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 El barrio La
Bota –unas veinte manzanas en la localidad de Benavídez, partido de Tigre–
tiene casi todas su calles de tierra, poca iluminación y varios terrenos baldíos. Como
cualquier barrio del conurbano bonaerense, la zona está jaqueada por una seguidilla de
delitos contra la propiedad. La diferencia la pusieron 135 vecinos del lugar, que pidieron
a la Justicia que obligue a las autoridades comunales, provinciales y nacionales a tomar
medidas que garanticen la seguridad de la zona, o en su defecto, se les permita
“portar armas en forma permanente” o convertir la zona en un barrio cerrado.
“Más que una demanda, es un pedido de auxilio”, sintetizó el abogado Juan
Torregrosa Lastra, autor de la presentación. El recurso de amparo fue presentado en agosto ante el juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, pero recién trascendió ayer. Marquevich se declaró incompetente y giró la causa a la Corte Suprema de Justicia, donde se encuentra en estudio. La demanda fue presentada por Lidia Makarevich, con el patrocinio de su esposo, el abogado Juan Carlos Torregrosa Lastra, y la adhesión de otros 134 vecinos. La Bota, un barrio de clase media ubicado en las afueras de Benavídez, casi en el límite con Ingeniero Maschwitz, supo ser una zona de quintas que luego fueron divididas en amplios lotes. “Hay casas desvalijadas y los comerciantes atienden detrás de una reja después de las cinco de la tarde”, se queja Marta Barbera, de la sociedad de fomento del barrio. “La zona es muy insegura. Andan chicos de 14 o 15 años, armados por la calle, que roban bicicletas o ciclomotores. Y la policía no hace nada”, protesta la dirigente barrial, en diálogo con Página/12. Para la gente del barrio, el detonante que los decidió a formular la presentación judicial fue el drama que vivió un vecino, José Tellechea. El hombre circulaba en su auto el sábado 22 de agosto a la noche, con su hija, una adolescente de 15 años, cuando dos jóvenes quisieron asaltarlo. Tellechea quiso escapar y los ladrones le dispararon. Las heridas que recibió lo dejaron hemipléjico. “Estuvo una hora en el medio de la calle, sin atención médica”, relató el abogado Torregrosa Lastra. La demanda judicial está dirigida contra la Municipalidad de Tigre, los ministerios de Gobierno y de Salud de la gobernación bonaerense, y las carteras de Interior y de Salud de la Nación. “Pedimos que se nos garantice la seguridad, que según la Constitución es un derecho que tienen todos los habitantes del país. Y si no lo pueden brindar, que lo digan, y nos autoricen a portar armas o a contratar custodios, y a descontar el costo de los impuestos”, reclamó el abogado. –¿Creen que se van a sentir más seguros si portan armas? –preguntó Página/12 –Sabemos que esa no es la solución, que es un riesgo, porque nadie se preparó para usar un arma de fuego. Pero si no nos dan seguridad, en vez de tomar clases de música, tal vez haya que estudiar tiro o salir con chaleco antibala. Torregrosa adjuntó a la presentación los antecedentes del caso Tellechea pero también otros padecimientos personales. “Me desvalijaron la casa, pero también me asaltaron en mi oficina de la Capital Federal. A mi mujer le robaron la cartera y también nos asaltaron en un restaurante de Ingeniero Maschwitz”, enumeró el abogado. Como las peripecias exceden el ámbito del municipio de Tigre, el demandante incluyó en su denuncia al Ministerio del Interior. “Los asaltos son permanentes. Andas chicos armados y la policía no hace nada. A la gente no le queda más remedio que vivir encerrada”, protesta Marta Barbera. “Si no nos pueden dar seguridad, que nos dejen cerrar el barrio y no pagar los impuestos, para contratar un servicio de vigilancia”, propone. “La policía nos dice que no tienen móviles, o que los móviles no tienen nafta. La Municipalidad respondió con una lista de los servicios y obras que hizo durante el año. El fiscal de Estado de la provincia y elMinisterio del Interior dijeron que el recurso era político. Ahora necesitamos una respuesta coherente”, sentenció el abogado.
Un regreso a oscuras
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