Lo que no podrán hacer

* Créditos: Cuando un moroso de cuota alimentaria intente obtener un crédito, la entidad financiera deberá negárselo luego de solicitar y comprobar que su nombre está en el registro. Esta impugnación será inmediata en trámites realizados en el Banco Ciudad. Se tratará, en cambio, de un cruce indirecto de datos cuando el pedido se inicie en otra entidad bancaria. Aunque aún no quedará regulado, se prevén sanciones para las entidades bancarias que infrinjan la norma.
* Tarjetas de crédito: El Banco Ciudad no emitirá ni renovará tarjetas a los deudores publicados por el registro. Idéntico procedimiento deberán seguir las otras entidades bancarias.
* Veraz: La deuda de cuotas quedará registrada en ese sistema.
* Licencia de conducir: Durante el trámite se pedirá el certificado expedido por el registro para renovarla o pedirla por primera vez. Cuando se compruebe que el solicitante es moroso se le negará la licencia. Sólo aquellos que prueben un motivo de trabajo para pedirla obtendrán, por única vez, una transitoria por el término de 45 días. Si cumplido el plazo no se han puesto al día, no podrán renovar el registro.
* Cuentas corrientes: La administración pública no podrá abrir cuentas corrientes, otorgar concesiones, licencias o permisos a los deudores. La sanción se haría extensiva a otra entidades bancarias.
* Habilitaciones: No obtendrán habilitaciones los inscriptos en el registro. Una modificación que estudian incorporar al proyecto prevé que aquellos que demuestren un interés legítimo podrán denunciar ante la Dirección General de Registros al titular de una habilitación, acompañado del certificado expedido por el Registro de Morosos.
* Cargos públicos: Los poderes, instituciones u organismos de la ciudad no pueden designar como funcionarios jerárquicos a quienes se encuentren incluidos en el registro.
* Inmuebles: En trasferencias de inmuebles, el escribano pedirá al que vende el certificado del registro. Si se comprueba que es deudor, se retendrá el importe, y se lo depositará a la orden del juez de la causa.

* Francia: El código de seguridad social prevé desde el '85 que cuando al menos uno de los padres se sustrae de la cuota alimentaria, la asignación la abona el Estado a título de adelanto de la cuota. Se trata de un salario mínimo temporario. El Estado acreedor prevé una sanción penal con cumplimiento de servicios sociales y retiro de la licencia de conductor. El certificado de exención se presenta para trámites, incluso de pasaporte. La situación traba el acceso a créditos.
* Estados Unidos: Existe un registro central con los obligados a aportes.
El sistema posibilita el control en los distintos Estados. Los sancionados no pueden renovar la licencia de conducir, se les cierran las cuentas bancarias y se les impide acceder a la jubilación. En casos de reembolsos de impuesto, el Estado los intercepta para cubrir la deuda.
* Uruguay, El Salvador, Colombia y Ecuador: El Estado prohíbe a los deudores de cuotas de alimentos la salida del país. En El Salvador está reglado por el Código de Familia. En Ecuador, la salida se prohibió a partir del '82.
* Canadá: A partir del '96, en Ontario quien no cumple con la orden de pago de alimentos 30 días después de la indicación judicial se le quita la libreta de conducir.
* Suecia, Dinamarca, Alemania, Suiza, Noruega del este y Finlandia: En estos países el Estado adelanta las cuotas alimentarias y prevé mecanismos de sanción contra el deudor.
* Venezuela: La ley tutelar de menores prescribe desde el '80 que a los 30 días después de dictada la sanción se declare insolvente al deudor. Esto traba la salida del país, impide enajenación, traslado y grava los bienes muebles e inmuebles.

Colaboró Adriana Wagmister, abogada de Derecho de Familia, docente de la UBA.

SUSANA GALLO, MADRE DE TRES HIJOS
"Terminé perdiendo el departamento"

"Me dejó en situación de bancarrota y cinco meses después de separarnos perdió contacto con los chicos", afirma Susana Gallo de su ex marido, un abogado con buen pasar económico, de quien se divorció en julio de 1996, luego de 14 años de matrimonio. "Se borró completamente. Además, me dejó con una hipoteca en el departamento y terminé perdiéndolo, porque no pude afrontar la deuda", agregó la mujer, de 39 años, con la bronca acumulada. Hace dos años y ocho meses que no le pasa un peso para mantenerlos. Su estándar de vida bajó abruptamente. Pero lo que más la indigna es la actitud de su ex esposo hacia los 3 hijos de ambos, de 16, 12 y 11 años, a quienes ni siquiera llama para saludarlos cuando cumplen años.

Susana o "Almendra", como la llaman sus amigos, es profesora de lengua y literatura pero trabaja en doble turno como secretaria docente en una escuela de la ciudad de Buenos Aires y dos días a la tarde da un curso de teatro para jóvenes en el Colegio San José, adonde concurre el mayor de sus hijos, a manera de canje por la exención de la cuota escolar que le otorgaron cuando su marido la dejó seca. A las dos menores no tuvo otra salida que sacarlas de la escuela privada a la que iban y mandarlas a otra subvencionada. Viven en un departamento prestado de la mitad del tamaño del que tenían antes.

La historia de Almendra es la de muchas mujeres: antes de la separación, trabajaba sólo tres horas diarias y el resto de la jornada se dedicaba a la crianza de sus chicos. "Era un pacto tácito entre los dos: él mantenía la casa y yo me encargaba de la organización del hogar. Aunque yo, además, lo ayudaba en su estudio, haciendo tribunales", recordó Almendra.

Paralelamente al divorcio contradictorio que sigue en la Justicia, tramita un juicio por alimentos. La jueza a cargo de la causa reguló un monto provisorio de 300 pesos mensuales por todo concepto, por los tres hijos, una cifra exigua a criterio de Almendra. Pero su ex nunca se dio por aludido. "Usó todos sus conocimientos legales para evadirse de sus obligaciones con sus hijos: vive presentando distintos domicilios o desaparece del que da y del juzgado no le pueden notificar resoluciones o citaciones", agregó la mujer. "A los chicos no les podés decir: esperen la sentencia para que les crezcan los pies. Hoy necesitan zapatillas", ironiza Almendra.

Su ex se desentendió de sus hijos al formar otra familia. Hoy él tiene otros dos hijos y vive en Uruguayana, Brasil, donde asesora a empresas transportistas. Cada tanto viaja a Buenos Aires, donde también tiene algunos clientes. "No tiene sentido que el registro de deudores se limite a la ciudad de Buenos Aires. Si no tiene alcance en el Mercosur no sirve para nada", opinó.

NORMA RODIO, MADRE DE DOS CHICOS
"Hace dos años que no recibo cuota"

"Vivimos de la caridad ajena", sentencia Norma Rodio, 38 años, empleada autónoma, actualmente sin trabajo. De una casa con pileta en la localidad bonaerense de Zárate, pasó a un departamento de dos ambientes en la Capital Federal. Sus dos chicos, una nena de 11 y un varón 9 años, cambiaron el colegio privado por uno público, y se quedaron sin cobertura social. Todo, después de que Norma se separó de su ex esposo y él se desentendió de su rol de padre. "Hace ya dos años que no recibo cuota y tres que mis hijos no lo ven", reveló Norma.

Norma y su ex se separaron en 1994, luego de siete años de matrimonio. En abril de 1997, acordaron en la Justicia que él se haría cargo de una cuota alimentaria de 450 pesos mensuales y el pago de la cobertura médica de los chicos. "Durante los primeros ocho meses pagó a puchitos el total de tres cuotas. La última vez que me dio dinero fue en noviembre de 1997", precisa ella.

Cinco meses más tarde, Norma resolvió denunciarlo penalmente por incumplimiento en un juzgado de Campana. Pero los tiempos de la Justicia no suelen coincidir con la premura económica que tienen las mujeres en situaciones semejantes. La causa estuvo dormida durante un año. Recién cuando en abril último Norma se presentó a averiguar en qué estaba, comenzó a moverse. La paradoja del caso es que como el padre de sus hijos es el acusado, es él quien goza del beneficio de un abogado gratuito designado por la defensoría. Ella, en cambio, que es la víctima y reclama la cuota alimentaria que establece la ley, debe hacerse cargo de su representación legal.

Norma es miembro de una asociación civil que trabaja en la defensa de los Derechos de Asistencia Familiar de los Hijos, formada por madres separadas que no cobran cuota de alimentos para sus chicos. Metida de lleno en la problemática, señala los baches de la legislación vigente. "El problema es que no hay ninguna ley para el mientras tanto, hasta que hay sentencia. Pero además, si el hombre paga sólo 20 pesos de mensualidad, la ley considera que tiene voluntad de pago y no que está incumpliendo, y no lo sanciona", agregó. Para ella, un registro de deudores local no serviría para mucho. "Si no es nacional tendría sólo un valor simbólico. Por otra parte, no nos garantiza que vayamos a cobrar", opinó y se muestra partidaria por un sistema como el francés, donde el Estado subvenciona a la mujer y pasa a ser el acreedor del hombre deudor y quien lo persigue para que pague. "Pero a las mujeres no les falta dinero", destacó. Su ex ya tiene otra mujer y otros dos hijos en Zárate donde es propietario de una agencia de remises.