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Por Laura Vales Sin un papel ni una carpeta. Con computadoras de menos y los discos rígidos de las que quedaron borrados. Así encontraron las nuevas autoridades del PAMI los dos pisos donde Víctor Alderete tomó las decisiones centrales de su gestión: absolutamente vaciados. Ayer el Gobierno intervino la obra social de los jubilados la que maneja el tercer presupuesto del país y carga con el estigma de haber funcionado como botín de guerra del partido en el poder con dos promesas centrales: avanzar contra la corrupción y restablecer las prestaciones cortadas. El PAMI está desquiciado, sintetizó Cecilia Felgueras en su primer conferencia de prensa como flamante interventora. El equipo multipartidario que quedó al frente del Instituto está integrado por Felgueras, el médico sanitarista del Frepaso Angel Tognetto y el economista del PJ Horacio Rodríguez Larreta. Y su asunción fue mucho más complicada que lo que se admite oficialmente. Ante la abierta oposición a ser intervenidos de los directores que acompañaron toda la gestión de Alderete, sólo un acuerdo con la CGT evitó que las nuevas autoridades fueran recibidas con una manifestación de protesta (ver aparte). Aún así no se descartó ninguna precaución: la intervención entró al PAMI cinco horas antes de lo previsto. La noche anterior, en una reunión con Fernando de la Rúa, se había tomado la decisión de anticipar su llegada para evitar cualquier tipo de conflicto. Los tres interventores junto a 41 técnicos y 25 integrantes de la Sindicatura General de la Nación entraron al edificio de Perú y Diagonal Sur a las nueve y media de la mañana. Dos horas más tarde, en una conferencia de prensa en la que también estuvieron el ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra y el de Salud Héctor Lombardo se anunciaron las medidas centrales a tomar: u Se investigará el monto real del déficit del PAMI estimado en 1.800 millones y su origen para distinguir las deudas legítimas de las ilegítimas. u Se revisarán los contratos vigentes y se definirá una nuevo sistema contractual a aplicar desde el primero de enero. u Habrá un sistema de control que pasará por la Sindicatura General, la Auditoría General de la Nación y la oficina anticorrupción. u Hoy se mantendrán conversaciones con todos los ministros de Salud y Acción Social del país para que no se interrumpan las prestaciones. Y en dos semanas se intervendrán las 76 delegaciones del PAMI en el interior. u Dentro de 15 días se dará a conocer un primer informe sobre la situación de la obra social y es probable que para entonces se eleven a la Justicia las primeras denuncias. Una de las principales preocupaciones es la decisión que tome la Corte Suprema sobre la virtual privatización de los servicios de salud del PAMI. Como se recordará, Alderete impulsó una licitación para que tres gerenciadoras se hagan cargo de administrar la mayor parte de las prestaciones de la obra social. La Justicia frenó la puesta en marcha del sistema, y el caso espera ahora una definición en la Corte, que si avalara el sistema montado por Alderete, puede condicionar toda la política de salud de la actual gestión. La idea de la Alianza es eliminar progresivamente a las gerenciadoras, que en algunos casos se quedan con el 15 por ciento de los presupuestos sólo por intermediar entre el PAMI y los sanatorios y clínicas. Uno de los técnicos recién desembarcados en la obra social explicó el panorama encontrado en la primera jornada: el primer objetivo es hacernos una idea de cuál es la situación y por eso buscamos a los gerentes, pero la mayor parte de ellos ni siquiera apareció. En general ni siquiera hay informes de cada área, aunque los subgerentes nos aseguraron que los elevaron hace varias semanas. Hay muchas computadoras convertidas encarcasas, sin un sólo programa y pisos que parecen recién amueblados porque no dejaron un sólo documento. De todas maneras se comenzaron a analizar algunos contratos y sobre todo a recibir llamados de prestadores que están en conflicto por falta de pago. A los bioquímicos, por ejemplo, les deben tres meses de pago, a pesar de que el PAMI entregó el dinero que les corresponde a la gerenciadora que los subcontrató, y algo parecido pasa con los radiólogos, que aseguran que fueron obligados a rescindir sus convenios directos para pasar a depender de intermediarias. La impresión es que esta es una situación generalizada y que hay muchas servicios que se cortaron no porque falte dinero sino porque los fondos fueron retenidos.
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