Por Raúl Kollmann y Laura Vales El comisario retirado Mario
“Chorizo” Rodríguez se convirtió ayer en el vocero de otros ex poderosos, y
riquísimos, comisarios de la Maldita Policía. Intentó cuestionar la información de
Página/12 sobre un arreglo entre el ministro de Seguridad y los capos de la ex Bonaerense
y terminó confirmándola: Rodríguez apoyó la reincorporación de unos mil oficiales que
están en disponibilidad, embistió contra la reforma policial alegando que los hombres
exonerados o puestos en disponibilidad “son excelentes padres de familia” y
coincidió con el vicepresidente Carlos Ruckauf en que “hay que meterles bala a los
delincuentes”. No dijo nada de su propia historia, salvo que tuvo la suerte de
casarse con una mujer muy rica y que gracias a ello tiene fortuna. A continuación,
entonces, lo que Rodríguez no contó.
El Chorizo, quien ayer quiso atribuir su a la anatomía, cuando antes lo relacionaba con
el nombre de un negocio suyo en Villa Gesell, se retiró de la fuerza hace poco más de
dos años, acorralado por las sospechas sobre el rol que desempeñó en un operativo
policial que terminó en tragedia: la masacre de Andreani. El episodio ocurrió el 6 de
noviembre de 1996. Esa mañana, bajo un verdadero diluvio, unos 15 delincuentes intentaron
robar un minibanco ubicado dentro de la sucursal Andreani de Avellaneda. Llegaron a un
lugar convertido en una trampa mortal. Más de 40 efectivos bonaerenses los estaban
esperando. Lo que siguió fue un feroz tiroteo que dejó 9 muertos, uno de ellos el
suboficial bonaerense Roberto Félix.
“Fue el hecho más sangriento de la historia policial argentina”, dijo entonces
Rodríguez, cerebro del operativo policial. Pero también el más oscuro, porque desde el
primer momento se sospechó que el intento de asalto había sido una operación impulsada
desde un sector de la Bonaerense. La emboscada se había tendido justo cuando se
multiplicaban los rumores sobre su próximo pase a retiro. El comisario que había soñado
con convertirse en jefe de la fuerza se encontraba en esos días con un pie afuera de la
Bonaerense, seriamente cuestionado por graves acusaciones de corrupción y violencia
policial. Por eso no fueron pocos los que deslizaron que tras el espectacular operativo se
ocultaba un planeado golpe de efecto para que Rodríguez quedara en mejor posición de la
fuerza. Una maniobra que se le escapó de las manos para terminar de la peor manera.
El tiempo se encargó de fortalecer las peores conjeturas. La Justicia investiga ahora si
el comisario proveyó de armas a los delincuentes. Se basa para esto en el testimonio de
dos ex uniformados que apuntaron contra él. Uno de ellos, el sargento Domingo Schiliase,
lo inculpó con nombre y apellido.
Schiliase declaró ante la Justicia que poco antes de la masacre de Andreani él había
participado en una reunión entre el oficial Arturo Alvarez, un viejo conocido de
Rodríguez, y uno de sus soplones.
El informante, contó Schiliase, les reveló que se preparaba un plan para asaltar
Andreani y que había sido reclutado por los delincuentes para conseguirles “fierros
grandes y ropa de trabajo”, es decir uniformes de la empresa que se preparaban a
robar. El oficial Alvarez evaluó que los datos brindados por el buchón eran los
suficientemente importantes como para llevarlo ante Rodríguez.
La reunión con el Chorizo –continuó relatando el ex policía– se realizó en
la Unidad Regional de Lanús. La sospecha es que en ese encuentro el informante cerró
trato con el comisario y le dio los nombres de las personas que planeaban el atraco. A
cambio, sostienen oficiales de la policía, Rodríguez le habría facilitado las armas que
el infiltrado se había comprometido a suministrar a los asaltantes.
Ante los investigadores, Schiliase se mostró convencido de que la entrega se concretó,
porque días más tarde el informante le pasó el siguiente mensaje: “Decile a
Alvarez (el oficial vinculado a MarioRodríguez) que los fierros están joya”. Otro
testigo, cuya identidad fue resguardada, corroboró sus dichos.
La jueza a cargo del caso, Silvia González, acaba de gestionar una pericia a Gendarmería
sobre las 17 armas secuestradas tras el tiroteo. Sus hombres también siguen una pista que
indica que el origen de los “fierros” destinados al frustrado asalto habría
sido un procedimiento realizado por un grupo operativo manejado por Rodríguez.
El avance de la investigación es uno de los temas que más preocupa al comisario
retirado. Aunque no fue legalmente imputado en la causa, pidió –y consiguió–
ser considerado en ella como parte, medida que le permite seguir de cerca las novedades
del caso. Reclama que su abogado presencie cada nueva declaración y llegó incluso a
presentar un hábeas corpus para impedir que su teléfono fuera intervenido, un pedido que
la Justicia rechazó tras aclarar su línea nunca había sido objeto de ninguna escucha
judicial por este tema.
Rodríguez siempre fue considerado por sus pares como un duro con vinculaciones
suficientes para esquivar judicialmente las peores acusaciones. Fue denunciado, por
ejemplo, por encubrir el asesinato del primer desaparecido en democracia, el albañil
Andrés Núñez. Núñez murió el 28 de setiembre de 1990 en la Brigada de
Investigaciones de La Plata, en una sesión de torturas para que confesara el robo de una
bicicleta. Su cuerpo se encontró cinco años después.
“Estaba en un campo de la zona de General Belgrano donde vivía un primo de Mario
Rodríguez de apellido Gerez, quien a su vez era hermano de uno de los policías que
mataron a Núñez”, recordó a este diario la abogada Elba Témpera. En el lugar
quedó una comisión del juzgado trabajando junto a un antropólogo. Al día siguiente se
presentó ante ellos un desconocido que se presentó como abogado y preguntó qué estaban
haciendo “en la casa de Mario Rodríguez”. Cuando le mostraron la orden de
allanamiento, el supuesto abogado se esfumó y nunca volvió a saberse de él.
La Justicia ubicó luego a una mujer que figuraba en los papeles como dueña del lugar,
pero que nunca pudo justificar cómo lo había comprado ni por qué vivían allí los
parientes de Rodríguez. La abogada Témpera denunció legalmente al Chorizo por
encubrimiento, luego de que el ex jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata, Pedro
Costilla, asegurara que el comisario había protegido a los tres oficiales acusados del
homicidio de Núñez. Otros testimonios ratificaron sus dichos.
Poco tiempo antes, en 1994, Rodríguez había sido señalado como instigador de los dos
atentados que sufrió el periodista Hernán López Echagüe, quien investigaba una mafia
policial que operaba en el Mercado Central. Los legisladores radicales Federico Storani y
Héctor Bertoncello hicieron público un anónimo que lo acusaba de haber encargado la
golpiza a tres de sus hombres de confianza: Daniel “Tribilín” Leguizamón, del
Servicio Penitenciario; Luis “Lagarto” Venancio Vargas, suboficial de la Brigada
de La Matanza, y un tercer suboficial. López Echagüe dijo que Leguizamón vigiló su
domicilio poco antes de la primera agresión. También aseguró haberlo visto merodeando,
pocos minutos antes de la segunda paliza, en el Bingo de Avellaneda.
En el caso Cabezas el nombre del Chorizo apareció porque su primo hermano no es otro que
Alberto “La Liebre” Gómez, justamente el jefe de policía de Pinamar en el
momento del crimen del fotógrafo.
Ayer, tras leer la nota de Página/12 que lo señaló como mentor de los ascensos de
policías vinculados a la Maldita Policía, Rodríguez admitió que mantiene un antiguo
vínculo con el ministro de Justicia Osvaldo Lorenzo, porque el funcionario era juez, y
aprovechó para reclamar mano dura. “La policía hace lo que puede” dijo en el
programa radial de Oscar Gómez Castañón y Jorge Jacobson. “Tiene las manos atadas,
le limitaron toda posibilidad de interrogar”, se quejó.
–Yo soy un escucha de ustedes y veo que siempre tratan de llegar a la verdad
–dijo–. Traten de darle a la sociedad todos los días un poquitomás para que
esté protegida. Que el doctor Lorenzo pueda iluminar sus horas y sus días para que pueda
darnos seguridad a todos.
Por su parte, él solo iluminó un punto. Aunque integra una lista de policías retirados
investigados por presunto enriquecimiento ilícito, adujo que no tiene la culpa de haberse
casado con una mujer adinerada.
AGRESIVA RESPUESTA DEL COMISARIO
“Escriben lo que sueñan”
“Yo
no integré ninguna Maldita Policía. Es la mentira que está a la orden del día y nunca
se investigó nada”, adujo sorpresivamente Mario “El Chorizo” Rodríguez.
En el diálogo con Néstor Ibarra, Marcelo Bonelli y Fernando Carnota, a través de Radio
Mitre, el comisario retirado negó hasta los delitos más claramente comprobados cometidos
por los ex jefes policiales.
“Son periodistas que comúnmente acostumbran a comer bastante pesado de noche y
después tienen pesadillas y escriben lo que soñaron”, alegó sin decir nada el
comisario. Cuando los periodistas de Mitre le insistieron, el Chorizo perdió los estribos
y empezó con agresiones de todo tipo, incluso reclamándoles que no lo llamen nunca más.
En Radio Continental, Rodríguez aprovechó la oportunidad para coincidir con Carlos
Ruckauf y respaldó la idea de “meterles bala a los delincuentes”. El comisario
retirado sí reconoció que conoce a Osvaldo Lorenzo aunque sostuvo que no habló con él
después de la asunción. “Lo conozco como a muchos otros jueces”, argumentó.
En verdad, Lorenzo y Rodríguez jugaban juntos al fútbol en una cancha ubicada a una
cuadra de la estación de San Justo, donde también solían comer asados varias veces por
semana.
–Si la policía andaba tan bien, ¿por qué Duhalde hizo los cambios? –le
preguntaron Oscar Gómez Castañón y Jorge Jacobson.
–Y, en la vida nos equivocamos muchas veces. Por ahí dijimos que era la mejor
policía del mundo y no era la mejor. Era buena, pero no era la mejor –remató el ex
jefe policial.
Becerra investigará la actuación
como juez federal de Lorenzo
Es por pedido de la APDH. El
procurador continuará la causa que le abrió a Lorenzo la Cámara Federal de San Martín
y que había elevado al Consejo de la Magistratura.
El procurador general, Nicolás Becerra,
se comprometió a iniciar una investigación preliminar. |
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Por Horacio Cecchi
El procurador general
de la Nación, Nicolás Becerra, recibió ayer una comisión de la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos. La reunión, en la que participaron Alfredo Bravo, Simón Lázara,
Sergio Di Gioioia y Juan José Prado, fue clave para el futuro de Osvaldo Lorenzo, actual
ministro de Justicia y Seguridad bonaerense. Como anticipó ayer Página/12, la APDH
solicitó al jefe de los fiscales que continuara con una investigación por presuntos
delitos penales cometidos por Lorenzo cuando ocupaba el cargo de juez federal de
Zárate-Campana. El expediente había sido iniciado por unanimidad por la Cámara Federal
de San Martín y remitido al Consejo de la Magistratura, para definir si correspondía
despojarlo del cargo. Pero Lorenzo zafó del juicio político, renunciando como juez para
asumir como ministro. Ayer, Becerra dio el visto bueno al pedido de la APDH.
“Nos presentamos ante el procurador general teniendo en cuenta que la Cámara Federal
de San Martín acusó por unanimidad a Lorenzo por delitos de acción pública”, dijo
Lázara a este diario. “Se corría el riesgo de que la investigación quedara
detenida después de que el Consejo de la Magistratura perdiera jurisdicción cuando
Lorenzo renunció como juez.”
El 10 de junio pasado, los cinco miembros de la Cámara Federal reseñaron una serie de
violaciones a la ley que habrían sido cometidas en una causa que llevaba el juzgado
federal de Lorenzo, por contrabando y evasión fiscal contra la petrolera Rhasa. La
Cámara calificaba como “harto defectuoso el control de legalidad llevado a cabo por
dicho funcionario”, o sea, Lorenzo. Entre las violaciones de que lo acusaban figuraba
haber afectado “la presunción de inocencia y la garantía de defensa en juicio que
les asiste a los imputados”, impedir el acceso al expediente a los abogados que
debían formular el alegato, disponer el secreto de sumario “sin una debida
lógica” mientras desparramaba la causa entre los medios de prensa. También lo
acusaba de ordenar capturas de personas “que carecieron en los hechos de vinculación
alguna con las actuaciones” y que “muestran a las claras la falta de mesura con
la que actuó el magistrado instructor”.
Cinco días después, los camaristas firmaron una acordada por la cual elevaban el informe
al Consejo de la Magistratura, “a los efectos que estime corresponder”. Teniendo
en cuenta la gravedad de las acusaciones, el expediente no parecía tener otro fin que el
juicio político. Pero Lorenzo esquivó el asunto renunciando para asumir como ministro de
Justicia y Seguridad de Eduardo Duhalde.
“Acompañamos el pedido con el análisis y la resolución de la Cámara, y la nota de
remisión al Consejo de la Magistratura”, dijo Lázara. “A nuestro entender, el
Consejo debería haber enviado el expediente de oficio al procurador general. Hay
acusaciones muy graves que no se pueden dejar pasar por alto. Como no lo hicieron ellos,
lo hicimos nosotros.”
Becerra se comprometió a iniciar una investigación preliminar de inmediato y dispuso que
recayera en los fiscales de Zárate-Campana. “Le recordamos que la Cámara había
cuestionado en el mismo expediente a uno de los fiscales, así que aceptó derivárselo al
otro”, contó Lázara. El trámite no parece ser demasiado extenso. Toda la
acusación aparece debidamente fundamentada en la resolución de la Cámara, y en caso de
que los delitos sean comprobados, correspondería el inicio de un juicio en una sede
federal, probablemente la misma en la que actuaba Lorenzo.
También ayer la APDH presentó una Carta Abierta al gobernador bonaerense, en la que
señalaban lo “contradictorio de haber designado a la misma persona acusada de
flagrantes violaciones a la ley como ministro de la misma área que imparte justicia y
seguridad”.
DUHALDE RECONOCIO LAS REINCORPORACIONES
“Sólo si tienen faltas menores”
La
confirmación llegó por boca del propio gobernador Eduardo Duhalde: serán reincorporados
a la Policía Bonaerense centenares de efectivos separados de sus cargos en los últimos
meses. El candidato presidencial del PJ aclaró, sin embargo, que sólo se tendrá en
cuenta a aquellos que cometieron “faltas menores”. “Supongo que para
tomarlos nuevamente tendrán que revisar sumario por sumario”, conjeturó Duhalde. Y
agregó: “Tengo plena confianza en que el ministro lo va a manejar seriamente”.
El ministro es Osvaldo Lorenzo, quien intentó desmentir la información sobre el acuerdo
con ex jefes de la Maldita Policía, publicado por este diario: “Falso, falso,
falso”, vociferó, al rechazar un encuentro con el ex subjefe de la Bonaerense,
Domingo Lugos. Por lo pronto, en la Legislatura bonaerense comenzaron a ingresar pedidos
de informes para determinar con qué criterio se reincorporará a los efectivos separados
de la fuerza.
La reincorporación de unos 400 efectivos que viene anunciando Lorenzo desde la semana dio
pie a la desconfianza: si se había avanzado algo en la depuración de la fuerza, con la
gestión de León Arslanian, el retorno de personal sumariado podría significar un
retroceso para la reforma policial. La operación, se supo, forma parte de un acuerdo
entre los viejos caudillos de la Bonaerense y el nuevo ministro, para frenar los hechos
delictivos más graves antes de las elecciones, a cambio de la devolución de una buena
cuota de poder.
Duhalde no pudo aportar demasiada claridad sobre el acuerdo: “No tengo constancia
(sobre la incorporación de ex jefes) pero sí del personal policial que fue pasado a
disponibilidad y a aquellos que tenían sanciones por causas menores se los va a invitar a
reintegrarse”, dijo. Y aclaró: “Los exonerados no volverán”.
Lorenzo intentó poner ejemplos: “Se están estudiando los casos de gente que perdió
un handy, que se le hizo sumario por haber perdido la gorra”. Allegados a la gestión
de Arslanian –el antecesor de Lorenzo– aseguraron que no recuerdan que se
hubiera separado a un funcionario policial por haber perdido una gorra.
“No hago pactos con nadie”, afirmó Lorenzo. “Si lo hiciera, sería un
delincuente y delincuente no soy”, aseguró. Admitió que lo conoce a Mario
“Chorizo” Rodríguez desde cuando el ex comisario trabajaba en la Brigada de La
Matanza y él era juez de Morón. Y cuando un periodista le preguntó si conocía las
irregularidades cometidas en la policía antes de la intervención, respondió lacónico:
“Lo que se hizo antes no lo conozco”.
“Lo desmiento, sabe por qué vivo encerrado en el ministerio, no tengo tiempo, y no
me interesa hacer un pacto con nadie. Hay dos causales para poner a un efectivo en
disponibilidad preventiva: una, cuando se cometen faltas graves, como los casos de coimas
y tormentos; la otra, en los casos de abandono de servicio, pérdida o sustracción del
arma”, explicó una fuente cercana al ex ministro. “La disponibilidad sólo
está prevista para casos de faltas graves”, aclaró el vocero.
Asimismo, la Comisión Bicameral para el seguimiento de la Reforma Policial, que se reúne
hoy, citará al ministro Lorenzo para que informe sobre la continuidad del proceso
iniciado por el interventor Luis Lugones. Por su parte, el presidente del bloque de
diputados nacionales de la UCR, Federico Storani, advirtió que la Alianza “no bien
se haga cargo del gobierno de la provincia, investigará exhaustivamente las vinculaciones
del poder político duhaldista con todos los focos de corrupción, para castigar a sus
responsables con el máximo rigor de la ley”.
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Página/12 informó ayer sobre los detalles del acuerdo entre la gestión de
Osvaldo Lorenzo en el Ministerio de Seguridad y el grupo de comisarios más poderosos de
la ex Bonaerense.