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Fin del milenio a las puñaladas

Una docente de 55 años mató de 89 golpes y puntazos a su madre para evitar que lo haga el diablo cuando se acabe el siglo.


t.gif (862 bytes)  La mujer decidió no esperar el 2000. Convencida de que en ese momento se cumplirían vaya a saberse qué apocalípticas catástrofes, decidió adelantarse a los hechos y descargó 89 golpes y puntazos contra su mamá, en el departamento que ambas compartían en la localidad bonaerense de Martínez. “Maté a mi madre antes del fin del milenio y para evitar que la matara el diablo, la asesiné”, sintetizó en su llamado telefónico a la policía poco después de su peculiar exorcismo.
Ella, Rosa Margarita Rodríguez, es una docente de 55 años. La mamá, Rosa Laubertrand, era ciudadana francesa. Llegaron al departamento de Arenales 1190 en 1994 y desde entonces hicieron buenas migas con los vecinos. Después del hecho, ellos fueron quienes contaron que ambas mujeres llevaban “una vida absolutamente normal”. De todos modos, algunos recordaron que cuatro años atrás Rosa Rodríguez estuvo internada por padecer problemas psiquiátricos.
Ayer, luego del aviso que ella misma hizo sobre su homicidio, la policía llegó al departamento y se encontró con la catástrofe apocalíptica consumada: la anciana tirada en el piso de la cocina con el cráneo destrozado a golpes, con pérdida de masa encefálica y múltiples heridas en el resto del cuerpo.
Junto al cadáver se encontraba un pesado trofeo en forma de copa que habría sido utilizado en la agresión a golpes y varios cuchillos ensangrentados con los que la asesina habría efectuado las varias decenas de puntazos en el cuerpo de su madre.
En otra habitación la policía halló a Rodríguez con importantes cortes que ella misma se había provocado con una tijera, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital de San Isidro. Ya internada, Rodríguez fue asistida por el cuerpo psiquiátrico del hospital, que le aplicó tranquilizantes y evaluó el estado psíquico de la mujer. Los médicos, en el diagnóstico, confirmaron que Rodríguez constituye una “amenaza” para sí misma y para terceros y estimaron su actitud como de “extrema peligrosidad”.
Después de la justificación para el matricidio, los investigadores intentaban determinar si la mujer pertenecía a alguna secta o grupo religioso.
Pero en el barrio, los vecinos apuntaban al desequilibrio de Rodríguez. “La señora mayor me comentó un día que su hija había estado muy mal hace cuatro años y que había tenido que internarse por un episodio de índole mental”, aseguró una anciana que conocía a ambas. Indicó además que ese “desequilibrio” había “deprimido bastante” a Rosa Laubertrand. La más antigua de los vecinos de ese departamento comentó que las mujeres abandonaron la capital cinco años atrás y se mudaron a esa localidad donde desarrollaban una vida aparentemente tranquila.
Algunos de los habitantes del barrio definieron a la mujer como una “solterona” que repartía su tiempo entre el trabajo y los cuidados de su madre. “Eran muy compañeras; salían a caminar por el barrio y saludaban a todos. Si había una hija que se llevaba bien con su madre era ésa”, comentó Perla Pastor, dueña de la casa contigua al departamento en el que se cometió el crimen.

 


 

CONTAGIO MASIVO DE VIH EN CORDOBA
Una sentencia a revisión

t.gif (862 bytes) Un nuevo giro, esta vez con una cierta cuota de esperanza, se produjo en el calvario de los deudos de los 33 pacientes de diálisis que murieron por contagio masivo de sida en una clínica cordobesa: la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Tribunal Superior cordobés revisar el fallo que los había dejado sin indemnización.
En diciembre de 1990 se hizo público que 33 de los 34 enfermos renales que recibían hemodiálisis en la Clínica Nueva Córdoba, en la capital de esa provincia, se habían contagiado el VIH por falta de normas de bioseguridad. En marzo de 1995, la Cámara 5ª del Crimen de esa ciudad absolvió “por el beneficio de la duda” a los directivos y dueños de la clínica y los profesionales intervinientes. Sin embargo, condenó a los médicos directivos –Miguel Angel Villalonga, José Cesarín y Miguel Corteletti– y a los propietarios –Antonio Mitre y Aníbal Córdoba– a pagar indemnizaciones por un total de aproximadamente un millón de pesos.
La provincia de Córdoba fue condenada a pagar las indemnizaciones en forma solidaria, por no haber realizado los debidos controles.
Poco después la clínica quebró, los médicos se declararon insolventes y la indemnización quedó sólo a cargo del estado cordobés, que por su parte había apelado la sentencia. El Tribunal Superior de Justicia provincial falló liberando del pago a la provincia, la cual, a cambio, dispuso un exiguo subsidio para los familiares de las víctimas, que entretanto habían ido muriendo.
Ahora, ante la apelación de los deudos, la Corte Suprema de la Nación anuló la sentencia del tribunal provincial, por haber prescindido de las normas establecidas en la Ley Nacional de Hemodiálisis: “Ni siquiera se las menciona”. La causa volverá al Tribunal Superior cordobés para que dicte un nuevo fallo.

 

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