Por Miguel Bonasso
 La
historia secreta del Proyecto DNI, que implicó una alianza entre Alfredo
Yabrán y Francisco Macri y acabó en manos de Siemens, como producto de
la vertiginosa caída del Cartero (a raíz del caso Cabezas y de la
retirada estratégica del poderoso Macri, que astutamente cambió de
caballo a mitad del río), es una de las páginas más oscuras del decenio
menemista. Cobra actualidad a raíz de las inminentes negociaciones entre
el gobierno de Fernando de la Rúa y la empresa germana para poner en
marcha un contrato que se firmó en noviembre de 1998 pero aún no entra
en ejecución.
Tres empresarios, un dirigente justicialista, un político vinculado al
actual ministro del Interior Federico Storani y un diplomático aceptaron
relatarla a este cronista, a cambio de que sus identidades no fueran
divulgadas.
La investigación tuvo acceso a documentos nunca antes publicados, como la
impugnación que realizó ante el ministro del Interior Carlos Corach la
empresa informática israelí Malam Systems Ltd., que califica de �arbitraria
e ilegítima� la preadjudicación a Siemens. El escrito (ver aparte)
cuestiona duramente al ex director de Migraciones, Hugo Franco, y al por
entonces director del Registro Nacional de las Personas, Eduardo D�Amico.
Las seis versiones coinciden en un punto fundamental: Siemens ganó pese a
las mejores calificaciones obtenidas por la Unión Transitoria de Empresas
(UTE) integrada por Itron S.A., SHL Systemhouse, TRW Systems Ovearseas
Inc. y Malam Systems Ltd. Tres de las fuentes coincidieron en un dato
sugestivo: Macri no cuestionó la concesión que perjudicaba a una de sus
empresas y vendió Itron a Siemens a un precio que sería muy superior a
su valor real. Esta venta, a su vez, habría motivado el relevo del CEO de
Siemens en Argentina, Luis Rodolfo Schirado, que ahora se dedica a las
actividades agropecuarias.
Este puso un huevo, éste lo cocinó...
La idea de imprimir en el país un DNI �inviolable� la habrían
tenido originalmente los hermanos Héctor y Nicolás Ciccone, dueños de
Ciccone Calcográfica, la mayor imprenta privada de valores fiduciarios
del país, a raíz de su éxito en la impresión de pasaportes y cédulas
para la Policía Federal. Pero el negocio se les terminaría yendo de las
manos porque carecían de las herramientas políticas para llevarlo a cabo
y quedaron atrapados en el juego de los Hermanos Mayores. Uno era Alfredo
Yabrán, el hombre que los contactó con el Banco Della Svizzera Italiana
para el famoso crédito de 25 millones de dólares y piloteó la
Operación DNI hasta que los ataques de Domingo Cavallo y el asesinato de
José Luis Cabezas lo obligaron a ir cediendo posiciones.
A nivel institucional, el Proyecto DNI nació con el decreto 1310 del
primero de agosto de 1994, que firmó el entonces ministro del Interior y
actual gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, y el presidente Carlos
Menem. El decreto establece el llamado a licitación para �la
contratación de un servicio integral para la implantación y operación
de un sistema de control migratorio y de identificación de las personas�.
El �control migratorio�, tendiente a frenar el ingreso de trabajadores
de los países limítrofes, aparece como una de las razones fundamentales
de la licitación. Sin embargo, más allá del tufillo xenófobo que se
desprende de este considerando, podían existir otras motivaciones.
Según un familiar de Alfredo Yabrán, Ruckauf habría tenido buenas
relaciones con El Cartero a comienzos del menemismo. ¿Las mantenía en
agosto de 1994? En esas fechas, Hugo Franco era subsecretario de Seguridad
Interior pero pronto pasaría a la Dirección Nacional de Migraciones, que
jugaría un papel decisivo en la futura licitación. También Franco
había tejido estrechas relaciones con el Cartero, hasta que se rompieron
y el auto del funcionario fue ametrallado por desconocidos. Cuando
comenzó a delinearse lo que sería el grupo de empresas asociadas que se
presentarían a la licitación, quedó claro que Ciccone imprimiría los
documentos y OCA, la empresa de correos que Yabrán no reconocía como
propia, los llevaría a domicilio. Faltaba un soporte informático y los
Ciccone acudieron a Malam Systems Ltd., una empresa israelí de fuerte
participación estatal que se ocupa precisamente de documentos de
identidad y controles fronterizos.
El hombre de Malam en la Argentina era el ingeniero Israel Lotersztain,
que representa además a otras empresas israelíes. Por esa razón,
Lotersztain tiene frecuentes contactos con el embajador de Israel Itzhak
Avirán, a quien acudió cuando la poltrona de Interior ya no la ocupaba
Ruckauf sino Carlos Vladimiro Corach.
Para darle una mano a la empresa israelí, Avirán se entrevistó con
Corach y hablaron del tema de los DNI. Algunos días más tarde, el
embajador se comunicó con Lotersztain y le dijo simplemente que alguien
iría a verlo. Para su sorpresa, Lotersztain descubrió, días más tarde,
que el misterioso personaje era un viejo conocido, Alberto Isaac Chinkies,
de añejas vinculaciones con Alfredo Yabrán, a quien había conocido
cuando ambos eran vendedores de Bourroughs y a quien había llevado
consigo cuando el Cartero se hizo cargo de OCASA. Chinkies le contó que
había estado varios años alejado �de Alfredo�, pero que ahora éste
lo había llamado y le había pedido que se ocupara personalmente del tema
DNI. Con similar relato �que estaba alejado de Alfredo� Chinkies se
había presentado ante los Ciccone para ofrecerse a realizar negocios con
bancos que, según los impresores, no dieron resultado. Algunas fuentes
sostienen, en cambio, que Yabrán lo infiltró en Ciccone Calcográfica,
para vigilar la marcha de la empresa a la que había recomendado para el
préstamo de los 25 millones.
Mientras tanto, Ciccone y Malam habían llegado a una conclusión
elemental: la UTE (Unión Transitoria de Empresas) que debía presentarse
a la licitación necesitaba una compañía fuerte que actuara como �integradora�
de las demás. Ni Ciccone ni Malam disponían del software necesario para
la compleja red de comunicaciones que suponía el proyecto. Y pensaron en
EDS, la empresa norteamericana que fabricaba la �green card�.
El Cartero se alía con Macri
Pero Yabrán tenía otra idea: le parecía más conveniente un acuerdo
con Francisco Macri para que la cabeza de la UTE fuera Itron, la
integradora informática del Grupo Macri. EDS quedó a un lado y los
Ciccone pasaron a un segundo plano: serían subcontratados por Itron para
imprimir los DNI. Otro tanto pasaría con OCA, que se encargaría de
llevarlos a domicilio. El grupo finalmente conformado por Itron S.A.,
Malam Systems Ltd., TRW Systems Overseas Inc. (para la informatización de
las huellas digitales) y la canadiense SHL Systemhouse Inc., otra
integradora. Este grupo debía competir con otras dos �uniones
transitorias�, la que integraban Ivisa y TTI (que no tenía ninguna
chance) y la que comandaba la empresa Siemens con socios menores, como la
imprenta Boldt, que imprime los billetes de lotería de la provincia de
Buenos Aires y cuenta, al parecer, con el respaldo del influyente Jorge
Rossi, presidente de la Lotería Provincial en los gobiernos de Eduardo
Duhalde y Carlos Ruckauf.
Los informes técnicos y jurídicos iniciales le otorgaron el más alto
puntaje a la UTE liderada por Itron y todo parecía andar sobre rieles,
cuando empezaron las dificultades. Siemens tenía también amigos
influyentes y empleados de lujo, como el abogado Rodolfo Barra, ex
ministro de Justicia y actual Auditor General de la Nación. O el
empresario Carlos Sergi, representante en Argentina de Printac, empresa
que se dedica a procesar huellas digitales informatizadas, una de las
sofisticadas exigencias del pliego licitatorio. Sergi era muy amigo del
entonces presidente (CEO) de Siemens Argentina, Luis Rodolfo Schirado. Y
también del director de Migraciones Hugo Franco quien, de acuerdo a lo
quedice la impugnación de Malam, habría producido un �brusco cambio�
en el expediente, �con la clara intención de privilegiar la situación
de uno de los oferentes, Siemens S.A.�. Esa misma transformación fue
sufrida por el entonces director del Registro nacional de las Personas
(RENAPER), el teniente coronel retirado Eduardo D�Amico que en su
juventud integró el grupo de los 33 Orientales, enfrentado con las
políticas represivas de la dictadura militar. En el nuevo frente de
tormenta se alzaba también el dictamen jurídico de Julio Comadira, un
abogado que Menem incorporaría al Consejo de la Magistratura y en tiempos
de la dictadura fue auditor de la Armada. Según el escrito de Malam, fue
el único informe jurídico adverso a la propuesta de Itron.
El asesinato de Cabezas
En lo más álgido de la pelea entre Siemens e Itron, se produjo el
asesinato de José Luis Cabezas y Yabrán comenzó a ingresar en un cono
de sombra que lo llevaría al suicidio. Dos fuentes coinciden en señalar
que se reunió con Macri y le anunció su propósito de retirarse, para no
abrir otro frente. Una de las fuentes sostiene que Macri se alarmó y fue
a verlo al presidente Menem, quien habría tenido alguna duda y le habría
pedido que se lo pusiera por escrito. La fuente asegura que vio el papel
de marras. El ministro Corach, por su parte, no quería adjudicar en medio
de una tormenta política, donde proliferaban las denuncias contra el
Proyecto DNI, como las que formularon ante la justicia los diputados
frepasistas Juan Pablo Cafiero y Darío Alessandro. No es extraño,
entonces, que la adjudicación sufriera 15 postergaciones.
En ese contexto �dicen todas las fuentes� Macri se reunió con
Schirado, el CEO de Siemens, y comenzó a negociar la venta de Itron a la
trasnacional alemana, que más tarde se concretaría por una cifra que
-según los informantes� sería muy superior al valor real de la
integradora. Algo extraño debió ocurrir con esa compra, porque, a fines
de 1999, el señor Schirado fue relevado de su cargo. La cuestión es que,
a la hora de protestar, los socios de Macri descubrieron que estaban solos
y sospecharon que se había negociado con Siemens a sus espaldas. Malam
depositó los 500 mil dólares que el pliego establecía como fianza para
poder impugnar y presentó un explosivo escrito ante Corach. El ministro
del Interior desestimó la impugnación porque la presentaba solamente una
parte de la UTE y, en noviembre de ese año, firmó el polémico contrato
que ahora busca renegociar el nuevo gobierno. Hay quien dice que el
embajador Avirán se enojó mucho con Macri por su retirada. Al cabo,
Malam es una empresa vinculada estratégicamente al estado de Israel.
La historia completa de
una impugnación que no fue
Por M. B.
El 13 de febrero de 1998, Israel Lotersztain,
representante en Argentina de la empresa israelí Malam Systems Ltd.,
presentó una impugnación ante el ministro del Interior Carlos Corach,
denunciando la �ilegitimidad� de la preadjudicación del contrato de los
DNI. La denuncia no era barata: de acuerdo con lo estipulado en el pliego
licitatorio, Lotersztain tuvo que depositar 500 mil pesos de fianza que
sólo le serían devueltos si la impugnación prosperaba. No perdió la
plata, pero tampoco le aceptaron la denuncia, alegando que Malam era
solamente �una parte� de la oferente y no podía representar a la UTE
(Unión Transitoria de Empresas) que se había presentado a la licitación.
Nadie le dijo, si lo que se denunciaba era verdad o mentira y de la
preadjudicación se pasó a la firma del contrato nueve meses después.
Malam denuncia �serias irregularidades en el desarrollo de la licitación�,
�graves falencias en la resolución de la Comisión Técnica de
Evaluación� y un �extraño proceder del ministerio del Interior� que
el 17 de diciembre de 1997, �casi un año más tarde de la fecha de
apertura de la licitación, puso en marcha un procedimiento tendiente a
rescatar la oferta de la empresa Siemens, claramente descalificada, y a
otorgarle un puntaje muy superior al de la UTE ITRON-MALAM-SHL-TRW�,
ignorando �todos los elementos de juicio elaborados por las distintas
instituciones y técnicos convocados para la evaluación y cuya tarea fue
avalada por la SIGEN�, con informes alternativos de �personal de
curriculum técnico totalmente desconocido o inexistente�, �plagados de
arbitrariedades evidentes e incluso groseras�. Especialmente los
dictámenes del entonces director Nacional de Migraciones, Hugo Franco y el
del Registro Nacional de las Personas, Eduardo D�Amico, �funcionarios
netamente políticos (que) mal pueden dar entonces opiniones técnicas
fundadas�. Porque �se les desconoce totalmente estudios informáticos,
de sistemas, de comunicaciones, de tecnologías modernas y seguros de
impresión y distribución�.
El escrito describe las evaluaciones realizadas a lo largo de once meses por
distintas instituciones y técnicos para verificar cuál de los tres
oferentes reunía mayor puntaje en relación con cada requisito del pliego.
Según Malam, estos informes iniciales calificaron a la UTE que integraban
con mayor puntaje que a las otras dos. Y dan ejemplos: El jefe Industrial de
la Casa de la Moneda, �declara que la capacidad de impresión relevada (en
el caso de Ciccone Calcográfica) se corresponde con la oferta� y, en
cambio, con respecto a la imprenta Boldt S.A., que fue asociada con Siemens
�establece claramente que los equipos descriptos en la oferta no se
encontraban en el centro de producción visitado�. La división de
Seguridad de la Policía Federal, por su parte, opinó que la citada
imprenta �no reuniría los requisitos de extrema seguridad puesto que
adolece de faltas en el área de expedición�. Luego citan un informe de
cuatro técnicos del Banco Central donde quedaría claro que dos de los
oferentes cumplen con catorce de los 16 requerimientos en materia de
seguridad del DNI en sí y la muestra de Siemens solamente con ocho. Y
recuerda que la propia Siemens conocía �el no cumplimiento de sus
muestras y prometía eventualmente superarlas en etapas posteriores�.
La impugnación rescata la idoneidad del ingeniero Juan Franchino, designado
por el propio ministro Corach como el técnico que debía evaluar los
distintos informes que, sin embargo, fue cuestionado por Franco y D�Amico.
Tomando en cuenta los exámenes practicados por Casa de la Moneda, Banco
Central, Encotesa y Policía Federal, Franchino otorgó un puntaje inferior
a siete �a un gran número de puntos de Siemens� y calificó con cero
puntos el Plan Operativo Anual de Detalle, �que Siemens omitió
explícitamente en su oferta�. �Sin embargo �añade la impugnación�
pese a que la SIGEN aprobó todos estos procedimientos y aprobó la
idoneidad del Ing. Franchino�, la Comisión Técnica de Evaluación los
dejó de lado, basándose centralmente en las opiniones de Franco, D�Amico
y un tercer firmante, el licenciado Patricio Bustos, a quien Malam considera
con unmagro curriculum laboral y académico como para poder competir contra
los técnicos que realizaron la primera etapa de la evaluación. El escrito
concluye proponiendo un arbitraje a cargo de una consultora nacional o
internacional o de una universidad �de reconocido prestigio�, que tercie
para restituir �transparencia� a los actos administrativos que impugna,
�por haberse realizado con clara arbitrariedad, con la evidente intención
de beneficiar a uno de los oferentes�. La respuesta del Ministerio del
Interior fue de forma y no de fondo: Malam no está en condiciones de
impugnar por sí sola.
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El negocio que ahora se
propone rediscutir el Gobierno aseguraba DNI al precio record de 30
pesos, corazón de una operatoria que abarca la informatización de
fronteras.