EL GOBIERNO TIENE LA LLAVE PARA DEFENDER A LOS JUECES FEDERALES

CORACH YA DUERME TRANQUILO

  El juez Ismael Muratorio guarda en la caja de seguridad de su despacho el expediente que investiga a la totalidad de los jueces federales, sospechados de enriquecimiento ilícito. Iniciada en abril de 1997 por la denuncia de un grupo de estudiantes de Derecho, la causa, pese al tiempo transcurrido, ha registrado muy modestos progresos. Olvidada por la oposición y sin que puedan acceder a ella los denunciantes --que no son parte de la misma--, la investigación es monitoreada con interés por el Gobierno, que no ignora que un sobreseimiento podría abrir un paraguas protector sobre el destino de los integrantes del fuero que le ha servido de respaldo. El caráter de "cosa juzgada" (una figura tras la cual hoy se escuda también Jorge Videla) impediría prosperar cualquier nuevo intento de indagar el origen del sólido bienestar de que goza la mayoría de los 12 miembros de la llamada justicia de excepción. Los afectados eran María Romilda Servini de Cubría, Adolfo Bagnasco, Rodolfo Canicoba Corral, Norberto Oyarbide, Jorge Ballestero, Jorge Urso, Gustavo Literas, Carlos Liporaci, Juan José Galeano, Claudio Bonadío, Gabriel Cavallo y el ya desaforado y procesado Carlos Branca.

Los sucesos de los últimos meses han puesto en evidencia la parsimonia con que se tramita la causa en el juzgado criminal de instrucción número 22. Se sabe que Muratorio atesora bajo cuatro llaves los expedientes y que el fiscal Rodolfo Cudicio tiene un dificultoso acceso a las actuaciones. De todos modos, las medidas ordenadas son pocas: solicitud de resúmenes de tarjetas de crédito, propiedades, créditos bancarios y declaración de bienes. En los catorce meses transcurridos desde el requerimiento fiscal, nadie de la docena de jueces federales ha sido llamado a declarar. "Los sumarios tienen que ser más cortos. Un año es demasiado tiempo para tan pocos resultados", dijo a Página/12 un veterano miembro del Poder Judicial.

La inquietud de los estudiantes de Derecho no fue un movimiento solitario. En los mismos días en que, representados por la radical María José Lubertino, formularon su denuncia, la Cámara Nacional de Apelaciones recibía la del abogado, también radical, Marcelo Alegre, y la Corte Suprema se abocaba a una preocupación similar surgida de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Todos, estudiantes, magistrados y abogados, pretendían saber si era cierto que en la primera instancia del fuero federal se hacía efectivo el pago de un sobresueldo de unos diez mil dólares que ayudaba a redondear los 4200 que, promedio, perciben los jueces como salario en blanco. Las declaraciones de Domingo Cavallo y el rumor firme y nunca confirmado de que durante su juicio de divorcio la esposa de uno de los jueces habría exigido la cuota alimentaria correspondiente al salario y al sobresueldo ("los diez mil que cobra de la SIDE", se afirma que habría dicho la mujer) habían sido la señal para corporizar una versión que desde hacía rato rodaba por los pasillos de los tribunales de Comodoro Py.

La Cámara desestimó por falta de fundamento la denuncia de Alegre y éste admitió la respuesta: "No tenía demasiados elementos, sólo lo que se sospechaba y se rumoreaba por entonces", dijo a Página/12. La Corte, por su lado, optó por recorrer un camino igual al de la Cámara Federal y recomendó a los magistrados "formular una denuncia penal, si tenían fundamentos suficientes". Meses después la Corte iba a rechazar otro reclamo, el del Encuentro de Magistrados, que requería para jueces y fiscales la obligatoriedad de hacer pública la declaración de bienes. El máximo tribunal volvió a respaldar lo que cree es un beneficio para sus congéneres y negó esa posibilidad. De los nueve miembros de la Corte, sólo dos entendieron como razonable la postura del Encuentro: Enrique Petracchi y Gustavo Bossert. Por la negativa, a la "mayoría automática" formada por Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Guillermo López, Eduardo Moliné O'Connor y Antonio Boggiano, se sumaron Augusto Belluscio y Carlos Fayt. La cuestión quedó así reducida a un tema de conciencia. De esa manera, la única exigencia de investigación que quedó en pie fue la de los estudiantes ante el juzgado de Muratorio. Los afectados, luego de varios conciliábulos en el despacho de Rodolfo Canicoba Corral, acuñaron una explicación que dsempolvaron estos días: para ellos se trataba de una evidente "campaña de desprestigio".

Vaya uno a saber por qué extraña coincidencia, sin que transcurriera mucho tiempo de aquellas tres iniciativas --dos de ellas motorizadas por militantes del radicalismo-- se produjo la primera baja entre los doce apóstoles del fuero federal, un ring en el que forcejean por la hegemonía el jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y el titular de la cartera política, Carlos Corach. Carlos Branca, cuyos pliegos fueran presentados con aval de la UCR, debió dejar la vacante por la presión de un video filmado a instancias de Víctor Ramos, un ex funcionario de tercera línea y obvias vinculaciones con el Poder Ejecutivo. Su desafuero tuvo un trámite rápido y contó con el apoyo entusiasta de la bancada oficialista.

El turno siguiente --con otro video que hasta ahora no ha sido aportado ante el juez en lo criminal de instrucción, Fernando Rodríguez Lubary--, fue de Norberto Oyarbide, señalado por sus fuertes lazos con la policía y, por ende, con el ministerio del Interior. Oyarbide no pudo contestar a una buena cantidad de testigos que aseveraron haber escuchado las amenazas de muerte que profirió contra el argelino Zinnedine Raschem. Tampoco pudo evitar que como una catarata se desplegaran ante legisladores y fiscales sus nexos con el negocio de la prostitución, su vocación por los gustos caros y un cambio de nivel de vida que coincide con su llegada al fuero federal.

Cuando no se había resuelto aún el caso en la Comisión de Juicio Político, saltó a las portadas de los diarios una denuncia que afectaba gravemente a Carlos Liporaci. Los cargos se resumían en abuso de autoridad, amenazas al personal de su juzgado y sospecha de prevaricato en el caso de los empresarios Samid y Zamudio. Los dos temas pasarían sin embargo a la justicia federal, tal como habría instruido a la fiscal de la causa su superior, el fiscal de cámara Joaquín Ramón Gasset Waidatt --riojano y de larga amistad con los hermanos Carlos y Eduardo Menem--, provocando, según trascendió, una dura comunicación del juez de instrucción Mariano Bergés. La intranquilidad por el porvenir no es ajena a Jorge Urso, Gustavo Literas y Jorge Ballestero. Los departamentos lujosos, los autos importados, los veraneos top, la ropa italiana son cosas que raramente puedan adquirirse con el sueldo pelado de juez federal.

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