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ANTICORRUPCION ACUSO A MARIA JULIA
Una señora dispendiosa

 

 

Anticorrupción denunció ante la Justicia a María Julia Alsogaray como posible autora de los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

 

María Julia Alsogaray, ex secretaria de Medio Ambiente


Por Irina Hauser
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Los investigadores de la Oficina Anticorrupción están convencidos de que María Julia Alsogaray manejó fondos de la Secretaría de Recursos Naturales a su antojo, que adjudicó contratos a dedo y sin licitación, y que pagó sobreprecios millonarios. Lo habría hecho, al menos, en la ejecución de del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (Prodia). Por eso, tal como adelantó en exclusiva hace una semana Página/12, el organismo que está a cargo de José Massoni la acusó ayer ante la Justicia Federal como posible autora de los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

  La "fiscalía de la transparencia" le cuestiona a María Julia haber hecho contrataciones directas, sin las licitaciones o los mecanismos correspondientes y utilizando vías reservadas por lo general para casos excepcionales. Por ejemplo, como coordinador de proyectos designó al ingeniero Santiago Bignoli --con quien se probó que tiene una estrecha relación personal-- utilizando una figura denominada intuitu personae, que suele aplicarse sólo cuando se solicitan los servicios de alguien muy destacado en su especialidad. Lo contrataron "como si fuera Le Corbusier", compararon los denunciantes. Bignoli es la misma persona que condujo la refacción del lujoso petit hotel en el que vive la ex funcionaria en Junín 1435. La vinculación amistosa está acreditada por testimonios de allegados, dijeron funcionarios cercanos al expediente.

  La investigación del área anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia, tomó como base un informe sobre el Prodia elaborado el año pasado por la Auditoría General de la Nación (AGN) cuando aún la presidía el radical Enrique Paixao. "Existen grandes diferencias entre el presupuesto original y los gastos efectuados", advertían los auditores. El contenido de ese documento fue redoblado por otro que a fines de enero dio a conocer el sucesor de María Julia, el aliancista Oscar Massei.  Finalmente la denuncia judicial cayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral y abarcó una veintena de contratos con el Prodia.

  El pago de sobreprecios es otro de los puntos centrales de la pesquisa.  El organismo que lideraba Alsogaray al parecer pagó, entre otras cosas, materiales para la refacción de las oficinas del Prodia, el entrepiso y la planta baja de la Secretaría, por cifras que superaban por lo menos en un 300 por ciento los valores vigentes en el mercado. Por todo el arreglo se desembolsaron unos dos millones de dólares, pero los porcentajes pagados de más dependían de cada rubro. En algunos de ellos, para los que la Secretaría no dejó registrada la cantidad o los metros comprados, los sobreprecios serían mayores.

  A estos datos la Oficina Anticorrupción sumó un dictamen de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos que agregaba observaciones según las cuales la obra, además era de mala calidad.

  La AGN hizo las verificaciones sobre los desorbitantes importes pagados en función de comparaciones con los precios publicados por la revista Vivienda, Nº 409, de agosto de 1996, la época en la que se gestionaron las modificaciones edilicias. Por ejemplo, según el informe de los auditores se pagó 71.771,76 pesos lo que valía 37.373,71, según ya publicó este diario. Al adquirir revestimientos cuyo metro cuadrado valía 5,80 pesos se pagaron 49 pesos; por los vidrios translúcidos que costaban 9,79 el metro cuadrado se abonaron 43 pesos; la mano de obra para la construcción de sanitarios que podía haber costado 22.313 pesos fue contratada por 99.100.    María Julia tuvo la oportunidad de presentarle a Massoni, a través de sus abogados, un escrito donde negaba cualquier anomalía en su gestión con argumentos tales como que los precios para obras públicas nunca son los mismos que los de las privadas. Esta defensa no modificó el parecer de los funcionarios anticorrupción. Los delitos que le adjudican son castigados con hasta seis años de cárcel. En el fuero federal, la ex secretaria también es investigada, entre otras cosas, por supuesto enriquecimiento ilícito, por evasión impositiva, por el presunto pago de diez millones a la empresa PecomNec de una deuda inexistente en sus tiempos de interventora de Entel., y por mal desempeño en sus funciones en relación con los incendios en Bariloche. 

 

Massoni defendió sus funciones

El fiscal de Control Administrativo, José Massoni, defendió ante la Justicia las atribuciones de la Oficina Anticorrupción, al rechazar el planteo de inconstitucionalidad planteado por el fiscal Eduardo Freiler. En un escrito presentado ante el juez federal Gabriel Cavallo, el ex juez sostuvo que el planteo del fiscal contiene "afirmaciones contradictorias y confusas". Massoni ya había señalado que, si bien es cierto que la obra social de los jubilados es un ente público no estatal, no cabe duda de que gran parte de sus fondos provinieron y provienen del Estado (Freiler había sostenido que en este caso no estaban en juego los dineros del erario). Ahora agregó que "el fiscal pertenece al fuero de excepción y formuló el requerimiento correspondiente en este caso en el que se investigan hechos de defraudación a la administración pública. Por eso mal puede ahora sostenerse que esta oficina no posee legitimación para actuar como querellante". Freiler había cuestionado el rol de querellante que pretende tener la oficina, a lo que su titular respondió que "en el sistema de enjuiciamiento nacional, el querellante no tiene en su poder el ejercicio de la acción pública sino que, en cualquier caso, actúa en forma adhesiva con quien lo posee", y concluyó que "el hecho de que el Ministerio Público sea el único titular de la acción penal pública, lo cual es indiscutible, no significa que sus representantes sean los únicos facultados para acusar penalmente en causas en que se pueda ver afectado el patrimonio estatal". Massoni recordó que el Banco Central, la Comisión de Valores y la Aduana fueron aceptados como querellantes en otros casos.

 

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