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Por Mariana Carabajal Todos los
hospitales porteños deberán informar si en sus servicios realizan o no los abortos no
punibles que prevé el Código Penal. La encuesta será realizada por la Defensoría del
Pueblo, a raíz de la polémica que despertó el caso --revelado por Página/12--
de una joven discapacitada mental, a quien se le obstaculizó en la justicia y el Hospital
Santojanni la posibilidad de abortar, aunque la gestación era producto de una violación
y su interrupción no está penada por la ley.Además, la Defensoría solicitará a distintas cátedras de Derecho de la UBA su opinión sobre cómo resolver el virtual vacío legal que reveló el caso, a fin de elaborar una normativa que asegure esta prestación gratuita. "Queremos saber cuántas veces se rechazan casos similares en los hospitales para hacer una normativa que impida que vuelva a suceder lo mismo. Con los dictámenes de las cátedras de Derecho vamos a analizar si es conveniente un decreto, una ley o una reglamentación. La idea es elaborar una norma que asegure a los médicos que no van a ser enjuiciados", anunció a este diario la ombudsman, Alicia Oliveira. La decisión de investigar cómo actúan los hospitales de la ciudad de Buenos Aires fue tomada por la funcionaria luego de que Página/12 reveló la negativa del juez porteño Roberto Enrique Muratore --interinamente a cargo del juzgado de instrucción Nº 9-- de otorgar la autorización para abortar a Z.P., quien tiene 18 años pero una edad mental de 10 y medio cuerpo virtualmente paralizado. Y sin ese permiso legal, en el Hospital Santojanni se rehusaron a practicarle la operación, aunque el caso reunía las condiciones en las que el aborto no es punible de acuerdo al Código Penal. "El problema principal que reveló este caso testigo es el fracaso del patrocinio jurídico de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño usó un abogado para rechazar el pedido planteado por la madre de la joven y no para resolver la situación. Literalmente, la expulsaron a la chica", cuestionó el asesor legal de la Defensoría, Sergio Delgado. El abogado del Santojanni, Héctor Méndez, fue quien atendió a la madre de la joven embarazada y le informó que sin la orden judicial no podían practicarle la operación. Tres días después de conocerse el caso, el miércoles último una comisión de la Defensoría del Pueblo visitó el hospital para pedirle explicaciones al director del hospital, Alberto Eurnekian, por las trabas que puso Méndez para impedir que allí se le practicara la intervención quirúrgica. "Casualmente Eurnekian estaba de vacaciones. Nos recibió el director asociado junto con los jefes de Obstetricia y Ginecología. No compartimos los argumentos esbozados porque creemos que no hace falta una orden judicial. En realidad, las condiciones que imponen para practicar los abortos no punibles son de cumplimiento imposible para las víctimas de una violación", señaló Delgado, quien concurrió al hospital acompañado por dos asesores sanitaristas de la Defensoría. La ombudsman actuó de oficio ante la trascendencia del caso. El lunes, dictó una resolución por la cual recomendó al secretario de Salud, Héctor Lombardo, que "instruya a todos los hospitales públicos con servicios de ginecología y obstetricia para que proporcionen los medios materiales y humanos" para realizar los abortos no punibles que pudieran demandar las mujeres o los representantes legales de las víctimas de violaciones o abusos deshonestos contra mujeres incapaces. Asimismo, Oliveira recomendó que se exceptúe a los médicos y demás profesionales que por razones religiosas o de conciencia no deseen suministrar ese servicio. Pero las resoluciones del ombudsman actúan sólo como recomendaciones. Por eso, Oliveira pretende elaborar un proyecto para que sea una ley la que obligue a los hospitales a realizar estar operaciones.
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