? |
Pasó de 6 a 8 meses de 1975 en la Escuela de las Américas, la academia
militar entonces instalada en Panamá, en el Comando Sur del Ejército de EE.UU., donde
completaron su formación --o deformación-- militar Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y
otros futuros dictadores latinoamericanos. Menos ambicioso, él siguió un curso de
interrogación. Los profesores eran boinas verdes yanquis y boinas negras franceses
"que habían estado en operaciones en Camboya y Vietnam. Se llevaban personas
centroamericanas (al curso), en las cuales (se) hacían las prácticas de interrogatorio
(...). Como hecho vinculado a esta escuela, (el dicente) señala operativos conjuntos
realizados en Bolivia en 1979. En este aspecto destaca que ante denuncias realizadas por
ciudadanos bolivianos a organismos de derechos humanos --especialmente Aministi (sic)
internacional-- realizan operativos en dos minas de zinc y una de carbón que estaba a
unos sesenta kilómetros de la ciudad de La Paz. El operativo consistió en volar parte de
dichas minas de adentro para afuera, con la finalidad de que no se encontraran los
cadáveres que allí habían arrojado las fuerzas paramilitares bolivianas. Esta forma de
dinamitar hacía virtualmente imposible la identificación de ningún cuerpo. Vinculado
con la escuela de Panamá, el dicente dio dos cursos de inteligencia en Paraguay y a la
policía secreta de Stroessner. Esto fue en el año 1976 o '77". El dicente es
Andrés Francisco Valdez, argentino, preso por delitos comunes, quizás deseoso de
congraciarse con la Justicia y de paso transmitir información de sectores interesados.
Sus declaraciones se citan aquí textualmente y pueden encontrarse en el legajo 03674 de
la Conadep que conserva la Subsecretaría de Derechos Humanos y/o duerme en el despacho de
algún juez sumamente olvidadizo.