Página/12

Los uruguayos tienden a poner en consideración popular medidas políticas y económicas que en la Argentina jamás fueron tratadas a ese nivel. Fue el caso del plebiscito para aprobar la Ley de Amnistía en 1989, y fue también el caso de la Ley General de Privatización de Empresas Públicas en 1992. Ahora se trata de un tema más "chico", la ley del marco regulatorio energético, que se presenta como algo más complicado: no es directamente un plebiscito sino la recolección de adhesiones voluntarias --que tendrán que ser 600.000, el 25 por ciento del padrón electoral-- para la convocatoria posterior a una consulta. Y, además, lo que se pone en discusión es una interpretación de una parte de esta ley, que de acuerdo con el Frente Amplio uruguayo y las principales centrales sindicales esconde la intención de privatizar el monopolio estatal de energía eléctrica.

Esta votación fue convocada por la Corte Electoral uruguaya a petición de la Asociación de Empleados de la Unión de Usinas y Transmisiones Eléctricas (AUTE), con el apoyo de la central obrera PIT-CNT y de la coalición de izquierdas del Frente Amplio. Pero el 8 de marzo, fecha de la primera votación de las dos que reglamenta la Constitución para lograr la realización del referendo, se presentaron sólo el 15 por ciento del padrón electoral, y las empresas encuestadoras, en las bocas de urna, no se atrevían a afirmar que ayer se llegara al 25 por ciento mínimo para el éxito de la iniciativa. A pesar de que la Radio El Espectador, según estos sondeos, estimaba que en Montevideo habrían votado entre el 28 y el 30 por ciento del padrón, "es imposible verificar una tendencia en el interior hasta que no se reciba información precisa", explicó el sociólogo Oscar Bottinelli, a cargo del estudio.

En ninguno de estos casos la asistencia es obligatoria: sólo lo será si el plebiscito es convocado. El gobierno del presidente Julio María Sanguinetti decretó feriado no laborable al día de ayer y dispuso que aquellas personas que trabajen dispondrán de tiempo para asistir a cualquiera de las 3343 mesas electorales habilitadas. Y no sólo eso: se podía votar desde las 8 de la mañana hasta las 19.30 de la tarde, un horario inusualmente extenso, teniendo en cuenta que no se trata ni siquiera de un plebiscito.

Sin embargo, a pesar de esta "buena voluntad", ni el oficialismo --Partido Colorado-- ni los blancos, las dos principales fuerzas políticas uruguayas, están a favor de la convocatoria. La ley del marco regulatorio energético, aprobada hace un año, autoriza a la Unión de Usinas y Transmisiones Eléctricas a realizar todo tipo de operaciones económicas y financieras que no afecten su patrimonio básico, y a partir de aquí surgen dos interpretaciones diferentes. Para blancos y colorados, se trata nada más que de permitir la asociación con empresas privadas para instalar nuevas usinas eléctricas. Para los sindicalistas y la izquierda, una forma encubierta de permitir la privatización del servicio eléctrico.

En lugar de defender la ley ante las críticas del Frente Amplio, el oficialismo prefirió, directamente, no darle mayor importancia. No hubo debates en televisión, y apenas se produjeron algunas discusiones en la radio. Esta estrategia de quitarle peso mediático a la cuestión redundó en que muchos votantes no supieran exactamente frente a qué asunto debían asumir una postura y así lograr una baja concurrencia a las urnas. El tema, ciertamente, no ayuda, pues no se trata de una ley de privatizaciones sino tan sólo de dos formas de ver una misma ley que, a la hora de explicarlas, se puede caer en tecnicismos.

Otra manera de comprender la falta de participación en el tema, que puede quedar ratificada hoy, es el complicado mecanismo por el cual primero se debe apoyar una iniciativa que habilite a una consulta para resolver un tema puntual, en lugar de convocar directamente a un plebiscito a través de la recolección de firmas. Este mismo sistema regía en Uruguay hasta el año 1990 y requería un total de 600.000 personas que apoyaran la iniciativa mediante este método; como la certificación de firmas tomaban un año o más, la Constitución ahora establece que se necesitan sólo 30.000 firmas y la convocatoria posterior a esta consulta que ayer tuvo lugar. Pero en 1992, en ocasión de la ley general de privatización de empresas públicas, se produjo esta misma secuencia y la participación estuvo por arriba del 25 por ciento.

Con este antecedente, y aun cuando el resultado esté --como afirman los pronósticos más optimistas-- cinco puntos por encima de este mínimo, quizá sea más apropiado decir que en realidad el tema no atrae tanto a los votantes como lo hicieron, en su momento, la amnistía para los miembros de la última dictadura, responsables de violaciones a los derechos humanos, o la privatización de las empresas públicas.

BELARUS
El stalinista retrocede

El stalinista Alexander Lukashenko, presidente de la ex república soviética de Belarús (Bielorrusia), finalmente permite a los diplomáticos acreditados en su país permanecer en sus lujosas residencias, según anunció ayer --curioso pero significativo vocero-- el representante del FMI en Minsk, Richard Haas. Sucede que Lukashenko había pedido previamente a los diplomáticos que dejaran sus sedes, pretextando que había que realizar trabajos de plomería. Indignados (y sospechando más bien una instalación de micrófonos), los diplomáticos se negaron, lo que gatilló una crisis diplomática que ahora parece por lo menos aliviada por la mano, nada invisible, del que pone la plata.

SE LANZO AYER LA CAMPAÑA PARA LIBERAR A OVIEDO
Hacia el 17 de octubre paraguayo

Luego del encarcelamiento del ex general Lino Oviedo, candidato favorito en las elecciones presidenciales que dieron en triunfo, finalmente, a su ex compañero de fórmula Raúl Cubas, la esposa del ex militar y dirigentes opositores al actual gobierno iniciaron ayer una campaña de movilización para lograr su liberación. Cubas ya prometió su indulto cuando asuma en agosto, pero el Senado empezará a discutir hoy la ley, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, que termine con esta facultad constitucional.

Oviedo había sido condenado a diez años de cárcel por un tribunal militar extraordinario que lo halló culpable del delito de rebelión en el intento golpista que lideró en 1996 contra el presidente Juan Carlos Wasmosy. Las dudas de que se trataba de una condena política se fundaron en que este jurado fue constituido por orden expresa de Wasmosy --ya había sido absuelto por la Justicia civil-- y en que la Corte Suprema ratificó el fallo tres semanas antes de los comicios. Como Oviedo había ganado las elecciones internas del oficialista Partido Colorado, en el cual tenía varios enemigos alineados con el presidente, la nueva fórmula reunió a ambos sectores sin que aún se sepa, hoy, cuáles serán las consecuencias de una lucha de poder no resuelta.

La esposa del ex militar, Raquel Marín --quien manifestó su admiración por Evita para completar el sesgo peronista del proceso-- anunció ayer el lanzamiento de la campaña para la liberación de Oviedo, con el apoyo de algunos dirigentes colorados y del izquierdista Partido Revolucionario Febrerista (PRF). Pero los partidarios de Oviedo deberán desarrollar una estrategia paralela dentro del Congreso para evitar que se derogue la facultad del indulto. En el Senado hay varios simpatizantes de Oviedo, pero allí hay mayoría opositora a los colorados, igual que en la Cámara de Diputados, que ya dio media sanción a la ley. Por todo esto, la resolución de la crisis está tan abierta como al día siguiente del triunfo de Cubas.