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 Los médicos del
Hospital de Clínicas de San Pablo recurrieron ayer a la fuerza para interrumpir la huelga
de sed iniciada por los ocho militantes izquierdistas --entre ellos cinco chilenos y dos
argentinos-- presos en Brasil desde 1989 y quienes ingresaron ayer en su trigesimonoveno
día de ayuno. En cumplimiento de una decisión judicial, los médicos y enfermeros
ignoraron la resistencia de los ocho presos, y les administraron sedativos y suero con
medicamentos, en una actitud duramente criticada por el portavoz oficioso de los
militantes, Breno Altman: "Esa decisión es más arriesgada para los presos que la
misma huelga de hambre", expresó.Según un boletín divulgado por el Hospital de Clínicas, los ocho militantes, condenados por participar en el secuestro del empresario Abilio Diniz, están ahora bajo efecto de sedativos y su estado es considerado "estable". La decisión de intervenir en el ayuno fue tomada horas después de que los presos, fuertemente debilitados después de 39 días de huelga de hambre, decidieran suspender también el consumo de agua y de medicamentos en el primer minuto de ayer. La "huelga seca" fue iniciada en protesta contra "la indefinición" del presidente Fernando Henrique Cardoso ante la demanda de que expulse del país a los presos extranjeros y conceda indulto a los brasileños. En su primer pronunciamiento sobre el tema, Cardoso pidió ayer a los militantes que suspendan la huelga de hambre, y se manifestó confiado en que el Congreso aprobará en enero los tratados de transferencias de prisioneros con Argentina y Chile, lo que viabilizará el regreso de los extranjeros a sus países. El mandatario pareció descartar la posibilidad de indulto, por lo menos hasta que se conozca la decisión del Congreso sobre los acuerdos. En una sentencia divulgada el martes, el Tribunal de Justicia de San Pablo redujo las condenas de los ocho presos políticos y reconoció su derecho a requerir libertad condicional. Sin embargo, los presos recién podrán requerir ese beneficio a partir de febrero, cuando la decisión del Tribunal de Justicia sea publicada en el diario de la justicia. Su liberación depende además de la autorización del magistrado responsable de la ejecución de los fallos judiciales, quien hasta ahora ha negado todos los beneficios pedidos por los secuestradores del empresario Abilio Diniz, alegando que los militantes podrían aprovechar el beneficio para fugarse del país. Los ocho presos forman parte de un grupo de diez militantes izquierdistas que, en diciembre de 1989, secuestró al empresario Diniz, buscando recaudar fondos para financiar la guerrilla en El Salvador. En tanto, la Cancillería de Chile mandará un enviado especial a Brasil para tratar con las autoridades locales la situación de los cinco presos políticos chilenos en huelga de hambre. La información fue conocida a través de los diputados del Partido Socialista, Juan Bustos y Fanny Pollarolo, quienes sostuvieron una reunión con el canciller subrogante, Mariano Fernández, a quien pidieron que el gobierno tome una actitud más firme en este caso. Mientras tanto, en Montevideo, el llamado "Comité Uruguayo por la Liberación de los Presos Internacionales en Brasil" concretó ayer el primer envío de 400 firmas de ciudadanos que reclaman al presidente brasileño la liberación de los ocho presos. El envío salió ayer de la capital uruguaya y, además de las firmas, contiene una apelación "a la sensibilidad del presidente Cardoso", en su condición de "ex luchador social de la resistencia democrática" y exhortándolo a evitar "un desenlace fatal". Y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) emitió hoy una declaración en la que expresa "su total rechazo al trato que se les ha dado en Brasil a los declarados presos políticos".
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