 “Estos
23 años de lucha inclaudicable son la prueba de que los crímenes de lesa humanidad
cometidos contra un pueblo desde el Estado no prescriben, no se olvidan, ni
perdonan”, leyeron las locutoras ante unas 20 mil personas que participaron ayer en
Plaza de Mayo en el acto convocado por la Comisión por la Memoria, la Verdad y la
Justicia al cumplirse el 23 aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976.
El acto había sido convocado a las 17 horas en Callao y Rivadavia para luego encolumnarse
hacia la Plaza de Mayo donde se realizaría la lectura del documento consensuado por la
Comisión y la actuación de Ignacio Copani, Teresa Parodi, Juan Carlos Baglietto y
Víctor Heredia. Las nubes de tormenta hicieron temer que el acto se frustrara pero
finalmente el agua no llegó. Parodi y Baglietto hicieron llegar su adhesión pero no
pudieron estar presentes.
Desde temprano se escucharon los tambores y redoblantes donde habían comenzado a
concentrarse los distintos agrupamientos de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y
los partidos de izquierda en las esquinas de Callao y Rivadavia. Una mujer que transitaba
la zona, quizás conmocionada por el desorden de los preparativos, entre carteles que se
desmontaban y jóvenes ruidosos, tuvo un breve lapso de locura y empezó a gritar
“¡Blasfemos!”, “¡Herejes!”, “¡Hijos de Satanás!”,
“¡Muertos!”. La mujer, bien vestida, que gritaba en la puerta de El Molino, se
tomaba la sien, con la mirada perdida y no se sabía a quién dirigía sus gritos, pero
asustó a un grupo de muchachos que repartían volantes de un partido de izquierda. Los
pibes, de gesto rebelde, se quedaron helados y prefirieron cruzarse de esquina, en
retirada táctica.
En el marco de un importante dispositivo de seguridad, la marcha comenzó una hora y media
después de cuando había sido convocada. Los organismos de derechos humanos se ubicaron
en la cabeza de la manifestación detrás de un cartel de vereda a vereda que decía:
“Por la Justicia, contra la impunidad, la exclusión y la discriminación”.
Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Familiares de
Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Serpaj, MEDH y miembros de otros
organismos ocuparon la primera línea.
Detrás se encontraban dirigentes de algunos de los partidos que participaron en la marcha
como Patricio Echegaray, del PC, y los legisladores porteños del Frepaso, María Elena
Naddeo y Eduardo Jozami. Sin embargo, la participación del Frepaso y el radicalismo se
convirtió en un eje polémico que se expresó en algunas pancartas y en la decisión de
la agrupación HIJOS, y la mayoría de los partidos de izquierda, de diferenciarse de la
convocatoria. Numerosas pancartas decían “PJ-Alianza, responsables de la
impunidad” o se cantaba la consigna “PJ-Alianza, la impunidad avanza”.
Así, esta polémica tendió a convertirse en el eje del acto, cuando al leerse las
adhesiones se escucharon silbidos al ser mencionados agrupamientos o dirigentes de la
Alianza. “El año pasado, al mismo tiempo que hacíamos esta marcha, luego de una
discusión parecida, los diputados de la Alianza y el PJ se negaron a votar la anulación
de la Obediencia Debida y el Punto Final. Este año quisimos poner en claro nuestra
posición”, explicó un integrante de HIJOS.
El documento consensuado que leyeron las locutoras Liliana Daunes y Nora Anchart
reivindica las luchas del movimiento de derechos humanos contra la impunidad, contra el
gatillo fácil, por la recuperación de los bebés apropiados por los represores, así
como la denuncia de las irregularidades del proceso y la falta de investigación de los
secuestros y torturas ocurridos en el cuartel de La Tablada en 1989. También señala que
“hace hoy un año el pueblo argentino fue nuevamente burlado por la mayoría de los
legisladores de los partidos de gobierno y de la oposición que votaron una engañosa
derogación”. Sin embargo, no alude en forma explícita a la Alianza. De todos modos,
un grupo de la Juventud del Frepaso marchó al final de la columna de los partidos aunque
no participaron grupos de la UCR. Luego de que se leyera el documento, y de las
actuaciones de Copani y Víctor Heredia en el palco levantado detrás de la Pirámide de
Mayo, el grupo de HIJOS se retiró de la Plaza y fue acompañado por la mayoría de los
partidos de izquierda para hacer un “escrache” al Congreso.
MONUMENTO POR LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO DE
ESTADO
“Hay heridas que no pueden cerrarse”
Al final,
sólo quedaron flores flotando sobre el río. Pero el primer acto por el 23º aniversario
del golpe militar del 24 de marzo de 1976 encontró a los organismos de derechos humanos
divididos. Ayer a la mañana, en la Costanera, se colocó la piedra fundamental del
Monumento a las Víctimas del terrorismo de Estado. “Este parque escultórico y este
lugar de la memoria no pretende cerrar heridas que no pueden cerrarse ni suplantar la
verdad y la justicia”, decía Mabel Gutiérrez, de Familiares de Detenidos
Desaparecidos. Pocos metros atrás, representantes de otras agrupaciones organizaron un
contra-acto en el que repudiaron a legisladores de la Alianza.
El acto iba a empezar a las 11. A esa hora, bajo el techo de uno de los carritos de la
Costanera, un grupo de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, escuchaba por las radios
de los movileros la decisión de los lores británicos de aceptar la extradición del
dictador Augusto Pinochet.
Bajo la lluvia, los asistentes se ubicaron alrededor de la piedra fundamental del futuro
Parque de la Memoria. “El Monumento no se hace para decretar la muerte de nadie ni
para congelar la lucha por la justicia, que es y será siempre la lucha por el castigo a
los responsables del genocidio. Se hace para que todos sepan que nuestro pasado hiere
nuestro presente”, dijo Gutiérrez poco antes de que Carmen Lapacó, de Madres de
Plaza de Mayo, línea fundadora y Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo
descubrieran el cubo de mármol de un metro abierto por una grieta. La piedra representa
la forma final que tendrá el parque, que será de 14 hectáreas y estará atravesado por
una “herida abierta” en la tierra en donde se colocarán los nombres de los
desaparecidos. Contará también con un grupo de esculturas que se elegirán por concurso.
Los miembros de H.I.J.O.S., de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, de la Correpi
(Corriente contra la Represión Policial e Institucional) y de los Ex Detenidos
Desaparecidos por Razones Políticas realizaron un contra-acto. Estas agrupaciones se
oponen a la construcción del Monumento porque afirman que se trata de un proyecto del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El recuerdo de la fallida anulación de las leyes
de Obediencia Debida y Punto Final fue el principal motor del repudio, que incluyó
cánticos contra el vicepresidente de la Legislatura porteña, Aníbal Ibarra, presente en
el lugar. El año pasado el Congreso votó la derogación de esas leyes, aunque la
propuesta inicial y el reclamo de los organismos era que fueran anuladas, para que, de
esta forma, se pudiera condenar a quienes fueron amparados por ellas.
“Cualquier espacio que nos permita tener un lugar para recordar a nuestros
desaparecidos es positivo y más si se hace desde un ámbito artístico”, aseguró
Marcelo Brodsky, de la agrupación Buena Memoria.
Brodsky explicó que el monumento no fue una iniciativa del Gobierno de la Ciudad.
“Surgió de un grupo de ex alumnos del Nacional Buenos Aires cuando organizamos un
homenaje a los desaparecidos del colegio.” Estas personas llevaron la propuesta a los
organismos y el diez de diciembre de 1997 le entregaron la iniciativa a los diputados
porteños. La Legislaturasancionó la ley de creación del parque y acordó la formación
de una comisión que se encargaría de llevarlo a la práctica. Esta se formó con
legisladores, organismos de derechos humanos, miembros del Gobierno de la Ciudad y de la
Universidad de Buenos Aires.
También se hicieron públicas ayer algunas diferencias dentro de la misma comisión. El
Servicio de Paz y Justicia denunció que los representantes de los poderes Legislativo y
Ejecutivo se negaron a incluir una placa que, según se había acordado, iba a decir:
“Aquí se construirá el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado como
reivindicación de sus luchas y sus ideales.” Según Gabriela Alegre, coordinadora de
la comisión, “la placa no se puso porque no se terminó de consensuar el texto, pero
no fue una decisión autoritaria”. Sin embargo, varios de los organizadores aceptaron
que “a muchos radicales no les gustó el texto propuesto y querían que se sacara la
parte de la reivindicación de la lucha y los ideales de los desaparecidos”.
DUMONT Y DUQUET EN EL HOSPITAL NAVAL
Detenidas en Río Santiago
Las
religiosas francesas Alice Dumont y Leonide Duquet habrían estado detenidas en 1977 en el
Hospital Naval de Río Santiago, según el testimonio aportado ayer por una enfermera ante
la Cámara Federal platense. Se trata de Marta Ayala, quien se desempeñó en ese
establecimiento desde 1976 hasta su cierre, en 1998, y declaró en el marco de la causa
que se sigue por la desaparición de Carlos Esteban Alaye. La enfermera dijo que, si bien
no las vio, se comentaba en todo el hospital que allí estaban detenidas las dos
religiosas francesas.
Ayala relató al tribunal, presidido por Antonio Pacillo, que en una oportunidad fue
llamada por su supervisora, Julia Carrizo, para atender una urgencia en el primer piso del
hospital y, antes de ingresar, le advirtió que se olvidara de lo que iba a ver.
“Allí había un joven de 20 años encapuchado y atado a una camilla”, al que
tuvo que atender, dijo. Aseguró que vivía aterrorizada porque el hospital estaba lleno
de gente armada, había micrófonos y los teléfonos estaban intervenidos. También
relató que era habitual ver al entonces almirante Emilio Massera en el hospital y que, al
menos una vez, vio a Alfredo Astiz. En cambio, la enfermera supervisora Julia Carrizo
declaró ante el tribunal que nunca vio detenidos, no eran amenazados, ni se veía nada
irregular, ante las preguntas del tribunal y abogados de la APDH.
“El valor de la
memoria” en una carta de Menem
El Presidente recordó en una carta abierta el
golpe del ‘76, avaló sus propios indultos y fustigó la “mezquindad
especulativa electoral”. |
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Al
cumplirse 23 años del golpe de Estado de 1976, en una carta abierta distribuida ayer por
la mañana en la sala de periodistas de la Casa de Gobierno bajo el título “El valor
de la memoria”, el Presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, definió la fecha
como “una jornada de luto y reflexión para todos los argentinos”, y aseguró
que el 24 de marzo de 1976 “se inició la mayor tragedia en la historia” del
país. En el texto instó a todos los sectores políticos a “ratificar la fe en las
instituciones por encima de las mezquinas especulaciones electorales” y de lo que
llamó” las reyertas minúsculas de la política y de las discusiones
inútiles”. Una vez más, también, el jefe del gobierno nacional reivindicó los
indultos que firmó en 1990 y que dejaron sin efecto las condenas impuestas a los
comandantes de las Fuerzas Armadas condenados por el terrorismo de Estado.
Menem llamó a la ciudadanía, por encima de las diferencias políticas, a “repudiar
aquella brutal manifestación de fuerza ilegal e ilegítima” en referencia al golpe
que derrocó el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.
Asimismo, defendió los indultos que firmó a favor de ex comandantes de la dictadura y
guerrilleros, al afirmar que la decisión de “cicatrizar las heridas, (aun) a
sabiendas de los costos políticos que pagábamos ante un sector de la sociedad era
absolutamente necesaria para lograr la pacificación de los espíritus”.
“Pero ello no significa –agregó– la abolición de nuestras memorias más
queridas, ni la omisión de nuestro homenaje sentido y fraterno a quienes sufrieron en
carne propia la feroz aventura autoritaria.”
Menem expresó además “el reconocimiento al proceso autocrítico llevado a cabo por
las Fuerzas Armadas” en el último tiempo y sostuvo que “con el mismo espíritu
de reconciliación queremos decirles que no olvidamos a los miembros de sus filas que
fueron víctimas del demencial ataque del terrorismo, que pretendió hacer de la política
un acto de violencia por la violencia misma”.
Asimismo, lamentó “que unos pocos no comprendieran el acto de grandeza y coraje que
significó la pacificación y que continúen hoy encerrados en sus odios autistas. Dios
los juzgará, los argentinos ya lo hemos hecho”.
“Hoy es una jornada de luto y reflexión para todos los argentinos. Debe servirnos
para fortalecer nuestro sistema democrático y ratificar la fe en las instituciones de la
República por encima de mezquinas especulaciones electorales, de las reyertas minúsculas
de la política y de las discusiones inútiles en las que nos hemos envuelto en los
últimos meses”, afirmó el primer mandatario, en una referencia al clima político
que vive hoy la Argentina, donde el tema de la reelección que lo tiene como protagonista
ocupa el centro de la escena.
Tras afirmar que “el peronismo y sus cuadros dirigentes y militantes fueron las
víctimas principales” del golpe que desalojó del poder a María Estela Martínez de
Perón, Menem sostuvo, no obstante, que “la evocación de esta fecha no debe
entenderse como patrimonio de ninguna fuerza política”.
“Ningún sector, grupo político o social tiene derecho a ungirse exclusivo campeón
de los derechos humanos ni único garante de la plena vigencia de las libertades y
derechos ciudadanos que hoy disfrutamos”, expresó el primer mandatario en otro tramo
de la extensa misiva, pero recordó que el justicialismo “tras el golpe de 1976,
lanzó en soledad política el histórico documento del 12 de setiembre de 1979 en el que
denunció la violación de los derechos humanos ante una comisión de la Organización de
Estados Americanos que visitaba nuestro país”.
Agregó luego que “hoy en la Argentina rige en plenitud el estado de derecho. Las
Fuerzas Armadas están totalmente subordinadas al poder político e integradas a la
sociedad civil. La democracia es un bien definitivo de nuestra cultura política”.
CEREMONIA POR EL BENEFICIO A LOS FUSILADOS DEL ’56
El Presidente habló de hipocresía
Al
encabezar la ceremonia de firma del proyecto de ley que instituye un beneficio
extraordinario para los familiares de las víctimas de los fusilamientos de junio de 1956,
el presidente Carlos Menem pidió a “los políticos argentinos que dejemos de lado la
hipocresía, pongamos la cara y vamos de frente” al mismo tiempo que acusó a
“los que dicen defender la Constitución” de ser responsables de violarla.
Al finalizar la ceremonia desarrollada en el salón Blanco, Menem aprovechó la
oportunidad para rendir un “homenaje” al vicepresidente de Paraguay, Luis María
Argaña, asesinado el martes en Asunción, y reiteró que ese sangriento hecho
“enluta al Mercosur”. El jefe de Estado sostuvo que la iniciativa que propone
indemnizar a los familiares de los fusilados del ‘56, que será remitida al
Parlamento, “tiende a pacificar” y constituye “un reconocimiento” a
los 31 civiles y militares, encabezados por el general Juan José Valle, que fueron
asesinados tras sublevarse contra la dictadura del general Pedro Eugenio Aramburu.
Asimismo, Menem utilizó el acto para recordar a las víctimas del golpe de estado de
1976, que hace 23 años derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón y abogó
porque hechos de esa naturaleza no vuelvan a repetirse en la República Argentina.
“Yo espero que nunca más vuelvan a ocurrir estos hechos, que defendamos como
corresponde la Constitución, que no la sigamos violando como lo están haciendo aquellos
que pretenden defenderla”, agregó con un eufemismo dirigido a la oposición
aliancista.
El primer mandatario reivindicó una vez más la política de reconciliación llevada a
cabo por su gobierno, coronada por los indultos dictados en 1990, destacó la
“subordinación total” de las Fuerzas Armadas al poder civil, y señaló que
hasta la actualidad, su administración dispuso de “900 millones de pesos” para
indemnizar a los familiares de las víctimas de la dictadura. Agregó que para ese fin, el
Gobierno dispondrá de otros 2000 millones de pesos para que ninguna víctima “del
terrorismo de Estado se quede sin la indemnización correspondiente”.
El proyecto de ley para reivindicar a las víctimas del ‘56 que fue impulsado por la
subsecretaria de Derechos Humanos, Inés Pérez Suárez, establece que los familiares de
los civiles y militares fusilados durante la revuelta del 9 de junio, recibirán los
beneficios de la Ley 24.411. De acuerdo a esta norma, el Estado deberá pagar 224.000
pesos a los familiares de “toda persona que hubiera fallecido como consecuencia del
accionar de las Fuerzas Armadas, de seguridad, o de cualquier grupo paramilitar”.
Del acto participaron, además de Pérez Suárez, el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez;
los ministros del Interior, Carlos Corach, de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, y de Salud
Alberto Mazza, el gobernador electo de Córdoba, José Manuel de la Sota, y el senador
Eduardo Menem.
Asimismo, estuvieron presentes Susana Valle, hija del general Valle, y el presidente de la
Comisión de Familiares de las Víctimas de los Fusilamientos de 1956, Jorge Costales.
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