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Por Martín Granovsky  La detención de Jorge Rafael Videla para que la Justicia lo
indague por haber ordenado el robo de chicos puede desatar una ola de citaciones a
militares retirados de alta graduación. El juez Héctor Marquevich, que arrestó a
Videla, dijo ayer que "no debe descartarse que haya más gente involucrada". Y a
partir de esta edición de Página/12 dispone de una lista de los oficiales que
formaron la cadena de mandos en cada uno de los cinco casos de la causa, desde la orden
superior hasta la ejecución de la sustracción de menores. La lista incluye, entre otros,
a Carlos Guillermo Suárez Mason, Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Antonio Bignone,
Adolfo Sigwald y Ovidio Ricchieri. Todos ellos figuran en una rigurosa investigación de
los ex capitanes Federico Mittelbach y José Luis D'Andrea Mohr a la que tuvo acceso
exclusivo este diario.
Mittelbach y D'Andrea Mohr rastrearon en documentación del Ejército y la compararon con los casos de robo de chicos que investigaron las Abuelas de Plaza de Mayo, hasta conformar un cuadro completo de víctimas y victimarios. Para cada caso llegaron a determinar quién era, en el momento del secuestro de una embarazada, el comandante de la zona de seguridad, el comandante de la subzona y el jefe del área. Ese era el sistema operativo de la guerra sucia. También establecieron quiénes ocupaban la Comandancia de Sanidad, el organismo que se encarga de controlar desde los grandes hospitales militares hasta la más módica tienda de campaña de un pequeño puesto. Marquevich imputó a Videla como autor mediato del robo de chicos y la adulteración de su identidad, lo cual significa que, en principio, considera que es culpable de haber dado la orden de sustraer a Mariana Zaffaroni Islas, Carlos Rodolfo D'Elía, María Sol (inscripta como propia por el oficial del Ejército Hernán Antonio Tezlaff y su mujer María del Carmen Eduartes), y Carolina y Pablo Hernán (inscriptos por el mayor médico del Ejército Norberto Bianco y su esposa Nilda Weherli). Para probar que Videla ordenó el robo de chicos, Marquevich debería reunir elementos que indiquen la existencia de un mismo patrón de conducta entre la apropiación dentro de la maternidad clandestina de Campo de Mayo y otros casos en todo el país. Y, sobre todo, tendría que reconstruir la cadena de mandos desde el médico militar que atendió a cada embarazada hasta llegar a Videla. Ese trabajo probaría la culpabilidad del ex dictador e imputaría en la causa a los demás oficiales. En este caso ni siquiera los mandos medios podrían exculparse en la Ley de Obediencia Debida de 1987: ninguno de los instrumentos para desprocesar militares o evitar nuevos procesamientos y condenas incluyó jamás la impunidad para el robo de chicos. Marquevich puede completar el panorama del capítulo clave de la masacre de la dictadura siguiendo el mismo camino que este diario: llamar a los dos ex capitanes y pedirles la documentación en su poder, que ambos organizaron para "Memoria debida", un libro que se propone publicar Editorial Planeta, aún sin fecha de lanzamiento. El resto del procedimiento es el normal para estos casos, cuando hay verdadera decisión de impartir justicia y la sociedad toma un tema como propio: * Que el Ejército certifique ante Marquevich que efectivamente los oficiales eran los jefes de zona, subzona y área. * Que el general Martín Balza informe también quiénes integraban el personal de los hospitales militares donde fueron atendidas las embarazadas. * Que el Ejército constate el nombre y el cargo de los distintos comandantes de Sanidad. * Que Marquevich cite a los oficiales o como testigos o como imputados. El de los oficiales de Sanidad es un elemento nuevo, que D'Andrea Mohr y Mittelbach introducen por primera vez para la investigación del robo de bebés. "De ninguna manera pudieron operar como maternidades clandestinas establecimientos como el Hospital Militar Central y el de Campo de Mayo si no hubiera existido un plan", dijo D'Andrea anoche a Página/12. El ex capitán explicó que el comandante de Sanidad tiene jurisdicción sobre "todos los hospitales militares", y que está obligado a ejercer "el poder de inspección técnica sobre todas las unidades sanitarias del Ejército, inclusive las enfermerías más pequeñas de un cuartel remoto". "De no encararse la tarea por zonas, subzonas y áreas de defensa, la Justicia dará vueltas casi en vano alrededor de pequeños datos", opinó el ex capitán. "Al terrorismo de Estado hay que tomarlo como una operación militar con mandos, responsabilidades y normas comunes a todas las unidades del país, también para la sustracción de menores", dijo.
Por Eduardo Febbro desde París
Poco después, al fin de su encuentro con el Presidente francés Jacques Chirac, Carlos Menem volvió a pasar un momento de apremio periodístico del que salió indemne gracias a una intervención enérgica de Chirac, quien, al igual que lo había hecho una vez en el curso de una visita por Jerusalén oriental, alzó la voz. "Permítanme, Permítanme, Permítanme" dijo Chirac interrumpiendo al mismo Carlos Menem que en ese momento, al límite de perder la paciencia, respondía a la pregunta de un periodista español acerca de las investigaciones lanzadas por el juez Garzón en Madrid. Pero la única vez que el Presidente hizo referencia al arresto de Videla fue en el hotel. Allí dijo que "ese es un problema de la justicia Argentina" y recordó que los mandos del ejército ya habían declarado que "en ese ámbito tiene que intervenir la justicia y no hay objeción para hacer". También señaló que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida "habían dejado al margen todo este tipo de delitos que ahora se le imputan al ex presidente Videla". Las vueltas de la historia hicieron que Videla fuese arrestado 20 años después del Mundial de la dictadura. Ante esta pregunta planteada por Página/12 Menem sacó el juego de los recuerdos y contó que hace 20 años había visto el último partido desde la cárcel y , como lo había hecho en Estocolmo y Helsinki, reiteró su versión de víctima vengadora: "acá hablan muchos, dijo, pero el que se animó a producir una querella en contra del señor Videla y Harguindeguy fui yo, y obtuve un auto de procesamiento antes de que llegue la democracia al poder". Quedaba sin embargo lo esencial. ¿Acaso el Presidente sería capaz de volver a firmar un nuevo indulto? Esta fue su respuesta: "yo firmé un indulto para militares y civiles, eso ya está y no hay ninguna posibilidad de ampliación". El mandatario también se pronunció en contra de cualquier medida personal que sacaría a Videla de la cárcel si fuese condenado: "no se justificaría, dijo Menem, nosotros procuramos la pacificación de Argentina, hemos dado pasos importantísimos (. . . ) Además, cuando yo indulté no indulté por este tipo de delitos, que son imprescriptibles. Esto ya para mi está concluido". Después de esa improvisada conferencia de prensa en el Crillon el Presidente acudió al Palacio del Elíseo para una visita protocolar que excedió el tiempo de 15 minutos fijado para estos casos. A la salida, con los tambores de la Guardia republicana, Chirac y Menem hablaron juntos a la prensa y ahí se produjo el episodio. Chirac habló primero largamente, extendiéndose en una serie de elogios de todo tipo sobre Menem, la Argentina y el Mercosur: "Somos amigos auténticos dijo el Presidente francés y así lo demostró cuando su "amigo" pasó un instante acalorado. Cabe señalar que se trataban como verdaderos compinches: "el amigo Jacques", decía Menem y su amigo levantó la voz para probárselo. Menem estaba diciendo que la Argentina no toleraba el principio de extra territorialidad implicado en la acción del juez Garzón y Chirac cortó a todo el mundo para decir que Francia "tenía plena confianza en el proceso democrático argentino y que estaba muy contento por la visita de Estado que Menem va a realizar en Francia en octubre. Nos disponemos a recibirlo como se recibe a un gran jefe de Estado pero también como se recibe a un gran amigo". Más allá de los cumplidos, Menem y Chirac abordaron, como era previsible, el tema del agua en Tucumán. Fuentes argentinas revelaron que el Presidente argentino había garantizado una solución inmediata en un problema que tiene dos fases. La intervención presidencial se limitará a facilitar al grupo francés de la Générale des Eaux el retiro de Tucumán pero no a resolver el problema global, que está en manos de la justicia. El segundo tema abordado fue la marcha de las inversiones francesas en la Argentina. El último tema es el de las subvenciones agrícolas y el acceso a los mercados europeos. Los argentinos le reprochan con razón a Francia "irse en palabras", es decir, incitar a los países del sur a separarse de los norteamericanos sin dar nada a cambio. Después los dos presidentes tomaron el democrático y veloz subte parisino y fueron a la cancha a ver Brasil Escocia.
EN BUENOS AIRES TODOS DIJERON LO MISMO
Para Menem, la detención de Videla, "es un problema de la Justicia" y aprovechó para contraatacar por las continuas críticas que sufren él y alguno de sus ministros por las relaciones con el Poder Judicial". En Buenos Aires, el oficialismo se movió para intentar conocer el alcance de la movida del juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, aunque para algunos, los datos conseguidos eran escasos y remarcaban la "ambigüedad" del magistrado, por el simple hecho de que no podían anticipar sus actos. En la Planta Baja de la Casa Rosada, Corach y su gente querían afanosamente saber hasta donde llegaría el juez de San Isidro, ya que el ex dictador tiene abiertas otras 30 causas por apropiación de hijos de desaparecidos, delito que la Constitución de 1994 considera "imprescriptible y de lesa humanidad". Corach le anunció el lunes la detención de Videla a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno y luego se preocupó en separar al gobierno de la decisión judicial y de recordar el castigo para este tipo de delito. La preocupación en el ministerio de Defensa era similar. Jorge Domínguez y su gente sondearon los ánimos en el Ejército, aunque fueron más allá y auscultaron el humor que adoptarían los hombres del general Balza, si de diferentes juzgados empiezan a citar o procesar a militares en actividad o retirados por casos de apropiación de hijos de desaparecidos. Sobre este punto la respuesta fue favorable, ya que Balza condenó públicamente, en diversas oportunidades ese tipo de crímenes cometidos por sus ex camaradas. Pero los militares no garantizaron calma si las citaciones son para aquellos que pudieron evitar la prisión, merced al Punto Final, la Obediencia Debida y el Indulto (ver nota aparte). A Marquevich lo espera un pedido de juicio político presentado por la diputada frepasista Nilda Garré debido a que el juez federal de San Isidro aceptó una recusación presentada por el abogado Pablo Argibay Molina contra el juez federal Conrado Bergesio, quien investigó los ataques sufridos por el fiscal Pablo Lanusse y su familia, y las amenazas y atentados sufridos por los competidores de Alfredo Yabrán.
OCHO AÑOS DE "SACRIFICIOS"
La detención de Videla sorprendió al Ejército en un momento en que la preocupación central de Balza pasa por el tema del tráfico de armas a Ecuador y Croacia. La obsesión del jefe del Ejército es deslindar responsabilidades y está expectante por la posibilidad de ser citado a declaración indagatoria por el juez federal Jorge Urso, quien ya procesó al ex ministro de Defensa, Oscar Camilión. El permanente deambular ante la Justicia para aportar información sobre el destino de los desaparecidos durante la última dictadura militar tiene a mal traer a los uniformados. "Desde hace ocho años venimos haciendo sacrificios, portándonos lo mejor posible y las agresiones siguen", repiten decididos a cerrar definitivamente el horror de la represión.
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