Por Alberto Etcheberry*
 El enjuiciamiento
español de Pinochet se muestra como un conflicto de valores prioritarios: Estado nacional
vs. preeminencia supranacional de los derechos humanos. La síntesis parece tan esquiva
como la cuadratura del círculo. Sin embargo, hay tela para deslindar.
Los argumentos pragmáticos –aceptación de la globalización– se escuchan entre
los defensores de la prisión de Pinochet, mientras que los habituales defensores del
statu quo levantan banderas principistas de defensa de la potestad jurisdiccional
doméstica.
Cuando un financista me habla de ética me pongo discepolianamente “al lao ‘el
botón”, pero el endiosamiento de la racionalidad de lo real me suena a oportunismo
stalinista. Por otra parte, ambas tesis soportan un contrabando no querido: el eventual
amparo a los genocidas vs. el riesgo de que la extraterritorialidad arrase con el derecho
a la autodeterminación. (Y adrede dejo de lado la mala fe de los defensores de la
soberanía chilena que apoyaron la invasión de Panamá y que celebran que no haya
barreras para el capital financiero internacional: esta incongruencia es natural en
“ellos”.)
El problema no es formal sino sustancial. Vale. Pero también cabe preguntarse si la
detención de Pinochet expresa la cuestión general, ese conflicto de valores, o más bien
manifiesta un caso específico.
En el siglo XIX la presión británica para terminar con el tráfico de esclavos estuvo
íntimamente ligada con su expansión comercial y con su desarrollo industrial. La
formación del Brasil está unida a esa imposición británica. Y para qué mencionar la
Guerra de la Secesión del sur esclavista en Estados Unidos. En ambos casos el factor
primordial no fue la ética sino la necesidad de la modernidad basada en el trabajador
libre y en su consumo. Pero lo cierto es que la esclavitud concluyó y que la humanidad
dio un salto cualitativo aunque más de un siglo después del asesinato de Lincoln, el de
Luther King neutralice la tentación de la ingenuidad.
Conclusión: la globalización no está movilizada por las buenas intenciones, pero a
pesar de ello engendra resultados cualitativamente valiosos. ¿Cuánto? En buena medida
dependerá de la inteligencia crítica de quienes no son pragmáticos ni stalinistas.
¿Y qué de Pinochet?
Al juez Garzón habría que recordarle que los crímenes del Estadio Nacional fueron
exigencia de la consumación de otro delito, el golpe de Estado. En otros términos, hubo
concurso de delitos. El golpe de Estado tuvo varios autores y partícipes necesarios, que
se unieron para cometer ese delito y que aceptaron dolorosamente –al menos con lo que
se llama dolo eventual– los otros que fueran necesarios para consolidar el golpe.
Esta unión se llama asociación ilícita, conspiracy, en derecho angloamericano, y sus
miembros son responsables del delito de golpe de Estado y de otros delitos, los asesinatos
y desapariciones que fueron su instrumento y su consecuencia. En conclusión: hay otros
que son tan responsables como Pinochet. Pasemos del derecho a los hechos, la prueba. Los
documentos oficiales de Estados Unidos sobre el golpe de 1973 son lo suficientemente
públicos como para que se encuentre acreditada la participación necesaria de la CIA y
del Departamento de Estado en la conspiracy y de ahí en los crímenes por los cuales el
juez Garzón acusa a Pinochet. Y como la responsabilidad penal se ejerce contra
individuos, los involucrados son el presidente de Estados Unidos de entonces –que
está muerto, Nixon– y el secretario de Estado, Henry Kissinger, que está vivo. En
conclusión: el juez Garzón debería reclamar la detención y el comparendo de Kissinger.
De tal modo no habría duda en cuanto a que esta extraterritorialidad no rige sólo para
abajo, sino que también apunta hacia arriba. Si al juez Garzón mojarle la oreja al
patrón de la vereda le parece un exceso, alguno podría reclamarle que recuerde que
Adolfo Suárez fue ministro del Movimiento del Caudillo. Pero sería un error.
Y el error lleva a otra perspectiva. Hace poco en un seminario de la Unión Europea en
Antigua, Guatemala, Joaquín Villalobos, ex comandante del ejército guerrillero de El
Salvador, reflexionaba sobre el dilema de qué hacer con los crímenes del pasado, cuando
se trata de consolidar el presente, la paz, las libertades. ¿Es justo invertir la
energía en el enjuiciamiento, a riesgo del presente y del futuro? Su respuesta no era
formal: depende de la relación de fuerzas. En otros términos, la prioridad son las
exigencias del presente. Por eso sería un error exigirle al juez Garzón, haciéndolo
símbolo de la situación española, que mire hacia atrás y que acuse a ex jefes del
franquismo. Porque aceptar que Suárez calzara la casaca democrática no fue una farsa: el
referéndum ratificó una Constitución realmente democrática, el rey frenó al golpismo,
la derecha se civilizó, perdió privilegios y aceptó la plena vigencia de reglas
democráticas inobjetables. En España, entonces o ahora, revolver el pasado no sería
sino una provocación y un paso atrás.
¿Y qué de Chile? Chile no es España. La Constitución chilena es la que hizo e impuso
Pinochet. Sus posibilidades de reforma por la vía legal son remotas. Los senadores
designados y vitalicios son un anacronismo inadmisible. El Congreso no es soberano. Las
fuerzas armadas no están bajo la autoridad del poder electivo. Y pese a que la
Concertación aceptó confrontar dentro de esta legalidad menguada, y pese a que el
gobierno de la Concertación desde 1990 ha sido ejemplar, tolerante y racional, la derecha
pinochetista no ha pospuesto su soberbia ni aceptado siquiera abrir el camino de la
democratización real.
Esa diferencia sustancial no puede omitirse al analizar las causas de la detención de
Pinochet. El propio Pinochet eligió no ser pasado, sino presente, ángel guardián que
deambula significando que nada ha cambiado y, sobre todo, que nada cambiará. La derecha
lo ha hecho su ídolo porque su pretensión es la misma. Porque Pinochet es criatura de
esa derecha que hoy se arrodilla para adorarlo porque no tiene capacidad para defender sus
valores e intereses con los instrumentos aceptables en una democracia moderna. De tal
modo, al congelar el pasado como presente, en Chile el pasado no es ni puede ser el objeto
de la valoración histórica y, con ello, las heridas se pueden seguir abriendo.
Por eso el caso Pinochet, bienvenido o no, no es seguro que exprese la actual cuestión
nacional, esto es, el desafío de la autodeterminación en el marco de la globalización.
Más bien se intuye que esta anacrónica exhibición sin rubor del pasado como presente
parece haber sobrepasado la capacidad de tolerancia de la media de la conciencia
ético-política actual. Así, la detención de Pinochet más que una provocación a la
transición chilena, para muchos aparece como una ayuda necesaria para que haya
transición chilena, para que los chilenos entierren el pasado. El tupé mostrado por
Pinochet al pavonearse en el mundo como si fuera en casa, ha pasado los límites.
El que provoca, en algún lado encuentra la respuesta.
* Ex subsecretario de Asuntos Latinoamericanos durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
EL CASO DE DOS CHILENOS
“DESAPARECIDOS” POR EL EJERCITO ARGENTINO EN 1981
El Cóndor, otra extraterritorialidad
Por Lila Pastoriza
Diecisiete años después
de que la Gendarmería argentina los detuviera al intentar regresar a Chile, se supo que
dos militantes chilenos desaparecidos a comienzos de 1981 fueron llevados a Campo de Mayo
por un grupo operativo del Ejército que los “interrogó” durante varios días
antes de entregarlos a la seguridad chilena. Alejandro Campos Cifuentes y Luis Quinchavil
Suárez, cuyos casos figuran en la presentación en que el juez Baltasar Garzón pide la
extradición de Augusto Pinochet, no fueron, como se suponía, entregados inmediatamente a
Chile. Antes –y según el rompecabezas que logró rearmar Página/12– represores
del Batallón de Inteligencia 601 se apropiaron de ellos a fin de extraerles información.
Era cuando en aras de la “guerra contra la agresión marxista”, los comandos
argentinos hacían punta en la intervención en Centroamérica pergeñada por la dupla
CIA-Reagan.
“Aquí cerquita detuvieron unos chilenos ese verano, iban a cruzar por el paso, pero
enseguida vino la gente de Buenos Aires y se los llevó ... decían que podía tratarse de
espías ...” El comentario que un vecino de Junín de los Andes hiciera hace unos
años quedó perdido entre tantos otros. Aparecieron luego esos datos fraccionados que no
siempre se juntan: informes de la época, investigaciones periodísticas, lo que contaron
el arrepentido X, el pariente de un milico, algún testigo casual, los sobrevivientes ...
Pinochet preso en Londres logró que los pedazos se unieran.
“El 19 de febrero de 1981 fueron detenidos en la frontera chileno-argentina en el
sector de Paimún, José Alejandro CAMPOS CIFUENTES, estudiante de enfermería y Luis
QUINCHAVIL SUAREZ, ex dirigente mapuche, ambos militantes del MIR (Movimiento de Izquierda
Revolucionaria), quienes intentaron regresar a Chile clandestinamente en la denominada
`Operación Retorno’. Habían sido condenados anteriormente por Consejos de Guerra a
penas privativas de libertad que les fueron conmutadas por extrañamiento en 1975 por lo
que tenían prohibición de ingreso al territorio nacional”, dice el juez Garzón, al
citar este caso entre los que corroboran el funcionamiento de “una organización
delictiva internacional creada y liderada por el Sr. Pinochet” y que en esa época,
ya disuelta la DINA, operaba a través de la Central Nacional de Inteligencia (CNI).
Agrega que la “Comisión de Verdad y Reconciliación” llegó a la conclusión de
que los dos militantes “fueron detenidos por gendarmes argentinos en la frontera,
quienes los pusieron a disposición de agentes de seguridad nacionales, en manos de
quienes desaparecieron”.
Campos tenía 30 años y un hijo al ser detenido. Quinchavil, de 42, fue dirigente del
Consejo Comunal Campesino de Cautín. El primero había vivido en Dinamarca, el segundo en
Holanda. Algunos de sus compañeros, que sí lograron cruzar la frontera, instalaron la
guerrilla en la zona precordillerana de Temuco hasta ser exterminados entre julio y
setiembre de ese año. Las gestiones judiciales por los dos desaparecidos nunca tuvieron
respuesta, incluida la efectuada en la Argentina, donde las autoridades negaron su
participación en los hechos.
Luego de ser torturados por la Gendarmería, Campos y Quinchavil fueron llevados a una
quinta (próxima a la guarnición de Campo de Mayo) que dependía del Batallón de
Inteligencia 601. Estaba a cargo del grupo especial comandado por quien se hacía llamar
(Pancho) Villegas, un represor de años que muy probablemente sea el mismo que menciona
Horacio Verbitsky (La última batalla de la Tercera Guerra Mundial, 1984) como uno de los
jefes del Estado Mayor instalado en Honduras cuando la intervención argentina en
Centroamérica. Los miristas permanecieron alrededor de una semana en la quinta, donde
fueron continuamente interrogados bajo tortura, en particular sobre sus contactos
internacionales. “Allí había pocos detenidos ... A ellos se los llevaron en un
avión para entregarlos a Chile porque, dijeron, ése era el acuerdo ...”
La presencia de dos chilenos en poder de este grupo se reitera en distintos relatos, entre
ellos en el testimonio de Silvia Tolchinsky. La acción conjunta chileno-argentina tuvo
estos “deslices” en la disputa por la información. Justificativos no faltaban.
Tocando ya su fin la “lucha antisubversiva” autóctona y cada vez más aceitada
la relación con Estados Unidos de Ronald Reagan, la Inteligencia militar argentina se
metía de lleno a instrumentar las operaciones que contra “la intromisión
rusocubana-nicaragüense” prioritaba la política norteamericana. Según Verbitsky,
hacia fines de 1980, unos 50 oficiales centroamericanos eran entrenados en instalaciones
del Batallón 601, y otros 20 ex guardias somocistas lo harían meses después. Luego de
ese curso básico, “refrescaban conocimientos y recibían misiones específicas en la
Quinta Escuela que los argentinos regenteaban en Tegucigalpa”, precisa.
En febrero de 1981 el jefe del Batallón de Inteligencia 601 (que dependía de la Jefatura
II –Inteligencia– del Comando en Jefe del Ejército) era el coronel Jorge
Alberto Muzzio. Al frente del Comando de Institutos Militares (Campo de Mayo) estaba el
general Reinaldo Bignone. Por la quinta donde el grupo torturó a los chilenos y por otras
similares, pasaron Lorenzo Viñas, Antonio Lepere, el cura Jorge Adur, Silvia Tolchinsky,
Héctor Archetti y otros prisioneros, la mayoría desaparecidos. Muy cerca, en las
instalaciones de Campo de Mayo permanecieron vivos durante más de un año alrededor de 40
dirigentes montoneros, entre ellos María Antonia Berger, Daniel Tolchinsky y su mujer,
Adriana Lesgart, Horacio Campiglia y familiares de la señora Molfino, asesinada en
España. Todos ellos fueron muertos hacia fines de 1980.
Inmunidad o humanidad,
el dilema de los Lores
Por Ernesto Ekaizer desde Londres
 Tres
magistrados-Lores, sobre cinco, han puesto de relieve el carácter de crímenes contra la
humanidad de los hechos de los que se acusa a Pinochet, en el curso de las seis sesiones
que ha durado la vista de apelación contra el estatuto de inmunidad soberana del
general-senador Augusto Pinochet, y han señalado los convenios internacionales suscriptos
por el Reino Unido (genocidio, tortura, toma de rehenes, y otros) que son fundamento de lo
que en la jerga jurídica se llama la “jurisdicción universal”, esto es,
delitos perseguibles en cualquier país, más allá de su comisión, en este caso en
Chile. El fallo será anunciado con toda probabilidad la semana próxima.
Aunque todo podía llevar a pensar que los magistrados de la Cámara de los Lores sólo
abordarían el tema de la inmunidad del ex dictador, las sesiones se deslizaron poco a
poco hacia la misma problemática jurídica que tuvieron necesidad de estudiar los once
magistrados de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española el pasado 5 de
noviembre. Esto es, si los delitos imputados a Pinochet configuran los tipos penales de
genocidio y, en caso de ser así, si procede considerarlos como delitos de protección
universal y por tanto de jurisdicción universal. Este examen es inevitable toda vez que
las leyes internas del Reino Unido conceden la inmunidad a los jefes de Estado y ex jefes
respecto de actos públicos realizados durante su gestión y los ampara frente a
procedimientos civiles y criminales. La defensa de Pinochet esgrimió este argumento en la
High Court of Justice (alto tribunal de justicia) y ganó el primer “round”.
En las sesiones, uno de los magistrados, Lord Steyn, de origen sudafricano, ha puesto el
acento, tanto en sus preguntas como en sus afirmaciones, en los temas de genocidio:
asesinatos, torturas, desaparición de personas, represión de judíos. La idea es si un
estatuto de inmunidad de actos de Estado puede amparar esas actividades. La respuesta de
la defensa siempre fue que se trataba de actos oficiales.
Otro magistrado, Lord Hoffmann, también hizo hincapié en el tipo de crímenes que se
imputan a Pinochet y se ha preguntado por qué razón no entregar a la Justicia a un ex
jefe de Estado que ha podido cometer este tipo de actos. Un tercero, Lord Nicholls, ha
insistido también en los convenios internacionales firmados por el Reino Unido, en
especial el de la tortura, que no impide formalmente perseguir en la jurisdicción inglesa
a un ex jefe de Estado que la haya utilizado allí donde fuere.
El presidente del tribunal, Lord Slynn, ha intervenido activamente. Muchas de sus
preguntas ha sido dirigidas a conocer la experiencia internacional en materia de inmunidad
y ha puesto no pocas veces en aprieto a la defensa de Pinochet. Con todo, sería exagerado
tomar al pie de la letra las palabras de los magistrados. Los jueces son conscientes, como
dijo Lord Slynn al finalizar la vista el pasado jueves, de que tienen ante sí una tarea
“importante y muy difícil”.
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