La señora Lucía Hiriart de Pinochet pidió misericordia para su marido. Se duda de que la haya pedido para alguno de los 3197 chilenos torturados, asesinados y desaparecidos bajo la dictadura de su marido. Pálida, sin cosméticos en el rostro, anunció en Londres a la prensa que estaba angustiada, que había pasado días muy tristes, que su salud física y mental se había mellado. Nadie recuerda que se haya presentado ante la prensa así, desencajada, por el asesinato de 18 campesinos en Paone el 24 de setiembre de 1973 a manos de oficiales del Regimiento de San Bernardo. O por la suerte de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, que el 29 de marzo de 1985 aparecieron degollados no lejos de la capital chilena. O por el destino de Rodríguez Rojas, joven y fotógrafo, rociado con bencina y quemado vivo en una calle de Santiago por una patrulla militar el 2 de julio de 1986. Por ejemplo. Pero la señora de Pinochet ama a Pinochet y es natural que pida lo que pide para Pinochet. En realidad, formula una solicitación muy económica: misericordia para el dictador y ninguna para sus víctimas. Sería un módico gasto de piedad.

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Lord Bingham, presidente del Tribunal Superior de Londres que anuló la detención de Pinochet, dijo que éste goza de "inmunidad soberana" como ex jefe de Estado "por actos realizados en el ejercicio de su función oficial". Es un disparate jurídico tan soberano como la inmunidad que establece y viola no pocos pactos y convenciones internacionales en los que el Reino Unido es parte. A menos que las torturas, los asesinatos y la desaparición de opositores se consideren funciones oficiales, habrá que convenir en que el lord de marras se permitió un jueguito de letras: sustituyó la p de impunidad por la n de inmunidad y pasó la primera bajo el manto de la última.

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Las Fuerzas Armadas chilenas disponen de un presupuesto autónomo, no sujeto a revisión y aprobación del Parlamento. Así lo decretó Pinochet y también resolvió que el cuerpo militar se quedara cada año con el 10% del monto de las ventas de cobre del país, su principal producto de exportación. A comienzos de 1998 esas FF.AA. iniciaron un plan de renovación de su equipamiento militar por valor de más de 2 mil millones de dólares. En América latina, Chile es el segundo comprador en importancia, después del Brasil, de la industria armamentista del Reino Unido y se proponía efectuar las adquisiciones siguientes, hoy en suspenso como ariete de presión: tres fragatas usadas de la Royal Navy para la Marina; de 16 a 24 aviones de combate Gripen JAS-39 con vistas a comprar otros 80 para la Fuerza Aérea; tanques y ametralladoras para el ejército. No sorprende entonces que el general Alan Sherman, cabeza de los fabricantes de armas británicos, haya cubierto a Pinochet de "inmunidad diplomática" -–como ha pedido el gobierno Frei-- declarándolo jefe de una delegación militar chilena que visita Inglaterra oficialmente en "misión especial" con propósitos de compra. Difícil encomienda para un recién operado en cama, por ex jefe de Estado que sea. Pero el Ministerio de Defensa del reino no ha desmentido al general Sherman: hay muchos millones de dólares en juego.

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Joan Anlló, ex funcionario español de las Naciones Unidas, señala a Página/12: "Me parece que tanto la Cancillería chilena como la Auditoría General del Ejército chileno deberían, al cabo de más de 30 años, conocer que hay dos convenciones de las Naciones Unidas que regulan la cuestión de la inmunidad diplomática: la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961 y la Convención de Nueva York sobre las Misiones Especiales del 8 de diciembre de 1969, en particular la última". El Tribunal Superior de Londres, al conceder a Pinochet una "supuesta inmunidad soberana", se basó "en una interpretación abusiva e infundada del párrafo 2 del artículo 39 de la Convención de Viena", que otorga inmunidad a los miembros de una misión diplomática "por actos realizados en el ejercicio de sus funciones".

¿Pinochet tiene inmunidad por miembro de una misión diplomática y al mismo tiempo por ex jefe de Estado? "Eso es absurdo", sentencia Anlló.

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Tras indicar prolijamente las razones por las cuales el articulado de la Convención de Nueva York tampoco protege al dictador, prosigue Anlló: "Pinochet no está amparado por inmunidad alguna en virtud del artículo VII de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y de los artículos 6, 7 y 8 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes de 1984, sin olvidar el artículo 14 de la Declaración de las Naciones Unidas del 18 de setiembre de 1992 sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que obligaría moralmente a las autoridades británicas a someter a juicio a Pinochet, al estar éste ahora bajo su control".

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Cuando se escriben estas líneas, la Cámara de los Lores, suprema instancia judicial del Reino Unido, no se ha pronunciado aún sobre el recurso de apelación contra el fallo del Tribunal Superior de Londres, favorable a Pinochet. Los 1250 lores que, elegidos por nadie, integran dicha Cámara -–conformada en los siglos XIII y XIV de nuestra era y a la que la mayoría de sus miembros pertenece por derecho de cuna-- son aplastantemente conservadores y quién sabe si esos nobles han de aprobar la extradición de Pinochet a España y su procesamiento por el juez Garzón. Nobleza obliga, ¿no?

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