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LAS PETROLERAS RUSAS EN GUERRA CON EL FMI
Godzilla ataca de nuevo

Los consorcios energéticos rusos liderados por Gazprom abrieron el fuego contra la política impositiva. El gobierno ruso quiere cobrar cuanto antes los 22.600 millones del FMI.

El primer ministro ruso Serguei Kiriyenko quiere cobrarles hasta el último rublo a las petroleras.
Pero Gazprom, el mayor monopolio de gas natural del mundo, no necesita dinero y no quiere al FMI.

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t.gif (67 bytes)  Mientras Rusia espera cobrar cuanto antes los 22.600 millones de dólares que consiguió arrancarle al FMI, ayer estalló la guerra entre el gobierno y las empresas petroleras. Los ocho grandes consorcios energéticos se alzaron ante el plan de ajustes del gobierno que va a gravarlos más severamente. Es que la clave para salvar a la economía rusa consiste en poder cobrarle los impuestos al grupo de las grandes empresas encabezadas por Gazprom, la mayor productora de gas natural del mundo. En una carta abierta dirigida al gobierno y al presidente ruso Boris Yeltsin, las petroleras acusan al primer ministro de haber cedido a las presiones de las organizaciones financieras internacionales. El argumento es que el plan agudizaría los problemas sociales y debilitaría a los productores de crudo. El Ministerio de Defensa se enfrentó a los comunistas, a quienes acusó de pedir a los militares que desobedezcan órdenes.

La carta abierta de los consorcios reunidos, difundida por los medios, sonó como una amenaza a las chances de estabilización precisamente en el momento en que éstas necesitan hacerse más creíbles que nunca para acelerar la llegada del dinero fondomonetarista. La fuerza política de las petroleras no tiene comparación en Rusia. Y son también la más importante fuente de divisas.

El gobierno respondió a las empresas con la misma violencia con la que fue atacado. Descartó cualquier concesión inmediata para suavizar los enormes gravámenes impuestos a las firmas petroleras y señaló que planeaba cumplir al pie de la letra con el plan de austeridad. Las grandes empresas profetizaron "abiertos conflictos sociales" para el futuro inmediato y dijeron: "Creemos que las consecuencias económicas y sociales irreversibles que podrían surgir en los próximos dos o tres meses serán el resultado directo de las acciones del gobierno". Además se critica en la carta que las compañías deberán introducir un estricto programa de ahorro y fijar un plan de inversión debido a la presión de los prestamistas y el gobierno. Las compañías mencionadas fueron LUKoil, Yukos, Sidanko, Sibneft, Surguneftegaz, Tyumen Oil Company, Eastern Oil Company y el enorme monopolio de gas natural Gazprom. Sin embargo, este último negó después su participación en la apelación.

Para el negociador de la deuda rusa Anatoli Chubais, la clave para aumentar la recaudación estatal no está en el impuesto personal a las ganancias, del que se puede esperar bien poco en un país donde los salarios son bajísimos. Adonde hay que apuntar es a las grandes empresas rusas. Gazprom debe pagar entre 300 y 500 millones de dólares por mes, pero pagó solamente 800.000. El gobierno quiere poder exhibir cuanto antes mejores resultados en sus relaciones con Gazprom, un feudo de Viktor Chernomyrdin, el premier que Yeltsin expulsó para nombrar a Kiriyenko.

Las resistencias que el gobierno enfrenta por el plan alcanzaron un clímax con la carta de las petroleras. El Parlamento ya bloqueó algunas de las propuestas del gobierno, aunque Yeltsin impuso las medidas centrales por medio de decretos. El plan de austeridad pretende poner fin a la crisis que desplomó los precios de las acciones rusas, presionó al rublo hasta el borde de un abismo sin fondo, e hizo perder toda confianza a los inversores que prefirieron y siguen prefiriendo llevar su dinero a otra parte. Aplicar las medidas gubernamentales es vital si los rusos quieren cobrar de manera puntual y cronometrada, etapa por etapa, los 22.600 millones de dólares que las entidades crediticias internacionales les prometieron desembolsar a lo largo del próximo año y medio.

El Ministerio ruso de Defensa acusó ayer al líder comunista Viktor Ilyujin de tratar de desestabilizar al país al pedir a los militares que desobedezcan órdenes. "El Ministerio de Defensa señala oficialmente que esos llamados son provocativos y que buscan desestabilizar el país", dijo un comunicado. Ilyujin se hizo cargo del movimiento en apoyo al ejército después de que el líder de ese movimiento, el general Lev Rojlin, fuera asesinado. El comunista acusó al presidente Boris Yeltsin y a su gobierno de arruinar la economía de Rusia y de vivir a expensas del pueblo.

 


 

MAÑANA ES DIA DE DECISIONES EN TOKIO
Para elegir un líder japonés

El País/Madrid

Por X. Vidal-Folch  desde Tokio

t.gif (862 bytes) El destino de Japón se juega mañana, en manos de las facciones o clanes del Partido Liberal Democrático (PLD). Son ellas las que durante cuatro décadas han sacado de sus galeras, enfrentándose y aliándose, el nombre del primer ministro. Galvanizadas en torno de ancianos samurais de la política, son meros grupos de poder. A diferencia de las corrientes de la difunta Democracia Cristiana italiana --inevitable referencia--, carecen de vertebración ideológica.

En el tinglado llamado Japón, encabezado por altos burócratas, grandes corporaciones industriales y políticos, a éstos les tocó en suerte el papel de encarnar la red de mando territorial. Cuando llegaban al gobierno, los viceministros --de carrera funcionarial-- eran quienes tomaban las decisiones. Los políticos daban la cara. A cambio, eso sí, de mimar su feudo territorial, subvencionando sin tasa y garantizando la estructura permanente de un equipo fiel, la facción. Esta tiene cuatro funciones. Primera, distribuir el dinero, legal o negro, a los protegidos locales. Segunda, apoyar al candidato territorial antes y después de las campañas, asignando los fondos presupuestarios convenientes en cada momento a sus distritos, sobre todo para obras públicas. Tercera, distribuir los cargos ministeriales de forma equitativa, según la regla de la experiencia: el número de veces en que cada político ha sido elegido, lo que privilegia la fidelidad sobre la calidad y el riesgo. Cuarta, lograr que el líder del clan se encarame a la jefatura del gobierno, una especie de bóveda que alimenta el sistema.

Las facciones todavía han funcionado en esta ocasión, aunque sea a los tumbos --existen cuatro organizadas y los restos de otra, moribunda--, pero, sometidas a la ley de los rendimientos decrecientes, se abocan al desguace. ¿Por qué? Porque en 1996 cambió la ley electoral. Se optó por la elección mayoritaria (a la británica) para los distritos antes regidos por el sistema proporcional (a la española). El cambio empezó a primar las capacidades personales y el gancho popular de los candidatos sobre su ciega y disciplinada obediencia a las órdenes del clan, si se quería conseguir el acta. La lealtad se debe ahora a los electores (sólo uno de cada cinco vota al PLD) más que al "aparato" faccional. La modificación legal ha provocado cierta irrupción de la juventud en las listas conservadoras, que ahora exhiben algún aroma, aún minoritario, de rebeldía.

Adicionalmente, el fin de la época de las vacas flacas ha puesto en cuestión la eficacia de nuevas obras públicas, cuando además el parque existente roza la saturación. Para estimular la demanda se prefieren otras fórmulas, como la reducción impositiva. Disminuye así la posibilidad de repartirse favores cruzados entre los niveles local y central del poder. Entra en barrena el intercambio feudal entre protección y lealtad. Es el definitivo adiós a la política-kabuki, como ironiza el comentarista Akihisa Nagashima, empleando la metáfora del teatro popular nacional.

 

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