Por Martín Granovsky
 Sería el chico
restituido número 61. Y, esta vez, sería su propio nieto. Estela Carlotto, presidenta de
Abuelas de Plaza de Mayo, fue informada ayer por María Romilda Servini de Cubría de que
la Justicia conminó a un militar de alto rango a que aceptara realizar una prueba de
identidad. La jueza sospecha que el militar es el apropiador de un hijo de desaparecidos,
y que podría tratarse de quien recibió al hijo de Laura Carlotto, secuestrada en 1977
con un embarazo de dos meses. Ese es el resultado al que apunta la investigación, que
ahora la prueba de ADN debe confirmar.
Estela Carlotto se enteró de la novedad ayer, cuando visitó a Servini de Cubría para
saber cómo estaba su denuncia.
El militar sospechado revistaría en el Ejército y sería de un rango no inferior al de
coronel. Podría ser el mismo que trasladó a Laura del campo de concentración al
Hospital Militar para que tuviera a su hijo. Si el ADN confirma que el chico es el nieto
de los Carlotto, el oficial quedará como el autor de un caso de apropiación en el que el
apropiador no sólo cambió la identidad de un chico sino que lo hizo para quedarse él
mismo con el bebé.
El caso de Laura Carlotto está relacionado con La Noche de los Lápices.
Claudia Carlotto, otra hija de Estela, estaba casada con Jorge Falcone. En 1977
desapareció la hermana de Jorge, María Laura Falcone, una de las estudiantes
secuestradas por su militancia secundaria. Fue entonces cuando los Carlotto decidieron
tomar precauciones especiales. La Plata había sido una de las ciudades más castigadas
por la represión inorgánica de las Tres A y la Concentración Nacional Universitaria, y
era a principios de la dictadura uno de los blancos preferidos de la represión
científica de las Fuerzas Armadas.
–¿Por qué no te vas de acá y del país? –cuenta Estela Carlotto que le
preguntaba a su hija.
–No me voy a ir de este país, y además no soy tan importante para que me busquen
–contestaba Laura.
–Pero te van a matar.
–No quiero morir. Una de las cosas más lindas que hay es vivir. Yo quiero vivir,
vivir bien y hacer que los demás puedan vivir bien. Pero si me llegara a pasar algo, mi
muerte y las muertes de todos no serán en vano.
–Que Dios te proteja –pedía Estela.
El 1 de agosto de 1977 Laura, que militaba en la Juventud Universitaria Peronista,
resolvió mudarse a la casa de unos amigos y Guido, el marido de Estela, le prestó la
camioneta de su fábrica de pinturas para llevar las cosas. Guido y Estela comenzaron a
sospechar cuando los chicos no devolvieron la camioneta a la hora programada. Guido fue
hasta la casa de los amigos de Laura. Tampoco volvió. Entonces fue también Estela. Sólo
encontró un grupo saqueando una casa que alguien había dejado abierta. Estela dejó su
casa antes de que el Ejército fuera a buscarla. Una amiga le ofreció un contacto.
Alguien de la vieja represión, un fascista vecino de La Plata que podía hacer de nexo
con la nueva cacería de opositores: Patricio Errecalde Pueyrredón. Estela puso cuarenta
millones de pesos de 1977 y, 25 días después, Guido apareció. Lo habían mantenido
secuestrado en la División Cuatrerismo de la Policía Bonaerense, en las calles 55 y 14
de La Plata, lo habían torturado y le habían negado los remedios que necesita un
diabético. Estela supo entonces que un grupo de chicos colaboró con la represión
entregando a otros chicos y, en este caso, a un padre, y supo también que esos chicos
fueron asesinados.
Durante el secuestro de su esposo, Estela apeló a todos sus contactos para encontrar a
Guido y a Laura. Incluso se entrevistó con el general Reinaldo Benito Antonio Bignone,
que después sería el último presidente dela dictadura y en ese momento integraba el
staff íntimo del presidente Jorge Videla. Estela vio dos veces a Bignone. La segunda,
cuando su esposo ya había aparecido.
En Botín de guerra, el libro sobre los secuestros de chicos escrito por Julio Nosiglia
que Página/12 acaba de reeditar junto con Abuelas y las Universidades de Quilmes y La
Plata, figura la conversación de Estela Carlotto y Bignone cuando ella le planteó que,
por lo menos, pusieran a su hija a disposición del Poder Ejecutivo.
–Pero señora, eso es imposible –le dijo Bignone–. Hace poco estuve en el
Uruguay y visité las cárceles donde están los Tupamaros, y allí los Tupamaros se han
fortificado aún más en sus ideas y hasta han convencido a algunos guardiacárceles, a
tal punto que hay que estar rotándolos periódicamente, para que sus contactos con los
presos no sean prolongados. Nosotros acá, en la Argentina, no queremos que nos pase esto.
Y entonces hay que hacerlo.
Estela sabía, por el relato de su marido, que mataban a los prisioneros. Se convenció de
que Bignone le estaba diciendo que su hija estaba muerta.
–Si ya la mataron, lo que quiero es que me devuelvan el cuerpo, porque quiero
enterrarla cristianamente, no quiero volverme loca como esas madres que buscan en las
tumbas NN a sus hijos desaparecidos.
Una vecina, que había sido secuestrada, contó a Estela que había visto a su hija
embarazada de seis meses y medio.
Después, el 25 de agosto, avisaron de la comisaría de Isidro Casanova que Laura había
muerto. La enterraron.
Después, otra mujer les confirmó que había tenido un hijo, y que le había puesto Guido
de nombre.
Durante años de reconstrucción, Estela Carlotto fue armando la verdad sobre la historia
del secuestro de su hija y el destino de su nieto Guido. Supo que el parto había sido en
el Hospital Militar.
Que un militar trasladó a su hija del campo de concentración de La Cacha al hospital.
Que un conscripto podía ser útil para esclarecer el caso.
Que el soldado sabía que un militar de alto rango ya había inscripto al chico como
propio.
Que su hija dio a luz esposada.
Que Laura pudo estar sólo cinco horas con su hijito.
Que después la adormecieron y la llevaron de regreso al campo de concentración, antes de
asesinarla, disfrazar la muerte como un enfrentamiento con un retén militar y devolver el
cuerpo.
Que el soldado vio, y lo declaró luego a la Justicia, cómo un oficial entraba a la
habitación y se llevaba al bebé.
Un capítulo de la historia que, quizás, esté por terminar.
DIALOGO DE LA PRESIDENTA DE ABUELAS DE PLAZA
DE MAYO CON PAGINA/12
“Yo por disciplina no me entusiasmo”
Por M.G.
“Yo a propósito soy
muy fría con estas cosas, aunque ahora me toque a mí directamente, así que por
disciplina no me entusiasmo mucho”, dice Estela Carlotto a Página/12. Pero intuye
que esta vez puede ser distinto.
–Ayer –contó por la tarde a este diario– fui al juzgado de Servini de
Cubría, que ha trabajado muy bien con el tema de las restituciones, a ver cómo andaba el
caso de mi nieto Guido. Me enteré de que ella había ordenado una prueba de ADN porque
sospechaba firmemente que un militar de alto rango podría tenerlo. Quise ser cautelosa,
pero me costó mantenerme cuando salí del juzgado y vi la alegría de los periodistas
cuando me pidieron confirmaron de la noticia. Hasta llegúe a entrar en un estado de
euforia.
–¿No tenía razones?
–Sí, porque en la causa hay muchas puntas interesantes. Pero soy cautelosa porque ya
pasó que en otros casos, cuando se hizo el análisis serio de ADN el resultado fue
negativo.
–¿La jueza le informó sobre plazos para la prueba de ADN?
–No, pero me dijo que conminó al oficial. Y entonces él está obligado a cumplir la
orden.
–¿Cuántos años tiene Guido?
–Veinte. Nació en 1978.
Estela Carlotto estuvo con Servini de Cubría a las 11 de la mañana. Después visitó a
su esposo, Guido, que está internado por problemas de salud, y trabajó en Abuelas como
siempre, recogiendo elementos sobre los 190 hijos secuestrados.
Aunque sigue la rutina, estos días pueden ser distintos. El 22 cumplirá 68 años, de los
cuales esta porteña de Flores hija de un jefe del Correo que trabajaba como directora de
escuela y disfruta de sus nsueve nietos utilizó 20 para la devolución de los chicos en
cautiverio. En el caso de su nieto repite que espera, y que prefiere ser muy cauta, y
quiere hablar mejor de Abuelas, la organización de derechos humanos que tiene solo unos
meses más que la edad de su nieto.
–Las cosas van y vienen. Nuestra causa gana puntos y los pierde. Por ejemplo Videla
queda preso, y después en prisión domiciliaria. El tema de la restitución es de los
temas duros de la Argentina. Duros para los que no quieren ni reconocer la represión ni
entregarnos a nuestros nietos. Duros porque hay muchos temas fuertes en el aire, muchos
temas violentos, y en algunos casos se repiten los personajes de la represión. El
capitán Héctor Vildoza, de la ESMA, está acusado por la apropiación de un chico. Y
está prófugo. Además, parece que está involucrado en el contrabando de armas.
–¿Cuál es la relación que usted ve entre los protagonistas de la violencia y el
reclamo de Abuelas?
–Cuando exigimos la solución de un caso de supresión de identidad es como si
estuviéramos metiendo el dedo en la llaga. Pero no abandonamos la lucha. Cada vez que
tenemos un contratiempo arremetemos. Y así conseguimos cosas.
PEDRONCINI ANALIZA LAS CAUSAS SOBRE ROBO DE
CHICOS
Que se rompa el pacto de silencio
Por Victoria Ginzberg
“Tenemos un alto
nivel de prueba”, afirmó Alberto Pedroncini, abogado de seis abuelas de Plaza de
Mayo que iniciaron un juicio para que se condene a responsables mediatos de la
apropiación de menores durante la última dictadura. Albano Harguindeguy, Guillermo
Suárez Mason, Jorge Rafael Videla y Emilio Massera son sólo algunos de los imputados que
serán juzgados por sus acciones militares y por la responsabilidad política que tuvieron
sobre esos actos.
–¿Cuál es el estado de la causa que lleva el juez Adolfo Bagnasco?
–Consideramos haber alcanzado un alto nivel de prueba con respecto a tres focos de
practica sistemática de apropiación de niños: la Escuela de Mecánica de la Armada,
Campo de Mayo y el Centro de Operaciones Orletti. La prueba muestra que la responsabilidad
está ubicada en los más altos niveles del poder militar.
–¿Qué significa un alto nivel de prueba?
–Se han tomado alrededor de cincuenta testimonios, que son la prueba fundamental. A
eso hay que sumarle la prueba documental, por ejemplo, dos reglamentos dictados por Viola
que aparecieron en este juicio por primera vez. En uno de figura que los militares no
permitían aceptar rendiciones y en otro se ordena separar a los detenidos en cuatro
grupos: hombres, mujeres y niños. Es decir que los niños eran trasladados con destino
desconocido.
–¿Cuánto tiempo falta para que se resuelva la causa?
–En dos o tres semanas deberían empezar las citaciones a prestar declaración
indagatoria. Hay dos alternativas, que comiencen por los responsables mediatos menores o
por, por ejemplo, Omar Riveros, jefe del Instituto de Operaciones Militares, el general
Guillermo Suárez Mason, o al ex ministro de Interior, Albano Harguindeguy.
–¿Hay un acompañamiento de la sociedad a este tipo de juicios?
–La presión social obligó al Estado a realizar actividades a las que antes se
había rehusado, desde garantizar el derecho a la verdad hasta el ejercicio de la acción
penal plena con respecto a la sustracción de menores.
–Si bien este juicio apunta a los autores mediatos, ¿podría ayudar a que se
encuentren chicos que continúan apropiados?
–Veremos qué surge de las declaraciones indagatorias. Podría suceder que para
aflojar la acción penal, los autores mediatos rompan el pacto de silencio y den datos
sobre niños que continúan apropiados.
La Corte reconoce el “derecho
a la verdad”
Un fallo estableció que los
herederos de Benito Urteaga, militante del PRT asesinado en 1976, puedan investigar
quiénes son los culpables y qué grado de responsabilidad le cabe al Estado.
Benito Urteaga, militante del
ERP-PRT asesinado en 1976.
Una versión del hecho habla de tiroteo, otra de fusilamiento. |
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Por Adriana Meyer
La Corte Suprema de
Justicia de la Nación resolvió que los familiares de Benito Urteaga –uno de los
líderes del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del
Pueblo, asesinado en 1976– pueden seguir reclamando al Estado por el destino del
cuerpo del guerrillero y por la información sobre las circunstancias de su muerte. Tal
como adelantó Página/12, el juez Enrique Petracchi sostuvo en su voto que Facundo
Urteaga tiene derecho a saber también “quiénes fueron los responsables de la
decisión, si se confirma que fue asesinado, y qué grado de responsabilidad le cabe al
Estado”. Este fallo abre la puerta a una gran cantidad de causas similares y habilita
la vía del “hábeas data” –una ley aún no reglamentada– como forma
del reclamo.
Todos los miembros del Alto Tribunal le reconocen a Urteaga el derecho a seguir reclamando
la verdad sobre lo ocurrido con su hermano, pero hubo diferencias en cuanto a la forma
jurídica que debe utilizar. La mayoría de los jueces estuvo integrada por Julio
Nazareno, Enrique Petracchi, Antonio Boggiano, Eduardo Moliné O’Connor y Adolfo
Vázquez, quienes se pronunciaron a favor de la utilización del instituto del
“hábeas data”, mientras que Guillermo López, Augusto Belluscio, Carlos Fayt y
Gustavo Bossert señalaron que la vía es el amparo.
En agosto la Corte Suprema se había pronunciado en contra de un pedido de Carmen Aguiar
de Lapacó, que solicitaba lo mismo que Urteaga pero respecto de su hija
detenida–desaparecida. Uno de sus miembros explicó a Página/12 que “son casos
diferentes porque, cuando se analizó la situación de Lapacó, la mayoría entendió que
se trataba de una causa penal terminada, es decir, que no se podían pedir pruebas por la
vía incidental porque eso habría violado el principio de ‘cosa juzgada’”.
Sin embargo, la misma fuente destacó que “esto no significaba clausurar posibles
acciones judiciales o administrativas”, tal como la Corte lo expresó en la respuesta
a la aclaratoria que había solicitado el defensor general de la Nación, Miguel Angel
Romero. Pero este juez reconoció que en aquel fallo hubo un problema técnico. “Fue
una omisión, un error de redacción, tendríamos que haber sido más claros en ese
punto”, admitió al reforzar la idea de que no le habían cerrado las puertas a
Lapacó.
Por eso, ayer en la Corte no se reconocía que había una rectificación. Preferían
hablar de “causas distintas”. Un funcionario que conoce las intimidades de los
nueve miembros del Tribunal Supremo sugirió que en el caso anterior la decisión de los
jueces no fue producto de presiones castrenses. Según esta versión, no habrían medido
el impacto que iba a tener en el contexto actual un fallo adverso a un reclamo vinculado a
los derechos humanos. Otra explicación que pudo recoger este diario en el cuarto piso del
Palacio de Tribunales sostiene que Lapacó no pidió en forma específica por un amparo.
¿Qué puede hacer la mujer ahora? Volver a realizar los mismos trámites invocando esa
modalidad.
La institución denominada hábeas data se transformó en el artículo 43 de la
Constitución, tras la reforma de 1994. Es una vía rápida de invocar garantías
constitucionales, pero al no estar reglamentada surge el debate sobre quién está
legitimado para hacer un reclamo invocando esa norma. López y Belluscio indicaron que
“se trata de una especie del género amparo, que permite el acceso a los registros,
lo cual comporta la obligación del Estado de proporcionar los datos que tuviese sobre una
persona”. La Corte en su conjunto le está diciendo a la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que no le pueden rechazar “in
limine” el pedido de hábeas data a Urteaga con el argumento de que no está
reglamentado. “Las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el
solo hecho de estar consagradas en la Constitución, e independientemente de las leyes
reglamentarias”, dice el fallo. Esta resolución puede significar una relativa
presión para que los legisladores apuren la salida de esa ley. Pero el impacto esperado
tiene que ver con una previsible ola de reclamos similares al de Urteaga y Lapacó.
Benito Urteaga murió el 19 de julio de 1976 cuando el capitán Juan Carlos Leonetti
ingresó al departamento de Domingo Menna en Villa Martelli. Una versión habla de un
tiroteo y otra de un fusilamiento en el que también murió Mario Santucho. El Ejército
reconoció el hecho y su ex jefe, Jorge Videla, indicó que es posible que en el Estado
Mayor de Ejército haya información para localizar los restos de Urteaga y Santucho. A
partir de ahora toda la atención será apuntada hacia allí. En un reciente reportaje
publicado por este diario, Facundo Urteaga manifestó que “una decisión favorable es
muy importante para toda nuestra familia porque nos permitiría cerrar una parte de esta
historia”. Con las 70 carillas del fallo en las manos, su abogado, Manuel Gaggero,
consideró “fantástico que la Corte nos haya reconocido el derecho a la
verdad”.
opinion
Por Horacio Verbitsky
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