Página/12

Hoy es el Día del Periodista y los medios se cantan y se celebran a sí mismos. Pero hace veinte años una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupa a los dueños de periódicos del continente, constató que los principales editores de diarios argentinos asignaban prioridad a la seguridad nacional sobre la libertad de expresión, justificaban la censura alegando que compartían los objetivos de la dictadura militar, se negaban a informar sobre la desaparición de personas y se beneficiaban de ese comportamiento, asociándose con el Estado en la explotación de una fábrica de papel. Ese documento excepcional, redactado por los dueños de dos diarios estadounidenses, fue ocultado por la prensa argentina, que llegó a rechazar un premio otorgado por la SIP.

En el Día del Periodista, los medios argentinos se cantan y se celebran a sí mismos. No muestran el mismo entusiasmo por la revisión del pasado. Cuando la encaran, como hizo hace dos meses el presidente de ADEPA, Claudio Escribano, aducen que "no fuimos recios en la crítica contra los hombres que se excedieron en el ejercicio del poder. Debemos lamentar no haber alzado más la voz, porque hubiéramos contribuido a la salud de la República". En ese contexto de autoindulgencia, contribuye a la salud de la República la divulgación de un documento excepcional, redactado hace ahora veinte años por dos periodistas norteamericanos, que visitaron la Argentina como representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupa a los propietarios de periódicos de todo el continente. Edward Seaton, propietario del diario "Mercury" de Kansas, e Ignacio Lozano, de "La Opinión" de Los Angeles, constataron que para los editores argentinos la seguridad nacional tenía prioridad sobre la libertad de expresión, que justificaban la censura porque se declaraban de acuerdo con la dictadura militar (dentro de la cual distinguían entre duros y moderados y con la cual deseaban cooperar), que se negaban a informar sobre la desaparición de personas y que se beneficiaban de tal comportamiento al asociarse con el Estado para la producción de papel. La prensa argentina ocultó ese documento y varios de sus representantes expresaron su desacuerdo con él rechazando un premio que la SIP confirió a los periodistas argentinos con la intención de ayudarlos en una lucha por la libertad de expresión, que los editores no estaban interesados en librar.

La SIP describió a la prensa argentina como "un grupo de periodistas desesperados que escriben y editan en condiciones extremadamente difíciles" pero se sorprendió de que aceptaran "las reglas de la censura impuesta directa o indirectamente por el gobierno militar. Nuestra misión chocó a cada paso con la opinión de que la Argentina", por citar a un editor, "goza de absoluta libertad de prensa dadas las circunstancias". Entre el 18 y el 25 de agosto de 1978 la misión entrevistó a más de cinco docenas de personas que se refirieron a "una situación de guerra" en la que "el país se acercaba a un estado de anarquía". La guerrilla controlaba hasta "territorios próximos a Buenos Aires". Antes del golpe "no había ley ni Justicia" y los secuestros y asesinatos eran tan comunes "que la información sobre ellos pasó a ser como la de los accidentes de tránsito, agrupados en los diarios de a cinco o seis por día bajo un único título. La gente se volvió tan insensible a la muerte, a los secuestros y asesinatos que, de acuerdo con varios directores, el país llegó al borde de la barbarie".

La mayoría de las fuentes consultadas por los visitantes dijo que sin la intervención militar el país hubiera sucumbido a la guerrilla. Después del golpe, se arresta a los sospechosos "a menudo sin proceso". El ministro del interior, general Albano Harguindeguy, dijo a la misión de la SIP que "1500 de esos ‘desaparecidosí estaban detenidos sin proceso por las autoridades militares" y que no serían liberados o juzgados porque eran "prisioneros de guerra". Fuentes extraoficiales "sugieren que su número puede ser de tres a seis veces mayor" y el propio gobierno reconoce en privado que hasta un 20 por ciento de esas detenciones "se deben a confusiones de identidad u otros errores". Harguindeguy dijo que en muchos casos no era posible formular cargos porque las pruebas, "aunque convincentes para los militares, no se sostendrían ante la Justicia". La misión citó un informe de Amnesty International acerca de 39 periodistas desaparecidos hasta enero de 1978, 40 detenidos y otros 22 asesinados, la clausura o suspensión temporaria de más de 60 publicaciones y la clausura permanente de otras tres docenas. Cuatro diarios fueron intervenidos, "La Opinión" de Buenos Aires, "La Opinión" de Trenque Lauquen, "El Independiente" de La Rioja y "El Norte" de Resistencia. "Esas cuatro publicaciones dirigidas ahora por autoridades militares y las publicaciones privadas que sobreviven enfrentan una situación de 'posguerra' dominada por el miedo y la autocensura".

Prioridades- "Es difícil que los observadores externos se sientan bien en un país cuyos principales editores de diarios dicen que la seguridad nacional tiene prioridad sobre la libertad de expresión".

Según la SIP, "no rigen las garantías constitucionales y el gobierno tiene amplias facultades para confiscar tiradas completas, cerrar publicaciones y disponer arrestos". Sin embargo, la censura no es tanto el resultado de un decreto como de "la proliferación del miedo. Miedo personal a sufrir daño, miedo a la clausura u otro castigo oficial, y miedo a debilitar a los elementos moderados del gobierno que quieren el retorno a la democracia. Cada una de esas fuentes de temor contribuye a la extendida autocensura que practica la prensa del país. La increíble inseguridad que enfrentan editores, directores y periodistas, ha inducido a la mayoría de ellos a no asumir riesgos", aunque "muchos reconocen que mucho de lo que no publican probablemente podría publicarse sin provocar las iras del gobierno". Los editores "también deben contemplar la posibilidad de represalias paraoficiales por elementos militares que actúan fuera del control de las autoridades superiores. Un periodista se refirió a este fenómeno como 'gangsterismo gubernamental'. Además, deben temer represalias de los grupos terroristas completamente ajenos al gobierno".

"La justificación para el castigo rara vez se explica en forma clara". Por ejemplo, "La Opinión" fue clausurada por publicar que "el Ejército había decidido proclamar como el próximo presidente a su representante en la Junta, el general Jorge Videla". La ironía es que el diario está dirigido por las propias Fuerzas Armadas. El funcionario a cargo renunció tres semanas después y fue reemplazado. "Crónica", un vespertino de Buenos Aires, levantó la historia, suponiendo que provenía de los militares. El decreto de clausura de ambos diarios dijo que la nota presentaba "disfrazada como un rumor, una temeraria afirmación acerca de decisiones unilaterales de una institución" que después la realidad confirmó. "El Día" de La Plata "enfrenta un tipo distinto de represalia, porque aparentemente desagrada a las autoridades locales de esa ciudad. El gobierno provincial retiró la publicidad oficial, estimada en unos 100.000 dólares por año; los periodistas de "El Día" no son admitidos en los despachos oficiales y se han enviado minuciosas inspecciones a su sede en busca de evidencias sobre infracciones edilicias menores".

"Nadie está ni siquiera seguro acerca de quién es responsable de las desapariciones y las muertes que, aunque menos frecuentes últimamente, han llegado a ser lugar común. Debido a este aspecto de la realidad argentina, la atmósfera es la de una sociedad totalitaria, aunque no demasiado bien organizada. Es como vivir en una novela de Franz Kafka. Hay gente que muere, gente que desaparece y luego reaparece. El periodista Julián Delgado, director del principal diario económico, 'El Cronista Comercial', por ejemplo, desapareció recientemente junto con su auto. No se encontraron rastros de ninguno de ellos. Los secuestros de medianoche por personas vestidas de civil a veces terminan con arrestos reconocidos luego por las autoridades. Pero en muchos casos tal reconocimiento no se produce y, sin embargo, la policía no los investiga".

"El caso de Rodolfo Walsh ilustra lo que puede ocurrir. Walsh es uno de los más conocidos periodistas investigativos del país y un abierto y activo partidario del peronismo de izquierda". El día anterior a su secuestro "difundió una Carta Abierta a la Junta Militar denunciando, en el primer aniversario del golpe, las violaciones a los derechos humanos y deplorando el impacto de su gobierno sobre la Argentina. La carta fue la más poderosa y detallada denuncia del gobierno aparecida desde el golpe". La responsabilidad por tales actos "nunca es clara. Varios periodistas bien informados dijeron a nuestra misión que creen que el gobierno no se propone perseguir a los periodistas. Su sospecha es que militares de jerarquías inferiores puedan estar actuando por su cuenta en esos casos. Nuestras fuentes dijeron que en muchos casos los máximos líderes militares no pueden controlar a sus subordinados y que en realidad la Argentina no tiene uno sino el equivalente a seis o siete gobiernos. Además, algunos asesinatos y secuestros también pueden ser responsabilidad de los terroristas de izquierda, dicen".

"Esta situación de extrema inseguridad parece estar mejorando", dice el informe. "El número de asesinatos y desapariciones se ha reducido. Y desde abril, fecha de la más reciente clausura de una publicación, las represalias oficiales han disminuido". El secretario de información pública, almirante Franco, prometió a la misión que no habría más clausuras y que "de ahora en más los llamados desde su oficina se limitarían a pedidos, antes que advertencias o reprimendas". Otros "signos alentadores" mencionados fueron la derogación de dos decretos que prohibían publicar o difundir noticias sobre el país escritas por agencias extranjeras y comentarios sobre el país publicados en el exterior, y el anuncio de "planes para devolver a manos privadas todas las estaciones de radio y televisión excepto un canal cultural no comercial en Buenos Aires y uno en cada capital provincial", algo que no ocurrió.

"La mayoría de los diarios ignoran la mayoría de los secuestros. Por ejemplo, pocos quisieron cubrir la desaparición de diez dirigentes de las llamadas Madres Locas que se reúnen los jueves frente a la sede presidencial". Luego de referirse a una desaparición en la que habría autoridades comprometidas, la misión consignó que "ningún diario quiere publicar los hechos de los que se deriva esta implicación ni designar un equipo de investigación para ir a fondo. Como expresó un editor, 'si publico los datos de ese caso que conozco, el que desaparece soy yo'. Tres días después de nuestra partida, el director de la revista 'Confirmado', Horacio Agulla, fue muerto a tiros mientras estacionaba su auto en un barrio de clase alta de Buenos Aires". El mismo día "otro periodista, Juan Ramón Nazar, que fue editor del diario 'La Opinión' de Trenque Lauquen fue liberado luego de más de un año desde su secuestro".

"La Argentina está bien lejos de haber vuelto a la normalidad. Muy pocas publicaciones están dispuestas a asumir el riesgo de cubrir la violencia que permea la sociedad. Sólo unos pocos diarios publican en forma habitual noticias sobre secuestros y actividades subversivas. La mayoría de los editores que nuestra misión entrevistó se justificaron por no publicar noticias sobre desaparecidos con afirmaciones como esta: 'De tan común no es noticia'. El director que dijo esto, el mismo día publicó en su diario informaciones sobre secuestros y asesinatos en el exterior. Otros editores y directores dijeron que no le dan espacio a la violencia porque están de acuerdo con la campaña del gobierno en contra del terrorismo y que "van a cooperar". La extensión de esta actitud quedó demostrada en mayo [de 1978] cuando "La Prensa" publicó la lista de 2.500 personas que habían "desaparecido". De acuerdo con un vocero del organismo de derechos humanos que pagó la solicitada, la lista había sido rechazada antes por lo menos en otros tres diarios de Buenos Aires. Y pocos diarios de Buenos Aires informaron de que se hubiera publicado semejante lista". Durante el campeonato mundial de fútbol "fue colocada una bomba en la planta fabril de un gran diario de Buenos Aires, que no publicó la noticia. Cuando explotó otra en el edificio del 'Buenos Aires Herald', el único diario que lo cubrió fue el propio 'Herald'. La prohibición "de toda información independiente sobre actividades subversivas se ha ido relajando". Pero el problema "consiste en saber dónde está el límite. Implicar a los militares en las desapariciones está claramente fuera del límite, aun cuando el propio presidente Videla haya admitido públicamente que la lucha contra la subversión condujo a excesos que deben ser controlados. Los pocos diarios dispuestos a correr riesgos, exploran en forma constante esta zona gris, en busca del límite. Pero la mayoría acepta las normas del gobierno sin quejarse, y en las zonas grises son muy prudentes. Una notable excepción a la ausencia de cobertura de esos crímenes es el "Buenos Aires Herald", el valiente David que recibió el premio Mergenthaler en nuestra última reunión", que se publica en inglés y cuyo director, Robert Cox, fue arrestado y detenido durante 24 horas bajo acusación de violar una ley de seguridad por informar en la tapa acerca de una conferencia de prensa de extremistas argentinos en Roma. Luego del retiro de la misión, Cox marchó al exilio. Según Seaton y Lozano "en este cuadro sombrío no faltan signos alentadores". La promesa de que no habrá más clausuras y las declaraciones oficiales acerca de que "la prensa no tiene nada que temer del gobierno, son estimulantes. Pero es difícil que los observadores externos encuentren algún consuelo en los comentarios de editores y directores de que vivieron la mayor parte de su vida bajo estado de sitio, de modo que la situación actual no es necesariamente anormal. Tampoco pueden sentirse bien en un país cuyos principales editores de diarios dicen que la seguridad nacional tiene prioridad sobre la libertad de expresión".

"Otro aspecto de la situación que perturbó a la misión es el crédito a largo plazo que el gobierno concedió a los diarios para una planta de papel". Seaton y Lozano entendieron el deseo de los diarios de desarrollar su propia provisión de papel, "de modo de no estar sujetos a los caprichos de la importación controlada por el Estado", pero expresaron "graves reservas sobre el proyecto emprendido por tres grandes diarios de Buenos Aires. 'La Nación', 'La Razón' y 'Clarín' compraron acciones en la nueva planta" mediante un "generoso crédito ofrecido por el gobierno militar. Semejante situación encierra muchos peligros. No es el menor de ellos que esto casi imponga no antagonizar con el gobierno". El informe dedica dos de sus 18 hojas al caso de Jacobo Timerman, "un propietario y director de diario arrancado de su casa en medio de la noche, torturado, privado de su propiedad, juzgado y absuelto por la justicia militar, que sigue prisionero pese a que la Corte Suprema ordenó su libertad" mientras su diario "La Opinión" es dirigido por un coronel. "Todos debemos preguntar cómo llegó Jacobo Timerman a una situación tan desesperada y qué implica esto para el resto de la prensa en la Argentina". Su caso "no es especial porque él sea periodista ni porque sea único. Muchos otros periodistas están presos sin proceso, porque se considera que tienen conexiones con los terroristas, como se pensaba que Timerman las tenía. La diferencia es que Timerman fue juzgado y absuelto por un tribunal militar por delitos subversivos, y sin embargo sigue bajo arresto". Harguindeguy, "quien parece tener completo control sobre estas cosas", informó a la misión que Timerman aún "debía aclarar sus asuntos financieros ante la justicia civil. Normalmente, los juicios civiles no son causa de detención. En consecuencia, la situación de Timerman representa muy claramente el caso de un prominente director y editor arrestado sin causa, cuyo diario "La Opinión" ha sido confiscado". Aunque las acusaciones de conexión con los subversivos han sido refutadas "su diario no le fue devuelto. Timerman cree categóricamente que su detención es un simple caso de antisemitismo. Otras fuentes coinciden con esta evaluación. Timerman está desilusionado por lo que siente como falta de apoyo de los demás editores argentinos. Sin embargo, nueve meses antes de nuestra visita ADEPA, la organización de los editores de diarios, aprobó una declaración exhortando al gobierno a liberar a Timerman y dispuso que sus directivos pidieran una audiencia con el presidente Videla para expresarle su preocupación. Hasta el momento de nuestra visita la audiencia con Videla aún no había tenido lugar", concluye el muy moderado documento de la SIP. A dos décadas de distancia y en una situación por fortuna muy distinta, su lectura ayuda a rememorar la viscosidad del pantano en que la sociedad argentina hozaba entonces. Hoy es el día apropiado.

El informe fue presentado a la 34° Asamblea de la SIP, que sesionó en Miami entre el 9 y el 13 de octubre de 1978. Ese último día "La Nación" tituló su crónica "Firme posición de la Argentina ante la asamblea de la SIP", en la que informó que ADEPA había rechazado el premio SIP Mergenthaler, ofrecido en forma colectiva "a los periodistas argentinos que por defender la libertad de prensa han muerto, desaparecido o sufrido encarcelamiento y persecución". La delegación argentina propuso que se cambiara aquel texto por éste: "A los periodistas argentinos en la figura de Alberto Gainza Paz, quien nunca claudicó en la lucha por los principios que sostiene la SIP". La SIP no aceptó y nadie retiró la plaqueta, que quedó colocada en la sede central de la organización.

Según "Clarín" los asistentes argentinos dijeron que la aceptación del premio "sólo contribuiría a la campaña lanzada por ciertos elementos de la prensa internacional para denigrar el buen nombre del país". El mismo diario dijo que "el restablecimiento de la libertad de prensa registró progresos en la Argentina pero dista mucho de llegar a una total normalidad". El artículo reprodujo tres párrafos genéricos del documento (el de los periodistas desesperados, el de la atmósfera totalitaria y los seis o siete gobiernos, y otro en el que se afirma que la prensa afronta una situación compleja) y destacó con negritas el párrafo sobre los "signos alentadores". Entre ellos mencionó "la concesión a las empresas periodísticas de créditos a largo plazo para la adquisición de papel" convirtiendo en positivo lo que el documento había calificado como motivo de "graves reservas". Las negritas también resaltaron la posibilidad de que "los grupos terroristas tengan responsabilidad en los secuestros de periodistas" y una declaración de Jorge Remonda, de "La Voz del Interior", según quien existía "una insidiosa campaña contra la Argentina desatada en el exterior y aberrantes deformaciones de medios extranjeros de comunicación".

"La Nación" también informó que "la representación de la prensa argentina" había rechazado el informe porque "parecería que en vez de ir a la Argentina a cerciorarse de si existe libertad de prensa se ocupó esencialmente del caso de Jacobo Timerman, quien se encuentra a disposición de la Justicia (sic) por hallarse supuestamente mezclado en el 'affaire Graiver'". El diario reseñó sucintamente el documento y luego se extendió en las respuestas indignadas de los argentinos, entre ellos Remonda, quien dijo que en la Argentina no había antisemitismo. En sus crónicas "La Opinión", confiscada por la Junta Militar, destacó una afirmación de la propietaria de "La Nueva Provincia", Diana Julio de Massot, según quien Timerman "estaba detenido por sus notorios vínculos con manejos financieros que aún hoy el gobierno nacional sigue investigando". Según "La Nueva Provincia", Annuar Jorge dijo que "para algunos parece más importante qué clase de gobierno tenemos que el hecho de que hayamos eliminado a los guerrilleros". Los autores del documento respondieron que "no somos miembros de una conspiración internacional contra la Argentina".