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 Ocho meses
después de las inundaciones en el Litoral, los damnificados siguen con el agua al cuello.
Según la denuncia de un diputado correntino, no se cumple la ley que estableció un fondo
de 500 millones para ayudarlos. El defensor del Pueblo está por presentar un tercer
pedido de informes al Ejecutivo, ante la falta de respuesta a los anteriores. Los
pequeños productores correntinos estuvieron a punto de hacer un corte de ruta la semana
pasada, y advierten que están dispuestos a ir “hasta las últimas
consecuencias”. La hermana Martha Pelloni, desde Goya, denuncia que en los campos se
está bebiendo agua contaminada y que los agricultores carecen de recursos para trabajar.
Ante los reclamos, el jefe de gabinete, Jorge Rodríguez, quien centraliza la acción del
Gobierno en este tema, se limitó a prometer “una respuesta oficial para los
próximos días”.El diputado Luis Díaz Colodrero, del Partido Liberal de Corrientes, dijo a este diario que “no se constituyó el fondo de 500 millones de pesos para los inundados, establecido por la Ley 24.959”. Esa normativa –en vigencia desde el 29 de mayo, con sanción unánime de diputados y senadores– dispuso esa ayuda para los habitantes de las seis provincias del Litoral y la del Chubut. “Desde que la Ley se sancionó, empezamos un larguísimo peregrinaje –dijo a este diario–: nadie respondía, nadie me informaba. Finalmente el 28 de octubre, en el Congreso, le pregunté a Jorge Rodríguez (jefe de gabinete) y ese bárbaro (sic) me dijo que la ley fue derogada por un decreto de necesidad y urgencia: ¿cómo van a derogar una ley nacional por decreto? Si el presidente no la vetó, tiene que cumplirla. Claro que ese decreto no aparece por ninguna parte.” Según Díaz Colodrero, “el Poder Ejecutivo no quiere que el Congreso controle la administración de ese dinero: el presidente Menem anunció un crédito del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) que hubiera correspondido a este fondo, pero lo están manejando a su arbitrio. Palito (Ramón) Ortega, el secretario de Desarrollo Social, trata de conformar a los damnificados relocalizándolos en casas precarias, que sólo alcanzan para unos pocos. Ahora, después de 5 meses, empiezan a aparecer créditos que en Corrientes son de 563 pesos, en promedio, para cada productor, es una burla”. Fuentes de la Defensoría del Pueblo confirmaron a este diario que Jorge Maiorano presentó dos pedidos de informes al Ministerio del Interior: como no hubo respuesta satisfactoria, está en preparación un tercer pedido, que se remitirá entre hoy y el lunes. De no haber respuesta adecuada, el ombudsman enviará las actuaciones al Congreso y al procurador general de la Nación. José Luis Lamanna, vocero de Jorge Rodríguez, se limitó a responder a este diario que “en los próximos días daremos a conocer una respuesta oficial”. En abril pasado, Rodríguez se trasladó junto con Ramón Ortega a la zona inundada para “tener contacto con la gente”. Desde una de las áreas de gobierno más involucradas, el subsecretario de Desarrollo Social, Santiago de Estrada, afirmó que “sin duda se invirtieron ya mucho más de 500 millones: sólo esta Secretaría lleva invertidos más de cien: tenemos en ejecución casi veinte mil soluciones habitacionales, que incluyen reparaciones y viviendas. En cuanto a la aplicación de la Ley 24.959, es tema del jefe de gabinete”. Desde Goya, la hermana Martha Pelloni, que dirige una fundación de ayuda a los inundados, sostuvo que “lo que dice Díaz Colodrero es verdad: la ayuda no se cumplió. Los pequeños y medianos productores no tienen créditos: no pueden purificar el agua de los pozos, que sigue contaminada después de la inundación, ni comprar los insumos para cultivar. Por eso estuvieron a punto de hacer un corte de caminos el sábado pasado”. Uno de esos pequeños productores, Ernesto Verón, confirmó que “el 14 estaba todo preparado para una concentración, que se postergó a raíz de una nueva promesa del gobierno correntino. El productor arrocero no pudo empezar a cultivar, y si alguno sembró no tiene créditos para regar elarroz. Para los horticultores llega el tiempo de preparar el tomate y el pimiento para conserva pero no tienen créditos para hacerlo. Nosotros estamos dispuestos a reclamar hasta las últimas consecuencias”.
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