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¿Por qué esa carita, Paixao?
El cansancio moral de haber sido descubierto. |
Por Horacio Verbitsky
 El sueldo
del gobernador de la provincia de Buenos Aires, –Carlos Ruckauf– y el de cada
uno de los ministros y secretarios de su gabinete se elevará a unos 23.500 pesos
mensuales, sumando el básico y los adicionales. Sin embargo, la información oficial
sostiene en forma vaga que la remuneración del gobernador sería “del orden de los
8.000 pesos”. Además Ruckauf recibió un incremento en la partida de fondos
reservados: había pedido dos millones para que el ministerio de Seguridad pagara
alcahuetes, pero la legislatura votó el maquillaje de asignarlos a la gobernación, que
además suma otros 800.000 pesos. El Frepaso planteó su oposición a cualquier rubro de
gastos reservados, pero terminó aceptando que Ruckauf asumiera la responsabilidad por
ellos. El ex gobernador -Eduardo Duhalde– mostró que durante su gestión los gastos
reservados no se habían ejecutado, pero dijo que él no vivía de su sueldo sino de los
adicionales y gastos extraordinarios. El mismo día en que la Legislatura bonaerense
convirtió en ley esos incrementos, el sucesor de Ruckauf en la vicepresidencia, Carlos
Alvarez, viajó en subte desde el Congreso hasta la Casa Rosada, para asistir a la
reunión en la que el presidente Fernando De la Rúa anunció que había
promulgado la ley de presupuesto nacional que contempla el aumento prometido a los
docentes durante la campaña electoral. Alvarez también suprimió la partida de gastos
reservados que Ruckauf tenía en el Senado de la Nación. Son formas distintas de
construcción republicana.El Senado provincial había aprobado el aumento de
remuneraciones del Poder Ejecutivo por unanimidad y sin debate. Es decir con el voto del
PJ y de la Alianza. Pero cuando el proyecto de ley fue remitido a la otra cámara, el
Frepaso hizo saber que no lo votaría. Su argumento fue que si bien parecía lógico
trasladar a un básico razonable la parte de las remuneraciones por gastos de
representación y funcionales y suprimir del presupuesto los gastos extraordinarios,
siempre sería de difícil comprobación que no se siguieran percibiendo. Además, sostuvo
que no era correcto ni desde un punto de vista político ni desde un enfoque ético
incrementar las remuneraciones de los gobernantes al mismo tiempo que se congelaban los
salarios de toda la administración pública y se anunciaba el recorte de viáticos y
horas extras para miles de empleados públicos que los cobraban como complemento salarial
permanente. Por otra parte, la eliminación de los gastos extraordinarios era predicada a
través de los medios y sólo cuando éstos preguntaban, pero no se incluía en el
cálculo de gastos y recursos del presupuesto provincial.Uno de los representantes del
Frepaso, Horacio Piemonte, dijo en reunión de bloque que si la Alianza apoyaba la
canonjía, él fundamentaría su oposición en el recinto. Para evitar ese escándalo los
diputados radicales acordaron oponerse, pero idearon un mecanismo que dejara a salvo la
alafa del gobernador. A la hora de votar el aumento, retiraron a un grupo de diputados del
recinto. De ese modo el justicialismo quedó en mayoría y pudo aprobar la ley, en un
cuerpo en el que la Alianza tenía 48 bancas y el Justicialismo 44. El mismo sistema
utilizó la UCR entre julio y diciembre de 1989 para facilitar la sanción de todas las
leyes de emergencia del incipiente gobierno nacional de Carlos Menem, cuando el bloque
opositor que presidía el diputado César Jaroslavsky aún conservaba la mayoría. Aquella
negociación fue cerrada con el ex Presidente del bloque justicialista, José Luis
Manzano, quien la semana pasada reapareció con una misteriosa visita al despacho en la
Casa Rosada del contumaz alfonsinista Carlos Becerra. En aquél momento el apoyo de la
mayoría parlamentaria radical a la sanción de las leyes de emergencia del menemismo fue
una de las condiciones para que Alfonsín pudiera abandonar antes de tiempo el potro de
tormentos de la presidencia. Ahora esediscreto método, que permite favorecer la sanción
de aquello que se declara abominar, es parte de los acuerdos entre los ejecutivos débiles
de Ruckauf y De la Rúa, que tienen problemas simétricos con las mayorías opositoras en
la Legislatura provincial y en el Congreso Nacional. En ambos casos la palabra clave es
gobernabilidad. Esto provoca tensiones dentro de cada una de las fuerzas. No habría que
olvidar que casi cien mil radicales cortaron boleta en contra de Graciela Fernández
Meijide en las elecciones del 24 de octubre de 1999 y que esa fue una de las razones de la
victoria de Ruckauf para la gobernación, pero también de su menor fortaleza en la
Legislatura. En la Cámara de Diputados de Buenos Aires por un lado funcionan los 29
legisladores de la UCR y por otra los 20 del Frepaso, que no están integrados en un
bloque único. Pero desde que se constituyó la Alianza nunca han votado divididos. El
incremento de las remuneraciones para el gobernador y sus ministros fue votado por la
legislatura anterior. La Alianza tenía menos diferencia de bancas a favor que en la
legislatura que surgió de las últimas elecciones y que debutó el jueves aprobando el
presupuesto 2000. Aunque al presentar el aumento de las remuneraciones el gobierno
provincial argumentó que se trataba de practicar un blanqueo que terminara con la
hipocresía y el ocultamiento, el sueldo de los miembros del Poder Ejecutivo se ha perdido
en una oscuridad más profunda que nunca, porque se compone de partes votadas en distintas
leyes. Esto impide conocer las cifras finales, lo cual diluye el impacto público. Una ley
especial, votada una semana antes de la transferencia del mando de Duhalde a Carlos
Ruckauf, equiparó el sueldo del gobernador con el del presidente de la Suprema Corte de
Justicia de Buenos Aires y el de los cuatro ministros y ocho secretarios de Estado con el
de los jueces de aquel tribunal. Otra estableció una serie de adicionales a esas
remuneraciones por gastos de “cortesía y homenaje” y de “refrigerio y
comida”, que rompen la presunta equiparación con la Justicia. Ni siquiera es posible
un cálculo exacto del volumen de los sobres de Ruckauf y sus ministros, ya que este año
el presupuesto provincial no fue desagregado por programa, aduciendo que la sanción de
una nueva ley de ministerios obligaba a recalcular por áreas. La desagregación fue
prometida por el Ejecutivo para dentro de 60 días. Por ahora los viáticos del gobernador
figuran en el rubro Bienes de Servicio de la Administración General, lo cual hace
imposible controlarlos. Más de 13.000 de los 80.000 trabajadores estatales bonaerenses
cobran viáticos, que se manejan en forma discrecional, en una verdadera caja negra de 130
millones de dólares. Cuando Ruckauf anunció la reducción de los viáticos y horas
extras de los empleados públicos, e incluyó entre ellos los adicionales a su sueldo y al
de sus ministros, la Alianza planteó que con esos fondos se incrementara la masa salarial
que percibe el conjunto de los trabajadores. El presupuesto no contempla nada de eso. A
principios del año pasado la legislatura había votado un aumento de la remuneración de
los intendentes. Cuando esa decisión fue conocida provocó agrias reacciones sociales,
que muchos dirigentes políticos de los que no atraviesan los distritos en caravana,
sintieron durante la campaña electoral. Como en cada comuna varían los adicionales, no
hay una remuneración única. Según esas diferencias, la remuneración de los intendentes
oscila entre los 8.000 y los 12.000 pesos por mes. Esa es una de las razones por las que
el gobierno nacional está preparando una ley que unificaría y pondría un tope a las
remuneraciones de quienes desempeñan cargos en los ejecutivos y legislativos nacional,
provinciales y municipales. Pero una vez aprobada por el Congreso de la Nación, esa ley
debería ser tratada por las legislaturas provinciales ya que la Constitución federal no
permite decidir esas materias desde la Capital. Según el diario “El Día”, de
La Plata, el sueldo básico del gobernador era hasta ahora de 2.600 pesos y el de los
ministros de 2.000. Con la nueva ley, superarían los 6.000 pesos. En el caso de los
ministros percibirían 6.124 pesos, equivalentes a la “remuneración por todo
concepto” de los jueces de la Suprema Corte. Pero además el gobernador y los
miembros de su gabinete cobrarán como adicionales otros cuatro sueldos básicos de juez
de la Corte (4.126$ x 4). Por último también percibirán un extra para “gastos
funcionales”, que llevará la remuneración total a 23.500 pesos mensuales. Con la
misma escala el gobernador cobraría más de 30.000 pesos mensuales. El cálculo publicado
por ese diario local es el siguiente, para los ministros del gabinete:El salariazo de
RucucuSueldo 6.124Adicionales 16.504Gastos funcionales
800Total 23.428Ruckauf dijo que el proyecto de
equiparación con los ministros de la Corte no era suyo y que fue enviado a la Legislatura
por Duhalde “cuando el gobernador podía ser yo o Graciela Fernández Meijide”.
Es obvio que de haber ganado la Alianza, su candidata hubiera vetado semejante salariazo.
Ruckauf añadió que no lo vetaría porque le parecía bien que el gobernador, que no
puede desempeñar otra actividad, ganara unos 5.000 pesos mensuales (sic). A una radio le
dijo que el proyecto puede provocar malestar porque “se compara lo mal que le va a la
gente que cobra un salario insuficiente o no tiene empleo”. Ruckauf admitió también
que “quizás podría haberse planteado un interregno de tiempo y comenzado a pagarse
dentro de un año, aunque la Constitución de la provincia impide que una vez comenzado el
mandato se cambie el salario del funcionario”. Es decir que la decisión se tomó a
conciencia pura y con desdén por su repercusión, porque el golpe era ahora o nunca.La
gobernación había prometido que una vez sancionada la ley de blanqueo de las
remuneraciones del gobernador y sus ministros, la ley de presupuesto suprimiría los
adicionales. Sin embargo, el presupuesto votado a las 5 de la mañana del jueves 30 de
diciembre establece para este año los mismos adicionales a los sueldos básicos de los
miembros del Poder Ejecutivo que el de 1999: hasta dos sueldos básicos por “gastos
de cortesía y homenaje” y otros dos sueldos básicos para “gastos de refrigerio
y comida”. Lo único que podría modificarlo sería una decisión voluntaria de
Ruckauf y sus ministros de renunciar a esos haberes votados en dos leyes de la
Legislatura. Es decir que sólo la más amplia repercusión pública podría detener el
avance de esta manga presupuestívora.
| El efecto 2000 Por
H. V.
”Me niego a hablar
de una jubilación de dos mil pesos en un país en que se roban dos mil millones”,
dijo Enrique Paixao al renunciar a la Auditoría General de la Nación. Agregó que
abandonaba los espacios públicos para no salpicar al gobierno de la Alianza. Raúl
Alfonsín firmó una solitaria declaración afirmando la honorabilidad de Paixao, que
permite medir la temperatura de las relaciones entre el presidente del Comité Nacional y
el presidente de la Nación: De la Rúa analiza convertir en ley
nacional la disposición del vicepresidente Carlos Alvarez por la que, en el Senado, nadie
podrá percibir al mismo tiempo sueldo yjubilación. El razonamiento de Paixao podría
serle útil al ministro de Economía José Luis Machinea, quien ha sido más severo en su
cosecha tributaria con los que fluctúan en la escala de Paixao que con los grandes
millonarios.Paixao es un reconocido y adusto abogado penalista, que se desempeñó como
subsecretario y como secretario de Justicia de Alfonsín, gestión por la que obtuvo la
jubilación especial. En 1994 fue elegido convencional constituyente. La Constitución de
Olivos armó al Congreso con una Auditoría General, órgano de “control externo del
sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y
operativos”. Su presidente es designado a propuesta del principal partido de
oposición. Alfonsín impulsó para ese cargo a Paixao. Cuando la UCR se convirtió de
oposición en gobierno, el PJ nominó para la AGN al intelectual orgánico de la Patria
Contratista, Rodolfo Barra, autor de la doctrina jurídica que favoreció y justificó el
vaciamiento del Estado por los grandes grupos económicos. La Alianza propuso a Paixao
como vocal por el partido del gobierno.La doctrina Barra afirma que como el contratista
privado construye la obra pública en vista al interés general, el Estado debe pagar por
todas las vicisitudes económicas. Aceptada por la Corte Suprema durante el gobierno de
Isabel Perón, implicó un seguro contra la inflación y, a partir del golpe de 1976,
fundamentó un método de succión dolosa de recursos del Estado, que se convirtió en
invariable pagador de cualquier situación económica negativa, ya no sólo excepcional, a
expensas de ese interés general invocado en el comienzo del razonamiento. La quiebra del
Estado justificó su tupacamarización, en beneficio de los mismos que durante dos
décadas lo habían vampirizado. Menem designó a Barra secretario de Obras Públicas para
practicar esa nueva transfusión. Luego lo remitió a la Corte Suprema de Justicia para
velar por la indemnidad de los partícipes en la fiesta. Alfonsín exigió su renuncia
para habilitar la reelección de Menem, quien lo designó ministro de Justicia. Dejó ese
cargo al revelarse que en su juventud había atentado contra una sinagoga y había sido
propietario de un hotel alojamiento. El gobierno lo contrató como abogado para defender
ante la Corte Suprema la privatización por decreto de los aeropuertos y, una vez
concluida, lo designó para controlarla desde el órgano regulador de nombre checheno, el
ORSNA. Entre una y otra actuación, asesoró a Siemens, que obtuvo la privatización de
los DNI. La Alianza no tuvo fuerza para frustrar el acceso de Barra al cargo porque no
contó con el apoyo que Duhalde le había prometido por los diarios, pero se negó a
tomarle juramento, cosa que sí hizo Antonio Cafiero. Mientras Barra iniciaba una purga de
gerentes de la Auditoría designados por la Alianza, el senador justicialista Jorge Yoma
denunció como una falta de ética que el encargado de controlar las cuentas del Estado
percibiera al mismo tiempo un sueldo y una jubilación de privilegio. En defensa de
Paixao, los radicales afirmaron que su jubilación de privilegio era mínima, con lo cual
coincidió el senador justicialista Emilio Cantarero, presidente de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas “porque dos mil pesos realmente no merecen
que se cuestione al doctor Paixao”. Cantarero explicó que “teníamos que
defendernos de alguna manera” por la agresión sufrida cuando se discutió el caso de
Barra. Buena parte del debate giró en torno del cumplimiento de los acuerdos políticos,
ya que la UCR ya había dado su acuerdo a la designación de Eduardo Mondino como Defensor
del Pueblo de la Nación. El PJ también cumplió su parte, y dejó pasar a Paixao. Pero
el cansancio moral de haber sido descubierto precipitó su renuncia.Sobre una población
de 37 millones de habitantes, el décimo más pobre está formado por 3,7 millones de
personas, con un ingreso promedio de 176 pesos mensuales, o 2.112 al año. La semana
pasada José De la Sota sacudió al país al anunciar que la jubilación mínima en
Córdoba será de ... 500 pesos. Para quienes sobreviven con dos mil pesos por año, los
dos mil pormes que la jubilación de Paixao suma a su sueldo forman parte de una galaxia
remota. En esa misma galaxia giran los dos mil millones que otros se han robado gracias a
doctrinas como la de Barra. No están más cerca de la tierra las dos docenas de miles
mensuales del sueldo y adicionales del gobernador Ruckauf ni el reparto de posiciones
entre los partidos, elevado por el alfonsinismo a doctrina de Estado, y que en Italia
devoró a una entera clase política. ¿Es tan difícil de entender que la autoindulgencia
con la inmoralidad pequeña es la que permite la grande? El episodio Paixao sugiere que
quienes no hayan pensado en el Efecto 2000 se verán en dificultades. |
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