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La venta en bloque de YPF formaría otro monopolio

Para recaudar más, el Estado venderá en bloque el 15 por ciento  de las acciones de la petrolera. Si lo adquiere una de las  compañias que participan del mercado, adiós a la competencia.

Deudas: Roque ignoró los reclamos. Su preocupación es conseguir fondos para pagar deuda, pero la crisis dificultó el acceso a los mercados de capitales.

YPF tiene una porción del 45% del mercado de combustibles.
Si pasa a manos de Repsol o Shell, absorberían más del 60%.

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Por David Cufré

t.gif (67 bytes) Roque Fernández decidió que para conseguir mayores recursos con la venta de acciones de YPF, fondos que serán utilizados para repagar deuda, se transfiera el 14,9 por ciento de la petrolera a una sola empresa. Eso le permitirá a la adjudicataria dominar la compañía que detenta el 51 por ciento de la producción de crudo en el país, el 45 por ciento de la comercialización de combustibles y el 45 por ciento de la producción de gas natural. La española Repsol, que en Argentina controla la marca EG3, fue la primera en manifestar su interés por adquirir esa participación. Pero ya hay otros nombres en el listado: los de la estadounidense Mobil, la italiana ENI y la local Pérez Companc. La licitación se hará a mediados de enero.
El camino elegido por Economía para transferir el remanente de acciones de YPF en poder del Estado molestó a la actual conducción de la empresa. Su presidente, Roberto Monti, dijo en más de una oportunidad que prefería que la venta se hiciera en forma atomizada a través de la Bolsa de Comercio. Con ello, no habría grandes cambios en la correlación de fuerzas entre los distintos accionistas, por lo cual el management se aseguraba su continuidad. En cambio, con un nuevo socio controlando el paquete mayoritario, su estabilidad corre peligro. A pesar del enojo, Monti instruyó a los directivos de la petrolera a no formular declaraciones públicas, para no agigantar la pelea con Roque.
Por otros motivos, las petroleras que compiten con YPF en el mercado local también están preocupadas por esa venta de acciones. Esso y Shell cuestionan la operación porque entienden que si Repsol se queda con el 14,9 por ciento de la ex compañía estatal, dominará con un 60 por ciento la actividad productiva. Esto es porque Astra, la firma argentina que los españoles compraron el año pasado, tiene una participación cercana al 10 por ciento en la producción de hidrocarburos. La competencia, entonces, será aún más difícil que en la actualidad. Aunque Shell protesta, analiza participar de la licitación que se realizará en enero para no quedar relegada.
Roque ignoró esos reclamos porque su preocupación es otra. Necesita fondos para repagar deuda, pero la crisis dificultó el acceso a los mercados de capitales. Entonces decidió vender las acciones de YPF a un inversor estratégico, con lo cual conseguirá una recaudación mayor a la que obtendría si la transferencia se hiciera de forma atomizada. De acuerdo con las estimaciones de Economía, los ingresos serían un 30 por ciento superiores. De hecho, Repsol confirmó ayer que estaría dispuesta a pagar hasta 38 dólares por acción, cuando en la actualidad cotiza a 29,5 dólares.
Daniel Montamat, ex presidente de YPF durante el gobierno de Raúl Alfonsín, consideró sin embargo que “éste no es buen momento para vender”, debido a que la abrupta caída en el precio internacional del crudo y la crisis en los mercados financieros depreció el valor de la acción de YPF. “En octubre del año pasado, el papel cotizaba a 38 dólares”, recordó.
Más allá de eso, el especialista se manifestó contrario a que el Estado se desprenda de su participación en la petrolera. Por dos motivos. En primer término, porque YPF es el mayor contribuyente del impuesto a las ganancias (en el ‘97 pagó 400 millones de dólares), y a un accionista que detente el control de la empresa “le resultaría más fácil armar una mayoría de accionistas que resuelva transferir el domicilio de YPF a un paraíso fiscal” y encontrar maniobras para eludir el pago. En segundo lugar, porque si la empresa se vende a uno de los operadores que participa del mercado local “se conformará un monopolio privado” y, como ocurrió con Aerolíneas Argentinas en manos de Iberia, “las decisiones de inversión se harán en función de intereses globales, lo que puede terminar perjudicando a YPF”, advirtió.

 


 

CUESTIONADA VENTA DE ACCIONES A TELEFONICA
Indagatorias por 329 millones

Por Julio Nudler

t.gif (862 bytes) El juez Adolfo Bagnasco dispuso la indagatoria de los dos gremialistas que condujeron la venta de las acciones del Programa de Propiedad Participada (PPP) de Telefónica Argentina a la propia empresa. Ese Programa, expresión rápidamente tronchada del capitalismo popular de mercado, equivalía al 10 por ciento del capital de cada sucesora de ENTel. La operación bajo sospecha involucra a más de 94 millones de papeles cuyo traspaso, efectuado en bloque, reportó más de 329 millones de pesos. La querella de la abogada Liliana Zabala, que representa a unos 800 telefónicos, alcanza también al Banco Ciudad, fideicomisario del Programa.
Hugo Rodolfo Astorga y Juan Ranieri, que serán indagados dentro de veinte días, violaron –según Zabala– las normas de transmisión de dominio porque, ante todo, la asamblea del 19 de marzo que decidió la venta en paquete fue convocada sin que figurasen en el orden del día ni esa venta ni la disolución del PPP, que también fue resuelta en la ocasión. En esa misma oportunidad, Astorga y Ranieri se pusieron al frente de una comisión liquidadora, con un presupuesto de 1.450.000 pesos.
Después de aquella asamblea, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 484 para, entre otras cosas, convalidar la venta total del Fondo de Garantía y Recompra. Este estaba constituido por las acciones correspondientes a trabajadores que, por diversas razones, fueron quedando desvinculados de la empresa privatizada. Esos papeles, según las normas, deben ser redistribuidos entre los empleados activos. Pero los querellantes señalan que el Fondo es un condominio indiviso, cuyos papeles debían repartirse entre los trabajadores para que individualmente decidiesen qué hacer con ellos. Cada uno hubiese visto así incrementada en un 73 por ciento su tenencia accionaria.
Con los 329 millones de pesos recibidos de Telefónica, los liquidadores cancelaron una deuda de 5 millones con el Estado por el precio original de la transferencia que decidió María Julia Alsogaray en 1990, y entregaron 87 millones a los ex empleados, además de acreditarles sumas a los activos. En cualquier caso, el juzgado de Bagnasco decidió realizar una pericia informática para determinar adónde fue todo el dinero y verificar si los ex telefónicos que recibieron pagos existen efectivamente.
Dentro de este litigio, un caso particular es el de los 460 empleados de Telefónica que resolvieron no vender sus acciones, pero que a pesar de ello vieron enajenadas las que les correspondían por el prorrateo del Fondo de Garantía y Recompra. Por un acuerdo entre los dirigentes sindicales y la empresa, ésta les depositó el importe proporcional en la misma cuenta bancaria donde les acredita el sueldo. Aunque el consejo de los abogados es que no toquen ese dinero, la tentación es grande.

 

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