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INFORME DE CRIMENES DEL APARTHEID
“Nunca Más” en Sudáfrica

En un informe de 3500 páginas, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación reunió los documentos sobre los crímenes de la  segregación racial. Ahora vienen los juicios a los responsables.

El Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu entrega el informe al presidente Nelson Mandela.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación investigó las violaciones a los derechos humanos del apartheid.

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t.gif (67 bytes)  La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica presentó ayer un histórico informe de 3500 páginas, donde responsabiliza de graves crímenes al antiguo régimen de segregación racial del apartheid. También denuncia violaciones a los derechos humanos cometidos por el movimiento de liberación africano. El presidente de la entidad, el obispo anglicano y Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, entregó el informe al presidente del país, Nelson Mandela, en Pretoria. La Comisión, ante la cual testificaron unas 21.000 personas, sostiene en el informe que las violaciones de los derechos humanos fueron cometidas, sobre todo, por el régimen del ex presidente Pieter Willem Botha entre los años 1984 y 1989.
Según el informe, en su condición de presidente del Consejo de Seguridad del Estado, Botha tuvo conocimiento y ordenó atentados, asesinatos y torturas contra los adversarios del régimen racista. El ex presidente también fue señalado en el informe como responsable del ambiente que generó las “graves violaciones de los derechos humanos”. Dado que Botha no se ha acogido a la amnistía, puede ser procesado si la fiscalía decide acusarlo.
La Comisión de la Verdad determinó que Botha, hoy de 82 años, ordenó personalmente el bombardeo del cuartel general del Consejo Sudafricano de Iglesias a fin de la década del ochenta. Además, lo considera responsable directo de las explosiones en la sede del Congreso Nacional Africano (CNA) en Londres y en el intento de derrocar en 1981 al gobierno de las islas Seychelles, entre otros hechos. El informe acusa también de violaciones a los derechos humanos a los movimientos de liberación que combatieron el apartheid, entre ellos el CNA y el Congreso Panafricanista (CPA).
El CNA, al que pertenece Mandela, intentó anoche impedir a último minuto la publicación del informe mediante un recurso rechazado por un tribunal de Ciudad del Cabo. El CNA buscaba lograr la supresión de los pasajes en los que se hace referencia a crímenes cometidos por militantes del que ahora es el partido gubernamental. Esta actitud fue criticada por el obispo Tutu. “He luchado toda mi vida contra la tiranía y seguiré haciéndolo”, dijo. Tras conocerse la decisión judicial, manifestó que el fallo es una muestra de que la Comisión de la Verdad siempre ha sido imparcial.
Las violaciones a los derechos humanos imputadas a los combatientes del CNA se refieren a la ejecución de “colaboracionistas” y “traidores”, a torturas, a la colocación de minas terrestres y a atentados de bomba, que también se cobraron la vida de civiles. En el informe se reconoce la legitimidad de la causa por la que luchaban el CPA y el CNA, y se señala que la política de apartheid fue un crimen contra la humanidad. No obstante, se distingue entre una “guerra justa” y “medios justos”. Ayer, el último presidente del apartheid, Frederik de Klerk, que había amenazado con tomar medidas ante los tribunales, consiguió que la Comisión suprimiera las referencias a su implicación en los crímenes del régimen. Tutu advirtió, sin embargo, que el caso Frederik de Klerk no está cerrado, puesto que la Comisión se ocupará el año próximo con firmeza de la disputa judicial con De Klerk. Según decía el informe, De Klerk se había enterado de que iban a cometerse dos atentados, pero no informó a la policía. Sin embargo, el ex presidente niega haber sabido del terrorismo de Estado contra los opositores del régimen.
El informe final de la Comisión también se ocupa del papel de la ex esposa de Mandela, Winnie, cuyos guardaespaldas aterrorizaron a la población negra de Soweto y son acusados de 18 muertes. Winnie Mandela ha negado su responsabilidad en estos hechos. Según el informe, el CNA podría haber intervenido, con lo cual se habrían evitado algunos acontecimientos de este “trágico período”.

 


 

BRASIL AGRADO SOLAMENTE AL FMI
Guerra contra el ajuste

t.gif (862 bytes) Los representantes de partidos opositores de izquierda victoriosos en los últimos comicios para gobernador de estados brasileños decidieron ayer realizar en Brasilia una protesta contra las medidas del programa de ajuste fiscal anunciado el miércoles por el presidente Fernando Henrique Cardoso. “Ese paquete fiscal es una violencia. Se trata de una destrucción del pacto federativo”, afirmó el gobernador electo de Rio Grande do Sul, Olivio Dutra, del izquierdista PT. “Quieren obligarnos a administrar una crisis que no provocamos”, se quejó el gobernador electo de Amapá, Joao Capiberibe, del Partido Socialista Brasileño (PSB), mientras que su correligionario Ronaldo Lessa, quien gobernará Alagoas a partir de 1999, acusó al gobierno de “matar a la gente por hambre” para lograr el ajuste fiscal.
El plan de ajuste anunciado por el gobierno busca reducir el déficit público y restaurar la credibilidad del país a los ojos de la comunidad financiera internacional, gravemente afectada desde la moratoria rusa, en agosto pasado. Según el gobierno, el programa basado en recortes presupuestarios y aumentos de impuestos y aportes jubilatorios de los servidores generará en 1999 un superávit primario de 23.500 millones de dólares, equivalente al 2,6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Para entrar en vigencia plena, las medidas anunciadas ayer deben ser aprobadas o ratificadas por el Congreso, donde el bloque oficialista tiene amplia mayoría. No obstante, en las últimas 24 horas han quedado evidentes las resistencias a algunas de las medidas entre los mismos aliados del gobierno, tanto en el Congreso como por parte del ex presidente Itamar Franco, elegido el domingo pasado como nuevo gobernador del poderoso estado de Minas Gerais. El antecesor de Cardoso en la Presidencia formuló duras críticas a las medidas anunciadas, e insinuó la posibilidad de defender la salida de su Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de la coalición oficialista.

 

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