"Debe saber dónde están los chicos apropiados"

En diciembre de 1998 el abogado del dictador Emilio Eduardo Massera intentó utilizar el caso de Emiliano Hueravilo --un joven nacido en la ESMA y recuperado por sus abuelos-- como argumento de que la apropiación de menores durante la dictadura no obedeció a un plan. Las maternidades clandestinas, las listas de familias esperando por los niños, más de 200 denuncias, 500 chicos buscados y más de 60 recuperados lo contradijeron.

Eduardo de Pedro, a quien todos llaman Wado, tiene 23 años y reparte su tiempo entre la agrupación HIJOS, su trabajo en el sindicato de empleados judiciales y las primeras materias de la carrera de Derecho. Se crió con su tía Estela. Su papá, Enrique de Pedro, fue asesinado en abril de 1977.

Wado tiene en claro que su caso "no exime de culpa" a Suárez Mason sino que es prueba de que los jefes militares "saben dónde están" los chicos desaparecidos. "Independientemente de la decisión política del Gobierno, la Justicia, además de encarcelar a los genocidas tiene que guiar la investigación para encontrar a nuestros hermanos", afirma enfáticamente. Está contento porque Pajarito está preso, pero insiste en que eso no le alcanza: "Los HIJOS, junto con las Abuelas, vamos a insistir hasta recuperar a los bebés apropiados hasta las últimas consecuencias. Queremos restitución y castigo", repite para que no queden dudas.

El operativo en la casa de Floresta duró más de una hora e incluyó bombas y hasta un helicóptero. Es que los militares le habían arrancado a un detenido en la tortura que allí había 150 mil dólares. Según el relato de un ex gendarme, los miembros de la patota se pelearon por el botín al punto tal que alguno de ellos tiraron una granada cuando tres represores estaban dentro de la casa. Uno murió y los otros dos resultaron heridos.

Carlos Guillermo Fassano, padre del niño que llevaba en su vientre Lucila, fue fusilado y su cuerpo fue quemado en el lugar. La mujer, de 24 años, fue llevada al centro clandestino El Olimpo. Según algunas versiones, sin vida. Sin embargo, el capitán de Fragata Carlos de Bento aseguró que fue arrojada al mar en uno de los vuelos de la muerte. Es decir, que habría sobrevivido al secuestro y probablemente dado a luz. Osvaldo Acosta --ex detenido-- relató que en octubre de 1978 los represores de El Olimpo discutieron fuertemente porque la plata de la casa de Floresta no aparecía. Como Acosta era abogado, el prefecto Cortez le encomendó que iniciara un sumario. "Me encontré en la particular situación de interrogar a mis secuestradores. Y hasta tenía facultad para dictar el sobreseimiento, lo que tuve que hacer al comprobar que no podía demostrar la existencia del dinero. Cortez, en agradecimiento, me regaló chocolatines", afirmó Acosta en el Juicio a las Juntas.

Los Revora, que viven en Mercedes, se enteraron del operativo del 11 de octubre unos días después, por un llamado de una compañera de Lucila. A partir de ese momento empezaron a buscar a Wado. Carlos Revora, hermano de Lucila, dio con un comerciante que tenía llegada a Suárez Mason. Esta persona pidió entrevistarse con Pajarito cuatro veces antes de ser atendido. "El tema está solucionado", dijo cuando salió.

Los Revora no supieron qué pasó en la audiencia. Pero pocos días después, el 13 de enero de 1979, Wado fue entregado al cura párroco de la catedral de Mercedes quien lo devolvió a sus tíos. Ni él ni su familia sabe dónde estuvo durante tres meses. Suárez Mason sí. "Y tiene que saber dónde están muchos chicos apropiados", afirma Wado.

EXIMEN DECLARAR A UN JUEZ DEL PROCESO EN CÓRDOBA
La ex subordinada accedió

Por Mónica E. Gutiérrez
Desde Córdoba
El ex juez de la dictadura Miguel Angel Puga quedó eximido de testimoniar ante el juzgado federal de Córdoba que investiga los 30 crímenes cometidos en la Unidad Penitenciaria 1 que funcionó como centro de detención desde 1976, después de que la jueza Cristina Garzón de Lascano hiciera lugar al pedido del ex magistrado en ese sentido. En su solicitud, publicada por Página/12 la semana pasada, Puga había reivindicado el golpe y justificado la inacción de los jueces al señalar que "no podían ni debían ocultar ni puntualizar más de lo que conocían en las causas judiciales". Ahora se teme que la jueza niegue el pedido de la fiscalía y del abogado querellante para que los militares declaren bajo juramento y con el apercibimiento que les podría caber si se comprueba que no dicen la verdad. Luciano Benjamín Menéndez y otros ex jerarcas del Tercer Cuerpo esperan esa resolución.

En su resolución, Garzón de Lascano adhirió a la postura de Puga al precisar que los jueces federales "no revisten la condición de testigos porque habrían tomado conocimiento de los hechos que se investigan en oportunidad del ejercicio de las funciones que les competían como jueces". El ex juez debía responder por lo menos por cuatro presos políticos que estuvieron a su cargo; en algunos casos él mismo archivó las causas después de ser notificado de las muertes. En el mismo escrito que convenció a la jueza, Puga había afirmado que los "30 reclusos fueron abatidos por las fuerzas de seguridad por mediar intento de fuga", cuando es eso mismo lo que se intenta dilucidar, en tanto hay pruebas de que fueron fusilados en fugas simuladas.

En los tribunales no pasaron inadvertidas las apelaciones que Puga realizó en su escrito, dirigidas a las funcionarias que llevan adelante el proceso. "Como usted sabe, porque en esa fecha usted trabajó estrechamente como secretaria y colaboradora directa del Dr. Adolfo Zamboni Ledesma (juez federal Nº 1) y ocasionalmente del suscripto", le dice Puga a la jueza en su presentación.

El abogado querellante, Rubén Arroyo le anticipó a Página/12 que apelará la resolución ante la Cámara Federal. "Desconozco los fundamentos del decreto porque aún no fui notificado, pero me parece grave, porque no creo que exista ninguna causa jurídica para que un ex juez no pueda prestar declaración", señaló. Según el abogado, la presentación de Puga "tiene párrafos que lindan con la apología del terrorismo de estado, porque dice que la Justicia actuó sometida al 'poder revolucionario vigente' desde el 24 de marzo de 1976. Lo que él llama poder revolucionario es lo que la cámara del juicio a las juntas y la CIDH calificaron como plan de exterminio", precisó.

Arroyo no ocultó su desagrado por la decisión de Garzón de Lascano, que llamaría a declarar a los militares como testigos sin las condiciones del juramento ni la obligación de decir la verdad. "La investigación de la verdad histórica carece de sentido si esto ocurre, porque vamos a invitarlos a mentir nuevamente", opinó el abogado.

PRINCIPAL