|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernández Meijide quiere impulsar un Pacto Federal Social, para
coordinar los programas de la Nación con los provinciales y, al mismo
tiempo, comprometer a los gobernadores a una severa rendición de cuentas
de las erogaciones sociales. El punto de partida sería el plan
alimentario, pero la idea es, bajo el mismo esquema, extender los acuerdos
a otras áreas alcanzadas por los llamados planes sociales focalizados:
trabajo, salud, educación, vivienda. Así, uno de los desafíos que
enfrentará "ella" será posicionarse como interlocutora
privilegiada de los gobernadores en el tema social, estrategia que le
permitiría proyectarse,
ahora en el rol de funcionaria, a nivel nacional. Ayer, Meijide estuvo en
Río Negro, donde firmó con el gobernador, el radical Pablo Verani, un
"acuerdo piloto", que en los próximas semanas sería ampliado a
otras provincias.
La ministra de Desarrollo
Social tiene sobre su escritorio un resumen ejecutivo de diez páginas que
describe los lineamientos esenciales del Sistema Alimentario Federal. En
el anexo del trabajo, de sólo dos página, se detallan las pautas que
debería seguir el Pacto Social sobre Políticas Sociales.
Según el documento, al que
accedió Página/12, el
objetivo del SAF es "generar un sistema alimentario único que brinde
complementación alimentaria a hogares indigentes, priorizando aquellos
con niños menores de 6 años, optimizando las prestaciones que
actualmente se brindan a fin de lograr una mayor eficiencia en el
gasto". La importancia de dotar de eficiencia y transparencia al
gasto social no es un slogan: estudios realizados por el BID, en poder de
los técnicos de la Alianza, demuestran que por cada 1 peso gastado en
planes alimentarios durante la administración menemista, sólo 50
centavos llegaban a sus destinatarios. El resto se perdía en la maraña
burocrática o se desviaba por los oscuros senderos del clientelismo político.
Por eso, el SAF centralizaría "los programas existentes en
los distintos ámbitos gubernamentales": Prani, Asoma y Prohuerta,
bajo la órbita de Desarrollo Social; Promin, del Ministerio de Salud; y
Probienestar, del PAMI. En tanto, también coordinaría programas
nutricionales a cargo de las provincias, como el Prosonu y Posoco. Salvo
los microemprendimientos agrícolas que alienta el Prohuerta, el resto de
los planes distribuyen cajas de alimentos o financian comedores
comunitarios, infantiles o escolares.
Los principales puntos del
programa, mencionados en el informe, son los siguientes:
*
El documento reconoce que existen en todo el país 744 mil familias
indigentes (con ingresos inferiores a 70 pesos mensuales), el 8,8 por
ciento del total de hogares. Pero dice que en una primera etapa se podrá
cubrir sólo a 362 mil de estos hogares.
*
Los cálculos oficiales indican que "por cada 3 puntos que crece el
PBI disminuye entre 0,5 y 1 punto la indigencia". Esto significa que
si el producto creciera alrededor de un 3 por ciento este año, como
pronostican los consultores privados, unas 60 mil familias adicionales
podrían escapar a la indigencia.
*
Sea como fuere, todavía quedaría desprotegida una franja considerable de
los grupos más vulnerales. Por ejemplo, el 60 por ciento de los hogares
indigentes, unos 460 mil, tiene niños menores de 6 años. La ayuda del
SAF alcanzaría sólo a 200 mil familias en estas condiciones. Mientras
que las familias con niños y jefe de hogar mujer suman más de 100 mil,
la asistencia oficial apenas protegería a 51 mil. Según estimaciones que manejan en Desarrollo Social, si se ampliara la cobertura a todo el universo de indigentes, el costo del programa ascendería a 1250 millones de pesos. Una vez superada la etapa de las mejoras en la eficiencia, Fernández Meijide deberá explicarle a José Luis Machinea, y a los otros influyentes economistas del gabinete desvelados por el déficit fiscal, que con el Presupuesto actual destinado a planes sociales no basta.
|
