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DOS FISCALES PIDEN PRISION A CARLOS SPADONE POR DEFRAUDACION
La leche volvió a pudrirse

Dos fiscales piden que se condene al empresario que vendió leche no apta para el consumo humano por "defraudación al Estado". Es el último episodio del Milkgate que comenzó en noviembre 1991 por una investigación de Página/12.

Miguel Angel Vicco, ex secretario privado de Menem, y Carlos Spadone, ex asesor presidencial.
La imagen es de 1991, cuando se inició la publicación de la historia de la leche podrida.

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Por Susana Viau

t.gif (67 bytes) Los fiscales federales Luis Comparatore y Patricio Evers solicitaron dos años y seis meses de prisión y el máximo de la multa prevista para Carlos Spadone, socio del presidente Carlos Menem en las bodegas que llevan el apellido presidencial, por el delito de defraudación al Estado. Spadone, en su calidad de titular de la distribuidora Summum, vendió toneladas de leche no apta para el consumo humano al Plan Materno Infantil que el Ministerio de Salud desarrolló para la atención de mujeres y lactantes carenciados. Comparatore solicitó la misma pena para Néstor Osvaldo Lorenzo, gerente de la firma, y Carlos Santunione, encargado de la planta "Sastre" donde se envasaba el producto. Los hechos fueron revelados por Página/12 y a raíz de aquellas publicaciones el ex diputado Simón Lázara presentó la denuncia ante el juzgado federal 2 a cargo entonces de Ricardo Weschler.

El fiscal Comparatore sostiene en su imputación que Spadone y Summum no sólo no cumplieron con el compromiso asumido en la contratación directa 49/91, sino que la manipulación y fraccionamiento del producto convertía en "antojadiza" la "consignación en el envase de la composición química porcentual, mes, año de elaboración y fecha de vencimiento". De acuerdo al pedido formulado por el Ministerio de Salud, la leche en polvo debía ser producida por el oferente, en cambio el producto vendido por Summum era el resultado de las más diversas y dudosas importaciones y "reenvasado en paquetes preimpresos de un kilogramo". Carlos Spadone y Néstor Lorenzo, sostiene la acusación, "como presidente y gerente general de la firma Summum SA resultaron ser los artífices de la maniobra antes detallada por lo cual este ministerio los considera coautores de la defraudación al Estado nacional".

Y era precisamente con el Estado nacional que Carlos Spadone mantenía una relación privilegiada: el empresario revistaba en 1991 como asesor del presidente Carlos Menem con rango de subsecretario y comandaba un deletéreo organismo por la paz que dependía, asimismo, del Poder Ejecutivo. Ese dato no pasó inadvertido a los fiscales Evers y Comparatore, que señalaron el carácter de "funcionario político del gobierno nacional" que detentaba en aquellas fechas el ahora copropietario de las bodegas Menem. Spadone, consideran, "ejecutó la maniobra aquí juzgada, ya que decidió junto con Lorenzo presentarse a la licitación, importar leche de países europeos, coordinar con Santunione para "elaborar" la leche en polvo (...) a sabiendas de los problemas que ya tenía la firma Summum SA por anteriores entregas irregulares a organismos públicos y las condiciones del mercado lechero en esa época".

En su alegato, el ministerio público considera como agravante que el que resulta perjudicado por el delito sea un organismo público, pero va más allá y hace hincapié en quiénes fueron, en realidad, los grandes damnificados por la maniobra. No se trata, explican, de una "mera irregularidad susceptible de producir consecuencias penales" sino que ésta constituyó "un verdadero ardid (...) que a la postre provocó que no pueda ser utilizada (la leche en polvo) para los fines de política social en favor de las personas más desprotegidas de nuestra sociedad". En opinión de Evers y Comparatore, los procesados Spadone y Lorenzo resultan coautores del delito de defraudación al Estado "ya que los dos tuvieron en todo momento el dominio de los acontecimientos y con conocimiento y voluntad ejecutaron el fraude". Para Carlos Eugenio Santunione, encargado de la planta Sastre, donde se manipulaba y fraccionaba la leche destinada a los carenciados, los fiscales solicitan la misma pena por su condición de partícipe necesario.

Quemá esas leches

Es probable que Carlos Spadone no calculara que el negocio que había cerrado con el Ministerio de Salud y Acción Social iba a perseguirlo durante siete largos años. Al comienzo se trató de una operación brillante de venta de 3.700,000 kilos de Jorgiano, su marca. Redondo, el acuerdo. Tanto, que lo que se vendía al ministerio a un precio de entre 3 y 4 dólares el kilo, importado a granel no le costaba a Spadone mucho más de 0,50. La mala leche quiso que, en noviembre de 1991, este diario tomara conocimiento de que un radiograma enviado desde la Nación había obligado a decomisar un importantísimo cargamento del producto destinado a parturientas y lactantes en un punto que los especialistas en salud identifican como el de "las tres M". Que no es otro que la región sanitaria VII donde coinciden los municipios de la Matanza, Morón y Merlo, por cierto propietarios de dos records explosivos: densidad y pobreza. El cargamento correspondía a la partida 037 de Jorgiano, en la que se había detectado un alto contenido bacteriano. El modesto envase llevaba como emblema una vaca y dos direcciones, una de una planta --ERA-- ubicada al sur de la provincia de Córdoba, y otra --Sastre-- del sur de Santa Fe, ambas en la llamada "cuenca lechera".

Una rápida investigación en hospitales de la zona permitió saber que quien distribuía el producto era la firma llamada Summum. Página/12 rastreó la planta de Lomas del Mirador y en su lugar encontró un galpón custodiado por personal armado. El responsable del local explicó al supuesto comprador que la leche no era apta para recién nacidos porque "a veces viene mojada. Pero no importa. Se cambia y listo. Nosotros le vendemos a muchos centros de salud. Incluso al ministerio". El mismo empleado ofreció a dos dólares el mismo kilo que el ministerio compraba por toneladas a un promedio de 3,50.

El hilo de Summum condujo a Carlos Spadone; el de ERA hasta el secretario privado del presidente Carlos Menem, Miguel Angel Vicco, según él antiguo propietario de la planta y, según admitió atosigado Santunione en una entrevista radial, verdadero dueño de la usina. El negocio de los indigentes explicaba a los funcionarios de Economía por qué, de golpe y porrazo, habían aparecido en sus cuentas 8 millones de dólares en importación de leche en polvo; la filiación de los empresarios daba cuenta de por qué el resto de los oferentes se había retirado sin chistar de la contratación del ministerio. El decomiso de la leche, en Buenos Aires, puso en evidencia que otros cargamentos habían tenido que ser quemados en diversas provincias o entregados para alimento de los chiqueros; las pericias practicadas a la leche en polvo hacían lo propio con la Escherichia Coli, una bacteria causante de intensas diarreas.

El ex juez federal Ricardo Weschler dictó procesamientos también a granel: Carlos y Lorenzo Spadone, Miguel Angel Vicco, Carlos Santunione, Néstor Lorenzo y también el secretario administrativo del Ministerio de Salud, Osvaldo Navarro, entre otros. Nueve en total. La Cámara Federal y quien reemplazó a Weschler en el juzgado federal 2, Jorge Ballestero, desprocesaron y despejaron el panorama. No obstante, el peso del escándalo ya había forzado las renuncias de Vicco y Spadone.

 

Los datos de una sociedad

Los lectores de Página/12 saben desde abril que Carlos Spadone, el empresario para quienna03fo02.jpg (6960 bytes) la fiscalía pide prisión, es socio del Presidente en las bodegas Menem. En ese momento este diario publicó la primicia de que Spadone compró parte del paquete accionario de las bodegas, luego de que Menem pidiera a sus hermanos que aceptaran vender porque, dijo entonces un asesor, estaba "cansado de poner dinero en una empresa que no daba mucha ganancia". La paradoja es que las bodegas son la fuente de ingresos a la que alude el Presidente cada vez que alguien desconfía de la notable mejora de su nivel de vida desde 1989. Los balances de la bodega revelan que en los últimos años la empresa prácticamente no dejó ganancias. Según algunos cálculos contables, incluso dio pérdidas: el balance de 1996 las estimó en 75 mil dólares. La firma tiene un activo mayor a seis millones de dólares y un pasivo de tres millones y medio. Spadone pagó 350 mil dólares por la compra de las acciones que correspondían a Amado, Munir y Eduardo Menem, los tres hermanos presidenciales. Además de socio del Presidente, Spadone, un antiguo militante justicialista, sigue siendo un próspero empresario teatral y un menos próspero empresario periodístico: es dueño del oficialista diario La Razón y de un canal de cable. También tiene inversiones pesqueras y turísticas en la zona de Puerto Madryn.

 

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