Página/12

Negociaciones en las sombras por el sistema informático aduanero

Una investigación exclusiva de Página/12 revela cómo se benefició, desde el Estado, a una empresa privada para adjudicarle un contrato y cobrar aun cuando la Justicia había inhibido los pagos.

El sistema informático que compró la Aduana habría sido sobrefacturado, según denunció la DGI.
La Justicia todavía investiga si hubo contrabando o, incluso, si el sistema fue realmente importado.

Por Daniel Otero

“Henri: Te envío un artículo publicado en Página/12 concerniente al affaire de nuestros amigos de SOFREMI con el Ministerio del Interior argentino. Te remarco que el principal problema es la metodología para desarrollar el proyecto. Para el Sistema María se me ocurrió una idea que permitirá evitar este tipo de problemas. Te la comentaré por teléfono.” El autor de esas líneas, fechadas el 10 de mayo de 1991, es el ciudadano francés Jean Claude Darsonville, proveedor del sistema informático de la Aduana, y fueron enviadas a Henri Prats, director de la Aduana francesa.
La carta de Darsonville es parte del material secuestrado por el juez Gustavo Karam –a cargo de la Causa 56.582– en 1994 de las oficinas de SIF SRL, empresa proveedora. Con la documentación en la mano, el juez embargó los fondos destinados al pago del Sistema Informático María –SIM–. La medida, sin embargo, quedó en letra muerta por disposición presidencial. El Decreto 117/96 autorizó a la Aduana “a cancelar los gastos provenientes de la implementación del SIM”, pero no estableció montos a pagar. Por lo pronto, esos pagos continúan hasta el presente –el último se efectuó el pasado 12 de agosto– y ni siquiera el propio director de la Aduana, consultado por este diario, pudo contestar cuándo concluirán (ver nota aparte).
El 4 de mayo, Página/12 publicó una investigación con un título sugestivo: “Más caro que una francesa”. La nota decía: “El ministro del Interior, Julio Mera Figueroa, otorgó sin licitación a una empresa francesa –SOFREMI– la provisión del Documento Nacional de Identidad por 200 millones de dólares. El precio internacional no llegaría al tercio”. El fracaso de la privatización inicial de los DNI modificó la ingeniería comercial de informatización aduanera. Y la reingeniería llevó a que el proceso derivara en una paradoja: no vendió el vendedor, ni compró el comprador. Pero mantuvo las modalidades cuestionadas: contratación directa y sobrefacturación.
La documentación, a la que accedió este diario en forma exclusiva, permite conocer por primera vez las negociaciones entre funcionarios y empresarios sobre la informatización aduanera. Su contenido es elocuente: demuestra que desde una empresa privada argentina –SIF–, socia de la empresa mixta francesa fabricante del sistema –Bull SA–, se filtró información reservada del Estado argentino al Estado francés, y desde allí se monitoreó una operación pagada por contribuyentes argentinos.
Entre otros documentos, el juez halló una carta de Héctor Domeniconi, ex subgerente de Coordinación Administrativa del Ministerio de Economía, enviada al director de la Aduana francesa el 27 de mayo de 1991: “Se ha recibido con sumo interés –aseguraba– la oferta de financiamiento alternativo”. Semanas después, SIF envió un fax a la Aduana francesa que transmitió el estado de las negociaciones, pero en lenguaje llano: “La Aduana argentina firmará un contrato sólo con la empresa SIF. No conocían la versión del contrato alternativo con los despachantes, ni la pensaron nunca”.
Ese “contrato alternativo” modificó el proyecto original por el que el Estado francés iba a vender al Estado argentino un sistema informático. La operación, finalmente, se efectuó entre una empresa privada –SIF– y una entidad sin fines de lucro –Centro de Despachantes–, que luego donó el Sistema a la Aduana. El ingreso de entidades privadas permitió la contratación directa vedada para la Aduana y, además, justificó una sobrefacturación estimada por la Dirección de Auditoría Fiscal de la DGI entre un 50 y un 90 por ciento. A ello se agregó un peritaje de la Policía Federal –incluido en la causa–, que determinó que “los comprobantes de la firma SIF son producto de copias electrostáticas –fotocopias–”.
Con el patrocinio de José Luis Gussoni, los despachantes Jorge Safe, Luis Bernardello y Carlos Segovia impugnaron en tiempo y forma el Decreto 117. “Está probado que Darsonville confeccionó las facturas que sehicieron pasar como emitidas en Francia. Llevamos gastados 24 millones de dólares –aseguró Gussoni– y se pretenden justificar nuevas erogaciones.”
La impugnación se convirtió en el Expediente 15889/96-23. La lentitud administrativa llevó a Gussoni a gestionar una entrevista con el presidente Menem. La solicitud fue aceptada. Pero la audiencia nunca se concretó. En enero de 1997 Gussoni murió en un accidente ocurrido en el Acceso Oeste. Desde ese día la impugnación adquirió una celeridad que careció en los meses previos: desde la fecha de su presentación, febrero de 1996, hasta enero del ‘97, el expediente tuvo 13 actuaciones. Y desde el 10 de enero del ‘97 –día en que murió Gussoni– hasta abril del ‘98, tuvo 62 actuaciones. Y el 23 de ese mes, otro decreto presidencial –el 433/98– rechazó la impugnación.
Con ese rechazo quedó ratificada la autorización a la Aduana a “cancelar” sin límites los gastos derivados de la implementación del SIM, a pesar de que un juez consideró que había elementos suficientes para suspenderlos. El juez nunca cuestionó el decreto que avasalló su autoridad.

SOLUCION INFORMATICA DE URGENCIA
Era un caos y llegó María

Por D.O.

En 1991 se conocieron los movimientos del acusado por narcotraficante Mario Anello por los pasillos de Ezeiza, con valijas repletas de dinero sucio. La Unión Industrial Argentina denunciaba “ingresos de mercadería con falseamiento de la información”. La Federación de la Industria Textil alertaba sobre el “ingreso de productos en condiciones de dumping”. José “Cacho” Steimberg conocía la cárcel de Caseros por importar automóviles con franquicias para discapacitados, y, por la compra de uno de ellos, “Su” Giménez ingresaba a uno de sus habituales escándalos. La solución para el caos aduanero, entonces, se llamó Sistema Informático María (SIM).
El 6 de marzo de 1992, Héctor Rivero, por el Centro de Despachantes de Aduana, y Jean Claude Darsonville firmaron un contrato por 7,9 millones de pesos. Ese fue el costo inicial del “sistema informático conformado a partir del sistema SOPHIX de la Aduana francesa”. Seis años después, las investigaciones judiciales sobre la operación aún no pudieron determinar si el Sistema ingresó de contrabando o siquiera si ingresó, ya que existe la sospecha judicial de que el soft se habría desarrollado en el país. Otra incógnita es su costo final: el juez Karam, después de cuatro años, no pudo determinar si el Centro fue defraudado al pagar 24 millones de dólares por un contrato de 7,9 millones.
El embargo de los fondos destinados al pago del SIM no impidió que la empresa proveedora continúe recibiendo pagos por cifras desconocidas. El decreto presidencial 117/96 autorizó sin explicación a la Aduana a cancelar una deuda contraída por una entidad privada, el Centro de Despachantes. Este diario consultó al director de Aduana, Luis De Virgilio, en dos oportunidades. En la primera el funcionario dijo: “Desconozco cuál fue el costo de instalación del SIM. No pasó por mis manos. Quién lo pagó y cuánto costó son respuestas que hoy no tiene la Aduana”.
En la segunda consulta, este diario le hizo saber al funcionario que poseía una copia de la Disposición 494, que él mismo había firmado el 12 de agosto último. “El director de la Aduana a cargo de la AFIP –señala el texto– autoriza el pago a favor de la firma SIF por la suma total de 474 mil dólares”. Ante la presentación de la prueba, De Virgilio reconoció que ese pago “es un ajuste de precio. Ese día quedé a cargo de la AFIP por ausencia de Carlos Silvani. Al firmar el despacho del día, aparece un ajuste de valor por una cuota o algo así, yo no tengo problema en firmarlo en función de lo que reza en el expediente. Pero no me voy a tomar el trabajo de ver todos los antecedentes”.

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