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 El Ministerio de
Economía pretende que las concesionarias de rutas por peaje renuncien a los 120 millones
de pesos que les debe por subsidios no abonados en los últimos tres años. Además, les
reclamará que desistan de la cláusula contractual por la cual la tarifa que cobran se
indexa anualmente. La embestida del Palacio de Hacienda es el comienzo de una difícil
negociación que empezará en las próximas semanas, cuando las doce empresas que explotan
los casi 10 mil kilómetros de rutas nacionales deban enfrentarse a las autoridades
económicas para una revisión integral de los contratos. Apenas 48 horas después de anunciar que no habría más aumentos de peaje en lo que resta del año, el secretario de Obras Públicas, Raúl Costamagna, afirmó que se impulsará la eliminación de la indexación anual de la tarifa. "También negociaremos que queden absorbidos los subsidios, lo que significará un ahorro para el Estado", agregó. Los cuestionados contratos de concesión otorgan a las empresas que explotan el servicio el derecho a una actualización anual del peaje, equivalente al 70 por ciento de la tasa interbancaria de Londres (Libor). De ello resulta un ajuste del 4 al 5 por ciento anual. Pero Economía estima que la rentabilidad que están obteniendo las empresas concesionarias --plus de ingresos sobre costos-- se ubica entre el 26 y el 38 por ciento, aun sin cobrar un subsidio que le corresponde también por contrato. Dicha obligación suma 40 millones de pesos anuales. "Cuando se empiecen a analizar los números de la explotación, posiblemente se llegue a la conclusión de que hasta puede haber una rebaja en los peajes, si el negocio se lleva a una rentabilidad razonable", opinan en Economía. Esta revisión de los números comenzará en un par de semanas, cuando las doce empresas eleven a la Secretaría de Obras Públicas sus respectivos cuadros de gastos e ingresos. Paralelamente, presentarán al Palacio de Hacienda su propuesta para la revisión de los contratos. Las empresas concesionarias estarían dispuestas a negociar la condonación de la deuda por subsidios, que calculan en 200 millones de pesos --contra los 120 millones reconocidos oficialmente--, a cambio de una extensión del plazo de los contratos, que se extinguen en el 2003. Roque Fernández, dicen sus allegados, "no es muy afecto a extender las concesiones", un mecanismo que hasta ahora le ha resultado demasiado oneroso al Estado y le costó al ministro la renuncia de uno de los funcionarios de su mayor confianza, Eugenio Pendás. Sin embargo, en el Palacio de Hacienda admiten que "algo habrá que ceder" y reconocen que la prolongación de la vigencia de los contratos --"pero no muy para adelante"-- es una de las cartas sobre la mesa de negociación.
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