Por Cledis Candelaresi Con la firma del ministro de
Trabajo, José Uriburu, en reemplazo de la de Roque Fernández, el Gobierno envió ayer al
Congreso el controvertido proyecto de ley que dispone eximir al agro y a los
transportistas del impuesto sobre el gasoil y aumentar de 12 a 30 centavos por litro el
que tributan los gasoleros particulares. La iniciativa, poco simpática al ministro de
Economía, y criticada hasta por los expendedores de combustibles, tampoco parece tener
buena acogida en el Parlamento. El diputado justicialista Oscar Lamberto, titular de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, estima que aquellos cambios ocasionarán una pérdida
cercana a los 1000 millones de pesos para las arcas públicas. De ser así, se afectaría
a los jubilados, ya que ese tributo alimenta al sistema previsional.
El texto fue girado cuando Roque Fernández se encontraba en Chile, adonde viajó ayer
directamente, eludiendo acompañar a Carlos Menem a la inauguración de un gasoducto en
Jujuy, tal como estaba previsto. La iniciativa también incluyó algunas sorpresas
respecto de lo que el propio gobierno había dejado trascender hasta el momento, como la
de habilitar la suba hasta 30 centavos del impuesto que pesa sobre el diesel y el
kerosene, consumos de los más pobres.
El proyecto fogoneado por Jefatura de Gabinete también precisa que la desgravación es
extensiva a las empresas mineras y pesqueras, que podrán computar a cuenta de Ganancias
lo que pagan por el impuesto a los combustibles, aunque con algunas restricciones que
serán impuestas por el Poder Ejecutivo en el futuro. Así, el texto impulsado por Jorge
Rodríguez se metió en un terreno vidrioso. Durante la gestión de Raúl Alfonsín, el
gobierno había presentado varias denuncias penales contra los pesqueros por utilizar
combustible desgravado no para su actividad específica sino para la reventa.
Por ahora, el reparo más consistente contra el proyecto está referido a su impacto sobre
las cuentas públicas, tal como advirtió Economía. Según Lamberto, los 30 centavos por
litro sobre los gasoleros permitirían recaudar alrededor de 300 millones de pesos anuales
(estos coches consumen mil millones de litros por año). Pero el grueso de los casi 1400
millones que hoy recauda el Estado por este impuesto provienen del tributo sobre las
unidades que quedarían desgravadas. La pérdida podría ser mayor, si se piensa que la
diferencia de precios podría generar un mercado secundario de combustible,
“imposible de controlar”.
A ojos de los secretarios de Jefatura de Gabinete, Miguel Solé y Néstor Alcalá, los
temores del diputado serían infundados, ya que el impacto fiscal de la iniciativa
“es neutro”. Con ese argumento, sostienen que Roque Fernández terminará
avalándolo, “tal como hizo con el impuesto para los docentes”. “Este
proyecto (de transformación del ITC) es del gobierno y Economía no hizo ningún estudio
sobre el tema. Nosotros sí”, sentenció Alcalá ante Página/12, minimizando la
resistencia del Palacio de Hacienda.
El camino tampoco es llano en el Parlamento. Aunque los legisladores juzguen que el
proyecto agranda el bache fiscal y propicia la evasión, especulan que, de oponerse,
podrían provocar el levantamiento de los transportistas y del campo. “No lo veo a
(Humberto) Volando –diputado del Frepaso y ex dirigente ruralista– votando en
contra”, ironizaba ayer Solé.
| Pou insiste con dolarizar Pedro Pou tiene una obsesión con la dolarización. Olvidando que es el
presidente del Banco Central y, por lo tanto, tiene la obligación de defender el valor de
la moneda como prioridad en su gestión, sigue insistiendo con eliminarla adoptando la
dolarización. Ayer volvió al ruedo con ese tema al inaugurar un Congreso sobre Política
Económica Argentina. “La dolarización conlleva más beneficios que costos”,
afirmó Pou, sin definir ni lo uno ni lo otro. Y agregó que “la moneda fiduciaria,
una invención muy reciente, ha sido tal vez excesivamente valorizada”. Por su parte,
el titular del Banco de Galicia, Eduardo Escasany, consideró hoy que “no hay
margen” para politizar la economía y opinó que la Argentina debería utilizar la
línea de crédito contingente que ofrece el Fondo Monetario Internacional (FMI). |
EL GOBIERNO OTORGARA LOS AVALES PARA CONSTRUIR
EL CANAL FEDERAL
Jorge Rodríguez avanza por el canal
Jorge
Rodríguez, jefe de Gabinete, aseguró ayer que Economía tiene todo dispuesto para
redactar los avales a las empresas adjudicatarias de una obra del Canal Federal,
sugiriendo que se habrían zanjado las diferencias de criterio entre esas áreas de
gobierno. De todas las pendientes, esta controversia es la menos clara, ya que ahora Roque
Fernández se resiste a conceder aquellas garantías, que él mismo comprometió en enero,
firmando un decreto de necesidad y urgencia. El ministro querría la tranquilidad de una
ley.
Aquel decreto autoriza a la Secretaría de Recursos Naturales a contratar por el sistema
llave en mano obras para realizar el canal con avales del Tesoro. Pero ahora, que el
Gobierno adjudicó algunos tramos a un consorcio que integran, entre otras empresas,
Roggio y Techint, el ministro es renuente a extender aquellas garantías, por una razón
que ni él ni ninguno de sus colaboradores precisó en público.
“Economía no quiere dar aquellos avales por cuestiones de tipo valorativo que no le
competen. Simplemente, cree que la obra es poco rentable”, chicanea el secretario de
Control Estratégico, Miguel Solé.
El funcionario reconoció ante Página/12 que, en esta etapa, el monto en juego asciende a
un poco más de 300 millones, que insumirían una presa en Catamarca, un acueducto desde
esta provincia al noreste de La Rioja y otro desde Santiago del Estero con el mismo
destino.
La obra adjudicada requiere avales del Tesoro para que las empresas consigan
financiamiento, ya que el Estado paga la obra una vez que esté concluida. Pero, a
sugerencia de su departamento jurídico, Roque se habría negado a otorgarlos. Para
terminar con el conflicto, el Procurador del Tesoro, Rodolfo Díaz, emitió un dictamen
habilitándolo. Pero este papel al que aluden los funcionarios de Jefatura, por ahora, es
un misterio.
Lo cierto es que no existen antecedentes de que el Estado haya otorgado avales que
aumenten el endeudamiento sin el respaldo de una ley. Ayer, un destacado legislador
oficialista especulaba ante este diario que esto podría fundar la resistencia de
Fernández, quien aspiraría al reaseguro de una norma votada por el Congreso. Si no la
tiene, el ministro de Economía estaría violando la ley de Administración Financiera,
que obliga a incluir cualquier deuda asumida en el Presupuesto.
A esto, Jefatura contrapone que, al estar adjudicado, el contrato genera obligaciones
ineludibles para el Estado, que no podría dar marcha atrás sin costo.
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