COMO VIVE UNA NENA VIOLADA A LA QUE LE IMPIDIERON ABORTAR

Cuando todos miran para otro lado

S. tiene 13 años y un leve retraso mental. Está embarazada por una violación y su familia pidió el aborto. Un juez dijo que era legal pero no creyó necesario autorizarlo. Los médicos se negaron. La Iglesia presionó. S. dice que es muy chica, pero ya no tiene alternativa.

  "Soy muy chica para tener un bebé. No quiero tenerlo." S. G. tiene apenas 13 años y un retraso mental que la mantiene anclada en la infancia. Desde hace cinco meses, cuando fue violada camino a su escuela especial en las afueras de la ciudad chubutense de Trelew, siente que su cuerpo esmirriado por la desnutrición, ya no le pertenece. "Soy muy chica ...", expresó, con intensa angustia, frente a la psicóloga del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito local. Pero ni su voz infantil ni el Código Penal, que contempla el aborto en los casos de una mujer débil mental que es vejada, alcanzaron para que se le practicara la operación que reclamaron sus padres --en su nombre-- en el Hospital de Trelew. Una vez más, un juez se negó a ordenar el aborto esgrimiendo que, como no es punible, no es necesaria su autorización. Una vez más, sin ese permiso judicial los médicos se negaron a practicarlo y la intervención activa de la Iglesia Católica le impidió a la niña ejercer ese derecho. No se trata de una historia aislada. En las últimas semanas trascendieron dos casos similares en La Plata y la Capital Federal, todos con un denominador común: la víctima siempre es una mujer pobre.

"Ella todavía está esperanzada en que no lo va a tener", dice con un nudo en la garganta Carlos G., padre de la niña violada. Tiene 42 años y es changarín. A duras penas llegan a fin de mes, con sus entradas intermitentes y los pesos que su esposa, María Eva, de 43, suma planchando ropa ajena. Viven con sus cuatro hijos (de los cuales S. es la mayor) en una casita sencilla del barrio Santa Mónica, en las afueras de Trelew. "Pedí el aborto en el Hospital de Trelew porque soy de condición humilde. Si pudiera pagarlo seguramente el final de la historia sería otro. Algunos médicos me dijeron que en privado lo podían hacer (al aborto) pero que tenía que tener 2000 pesos. Yo buscaba que se lo hicieran en el Hospital para garantizar la salud de mi hija", revela en diálogo con Página/12.

El matrimonio se enteró del embarazo de su hija cuando ya habían pasado casi tres meses de la violación. Los ojos tristes de la niña, su silencio repentino, sus pocas ganas de jugar, algunas náuseas y vómitos y un posterior examen médico en el Hospital Zonal Trelew precipitaron la revelación del abuso sexual sufrido, que ella había tratado de ocultar "por temor a no ser creída, a ser criticada, o estigmatizada socialmente", según precisa el Informe Victimológico del Poder Judicial al que tuvo acceso este diario, firmado por la psicóloga Ana Chávez y la asistente social Silvia Elías, que entrevistaron por primera vez a S. el 2 de noviembre último.

Como ocurrió algunas semanas atrás en el Hospital Santojanni, de Buenos Aires, con una joven discapacitada mental también embarazada a raíz de una violación, en el Hospital de Trelew se negaron a practicar el aborto, solicitado por los padres de S. Los médicos de Chubut apelaron al mismo argumento que sus colegas porteños: no lo harían sin una orden judicial, aunque el artículo 86 inciso 2 del Código Penal despenaliza el aborto practicado "por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta", si el embarazo "proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente".

Mientras corrían los días de gestación, los padres recurrieron a la Justicia patrocinados por el abogado Marcelo López. El 2 de diciembre el juez de instrucción Jorge Pfleger avaló la legalidad del aborto en el caso de S. pero en su resolución aclaró que no le correspondía a él autorizarlo, dado que en esas circunstancias la operación está permitida por el Código Penal. "Si como predican sus padres la niña fue víctima de una violación y por ello está encinta y su situación en tanto cabe en los límites del artículo 86, segundo apartado, párrafo 2 del Código Penal, torna legítimo el aborto y para cumplirlo no necesita autorización, si lo realizan las personas especializadas y autorizadas", opinó el magistrado.

El Sistema Provincial de Salud aceptó la decisión del juez pero declaró que "no está obligado a realizar el aborto si no existen razones de salud". El ministro de Salud y Acción Social de Chubut, Carlos Lorenzo, ordenó entonces una junta médica, que integraron cinco profesionales, entre ellos el jefe de ginecología y obstetricia del Hospital de Trelew, Roberto Brandoni, el primero que se negó a que en ese centro público de salud se concretara la intervención a la niña. La junta evaluó a S. el lunes 22 de diciembre y su principal conclusión fue que "el caso de la niña no se encuadraba en el Código Penal porque no se comprobó que sea débil mental, aunque sí padece un estado avanzado de desnutrición", justificó ante Página/12 el ministro Lorenzo (ver aparte).

El veredicto de la junta médica discrepa con el Informe Victimológico arriba citado, en el que se deja constancia, entre otros aspectos, que la niña: a) padece "un retraso en el desarrollo psicosocial, ligeramente por debajo de lo esperado para su edad y por el que persisten, en la adolescencia, caracteres físicos y mentales propios de la infancia"; b) presenta "inmadurez emocional"; c) "la ocurrencia del hecho sexual abusivo y fundamentalmente la existencia de un embarazo no deseado, intensifican las alteraciones de su personalidad en la esfera cognitiva, afectiva y social, reactivándose por regresión, características correspondientes a etapas anteriores del desarrollo".

Como sucedió en ocasiones similares en las que una mujer de pocos recursos (niña o adulta) embarazada a raíz de una violación recurre a un centro público a ejercer su derecho a realizarse un aborto que no es punible, en este caso también la Iglesia Católica ejerció presión para que el embarazo siguiera adelante, sin importar las circunstancias. El vicario diocesano Gustavo Miatello, de la parroquia San Pedro y San Pablo de Trelew, visitó a la familia y les comunicó que dos familias de Chubut tenían interés en adoptar al bebé que se está gestando.

Tantas idas y vueltas hicieron que el último rechazo que recibió la niña de parte del Sistema Provincial de Salud la encontrara entrando casi en el quinto mes de gestación, cuando la práctica de un aborto comienza a ser cada vez más riesgosa para su vida. Un día antes de la Nochebuena, en el despacho del juez Pfleger se definió el destino de S.: ante la presencia de monseñor Miatello, Carlos G. se comprometió a desistir en reclamar la interrupción forzosa del embarazo de su hija. El ministro Lorenzo, por su parte, prometió a la familia ayuda económica y material para enfrentar la situación: "Todavía el gobierno no nos dio nada", denunció ayer a este diario el padre de la niña. El 13 de mayo es la fecha estimada del parto. A partir de ese día, comenzará a escribirse otra página en la historia de S.

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