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A Da Corte podrían corresponderle
hasta veinticinco años de prisión

El juez que ordenó su captura por fraude fiscal rechazó su pedido de exención y  quiere llegar al juicio oral cuanto antes.

Sambucetti: La Justicia venía investigando desde 1996 a Rhasa, la petrolera cómplice de Da Corte, por  presunta adulteración de naftas.

Marcelo Da Corte, ex director del BCRA y ex titular de la DGI.
El, Gaggero y Cossio, tres comprometidos titulares de Impositiva.

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Por Julio Nudler

t.gif (862 bytes) Por los cargos que pesan sobre Marcelo Da Corte, al ex director general de Impositiva podría caberle una pena de hasta 25 años de prisión, según fuentes del Juzgado Federal de Campana. El juez Osvaldo Enrique Lorenzo rechazó el pedido de exención de prisión interpuesto por el abogado del prófugo, manteniendo la orden de captura contra Da Corte, que acto seguido apeló la decisión ante la Cámara Federal de San Martín. Quien fuera director del Banco Central entre 1983 y 1985, y jefe de la DGI entre 1986 y 1989, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín y siempre gracias a los buenos oficios de la Coordinadora, tiene que responder por 148 hechos de presunto contrabando calificado, siendo acusado por asociación ilícita con la familia Sambucetti, dueños de la petrolera Rhasa, y por violación a la ley Penal Tributaria. Por otro lado, Estancias Realicó, empresa presidida por Da Corte y utilizada para las maniobras investigadas, entró en convocatoria de acreedores y cesación de pagos.
Con Realicó se hunde la firma que había acumulado las deudas a largo plazo con la DGI mediante el diferimiento de impuestos, beneficio con que contaba por efectuar inversiones en Emexal, una firma también presidida por Da Corte y acogida al régimen de promoción industrial en San Luis. La quiebra es un destino no infrecuente de las empresas favorecidas con diferimientos: cuando pasan los diez años de postergación, Impositiva se encuentra con que no hay a quién cobrarle. En este caso, la fallida consignó pasivos por 13,9 millones de pesos, mientras que la AFIP (Aduana y DGI) estima que el fraude descubierto ocasionó un perjuicio fiscal de por lo menos 37 millones.
La policía logró detener hasta el momento al síndico, al contador y a dos directores de Rutilex Hidrocarburos Argentina (Rhasa), y en todos los casos el juez rechazó los pedidos de excarcelación, fundándose en el monto de la defraudación. Esta consistiría tanto en un contrabando documental, por importar combustible en condiciones preferenciales al indicar falsamente como destino la industria hidrocarburífera, y por transferírselo luego –sólo en los papeles– a las empresas de Da Corte para obtener las ventajas promocionales, cuando en realidad el inflamable iba a parar, según los sabuesos, a las 120 estaciones de servicio de Rhasa.
Jorge Sambucetti, presidente de esta firma, y sus asesores impositivos (entre éstos el propio Da Corte) siguen prófugos tras denegárseles la eximición de prisión. La Justicia venía investigando a Rhasa desde hace dos años y medio por adulteración de naftas, y aunque el juez Lorenzo emitió órdenes de captura contra los Sambucetti ya en ese caso, en octubre pasado consiguieron que la Cámara los eximiera, ordenándole además al magistrado veintiún nuevas medidas procesales.
De acuerdo con el criterio del juez de Campana, Da Corte y sus cómplices deben permanecer en prisión mientras se sustancia la causa, porque de otro modo, teniendo en cuenta el volumen de las actuaciones, nunca llegarían a ser sancionados. La intención de Lorenzo, según trascendió en medios próximos a su juzgado, sería llegar lo más rápidamente posible al juicio oral. Por ahora, de los 148 hechos computados, el informe preliminar del perito abarca 21, y en todos los casos confirmaría la comisión del fraude contra el fisco.
El caso Da Corte es particularmente significativo por tratarse de quien condujo Impositiva durante más de tres años, y porque otros dos ex titulares de la DGI, Hugo Gaggero y Ricardo Cossio, están también bajo la lupa de la Justicia por otros escándalos tributarios.

 


 

EL PLAN DE CONVERTIBILIDAD CUMPLIO OCHO AÑOS
Cavallo sopló las velitas

Por Pablo Ferreira

t.gif (862 bytes) “El gobierno de Menem fue el que falló en resolver los problemas de pobreza y desempleo, y no la paridad peso-dólar.” Así el diputado y ex ministro Domingo Cavallo eludió ayer una de las críticas centrales al Plan de Convertibilidad al cumplirse ocho años de su instauración.
Además, el candidato presidencial de Acción por la República aseguró que la economía puede reactivarse “inmediatamente” si se anularan las reformas impositiva y laboral, se devolviera “rápido y en efectivo” el IVA a los empresarios y se bajara el gasto público. Para Cavallo la panacea para todos los males que sufre Argentina pasa por “más convertibilidad”.
La única autocrítica que admitió el ex ministro, cuya gestión fue abortada por Menem a mediados de 1995, fue la reimplantación de los aportes patronales y el aumento del IVA al 21 por ciento en abril de ese año. Sin embargo, el candidato también en este caso encontró la manera de autoexculparse. “Fue por presión del FMI, de la CGT y algunos economistas conservadores como Roberto Alemann que se pusieron de acuerdo para decir que esa era la causa de los problemas”, acusó.
“El Gobierno, no sólo el ministro Roque Fernández, no atacó el problema de la desocupación, la salud y la educación”, señaló. En su opinión, para promover el empleo, por caso, deben reimplantarse las modalidades de trabajo promovidas –calificadas por los caciques sindicales como “trabajo basura”– y bajar los aportes patronales, entre otras medidas. En defensa de su gestión al frente de Economía, en cuyo transcurso el desempleo del 6 a más del 18 por ciento, dijo que “los costos sociales de la convertibilidad se deben en realidad a las reformas que no se hicieron”.
Con relación a la difícil situación de las pequeñas y medianas empresas, la crisis del sector agropecuario y las dificultades para exportar de los industriales, Cavallo estimó que “se pueden solucionar en poco tiempo”. En ese sentido abogó, por ejemplo, por la anulación de las reformas impositivas y laborales que incrementan el costo de las empresas descolocando su producción en los mercados internacionales.

 

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