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La
sublevación contra Mahuad se produjo 11 días después de que el gobierno
anunciara la
"El día de hoy
hemos hablado con el señor Presidente de la República y le hemos pedido
que renuncie para evitar un estallido social", declaró por la tarde
el general Mendoza. "En ese sentido, las Fuerzas Armadas, conscientes
de que debemos mantener el orden y la disciplina en el país, hemos optado
por esta situación", a que "nuestra responsabilidad es la de
mantener el ordenamiento jurídico y hemos pedido al Presidente que
renuncie", agregó. Para ese entonces, Gutiérrez había recibido en
el Palacio Legislativo al director de la Academia de Guerra del Ejército,
coronel Fausto Cobo, quien se sumó al "levantamiento nacional".
Cobo aseguraba tener 120 oficiales de la Academia de Guerra y 200 de la
Escuela Politécnica.
"En este momento
el presidente no tiene el mando el país, hay un abandono del poder",
declaró el titular de Congreso, Juan José Pons, y luego sugirió
directamente que Mahuad renunciara oficialmente a su cargo. Pons también
convocó a una sesión extraordinaria en Guayaquil, la ciudad más
importante de Ecuador, a 275 kilómetros al suroeste de Quito, para
abordar "las acciones de un grupo de sediciosos que quiere romper el
orden constitucional". Pero parece que había otro grupo de
sediciosos, de más alto rango. Luego de los típicos anuncios sobre
"el respeto a la institucionalidad", el propio general Mendoza
declaró a través de un comunicado que "las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional demandan al Presidente de la República que tome una
decisión constitucional urgente en el marco del ordenamiento jurídico
para propender a preservar la paz interna del país y evite el aislamiento
internacional de la Nación".
La salida que parecería
tener en mente el general Mendoza es la misma que se adoptó con el ex
presidente Abdalá Bucaram, que en febrero de 1997 fue declarado
"incompetente" por el Congreso y debió renunciar a la
presidencia. En aquel momento, asumió como presidente interino el titular
del Congreso, Fabián Alarcón, quien ocupó el cargo hasta que Mahuad fue
elegido. En este caso, el elegido para reemplazar a Mahuad sería el
vicepresidente Gustavo Noboa. Pero los artífices del levantamiento ya
tienen el gobierno diseñado: coronel Lucio Gutiérrez, presidente de la
República; coronel Fausto Cobo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas; coronel Luis Aguas, comandante del Ejército; coronel Gustavo
Lalama, jefe del Estado Mayor del Ejército; y Antonio Vargas, presidente
del Congreso.
En el norte rico de la
capital ecuatoriana, centenares de personas que
apoyan a Mahuad, marcharon por la avenida de Los Shyris pidiendo la
vuelta del, a esta altura, ex presidente. En el centro, los disturbios
provocados por las manifestaciones y las represiones dejaron 13 heridos,
aunque ninguno de gravedad. El presidente de la Federación de Cámaras de
la Producción de la provincia de Guayas (la más rica del país), César
Rohon, manifestó que todos los empresarios de esta provincia exigen
"la renuncia del presidente de la República, a fin de evitar un
derramamiento de sangre en Ecuador".
Mientras tanto, en el
Palacio de Carondelet, el grupo liderado por Gutiérrez, autonombrado
presidente de la República, y los mandos de las Fuerzas Armadas estaban
tratando de "unificar" el levantamiento militar. La Junta de
Salvación Nacional quiere claramente la marcha atrás en todas las
medidas adoptadas por Mahuad: la dolarización, el congelamiento de los
depósitos bancarios, y el proceso de privatizaciones. Y a nivel político,
el reemplazo del Congreso actual por un Parlamento indígena popular y la
remoción de la Corte Suprema de Justicia. Es poco probable que los altos mandos militares estén de acuerdo con estas medidas. A esta altura, la única certeza parece ser que Jamil Mahuad es el ex presidente de Ecuador.
Cómo fue la larga marcha de los campesinos a Quito
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El
País Por
Juan Jesús Aznárez
Sus dirigentes habían
prometido permanecer en la capital hasta conseguirlo. "Aquí nos
quedamos hasta morirnos pues ya nos íbamos a morir de hambre allá en la
tierra", se quejaba en el parque El Arbolito una cocinera de olla
popular. Los jefes de las manifestaciones "por un Gobierno popular y
de salvación" calculaban que cerca de 50.000 campesinos procedentes
de todo Ecuador se sumarían progresivamente a una protesta contra su
marginación, contra las instituciones del Estado y contra el feroz
encarecimiento de la vida causado por devaluación del sucre, que causó
estragos en este país de 12 millones de habitantes, el 30 por ciento indígena.
La dolarización de la economía aprobada por el Ejecutivo para combatir
la debilidad de la moneda nacional, que evaporó los ahorros de millones y
que ya sufre una inflación galopante, del orden del 60 por ciento, también
es rechazada por la dirección de un movimiento dispuesto a fortalecer su
influencia política mediante la masiva presencia en la calle de las
etnias que lo componen. "Queremos que baje el costo de las semillas y
los fertilizantes porque ya no hay vida si vendemos el quintal de maíz y
habas a los precios de ahora."
Guaman y quienes con
él reclaman atención piden vivir como seres humanos, imposible con
salarios de 42 dólares al mes. El presidente se negó a negociar mientras
la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie)
pretenda destruir el orden político vigente, y no se avenga a razones, lo
que fue reforzado por los hechos de ayer. "La estrategia del gobierno
de impedir que vengamos no ha servido de nada", había animado el
martes a los suyos Antonio Vargas, presidente de la confederación que
promueve el levantamiento. "El gobierno y los políticos corruptos
están asustados. Estamos golpeando duro". Vargas reiteró el carácter
pacífico de la movilización.
Hombres y mujeres,
muchas con niños de pecho, se arroparon con mantas y chales para
pernoctar a la intemperie. Salieron de sus comunidades hace varios días,
durante la madrugada del lunes la mayoría. Algunos peregrinos contra el
hambre se disfrazaron de "mestizos", y otros metían en los
controles diciendo que iban de romería. La policía patrullaba en la
capital. "¡Ya falta poco! No desanimen", estimulaban los más
enteros a quienes desfallecían a sus puertas. María Tigse, ataviada con
sombrero de paño, explicó que las 21 comunidades de la organización
Jatarishum (Levántate) alquilaron 40 camiones, detenidos por los
soldados. "Decidimos seguir a pie." Siempre en pequeños grupos, marcharon por los caminos para cumplir con la Conaie. Una vez en Quito, las diferentes columnas instalaron precarias tiendas de campaña, y en ellas almacenaron bolsas de papas y legumbres, depósitos de agua, cocinas de gas o leña: los pertrechos para prolongar su sublevación. RESPALDOS,
REPUDIOS Y ADVERTENCIAS INTERNACIONALES
En medio de la
renovada y agudísima crisis de Ecuador, las declaraciones de mayor peso
fueron las del gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Estado salió
inmediatamente a alertar sobre las "consecuencias desastrosas"
de un eventual golpe de Estado finalmente consumado. Estados Unidos
"rechaza las acciones de aquellos que ocuparon el Congreso nacional
ecuatoriano y que buscan establecer un régimen anticonstitucional. Sus
acciones son ilegales en Ecuador", advirtió un comunicado oficial.
La enumeración de las consecuencias corrió por cuenta del secretario
adjunto para Asuntos Latinoamericanos, Peter Romero: "Si esto termina
en una Junta o algo extraconstitucional, nosotros tendríamos que repensar
la política hacia Ecuador en todos sus componentes, la asistencia técnica,
los préstamos a través de bancos internacionales y otra asistencia también".
"El Grupo de Río
manifiesta su profunda preocupación por los recientes acontecimientos que
se desarrollan en Ecuador y expresa su rechazo a cualquier intento de
vulnerar el orden constitucional", coincidió un comunicado del
organismo emitido en Bogotá, nueva sede de la secretaría rotativa. Por
su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió de
emergencia para analizar la situación.
El antecesor de
Mahuad, el destituido Abdalá Bucaram, aseguró desde su autoexilio en
Panamá que cualquier intento de golpe de Estado es "nefasto. Mahuad
está viendo en carne propia lo que yo viví". El presidente
colombiano, Andrés Pastrana, expresó "su más enérgico rechazo a
cualquier intento de romper la institucionalidad democrática", y la
Cancillería brasileña repudió todas las manifestaciones que
"puedan amenazar o incluso subvertir el estado de derecho". El
gobierno español se sumó al coro de respaldos y repudios al asegurar que
"sólo mediante el diálogo y la negociación en el marco del
estricto respeto al orden constitucional, la sociedad ecuatoriana podrá
resolver la difícil situación que enfrenta".
En Perú, el
presidente Alberto Fujimori dio instrucciones al canciller Fernando de
Trazegnies para que convoque "cuanto antes" a los cancilleres de
los países miembro de la Comunidad Andina (CAN), entre los que se
encuentra Ecuador, para que emitan un comunicado conjunto sobre la crisis
del país vecino. "Se trata de buscar el mayor consenso tras el
intento de alterar el orden constitucional en el Ecuador, en que están
involucrados elementos militares y dirigentes de organizaciones indígenas",
señaló un comunicado. Los gobiernos de los otros países andinos
respondieron inmediatamente. El canciller chileno, Juan Gabriel Valdés,
afirmó que "los temas sociales y económicos no se pueden resolver
sobre la base de la ruptura de la democracia y los regímenes de fuerza.
Este es un momento muy especial, así como lo fue en el pasado la crisis
de Paraguay". "Bolivia deplora los acontecimientos que pretenden
alterar el normal desenvolvimiento de las instituciones legítimamente
establecidas en Ecuador", coincidió su par boliviano Javier Murillo
de la Rocha. OPINION
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dolarización de la economía, el cambio fijo de la moneda nacional, el
sucre, con el dólar, y el congelamiento de los depósitos bancarios. Este
desesperado paquete de medidas trataba de atajar una devaluación que en
los 15 meses de su gobierno fue superior al 200 por ciento. Y lo que
consiguió fue reducir la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos,
disparar los precios y desencadenar protestas sindicales, laborales y
estudiantiles. Según una encuesta adelantada por la firma Cedatos, el 71
por ciento de los ecuatorianos respalda el movimiento popular que derrocó
al presidente Mahuad. El 64 por ciento aprueba la ocupación del Congreso
Nacional por parte de un grupo de militares y de activistas de movimientos
sociales. No obstante, el 79 por ciento se manifestó a favor del
mantenimiento del orden constitucional, señala la encuesta adelantada
entre 1500 personas en las principales ciudades del país. El jefe del
Estado, Jamil Mahuad, sólo cuenta con un respaldo del 7 por ciento.
Cedatos midió también la popularidad de los líderes del levantamiento y
registró que el triunvirato de la Junta de Salvación Nacional no cuenta
con suficiente popularidad. El coronel Gutiérrez ha recibido el apoyo del
25 por ciento, el líder indígena Antonio Vargas del 34 por ciento y el
ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Solórzano 21 por
ciento. 