Falseamiento de datos en el Indec

La Justicia ordenó restituir en su puesto al funcionario que denunció a sus superiores de haber inflado las cifras de exportación.

Días después de que el caso tomara notoriedad, Martínez Pardies fue suspendido, sin goce de sueldo, imputándosele haber violado, con sus declaraciones periodísticas, "la confiabilidad de los datos" y el Código de Etica Pública, que establece que un funcionario debe denunciar primero ante los órganos administrativos correspondientes. La Justicia dice que los directivos del INDEC mostraron "una conducta de carácter persecutorio".

El 14 de octubre último, este diario reveló que Martínez Pardies había hecho una denuncia ante la Justicia federal contra Héctor Montero y Samuel Goldberg, máximos directivos del INDEC, por el manejo indebido de información pública. Según el funcionario, el organismo contabiliza exportaciones millonarias que nunca se producen, en base a datos poco confiables de la Aduana. La denuncia es también la punta para una futura investigación de una nueva megadefraudación fiscal contra el Estado: "En función de qué información documental se pagaron reembolsos y devoluciones de IVA por estas exportaciones", se preguntó el funcionario ante la Justicia. Esta causa está hoy en manos del juez Jorge Urso, que en los próximos días podría tomar declaración a los directivos involucrados en el caso.

Antes de hacer pública la denuncia, Martínez Pardies ya había sido desplazado de sus funciones originales, como director de Comercio Exterior, cargo al que había accedido por concurso de antecedentes entre 20 postulantes, siendo "comisionado" a tareas de archivo en el edificio que el organismo posee en la calle Tejedor 260. Pocos días después de que el tema adquiriera repercusión periodística, fue suspendido, y no sólo dejó de cobrar su sueldo de 4200 pesos sino que encima los hombres de seguridad privada del organismo le impidieron el ingreso a su puesto de trabajo.

Ante esta situación, Martínez Pardies presentó un recurso de amparo contra el INDEC. El viernes pasado, el juez federal Martín Silva Garretón hizo lugar al pedido y ordenó el cese de la suspensión. Entre sus argumentos, Silva Garretón estima que pudo haber "una conducta de carácter persecutorio" contra el funcionario. "El funcionario público debe ajustar su conducta al derecho que tiene la sociedad sobre la actividad de la Administración", asegura el juez, descalificando así la causa esgrimida por los directivos del INDEC para fundamentar la suspensión. El Código de Etica de la Función Pública dice que, en primera instancia, ante este tipo de denuncias, deben ser informados la Sindicatura General de la Nación o la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas o la Auditoría General de la Nación.

Por otro lado, Silva Garretón descalifica "la absoluta falta de fundamentos" de la resolución firmada por Montero, el 28 de abril pasado, que determinó el desplazamiento del funcionario a tareas de estudio de la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, creada en los años '70. "El lugar fijado para el cumplimiento de la tarea asignada --dependencias del Instituto en la calle Tejedor 260-- distinto de aquel donde se encuentra la Dirección a su cargo, sin material y recursos adecuados, con el agravante de que se le indica que el material bibliográfico de consulta debe obtenerlo de la biblioteca del Instituto, lo que parece un contrasentido, pues la biblioteca no se encontraría en el lugar de trabajo asignado sino en la calle Julio A. Roca 609", afirma. "Todo ello parece poner en evidencia la desviación de poder al encomendarle una tarea que no se encontraría en el marco de la competencia del INDEC y de la dirección a su cargo", concluye el magistrado.

PRINCIPAL