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Por Eduardo Videla La
ofensiva se parece cada vez más a la construcción de un nuevo enemigo: el inmigrante
ilegal. Ahora fue el presidente Carlos Menem quien atribuyó la inseguridad a que
"llegan indocumentados de otras partes de nuestro continente, que se organizan en
bandas". Ayer, el director de Migraciones, Hugo Franco, aseguró que "en la
Capital Federal se extranjerizó el delito". Esgrimió datos que atribuyó a la
Policía Federal, según los cuales más del 60 por ciento de los delitos menores son
cometidos por extranjeros. Precisó que la cifra se refiere a "arrebatadores y
ladrones de pasacasetes", entre otros delitos menores. Los datos resultaron
exagerados para la propia Policía Federal: "Estamos elaborando estadísticas pero,
en principio, no lo podemos confirmar", dijo anoche a Página/12 una alta
fuente de la fuerza de seguridad. Según los últimos datos oficiales, la participación
de extranjeros en la comisión de delitos apenas superó el 15 por ciento y, en faltas
leves, no pasó del 24 por ciento.El globo de ensayo contra los inmigrantes se lanzó el domingo, con la divulgación del borrador de un proyecto de ley, que ni siquiera tiene la firma del Presidente y que aún así debe ser tratado por el Congreso. La iniciativa, en rigor, no penaliza a los inmigrantes ilegales sino a quienes les facilitan el ingreso al país mediante engaño y a quienes les dan trabajo o alojamiento. Y propone expulsar del país a los que cometan delitos. El tema se instaló y pareció dar pie a una ofensiva de la Policía Federal contra ciudadanos extranjeros radicados en forma ilegal en la ciudad de Buenos Aires. Los procedimientos se repitieron los tres primeros días de esta semana y el blanco preferido fueron los peruanos. Ayer fueron detenidos 30 extranjeros indocumentados. Tanto el ministro del Interior, Carlos Corach, como el secretario de Seguridad, Miguel Angel Toma, se empeñaron en vincular a los ilegales con el delito. El gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, fue más allá al sostener que al dar trabajo y brindar asistencia "se debe privilegiar a los argentinos". La oposición calificó la cruzada como "xenofóbica y discriminatoria". Menem agregó ayer algo que no está en el proyecto de ley: "Los extranjeros que no estén documentados tendrán que abandonar la Argentina", dijo. El director de Migraciones sacó a relucir su pensamiento al atribuir a los extranjeros la mayor parte de los delitos que se cometen en Capital. Sonó curiosa la afirmación en boca del hombre que no puede controlar el ingreso y egreso de ciudadanos por las fronteras del país: hasta un chico de 12 años burló los controles de Migraciones en el puerto de Buenos Aires, según publicó ayer Página/12, y resulta imposible saber a ciencia cierta cuántos extranjeros cruzan la frontera por día o por mes. "Arriba del 60 por ciento del delito menor en la Capital Federal está hecho por extranjeros", aseguró Franco. "Por extranjeros ilegales", lo corrigió luego el secretario de Población, Aldo Carreras, en diálogo con Página/12. Fuentes del gobierno porteño afirmaron a este diario que la cifra "puede referirse a detenidos, no a delitos cometidos". "Según las estadísticas del Ministerio de Justicia, sólo el 3 por ciento de los autores de delitos son individualizados y condenados, por lo que mal puede hacerse una estadística sobre los autores de los delitos", comentó un funcionario del gobierno porteño. Las mismas estadísticas sostienen que del total de delitos cometidos, sólo se denuncia el 30 por ciento. De ellos, en el 80 por ciento de los casos nunca se sabe quién fue el autor. Las últimas estadísticas de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia revelan que el 16 por ciento de los autores de homicidios son extranjeros, según datos de 1996. Los porcentajes no difieren demasiado cuando se habla de delitos en general: ese mismo año, el 15,29 de los hechos fueron cometidos por extranjeros, según datos que la Policía Federal entregó al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Las cifras trepan al 23,90 por ciento cuando se habla de hurtos cometidos por extranjeros. La mitad de los infractores son peruanos: el 12,09 por ciento. Para Enrique Oteiza, investigador de la UBA, el 60 por ciento divulgado por Franco "es un disparate" (ver aparte). Es que, de ser verídico el dato, la participación de inmigrantes en este tipo de delitos se habría triplicado. "Según los fiscales correccionales, el problema con los inmigrantes ha crecido en los últimos tiempos. Pero si la policía apunta contra los inmigrantes, es probable que el número de extranjeros detenidos sea mayor. En ese caso, la estadística no puede ser confiable", comentó a Página/12 un funcionario del Ministerio de Justicia.
Por Horacio Cecchi  Ayer, después de que el director nacional de Migraciones, Hugo
Franco, afirmara que "el 60 por ciento de los delitos menores en Buenos Aires son
cometidos por extranjeros", los teléfonos del Equipo Pastoral de Paraguayos en la
Argentina comenzó a sonar en forma insistente. Los integrantes de la comunidad estaban
desconcertados, llamaban para preguntar qué hacer, pero en todos los llamados lo que se
trasuntaba era una sola palabra: miedo.
No fueron los únicos. "El inmigrante siempre hace un esfuerzo sobrehumano para ser aceptado por la sociedad. Los bolivianos apenas llegan, con tal de ser aceptados, sacan a sus chiquitos pulcros, las nenas con sus ropitas blancas y cintitas en el pelo. Pero en una villa eso es insólito. Salta a los ojos que son extranjeros y terminan tirándoles piedras", relata el pastor Guido Bello, de la Iglesia Evangélica Metodista. Bello tiene su parroquia en Lomas de Zamora y conoce desde hace años el problema porque su tarea evangélica está dedicada a los inmigrantes, porque vivió en villas y porque pasó por el mismo trance: es chileno. "Dentro de Villa Jardín había una escuela abandonada donde se instalaron 30 familias de bolivianos. Los baños funcionaban mal, empezaron a rebalsar y el agua servida llegó a la calle. Alguien hizo la denuncia y la Municipalidad recomendó: `Reúnan firmas y los echamos'. Conseguimos ayuda de emergencia y se obtuvieron fondos para construir nuevos baños. Se hizo incluso un proyecto para levantar un complejo habitacional que la Municipalidad aceptó. Pero la xenofobia ya estaba instalada. Los argentinos que vivían en la villa quemaron la escuelita." Para los inmigrantes latinoamericanos pasar a la legalidad es algo así como una quimera aunque el oro se lo quede el funcionario. "No más para entrar te piden un montón de plata", dijo a Página/12 una inmigrante de la villa del Bajo Flores. "Te piden 200 pesos para empezar el trámite. Si por milagro te dan una radicación precaria, hay que renovarla cada mes. Sale 10 pesos por mes y si te atrasás un día te cobran 20 pesos más de multa y se te van acumulando. Uno de mis hijos no es argentino, tiene 15 años, y no puede recibir el título de técnico en electricidad ni el de la primaria porque no tiene documentos hasta que yo no los tenga." Certificados de nacimiento y de buena conducta, otorgados en el país de origen y legalizados en el Consulado argentino: 200 pesos. Escribano público: otros 250. Los 200 que pide Migraciones para empezar el trámite. Análisis clínicos: entre 40 y 50, y si salen mal todo lo que se pagó se pierde. Además, una empresa que garantice ante escribano un puesto de trabajo. Por lo bajo, para que el indocumentado deje de serlo necesita entre 700 y mil pesos, según el gestor con el que caiga. Básicamente, se lo empuja a ser ilegal. "`Yo te arreglo todo', te dicen en la puerta de Migraciones y te dan una tarjeta --explica la mujer del Bajo Flores--. Después te enterás de que eran truchos. A la villa vienen a ofrecerlos a mil pesos, pero dicen que son legales. Al año tenés que renovarlo y ahí te enterás de que no hay ningún expediente, y para colmo quedaste marcado." "Tienen miedo de que los echen del país", afirma Paulino Mesa, dirigente de la EPPA. "La policía sabe dónde toman el colectivo para ir al trabajo, cuándo vuelven, y se paran ahí, no para detenerlos. Que haya ilegales le conviene a mucha gente: coimas, mano de obra barata, por eso no entiendo por qué todo este discurso de los dirigentes. A los que llamaban les recomendé calma y que tengan cuidado. Que no salgan de noche, que no vayan a los boliches. Es como vivir en un estado de sitio." Ideas para combatir la nostalgia de la mano dura
Por Fernando Cibeira
Arslanian se reunió el martes con la conducción de la APDH de la que es miembro fundador. Además hizo uso de relaciones personales de larga data para poder organizar un encuentro con el ex presidente Raúl Alfonsín y ayer otro más con Fernández Meijide. Todo su esfuerzo está dirigido a crear una imagen de consenso político alrededor de la reforma del sistema de seguridad en la provincia. "Debemos crear un polo democrático en contraposición con los peligros que plantean sectores nostálgicos que quieren volver", reiteró ayer el ministro, luego de la reunión de casi dos horas que mantuvo con Graciela y el titular de la Cámara de Diputados bonaerense, el frepasista Alejandro Mosquera, en la Casa del Frente. El ministro reconoció que se había incrementado el índice delictivo durante diciembre y que ese mes seguiría en la misma tendencia. "La sensación de inseguridad es alta", admitió. Una semana atrás, Fernández Meijide decía que no quería participar de un encuentro público con Arslanian porque el Frepaso tenía representantes propios en la provincia como, por ejemplo, sus diputados. En realidad, a su alrededor aclaraban que lo que no quería era aparecer compartiendo algún costo por un problema que era responsabilidad de Duhalde. Ayer lo aclaró de entrada. "El tema de la seguridad es un problema de quien está gobernando", dijo. Pero explicó que recibía a Arslanian porque ella también tenía responsabilidades "como diputada y también como candidata a gobernadora". También destacó que como oposición "nunca le esquivamos al bulto" y que por eso habían participado de todos los debates por las leyes de seguridad --una es sobre seguridad privada y la otra sobre delitos en los que se utiliza menores-- que discrepancias dentro del PJ mantienen demoradas en el Senado bonaerense. Así Fernández Meijide encontró un escenario en el que mostrarse en el rol de gobernadora virtual reclamando la necesidad de que se tomen "las políticas de seguridad como políticas de Estado". En el encuentro, Meijide y Mosquera advirtieron a Arslanian sobre el hecho de que busque consensos únicamente cuando las papas queman mientras que jamás se les dio lugar a los órganos desde los que se suponía que la oposición controlaría la marcha de la reforma bonaerense: una comisión bicameral y el Instituto de política criminal. "Sean coherentes", le reclamaron. Arslanian les prometió que lo serían.
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