 En una larga tira
de reclamos acumulados a lo largo de todo el continente, la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP) afirmó ayer que a casi dos años del asesinato del fotógrafo José Luis
Cabezas "no ha ocurrido ningún avance en la investigación" judicial. Además,
dentro del panorama anual en el país destacó el elevado número de querellas iniciadas
contra periodistas junto a dos de las sentencias contra la libertad de prensa producidas
durante este año. Los asesinatos y amenazas a periodistas,
iniciativas legislativas y sentencias judiciales que buscan restringir la libertad de
expresión, y la impunidad para los autores de los crímenes marcaron el resumen de los
informes realizados en los 24 países que integran la SIP presentado ayer en la 54ª
asamblea de la organización que se lleva a cabo en Punta del Este. La síntesis fue dada
a conocer por el coordinador general de la comisión de Libertad de Prensa e Información
de la SIP, Carlos Molina.
Al tocar el caso argentino, Molina subrayó especialmente, aunque sin
dar nombres, el caso que otorgó "derecho a réplica a una persona en un caso contra
un grupo periodístico" y también "una sentencia de prisión a un director de
revista tras una demanda por difamación interpuesta por un influyente senador", por
el caso del senador Menem contra Humor.
Luego, los representantes de la Asociación de Entidades Periodísticas
(ADEPA), Eduardo Romero y Luis Etchevehere, advirtieron ante la SIP que la prensa
argentina "se ve continuamente atacada desde diferentes flancos" y recordaron el
crimen de Cabezas y el avanzado proyecto legislativo para prohibir las cámaras ocultas.
En la reunión, ADEPA puso en evidencia que la libertad de prensa "es presionada y
atacada" en la Argentina. También pusieron énfasis en la "actitud vacilante,
visión pendular y poco transparente de la Justicia argentina respecto de la prensa".
Pero el argentino no es el único caso de Latinoamérica en el que la libertad de
expresión está amenazada. Según detalló el informe de la SIP, en Brasil aún permanece
sin resolución el asesinato de ocho periodistas. También se plantearon amenazas, asaltos
y casos judiciales contra varios trabajadores de prensa. Sin dudas, Colombia es uno de los
países latinoamericanos que más problemas ha venido arrastrando. En los últimos seis
meses, nada más, han sido asesinados ocho periodistas. Otros ocho fueron secuestrados --y
luego liberados-- por la guerrilla. También en México cuatro periodistas fueron
asesinados en los últimos sesenta días.
EL DUELO |
EL DUELO enfrenta a
dos políticos que se intercambian el rol de entrevistador y entrevistado sobre un tema de
actualidad. Hoy, los legisladores Jorge Argüello (partido Porteño) y Raúl Puy (Frepaso)
cruzan espadas sobre cuestiones que involucran a la policía. |
| Pregunta: Raúl Puy
Responde: Jorge Argüello
1) Frente a hechos de corrupción que tomaron estado público, se
produjo una depuración en la Policía Federal que
recuerda lo acontecido con la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Según su
opinión, cuál es el motivo de la pasividad del Ejecutivo nacional, que sólo actuó a
partir de las denuncias de los fiscales?
La reciente depuración no forma parte, como en la provincia de Buenos
Aires, de una toma de conciencia y una decisión política del Gobierno sino de presiones
externas de los fiscales y de la prensa.
2) ¿Considera que los diputados nacionales del PJ por la Capital en
1995, cuando se votó la Ley Cafiero, que le negó el traspaso de la policía a la Ciudad,
deberían haber actuado con mayor énfasis frente a sus pares para evitar el cercenamiento
de la autonomía?
Fui el miembro informante de la Cámara en oposición a la Ley Cafiero.
Nuestra postura fue compartida por la UCR, el Frepaso, y la totalidad de los diputados del
PJ Capital.
3) ¿Cual es su posición frente a la "dualidad" de la
Policía Federal que sostuvo no poder actuar por el código de convivencia, mientras
reprimió salvajemente en los llamados "escraches" de la agrupación H.I.J.O.S.
y en ocasión de la entrega del petitorio de las víctimas del atentado a la AMIA en el
domicilio del ministro Corach?
La dualidad existe porque la policía perdió poder con la caída de
los edictos y yo lo denuncié permanentemente. Esto no exime a la Alianza de la
responsabilidad de haber sancionado un código carente de sentido común y que lejos de
mejorar la calidad de la convivencia urbana, en muchos casos la deterioró.
4) ¿Cree que aumentaría la seguridad de la población aplicando
mano dura y reduciendo la edad de imputabilidad de los menores, tal como proponen el
diputado Pierri y el ministro de Justicia, Granillo Ocampo?
La mano dura como solución no sirve. Creo que sí hay que ser duro con
el delito, pero duro aún más con las causas del delito, que son la desocupación y la
exclusión. La mejor herramienta de lucha contra el delito es la política social.
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| Pregunta: Jorge Argüello
Responde: Diputado Raúl Puy
 1) ¿La Legislatura de la Ciudad no pudo, en
un año, lograr que 60 legisladores voten la ley de regulación para la policía privada.
¿Tendría un eventual presidente/a de la Alianza capacidad de gestión y conducción
sobre un organismo como la Policía Federal?
La junta de seguridad aprobó el despacho de comisión de la ley de
agencias de seguridad privada. El expediente está en la Comisión de Desarrollo
Económico y Políticas de Empleo, para ser tratado la semana próxima. Más allá de los
tiempos legislativos, de lo que no hay dudas es de la incapacidad del Gobierno Federal
para la conducción de la Policía Federal.
2) ¿Qué responsabilidad le cabe a la Alianza en materia de
inseguridad ciudadana, dado el incumplimiento del artículo 35 de la Constitución de la
Ciudad, que ordena desde hace más de dos años la creación del Consejo de Seguridad y
Prevención del Delito?
El Consejo de Seguridad y Prevención del Delito fue creado por decreto
del Poder Ejecutivo Nº 1640/97. Pretender que la inseguridad responde a la existencia o
no de este Consejo, cuando aún no fue transferida la Policía, es subestimar la
inteligencia de la gente.
3) ¿Cuál es su percepción personal y política sobre la política
social del gobierno aliancista en la ciudad para mitigar las causas estructurales del
delito, como la desocupación y la miseria?
La desocupación y la miseria son consecuencias directas de la
política socioeconómica implementada desde el gobierno central y que permanece desde
hace una década en manos del Partido Justicialista.
4) Bajo el Código que la Alianza, la policía está impedida de
detener el comercio del sexo. ¿Significa esto que usted estaría entonces cómodo con
vivir con su familia en una cuadra donde se practica dicho comercio?
El encabezamiento de la pregunta da cuenta de una posición
peligrosamente autoritaria y encierra una falacia. Con la sanción del artículo 71 del
Código Contravencional, el fiscal acude cuando se ve alterada la tranquilidad pública,
con motivo del ejercicio de la prostitución, garantizando de esta manera los derechos
individuales de las minorías que eran avasalladas por los antiguos edictos policiales y
resolviendo al mismo tiempo la situación de los vecinos.
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