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La defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Oliveira, le envió una carta al jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, en la que le reclama más voluntad para colaborar con la Justicia.
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 �Que se dediquen a comandar la fuerza, a establecer pautas para el reconocimiento de la verdad y a cumplir con sus obligaciones judiciales, y que dejen que las decisiones políticas las tomen los políticos.� Este es el mensaje que la defensora del Pueblo, Alicia Oliveira, lanzó en respuesta al inminente ascenso de militares acusados de violar los derechos humanos. Es también el eje de una carta que le dirigió al jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, a raíz de sus declaraciones entre las que incluyó que cree que no hay documentación de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Ejército y que le es imposible revisar todos los depósitos y archivos de la institución. �No se trata sólo de abrir cajones esperando la respuesta total ni de esperar que ella aparezca en el escritorio de un militar ya fallecido�, dice un tramo de la carta de Oliveira al sucesor del Martín Balza. �Recordamos �señala también el texto� que la única manera de develar la verdad histórica no es a través de un documento donde consten todos los datos que se esperan. La obligación de las instituciones del Estado de derecho, entre ellas las Fuerzas Armadas, importa la necesidad de reconstruir la información y ésa es la tarea que reclamamos al jefe del Ejército: un análisis de toda la documentación en poder de la fuerza que permita establecer responsabilidades de sus miembros, hechos delictivos y que por fin establezca el destino de cada una de las personas cuyo paradero se desconoce�. Oliveira objetó los dichos con los que Brinzoni en un reportaje con el diario Clarín aludió a la falta de documentación, a la imposibilidad de revisar la existente, a que �cree que el libro secuestrado en el Hospital Militar (de registro de nacimientos) debe tener información pero no de carácter relevante, puesto que la documentación fue destruida en 1983 cuando así se ordenó. Y que eventualmente pueden aparecer en un cajón cuando se muera algún viejo militar y que todo dato que pueda aportar un integrante del Ejército va a ser entregado a la Justicia�. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es una de las partes en el juicio por la verdad que tramita la Cámara Federal en la Criminal y Correccional de la Capital Federal. A pedido de ese organismo porteño, la Justicia dictó una prohibición de innovar referida a �todas las actuaciones y documentación contenida en el Archivo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas correspondientes a los años 1976-1983, vedándose su incineración o cualquier forma de destrucción�, le recordó Oliveira a Brinzoni. La resolución es de mayo del año pasado y su alcance luego se amplió a los restantes poderes de la República, a los órganos dependientes del Poder Ejecutivo y al Gobierno de la Ciudad. �La voluntad del Ejército de colaborar con la búsqueda de la verdad no ha pasado hasta hoy de meras declaraciones de sus jefes�, reprochó Oliveira. �Recuerdo al jefe del Ejército que es su obligación (...) colaborar con las investigaciones a cargo de la Justicia aportando todo material que pueda conducir al esclarecimiento de la verdad y preservando la documentación en poder de esa Fuerza.� Indignada, además, con los ascensos de represores que llevan el aval del ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, y del presidente Fernando de la Rúa (ver aparte), la Oliveira dijo: �La defensa de estos ascensos, cuando la sociedad civil se opone, demuestra que tengo razón. Que aprendan, que las decisiones políticas las tomen los políticos�, remató.
EL ASCENSO DE MILITARES ESPERA EN EL SENADO
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