Por Sergio Moreno
 La ley de Defensa
Nacional prohíbe expresamente a las Fuerzas Armadas realizar tareas de inteligencia
interior. No obstante, Página/12 tuvo acceso a documentación que prueba que, al menos en
dos oportunidades, los servicios de la Fuerza Aérea espiaron a sus conciudadanos. El
movimiento de Mujeres en Lucha fue víctima de uno de esos seguimientos ilegales, en marzo
de 1997. Otro caso de espionaje interno operado por los servicios de la Fuerza Aérea fue
el que realizaron en setiembre de 1997 a diez periodistas de medios gráficos debido a que
“elaboraron artículos periodísticos... donde se realizaban críticas a la seguridad
aeroportuaria y/o a las privatizaciones a llevarse a cabo”, según reza en la
documentación. Los dos operativos fueron ordenados por el Departamento III de la Jefatura
II (Inteligencia) de la Fuerza Aérea, a cargo –por entonces y en la actualidad–
del comodoro Jorge Alberto López.
La Ley de Defensa Nacional fue sancionada en 1988. En ella, los legisladores dispusieron
un terminante veto a las Fuerza Armadas a espiar a los argentinos –esto es, realizar
tareas o seguimientos de inteligencia interior–. Todavía fresca la experiencia del
terrorismo de Estado, fue ésa la primera vez que radicales y peronistas acordaron una
posición común como “política de Estado”.
En el mundillo de la inteligencia nacional (SIDE, Fuerzas Armadas, las respectivas
comisiones del Parlamento), sin embargo, es un secreto a voces que los militares no hacen
demasiado caso a la ley y que las instituciones encargadas de hacer cumplir la norma
(Gobierno, Congreso y las propias Fuerzas Armadas) no son precisamente rigurosas a la hora
de hacer cumplir la ley. Uno de los motivos de esa “vista gorda” es la
inexistencia de elementos probatorios que comprueben el accionar ilegal.
El parte
Página/12 tuvo acceso a dos partes de inteligencia elaborados por el Departamento III de
la Jefatura II (Inteligencia) de la Fuerza Aérea Argentina, claramente violatorios de las
disposiciones legales vigentes. Uno de ellos, fechado el 9 de marzo de 1997, es un
detallado informe “estrictamente secreto y confidencial” –según reza en el
cabezal de la página– donde se relata el seguimiento que efectuaron los aviadores
espías a miembros del Movimiento de Mujeres en Lucha (MML). Ese día se celebraba el Día
Internacional de la Mujer y el MML realizó una serie de actos y protestas en el centro de
la Capital Federal.
El parte está dirigido “Para conocimiento de Jefe II-Inteligencia” y su
redacción es, cuando menos curiosa. El texto trata de reproducir las peticiones de las
Mujeres y sus consignas, por lo que, cuenta, la primera manifestación “se hizo a las
12 hs. frente a Tribunales, contra la falta de compromiso de los jueces en el cumplimiento
de las leyes, como ‘obtener el aborto legal en caso de embarazo resultado de
violación. Denunciar a los jueces que apliquen su criterio personal y no la ley, llegar
al juicio político si fuere necesario. Denunciar a los médicos u hospitales que se
nieguen a hacer el aborto terapéutico y a los jueces que lo nieguen. Exigir la ligadura
de trompas, cuando la mujer así lo decida en un hospital público. Plantear el recurso de
amparo a la salud que establece la Constitución y los convenios internacionales frente a
estos casos’”.
El relato de los espías aeronáuticos sigue con las actividades que las mujeres
desarrollaron ese día: encuentro con el Movimiento de Mujeres Agropecuarias –una ONG
que se opone a los desalojos de tierras y defiende a los campesinos–, y Amas de Casa
del País, protestas frente al Banco Nación y marcha hacia el Congreso (ver facsímil).
El otro documento al que tuvo acceso Página/12 fue la Orden de Pedido de Información
(OPI), número 057/97 sobre diez periodistas de diarios nacionales. La orden tiene como
destinataria a la Regional de Inteligencia Capital y lleva el sello de la Jefatura de
Inteligencia de la fuerza, a cargo del brigadier Vanden Van Heusen y del jefe del
Departamento III, comodoro Jorge Alberto López. En el documento se solicitan los
“datos de filiación y antecedentes de todo tipo de los siguientes periodistas:
 Rolando Barbano
Alcadio Oña
Roberto Solans
Carlos Rodríguez
José E. Toyah
Hernán Firpo
Adrián Ventura
Alfredo Vega (luego
tachado)
Sergio Moreno
Dolores Olveira”
Carlos Rodríguez y Sergio Moreno –autor de esta nota– son periodistas de
Página/12. El resto de los profesionales que componen la lista elaborada por los
servicios de la Aeronáutica trabajan en los diarios Clarín, La Nación y El Cronista. En
su OPI, la jefatura III solicita esta información, ya que “los nombrados en diversas
oportunidades elaboraron artículos periodísticos en diarios de la Capital Federal, donde
se realizaban críticas a la seguridad aeroportuaria y/o a las privatizaciones a llevarse
a cabo”.
El contexto
En la época en que se realizó este pedido, un vuelo de Austral había caído en Uruguay
y todos sus pasajeros y tripulantes murieron. Además, las asociaciones de pilotos y
aeronavegantes habían realizado severas críticas a las condiciones de seguridad de los
vuelos y aeropuertos y denunciaron que varios aviones estuvieron a punto de colisionar en
el aire.
Con respecto a las terminales portuarias, en setiembre de 1997, fecha en cual fue
realizada la OPI de Inteligencia de la Fuerza Aérea, el proceso para privatizarlas estaba
en marcha y enfrentaba severos cuestionamientos judiciales que debió definir la Corte
Suprema en uno de los fallos más cuestionados de su historia reciente.
LA INTELIGENCIA SEGUN LA LEY
Militares abstenerse
En su
momento, a principios de 1988, el debate central por la aprobación de la Ley de Defensa
giró en torno a si las Fuerzas Armadas debían o no realizar tareas de inteligencia
interna. El tema no era para nada menor. Las revelaciones de lo realizado por la
represión durante la dictadura todavía ponían la piel de gallina y la opinión
generalizada era que había que evitar que los militares tuvieran facultades para
investigar a los civiles. Tanto que el proyecto fue uno de los primeros de la democracia
en tratarse a nivel de política de Estado, es decir, más allá de las diferencias
partidarias, y terminó siendo aprobado con el voto conjunto de radicales y peronistas.
Las preocupaciones quedaron expresadas en el artículo 19 de la ley, que no da lugar para
segundas interpretaciones. Allí textualmente se establece que “las cuestiones
relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso
hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares”.
Además, en el mismo artículo quedó claramente definida la subordinación militar al
poder civil en el área. “El Ministerio de Defensa impartirá y controlará las
directivas a los efectos que los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas
produzcan inteligencia estratégica militar y se la eleven”, aclara. Y recién
entonces “el Ministerio de Defensa hará conocer esta inteligencia al Estado Mayor
Conjunto para la realización del planeamiento militar conjunto”.
No fue fácil llegar a un consenso. Por un lado existía el convencimiento de que había
que negarles a los militares la posibilidad de realizar espionaje interno, pero los
uniformados advertían que se podía colocar al país a un estado de indefensión si se
les quitaban los medios para investigar. Miguel Angel Toma, por entonces un joven diputado
opositor especializado en temas de seguridad, aseguraba que con el acuerdo alcanzado entre
peronistas y radicales con la nueva Ley de Defensa se había desterrado del país “la
doctrina de seguridad nacional” que guió el comportamiento de las dictaduras
militares.
Hasta entonces, hacía 40 años que el Parlamento no debatía el tema. Desde que en 1948
se había sancionado la anterior ley impulsada por Juan Domingo Perón. Luego del golpe
del ‘55, y con las reincorporación que hizo Aramburu de los militares liberales
retirados por Perón, comenzó a surgir el embrión de la seguridad militar. Era la
doctrina que habían aplicado los franceses en su guerra colonial en Argelia y que luego
trasladaron a Vietnam. El objetivo era impedir a cualquier precio que el comunismo
avanzara. La doctrina fue levantada por Onganía en West Point y luego quedó plasmada en
el decreto-ley 16.970 durante su gobierno.
Seineldín dijo sentirse
“traicionado” por Menem
El ex militar reivindicó la
rebelión carapintada y aseguró que el Presidente no cumplió su promesa de formar un
ejército nacional.
Mohamed Alí Seineldín volvió a
ser noticia ayer por sus frases fuertes y teorías polémicas.
Desde su celda de Campo de Mayo, el ex coronel negó tener vinculación con
grupos neonazis. |
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El ex
coronel Mohamed Alí Seineldín retornó a la palestra, aunque más no sea desde su celda
en Campo de Mayo. El ex líder carapintada negó estar arrepentido de la rebelión del 3
de diciembre de 1990 y acusó al presidente Carlos Menem de haberlo traicionado al
“prometerme un ejército nacional integrado a la sociedad”. Además, el ex
militar dijo que luego de esa rebelión quisieron fusilarlo.
“No puedo arrepentirme de algo, sin soberbia y con toda naturalidad, se tienen que
arrepentir los que me mintieron, los que me trajeron y me hicieron trabajar durante dos
años”, afirmó Seineldín, en relación a su regreso de Panamá donde entrenaba a
las tropas del ex dictador Manuel Noriega, quien cumple condena en Estados Unidos por
narcotráfico. “Menem me ha traicionado, en el sentido de que prometió hacer un
ejército nacional e insertarlo en el gobierno nacional y no cumplió”, agregó el
hombre que condujo la rebelión carapintada en Villa Martelli en 1988.
“Menem me llamó después del fracaso de Semana Santa y Monte Caseros –en
1987–”, dijo Seineldín tras contar con “un documento firmado por Menem,
con las características que iba a tener la institución militar”.
En referencia a las muertes ocurridas durante la rebelión de 1990, Seineldín dijo que
“me duelen porque ese dolor no puede desaparecer nunca, pero tienen que arrepentirse
los del otro lado, que me empujaron al levantamiento para provocar mi fusilamiento”.
“La orden de fusilamiento emanó del gobierno de los Estados Unidos con el objetivo
de borrar cualquier indicio patriótico y lo paró el doctor Arturo Frondizi hablándole
al papa Juan Pablo II”, fue la llamativa denuncia Seineldín.
Sobre la candidatura a gobernador bonaerense del ex capitán carapintada Gustavo Breide
Obeid, lanzada por el Partido Popular por la Reconstrucción (PPR), Seineldín dijo que
“no estoy dedicado a la política pero hay un grupo de personas bastante grande que
se ha aglutinado para tratar de restaurar un partido nacional”. Entre esa línea de
sectores ultraderechistas, Seineldín incluyó al Movimiento por la Identidad Nacional y
la Integración Iberoamericana y al Frente Nacional y Popular, aunque reiteró que
“tienen autonomía propia y solamente soy utilizado como un punto de referencia, pero
no delego absolutamente a nadie ni intervengo en esos agrupamientos”.
Consultado sobre la reivindicación de los principios carapintadas que hicieron
nacionalistas y neonazis en la Librería Marista el jueves pasado, Seineldín dijo conocer
la ubicación de la librería pero negó tener vinculación con “nacionalismos
extranjeros”, como calificó a los neonazis.
En este punto, Seineldín trazó una curiosa línea de origen de los grupos neonazis en la
Argentina. “Los ingleses trajeron al país, después de la Segunda Guerra Mundial, a
grupos proalemanes, proitalianos y franquistas para romper y provocar confusión cada vez
que alguien habla de su patria y le pone epítetos.” Pero luego se refirió a la
relación de su figura con los grupos neonazis como “el abuelo de la casa que está
presente y rige la vida espiritual. Solamente me adhiero a la doctrina nacional y
cristiana”.
Seineldín guardó sus últimas frases para el titular del Ejército, general Martín
Balza, al que acusó de “entregar a las Fuerzas Armadas al nuevo orden internacional.
No se puede obedecer ciegamente, alguien le tiene que decir: ‘Mire señor, está
equivocado’”.
CORACH INAUGURA LA CONFERENCIA
Debate sobre terrorismo
Funcionarios de todos los países integrantes de la Organización de Estados Americanos
(OEA) y observadores de países como Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña Egipto, Italia
y Túnez participarán desde hoy en la Segunda Conferencia sobre Terrorismo. La idea de
los representantes de estos países es acordar la puesta en marcha de un centro de datos
sobre terrorismo internacional y la creación de un Comité Interamericano de Lucha contra
el Terrorismo.
El ministro del Interior, Carlos Corach, inaugurará la Conferencia que, según sus
palabras, es el resultado “de una ofensiva continental encarada por Argentina, para
conseguir que se generen en el ámbito de la región nuevas herramientas multilaterales
para enfrentar la amenaza del terrorismo internacional”. El subsecretario de Lucha
contra el Terrorismo del Departamento de Estado norteamericano, Christopher Ross, también
asistirá a las deliberaciones.
Corach aclaró que “cuando se habla de terrorismo no se está hablando de movimientos
insurgentes nacionales o guerrillas ni de conflictos políticos nacionales o sociales,
sino de actos de terrorismo generados por organizaciones extracontinentales, como fue el
atentado a la AMIA o a la embajada de Israel en Buenos Aires”.
El ministro descartó un acuerdo para conformar una fuerza de intervención multinacional,
aunque admitió que la situación de la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil
será parte del temario. Las deliberaciones serán clausuradas mañana por el presidente
Carlos Menem.
| Falsa alarma en Clarín Una
amenaza anónima de bomba, que luego se comprobó que era falsa, provocó ayer el desalojo
del edificio donde funcionan el diario Clarín y el matutino deportivo Olé. El incidente
fue rápidamente repudiado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
(ADEPA).
Los miembros de la Mesa de Noticias de Clarín recibieron el llamado anónimo a las 17 y
tras comunicarlo a las autoridades de la empresa se resolvió desalojar el edificio
ubicado en las calle Tacuarí. Periodistas, fotógrafos, diagramadores y otros
trabajadores que estaban cumpliendo sus tareas en las ediciones de Clarín y Olé debieron
permanecer por más de cuatro horas en las inmediaciones de la planta (foto).
Efectivos de la brigada de explosivos de la Policía Federal realizaron un exhaustiva
revisión, en la que participaron perros entrenados especialmente para estas
circunstancias.
Trabajadores de los dos diarios señalaron que “la policía tardó demasiado en
llegar a la redacción, lo que podría haber provocado una tragedia si la amenaza no
hubiera sido falsa”.
En un comunicado firmado por su titular, Guillermo Ignacio, ADEPA señaló que “una
vez más, los personeros de la violencia se adueñan de una de las más cobardes formas de
agresión: la amenaza anónima de colocación de una bomba contra una entidad
periodística y la gente que trabaja”. |
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