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HACETE AMIGO DEL JUEZ
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| Por Horacio Verbitsky
Hasta ahora sólo se conocen los nombres de dos de los 20 miembros del Consejo: el del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Julio Salvador Nazareno, del Estudio Menem, de La Rioja, y el de Julio Comadira, jefe de gabinete del ministerio de Justicia y profesor de la Universidad Austral, del Opus Dei, quien como jefe de Asuntos Jurídicos del ministerio de Obras y Servicios Públicos fue uno de los arquitectos legales del proceso de privatizaciones. El reglamento establecido por la Corte Suprema indica que todos los jueces en actividad votarán en la elección para el Consejo de la Magistratura, pero sólo los de las Cámaras de Apelaciones en la del Jurado de Enjuiciamiento. Se aplicará el mismo sistema D'Hont de representación proporcional vigente para las elecciones de diputados nacionales y los pronósticos de quienes miden las relaciones de fuerza en la judicatura sugieren que la Lista Blanca obtendría dos de los asientos y uno cada una las listas Celeste y Azul. El lunes de la semana próxima elegirán sus cuatro representantes los abogados y no hay fecha aún para la designación de los ocho representantes de la Cámara de Diputados y del Senado, del académico y del catedrático que completarán el Consejo.
Colores Aunque sólo se eligen cuatro consejeros, cada lista postula a cinco candidatos titulares. Dos deben ser jueces de Cámara y dos de primera instancia. También deben incluir a un juez y un camarista federal del interior. La misma composición deben respetar los cinco suplentes. Para el Jurado de Enjuiciamiento cada lista debe postular a dos camaristas como titulares y otros dos como suplentes. Tanto reglamentarismo se detuvo ante el género: la Corte, integrada por nueve hombres, nada dijo sobre el sexo de los consejeros. El orden de las candidaturas lo decide cada lista. La lista 1 corresponde a la conservadora Lista Blanca que durante muchos años tuvo la conducción de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. La encabeza el camarista en lo comercial de la Capital Bindo Caviglione Fraga quien presidió la Asociación durante muchos años hasta que en 1997 fue desplazado por una coalición inestable entre el agua promenemista de la Agrupación Celeste y el aceite progresista de la Lista Azul, que luego del sacudón inicial no pudieron mantenerse unidas hasta los comicios de hoy. La 2, con los colores Celeste y Blanco es la que cuenta con las simpatías del Poder Ejecutivo Nacional y la influencia del ministro del Interior Carlos Corach. La preside el camarista civil Claudio Kiper, autor del voto por el cual la revista "Noticias" fue condenada a pagarle una indemnización de 150.000 pesos al presidente Carlos Menem por haber informado sobre las visitas a la Casa de Gobierno de su hijo Carlos Nair, engendrado con la diputada provincial por Formosa Martha Meza. Otro de sus miembros es el juez de la Cámara de Casación Penal Jorge Osvaldo Casanovas, de la Azul y Blanca, creada a instancias del ministro de la Corte Suprema Adolfo Vázquez. La lista Azul está vinculada con el "Encuentro de Jueces", la agrupación que con más energía criticó la influencia política del gobierno sobre la Justicia. Su primer candidato es el camarista laboral Ricardo Guibourg y para el jurado de enjuiciamiento postula a los camaristas en lo civil y comercial Jorge Pérez Delgado y en lo criminal federal Horacio Cattani.
Los 35 La campaña electoral ahondó las diferencias entre los distintos agrupamientos. De los 865 magistrados habilitados para votar, 77 son jueces federales de primera instancia del interior, es decir menos del 10 por ciento. Pero de acuerdo con el reglamento sancionado por la Corte Suprema les corresponde el 20 por ciento de las candidaturas en cada lista. El 15 de mayo 31 de ellos se reunieron en Córdoba e invocando poderes de otros 34 realizaron una elección preliminar para decidir, por el voto de la mitad más uno, quiénes deberían ser sus representantes en el Consejo de la Magistratura. Con 35 votos fue designado como candidato titular el juez federal de La Plata Manuel Humberto Blanco y con 20, como suplente, su colega de Córdoba Ricardo Bustos Fierro. El propio Blanco envió una notificación a la Asociación de Magistrados, como órgano fiscalizador, y a las tres agrupaciones, para comunicarles que debían incluirlo en todas las listas. Sólo la lista 2 aceptó. La 1 y la 3 lo desconocieron, aduciendo que según el reglamento el voto es individual, personal, voluntario y secreto y que la oficialización de una lista requiere la presentación de 80 adhesiones. "La votación por poder no es admisible. Es absurdo que con 35 votos sobre 865 alguien pretenda asegurarse un asiento en el Consejo, ya que si todas las listas hubieran aceptado a Blanco, hubiera tenido la elección asegurada", dijo un magistrado que firmó en adhesión a la Lista 1 (Blanca). El episodio agudizó el enfrentamiento entre la Lista 2 (Celeste) y la 3 (Azul). Los celestes emitieron una declaración calificando de justo el pedido de los jueces del interior y democrático el procedimiento seguido y denunciando que las otras listas habían desconocido un compromiso firmado por Kiper, Caviglione Fraga y Horacio Enrique Prack, el actual presidente de la Asociación de Magistrados y miembro, aunque no candidato, de la Lista Azul. Prack respondió con una carta airada en la que niega la existencia de tal compromiso y dice que "no pasaron de ser meras tratativas sin ulterior andamiento". El juez federal de Salta Abel Cornejo, candidato suplente de la lista Azul, también respondió con otra carta en la que sostiene que el agravio al que habrían recurrido los Celestes "es propio de la propaganda de regímenes totalitarios" y replica que parecen más interesados en "callar a quienes opinan de otro modo que en propugnar una participación integral de los jueces". Los candidatos surgidos del encuentro de Córdoba también cuentan con la simpatía de la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos, que para influir en la política criminal del país creó una denominada Orden del Martillo, que Blanco integra. La funcionaria del consulado estadounidense Adela Garré y el de la Corte Suprema, Jorge Argüello intervienen en la organización de los viajes a los que la DEA invita a los jueces federales para inculcarles la visión estadounidense de los problemas vinculados con las sustancias narcóticas y las organizaciones criminales que las comercializan. La única militancia política de Blanco fue en la UCRI y el PI, por el que llegó a ser candidato a diputado, y su designación como juez federal se debió al ex presidente Raúl Alfonsín. Sin embargo, el actual gobierno se ha mostrado complacido con su desempeño como juez con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires que, en cambio, ha merecido críticas de la oposición, a partir de los comicios de 1991 en Avellaneda, donde denunció fraude. La Orden del Martillo y el ex secretario de Seguridad de Buenos Aires Alberto Piotti han sido el puente para ese acercamiento, que también incluye una relación cordial con la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Cuestión de imagen Las plataformas programáticas de las tres listas son tan genéricas como parecidas. Todas procuran la independencia y la jerarquía de la Justicia y la idoneidad como requisito para el desempeño de los cargos, y valoran la transparencia, la capacitación y la credibilidad. El único punto en el que explícitamente disienten es en el traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la justicia de instrucción: sólo la lista Azul sostuvo en una comunicación preelectoral que no incumbe a los jueces opinar al respecto, lo cual implica que está dispuesta a consentir el cambio de jurisdicción. Para la Blanca y la Celeste y Blanca, en cambio, implicaría una inaceptable capiti diminutio. Esto puede tener un efecto negativo sobre el desempeño electoral de la Lista Azul, ya que nada menos que el 60 por ciento de los votantes integran la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, que se proponen mantener sine die su denominación de jueces nacionales.
El eje de las diferencias, no está escrito en los papeles. Aunque ninguna de las listas tiene una afiliación política y todas incluyen una pluralidad de posiciones, la Celeste es la más afín con el gobierno nacional; la Azul con la opositora Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación; y la Blanca con los valores conservadores y autoritarios que se expresaron durante los gobiernos de facto. Esto explica también las alianzas inestables celebradas entre las distintas agrupaciones en la Asociación de Magistrados. La tradicional conducción blanca de Caviglione Fraga, de nulo compromiso más allá de la defensa corporativa del sector, fue desplazada por el acuerdo modernizador y democratizador entre Celestes y Azules, aunque ante los avances del gobierno sobre la Justicia, las posiciones de los blancos se acercan a las de los azules. En 1996 la Blanca solicitó a la Corte Suprema que investigara el denunciado pago de sobresueldos a los jueces federales. El año pasado, la Azul pidió a la Corte que dispusiera la publicidad de las declaraciones juradas de bienes de los jueces. El tribunal no hizo lugar al reclamo. Para la Celeste, en cambio, "el actual desprestigio del Poder Judicial" es "absolutamente inmerecido, ya que la aparición de unos pocos casos provocó una injusta generalización", de la que hace cargo a la prensa. Una de sus últimas declaraciones, que puede consultarse en su página en Internet, sostiene que "cada día nos provoca mayor dolor observar que en los medios de comunicación (televisión, radio, periódicos) se cuestiona con inusitada dureza el comportamiento de los jueces. Se suma a esto que la ciudadanía se hace eco del mensaje. Realmente, la inmensa mayoría de los integrantes del Poder Judicial estamos hartos de soportar esta situación tan injusta y humillante, que pone en duda no sólo la bondad de nuestro trabajo sino, peor aún, nuestra honestidad". La solución que conciben es una estrategia de comunicación diseñada por expertos en imagen y un jefe de prensa. En los últimos días su proselitismo también giró en torno de las supuestas declaraciones de algunos políticos opositores que habrían considerado la posibilidad de declarar al Poder Judicial en comisión, "es decir la sujeción al poder político de turno, propiciando la pérdida de la estabilidad de los jueces nacionales, en franca violación a la forma republicana de gobierno". En realidad, un periodista formuló la pregunta y Chacho Alvarez respondió que había que ser muy cuidadoso.
Dime con quien andas Las expectativas del gobierno nacional están puestas en los resultados que obtenga la alianza entre las listas Celeste y Azul y Blanca. Luego del Camarista civil Claudio Marcelo Kiper, quien fue secretario letrado de Augusto Belluscio y Secretario de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, donde contaba con la simpatía activa de su ex presidente Ricardo Levene, sigue en la nómina de titulares la jueza laboral Mirta González Burbridge. Su esposo, Florencio Pichi Varela trabajó en el estudio del ministro del Interior Carlos Corach. Su tercer candidato es el juez federal de La Plata Manuel Humberto Blanco. El cuarto puesto lo ocupa el camarista en lo criminal Mariano González Palazzo también muy próximo al ex presidente de la Corte Suprema Ricardo Levene, quien lo propuso para integrar la Cámara de Casación Penal. Cierra la nómina de titulares el camarista federal de San Martín Narciso Juan Lugones. Ex secretario de Carlos Fayt en la Corte Suprema, fue uno de los redactores del fallo que convalidó los decretos de necesidad y urgencia y el congelamiento de depósitos bancarios, aduciendo que los "cuerpos pluripersonales", es decir el Congreso, no son apropiados para tratar y resolver ciertos temas "con eficacia y rapidez". Coautor de ese voto fue el ahora camarista federal de La Plata y directivo de la Lista Celeste, Sergio Dugo. En una entrevista con el autor de esta nota, Dugo sostuvo que su opinión personal era opuesta a ese fallo, y entregó artículos con su firma que lo demuestran. Para el jurado de enjuiciamiento los candidatos de la Lista Celeste son el muy respetado camarista en lo civil Jorge Horacio Alterini y la camarista del trabajo Alcira Paula Pasini, colega y amiga personal de la esposa del vicepresidente Carlos Ruckauf. Como suplente para el jurado de enjuiciamiento figura el camarista de casación Jorge Casanovas, el único fiscal que durante la dictadura militar pidió que se aplicara la pena de muerte y propiciador de sucesivas reformas a los códigos incrementando penas para distintos delitos. Casanovas no es un hombre de suerte. En 1993 estaba reunido con dos redactores de este diario a quienes les aseguraba que nunca había recibido una presión ni una llamada de la Casa de Gobierno, cuando entró su secretario y le anunció que Carlos Corach estaba en el teléfono.
La lista 1 o Blanca lleva como segundo candidato luego de Caviglione Fraga al juez del Tribunal Oral en lo Criminal Miguel Angel Caminos, seguido por el juez en lo Civil Alejandro Saravia, la jueza federal de Neuquén Margarita Gudiño Kieffer de Argüelles y la camarista federal de Posadas, Mirta Tyden de Skanata. Para el jurado de enjuiciamiento postula al camarista del Trabajo Horacio Billoch Caride y al camarista penal económico Roberto Hornos, todos ellos de antiguo desempeño en la magistratura y posiciones tradicionales. La significación de este sector puede medirse por las 260 adhesiones que presentó, cantidad insuperada por sus competidores. La Lista 3 o Azul propone como candidatos al Consejo al camarista laboral Guibourg,
quien el año pasado sostuvo que el gobierno no podía derogar por decreto convenios
colectivos ni desplazar a los sindicatos de las negociaciones sobre condiciones laborales;
al camarista federal de Rosario Hugo Del Pozo; al juez en lo comercial Javier Fernández
Moores; al juez federal de San Rafael Raúl Acosta y al juez en lo civil Jorge Noro
Villagra. Para el Jurado de Enjuiciamiento sus candidatos titulares son los camaristas
civil y comercial Jorge Pérez Delgado y criminal federal Horacio Cattani. Cattani es el
único juez de la Cámara Federal de la Capital que llevó adelante los juicios a
militares en la década pasada y que aún sigue en funciones. Entre los suplentes figuran
la jueza correccional María Laura Garrigós de Rébori, quien defendió el derecho y el
deber de informar en un juicio del presidente Carlos Menem contra este diario y el juez
del tribunal oral Miguel Pons, uno de los que pidieron el juicio político de su colega
María Servini de Cubría por su desempeño en la investigación de la cuñada
presidencial por lavado de narcodólares. |
De 9 a 18 de hoy, los 865 jueces nacionales de todo el país irán a las urnas para elegir
a cuatro de sus pares que los representarán en el Consejo de la Magistratura y el Jurado
de Enjuiciamiento, creados por la Constitución reformada en 1994 y reglamentados por la
ley 24.937 para revertir el dramático desprestigio de la Justicia. Según el artículo
114 de la Constitución, el Consejo tendrá a su cargo la selección de los magistrados y
la administración de los recursos y la ejecución del presupuesto del Poder Judicial,
así como las facultades disciplinarias sobre magistrados y la apertura del procedimiento
para su remoción. Una vez formulada la acusación, el juicio quedará en manos del Jurado
de Enjuiciamiento creado por el artículo 115. Funcionarán tres mesas en la Ciudad de
Buenos Aires y una en cada Cámara Federal del interior. Luego de complejas negociaciones
los jueces no consiguieron acordar una propuesta de unidad y van al cuarto oscuro
divididos en tres listas, que reflejan distintas posiciones respecto de las relaciones con
el gobierno nacional, que aspira a conservar su hegemonía sobre la Justicia. 
