Por Susana Viau y Maximiliano
Montenegro
 El juez federal Luis
Leiva ordenó la detención del banquero menemista Raúl Moneta, amigo personal del
Presidente y principal impulsor de la rereelección. Le imputa los delitos de
“asociación ilícita, infracción a la ley penal tributaria y subversión
económica” en el manejo del desaparecido Banco Mendoza. Por la tarde de ayer fue
allanado el domicilio particular de Moneta y, al cierre de esta edición, el empresario se
encontraba prófugo. El juez responsabiliza a Moneta, y otros directivos, del vaciamiento
del banco, privatizado a fines de 1996 y cerrado el 8 de abril pasado, en favor de
empresas vinculadas. Página/12 había revelado que poco antes de su caída, el Banco
Mendoza fue un festival de autopréstamos. Y que, pese a estar al tanto, el Banco Central
no sólo no intervino sino que encima otorgó redescuentos millonarios que, ni bien
entraban por una ventanilla, salían por la otra, para financiar al quebrado Banco
República, del propio Moneta. Sobre esa base, la fiscal comprometió también en la causa
a Pedro Pou, acusándolo de incumplimiento de los deberes de funcionario.
En la orden de detención que libró el magistrado figuran, además de Moneta, otros nueve
directivos del Mendoza, algunos de ellos conocidos empresarios mendocinos: Jacques Matas,
Emilio Magnaghi, Hugo Emili, Eduardo Lede, Jorge Rivarola, Aberto Bande, Jorge Maldera,
Benito Lucini y Juan Pablo Lucini, tío y primo de Moneta, respectivamente. Por pedido de
Leiva, el juez de turno en el fuero Federal Penal, Rodolfo Canicoba Corral, dispuso el
allanamiento en el domicilio de Moneta, ubicado en la calle Castex de Palermo Chico. El
abogado de Moneta aclaró a los medios que su cliente no estaba prófugo y que se
presentará ante la Justicia “cuando lo crea conveniente”. Dos de los ex
directivos ya fueron detenidos: Emili y Rivarola, a quienes les fue negada la
excarcelación. De presentarse, Moneta sería indagado y, como la imputación no es
excarcelable, quedaría detenido al menos por 10 días, que es el lapso que tiene el juez
para resolver su situación.
El juez imputa a Moneta haber otorgado préstamos a empresas controlantes del propio banco
y/o vinculadas. También sospecha que conformó una “asociación ilícita” por
la cual “un grupo de personas utilizó el Banco para su provecho”. La fiscal
María Alejandra Obregón explicó que con la denuncia de subversión económica imputa
“las supuestas irregularidades cometidas por los directivos que han llevado al
vaciamiento del Banco en favor de empresas vinculadas”. El delito de asociación
ilícita tiene una pena de 3 a 10 años de prisión y la subversión económica de 2 a 8
años.
Página/12 había publicado el 19 de abril documentación sobre los autopréstamos del
Banco Mendoza. La historia es la siguiente. La provincia de Mendoza tenía dos bancos
oficiales: el Banco de Mendoza y el Banco de Previsión Social. A fines de 1996, ambos
fueron privatizados tras un proceso licitatorio cuestionado hasta hoy en la Justicia.
Así, fueron fusionados bajo el nombre de Banco Mendoza, presidido por Moneta, con un 67%
de las acciones en poder del Banco República (de Moneta), el 28 % de Magna Inversora
(unión de empresarios mendocinos), el 3 % del gobierno provincial y el resto de los
empleados.
Según surge de las actas de directorio, entre los principales clientes del Banco Mendoza
estaban Moneta y los empresarios nucleados en Magna. Este es el detalle:
u Los préstamos a las empresas que conforman Magna sumaban 42.845.752 pesos.
Discriminados de la siguiente manera: Mendoza 21, Grupo Uno y Jorge Estornell S.A. (Grupo
Vila), por 12.439.026 pesos; José Cartellone, por 7.593.363 pesos; Grupo Pescarmona, por
5.343.000; Industrias Matas, 3.700.000; Grupo Nieto, por 3.500.000; Grupo Willinik, por
2.677.000 pesos.
u La Corporación de los Andes (de Moneta) tenía un crédito por 3,8 millones.
u Así, los préstamos a empresas controladas y/o vinculadas ascendían a casi 47
millones.
Semejante volumen de préstamos violaba cómodamente todas las normas del Central. Más
aún, si se tiene en cuenta que, a diciembre del ‘98, el patrimonio neto del banco
era de 42,2 millones de pesos, está claro que el Mendoza era un verdadero festival de
autopréstamos. Entonces, el BCRA impedía prestar a empresas controladas más del 20% de
la llamada responsabilidad patrimonial computable (RPC), es decir, aproximadamente el
patrimonio. En tanto, las normas de “fraccionamiento de riesgo crediticio”
prohibía prestar más del 2,5% de la RPC a una única empresa, sea o no vinculada.
Cartellone o la propia Corporación de los Andes, de Moneta, superaban este límite. Para
peor, desde mediados del año pasado, el Banco Mendoza asistió permanentemente al Banco
República con créditos de corto plazo (call), por un monto que al cierre de la entidad
superaba los 130 millones de pesos. Como tales préstamos fueron otorgados sin garantías,
y eran de renovación automática, el juez consideraría a esas operaciones de “corto
plazo” como un crédito permanente. De manera que dicho préstamo también sería
computado como una operación a clientes vinculados.
Tales operaciones comprometieron seriamente la liquidez y solvencia del Banco Mendoza. Y
Pedro Pou no desconocía la situación, dado que –como informó este diario– un
expediente interno del Central, fechado el 27/11/98, ya advertía sobre la falta de
“razonabilidad de las operaciones asignadas a los clientes”.
Menemistas en desgracia |
| La caída de
Yabrán La asociación con la Fuerza Aérea en
tres negocios vinculados con la actividad aeroportuaria catapultó el crecimiento
empresario de Alfredo Yabrán y ató para siempre su vinculación con el poder político.
Su inescrupulosa expansión en el correo privado le costó atraerse a los enemigos que lo
llevaron a su debacle final. OCA, Ocasa, Skycab, Juncadella y otras empresas sobre cuya
pertenencia existe menor precisión jalonaron su avance sobre el sector y las actividades
afines, como el transporte de caudales. Sospechado de actitudes mafiosas, terminó
vinculado al asesinato de José Luis Cabezas, lo que le costó el camino hacia su destino
final: desvinculado de sus empresas y el “supuesto” suicidio posterior. |
El ocaso de Emir
Yoma La curtiembre de la familia Yoma llegó a
ser la primera exportadora de cueros de América latina, financiando su expansión con
cómodos créditos de la banca pública y generosos reintegros de parte de la Secretaría
de Industria. Su suerte duró hasta que los verdaderos “méritos” de su
crecimiento se hicieron públicos, y el Banco Nación, el Ciudad y el Provincia comenzaron
a exigir la devolución de préstamos que, sumados, ascendían a 140 millones de dólares.
Emir Yoma, cabeza del emprendimiento familiar y asesor personal del presidente de la
Nación, primero perdió su conchabo en el Gobierno. Luego empezó a hacer maniobras para
dilatar la ejecución de las deudas hasta que, finalmente, terminó perdiendo todo poder
sobre su propia empresa, en retracción y al borde de la quiebra. |
LOS INFLUYENTES DEL GOBIERNO NO PUDIERON
SALVARLO
Impotencia de fin de mandato
Por Diego Schurman
Un estricto
“silencio de radio” ordenó ayer Carlos Menem apenas se conoció el pedido de
captura de su amigo, el banquero Raúl Moneta. El Presidente logró su objetivo a medias:
fue imposible evitar que trascendiera la desesperación de algunos hombres de su entorno,
en especial la del senador mendocino Eduardo Bauzá, quien intensificó sus contactos para
evitar lo que anoche parecía inexorable: que el financista íntimamente vinculado con el
menemismo quedara tras las rejas.
Bauzá supo de la resolución del juez Luis Leiva con anterioridad a que ésta se plasmara
en un pedido de captura. Y así se lo anticipó a Menem, según confiaron en el Gobierno.
Pero lo que en algún momento pudo haber sido evitable –en Mendoza todos saben que el
senador apadrinó a Leiva en su debut en la magistratura–, ahora resultaba un
esfuerzo inútil.
Leiva se había inmiscuido en terrenos sensibles para el menemismo: los aeropuertos y los
bancos de Moneta. El castigo le llegó en forma de recusaciones, solicitudes de juicio
político y un pedido de “per saltum”. La ruptura se había concretado. Como
sucedió con el juez español Baltasar Garzón y el porteño Mariano Bergés, investigador
de violaciones a los derechos humanos uno y de irregularidades del Gobierno el otro, Leiva
se ganó en la Casa Rosada, en estas últimas horas, los motes de “loco” y
“vedette”, por su audacia a la hora de enfrentar estructuras del poder.
El nerviosismo en esferas del Ejecutivo comenzó en las primeras semanas de abril, al
quedar en claro que la caída de los bancos República y Mendoza era imparable. A partir
de que ambas entidades dejaron de pagar a los ahorristas, se sucedieron en el Banco
Central reuniones de altísimo nivel. De ellas participaron Bauzá, Moneta, el titular de
la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, y el propio presidente del Central, Pedro Pou.
Las soluciones que barajaron para poner un poco de elegancia al desastre financiero y
político (se invirtieron casi 1400 millones de dólares para sanear los bancos
provinciales de Mendoza y de Previsión, que Moneta iba a fundir en apenas dos años y
medio de gestión) fueron transferir el República y el Mendoza al Banco General de
Negocios o desguazarlos. Se impuso la última.
Tanto empeño para salvar de la hoguera a las dos entidades tenía su explicación:
Moneta, como antes Marcos Gastaldi con el Extrader, fue uno de los banqueros emblemáticos
de los diez años del menemismo. En ese sentido, su pedido de captura tiene un valor
simbólico adicional e insoslayable. Moneta fue el hombre elegido para organizar los
espectáculos que entretuvieron a George Bush y a Bill Clinton con las piruetas de
caballos criollos, de los que es criador; puso su estancia de Luján para los asados de
bienvenida y la cara para defender el rebalanceo telefónico por el que tanto batalló el
Gobierno. Su banco, el República, exhibe el honor de tener en su conspicua cartera de
deudores al propio presidente de la Nación a través de la empresa Saúl Menem e Hijos,
la sociedad bodeguera que comparte con Carlos Spadone. Y Carlos Menem no pide créditos a
cualquiera: las otras entidades a las que ha recurrido son el Nuevo Banco La Rioja, en
manos de su amigo Elías Sahad desde la privatización, y el Banco Nación. El
procesamiento de Moneta tienen un aspecto adicional. No sólo arrastra consigo a buena
parte de las fortunas mendocinas. Compromete también a capitales del otro lado del
Atlántico. Telefónica Española deberá explicar en Madrid –donde se sigue el
asunto muy de cerca– qué reaseguros adoptó para elegir a sus socios.
Los socios del CEI buscan alejarse del
ex banquero
Tom Hicks, titular del fondo que
controla el multimedios, decidiría hoy su desplazamiento como presidente del
holding.
Facsímil del adelanto de Página/12
del 19 de abril. El BCRA ya sabía de los préstamos de Moneta a sus amigos. |
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Por Raúl Dellatorre
Hace apenas una
semana, Raúl Moneta fue designado presidente del flamante holding Argentine Media
Investment (AMI), a través del cual República Holding y Hicks, Muse, Tate & Furst
(HMTF) unieron sus participaciones en el CEI para controlar al grupo multimedios. Esta
designación sería revisada hoy: tras una serie de consultas con inversores de Estados
Unidos, Tom Hicks estaría decidido a desplazar al banquero prófugo de la Justicia, para
evitar que su desprestigio salpique al grupo.
Oficialmente, voceros del grupo CEI (dueño de Cablevisión, Editorial Atlántida,
Telefé, Canal Azul y la mitad de Telefónica de Argentina, entre otras empresas de medios
y telecomunicaciones) respondieron que “el asunto Moneta es un problema particular y
personal, que esperamos se solucione a la brevedad”, a la vez que dijeron
“confiar en que se presente a la Justicia”.
Allegados al empresario mendocino, sin embargo, indicaron lo contrario. La orden de
detención, de la cual se enteró en horas de la mañana, lo tomó totalmente por
sorpresa. Tras el rechazo del pedido de excarcelación presentado por sus abogados, Moneta
habría decidido cambiar de letrados patrocinantes para estudiar la estrategia a seguir.
Mientras tanto, tratará de mantenerse lejos del alcance de la mano de los tribunales
mendocinos.
“Raúl hace tiempo que no viene por acá: desde que Tom Hicks tomó el control
operativo del CEI, se dedicó a pleno al negocio bancario, al que pensaba rescatar de una
situación que ya era difícil”, confió otra fuente del grupo multimedios consultado
por Página/12. En los hechos, el cambio de conducción del CEI ocurrió en diciembre
pasado, cuando Hicks tomó a su cargo a través de su hombre de confianza en el país,
César Báez, las riendas del holding. Moneta había asumido la presidencia del CEI en
setiembre de 1998, tras el alejamiento de Ricardo Handley. El 29 de abril pasado dejó ese
cargo, en una movida que llevó a Tom Hicks a la presidencia y a Báez al sillón de vice,
formalizando lo que ya, de hecho, estaba ocurriendo.
Ya en el mes de diciembre estaba decidida la conformación de un nuevo holding, AMI, para
concentrar los negocios multimedios en Argentina y Brasil (con intención de sumar
posteriormente los emprendimientos de HMTF en Chile). Pero la resolución formal se
demoró a la espera de que Moneta superara los traspiés de sus bancos (República y
Mendoza), que lo mantenían con un alto grado de exposición pública. El 26 de mayo,
cuando ya el Banco de Mendoza había dejado de funcionar, la devolución de los depósitos
estaba asegurada y el personal reubicado, en el CEI pensaron que el trance estaba
superado, y erigieron a Moneta como presidente del holding controlante.
Sumadas las participaciones de República Holding y HMTF, representan el 69,5 por ciento
del capital del CEI, cuyo valor se calcula en 3100 millones de dólares. Pese a que
formalmente Moneta tiene la participación mayor (36,8 por ciento), el paquete conjunto
quedó bajo control de Tom Hicks, titular del fondo texano. El CEI, con una participación
minoritaria del Citigroup (22 por ciento), pasó a ser una sociedad controlada por AMI. El
objetivo proclamado era concentrar en manos de este nuevo holding la estrategia de
expansión en el Cono Sur, con la mirada puesta prioritariamente en Brasil.
El recambio, en tanto, también apuntaba a un objetivo político: cambiar la imagen
pública del CEI, asociada al propósito del presidente Carlos Menem de perpetuarse en el
poder a través de la re-re. Esta caracterización no sólo estaba en boca de la mayoría
de los analistas locales, sino que tuvo eco en la prensa extranjera. El País, de Madrid,
y el Wall Street Journal, de Nueva York, presentaron a Moneta como “el amigo del
Presidente”, describieron sus relaciones con el poder político y larelación entre
sus negocios y “una historia de irregularidades, abusos de poder y tratos de
favor”.
A siete meses del cambio de gobierno, Moneta dejó de ser un socio “funcional”
para los capitales extranjeros. “Si se presenta a la Justicia, sabe que terminará
preso por lo menos unos cuantos días”, confió a este diario un allegado al ex
banquero. Si no lo hace, quedará en calidad de prófugo. En un caso o en otro, no es la
mejor imagen para tentar a inversores extranjeros. Tom Hicks ya midió las consecuencias,
y hoy tomaría la drástica decisión de desvincular a su socio local de la conducción de
Argentine Media Investment.
OPINION
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